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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habla en una conferencia de prensa en Ankara, Turquía, el 15 de marzo de 2021 (Ercin Erturk / Anadolu Agency vía Getty Images).

Turquía quiere prohibir al socialista y prokurdo HDP

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y sus aliados de extrema derecha han iniciado un proceso para disolver el partido de izquierdas pro-kurdo HDP y prohibir a sus líderes de participar en la política. Hay que resistir esta nueva embestida contra el HDP.

La semana pasada, el régimen de extrema derecha de Turquía lanzó una serie de ataques contra la oposición política. Dirigida por el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdoğan, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y otros elementos ultranacionalistas y fascistas dentro del Estado, esta guerra sin cuartel contra las fuerzas de la oposición forma parte de un proceso de fascistización más amplio que está sofocando cada vez más cualquier espacio democrático en Turquía.

Los ataques comenzaron el miércoles: primero, Ömer Faruk Gergerlioğlu, un diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP por sus siglas en ingles), de izquierdas, vio cómo se le retiraba la inmunidad parlamentaria al ser acusado de emitir «propaganda de una organización terrorista». Lo único que había hecho era retuitear noticias de 2016 en las que se instaba al Estado y al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) a alcanzar un acuerdo de paz. 

Unas horas más tarde se supo que uno de los principales abogados del Estado había iniciado un proceso ante el Tribunal Constitucional exigiendo la disolución del HDP y la prohibición de ejercer la política a 687 de sus principales figuras. Esto se debía, una vez más, a sus presuntos vínculos con el PKK y a su supuesta incapacidad para adoptar una postura clara sobre «cuestiones nacionales».

Pero hubo más. El viernes se supo que control de la plaza Taksim y el parque Gezi de Estambul (lugares simbólicos para la izquierda turca y el movimiento obrero, sobre todo tras el levantamiento de Gezi de 2013) fue quitado del ayuntamiento de Estambul –controlado por la oposición– y puesto bajo la jurisdicción de la Dirección General de Fundaciones, bajo el mando de Erdoğan. Luego, en plena noche, un decreto presidencial declaró que Turquía se retiraría del Convenio de Estambul (un acuerdo internacional sobre la lucha contra la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres y los niños). ¿Por qué ocurre todo esto ahora?

Resistencia popular

La fundación de administraciones autónomas dominadas por los kurdos en Rojava, el levantamiento de Gezi y el posterior ascenso del HDP –que avanzó notablemente en las elecciones de 2015– iniciaron una crisis de hegemonía que no ha hecho más que agravarse desde entonces. Para mantenerse en el poder, Erdoğan y su AKP tuvieron que minar los restos de la democracia en Turquía mediante el monopolio de los medios de comunicación, el bloqueo de las campañas de la oposición, las detenciones masivas e incluso el fraude flagrante, como en el referéndum presidencial de 2017.

Tras el fallido intento de golpe de Estado de julio de 2016 se formó la llamada Alianza Popular entre el AKP y el fascista MHP. Poco a poco, se hizo con el control de casi todo el aparato estatal, en un intento de consolidar un poder autoritario y fascista. Sin embargo, no le ha sido fácil generar consensos, sobre todo en el contexto de una economía cada vez más deteriorada y con la presencia de varias fuerzas de oposición que se enfrentan a la fascistización (como demostraron los reveses para Erdoğan en las elecciones municipales de 2019).

En los últimos meses, el régimen recibió una serie de golpes por parte de las fuerzas populares. La creciente resistencia de los trabajadores –a los que se les niegan incluso los derechos más básicos– comenzó a adquirir un carácter más abiertamente político. Por ejemplo, un representante sindical alzó la voz contra la policía militar que impedía a los mineros marchar a la capital. Su discurso, en el que atacaba la colaboración de las fuerzas del Estado con el capital, se hizo viral. Los trabajadores de todo el país han ido a huelga en reclamo por mejores condiciones de trabajo y de vida, muchas veces desafiando a la burocracia (incluso la burocracia de los sindicatos supuestamente de izquierdas).

Las mujeres y las personas LGBT –constante y explícitamente criminalizadas por los altos funcionarios del gobierno– siguieron saliendo a la calle. Muchas de ellas, que habían sido puestas bajo arresto domiciliario, declararon que desacatarían la decisión, se deshicieron de los dispositivos de vigilancia electrónica y se unieron a las marchas del Día Internacional de la Mujer, mostrando de nuevo la fuerza del movimiento feminista.

Los estudiantes de la Universidad de Boğaziçi, que se oponen al nombramiento de un nuevo rector por decreto presidencial (en lugar de realizar elecciones democráticas), organizaron protestas masivas con la participación de otros estudiantes y fuerzas de la oposición. El colectivo estudiantil Solidaridad Boğaziçi puso de manifiesto la continuidad de un proceso que comenzó con la sustitución de los alcaldes kurdos elegidos por nombramientos presidenciales. Las protestas se extendieron a Estambul, Esmirna, Ankara y otras ciudades.

Sin embargo, la dificultad del régimen para generar consensos no solo se refleja en estas protestas de las fuerzas populares. También se enfrenta a una oposición burguesa que pretende devolver el Estado y la sociedad turca a la situación que existía antes de la deriva fascista de los últimos años. Este bloque restauracionista se centra principalmente en partidos de la oposición, como el Partido Popular Republicano (CHP) o el Partido del Bien (IYI), y en algunas fuerzas nuevas dirigidas por antiguos funcionarios destacados del AKP, como el ex primer ministro Ahmet Davutoğlu y el exministro de Economía Ali Babacan.

Tanto las fuerzas populares como el bloque restauracionista se oponen al AKP. El bloque restauracionista, por su parte, persigue restituir un orden neoliberal estable y, por lo tanto, es reacio a la acción política genuina de los sujetos populares. Ante las protestas, no hacen más que decir a los indignados que han sido «escuchados». Sería mejor que dejaran la escena para que los partidos de la oposición se encarguen de las próximas elecciones. En puntos clave como el resurgimiento del nacionalismo turco, las posturas agresivas en política exterior y la represión antikurda, el bloque restauracionista no se distingue mucho del régimen.

Las tácticas de una crisis interminable

La crisis hegemónica del régimen le ha llevado a adoptar tres tipos de tácticas hacia la oposición. En primer lugar, una criminalización explícita de literalmente cualquier voz opositora, sobre la base de supuestos vínculos con el terrorismo. Cabe destacar que esta criminalización no se limita al plano discursivo. Se ha procesado y detenido a personas incluso por comentarios en las redes sociales que apenas son políticos.

En segundo lugar, reforzar un constante estado de crisis. Esta ha sido la táctica más eficaz del gobierno para consolidar su poder y convencer a los turcos desencantados –tanto a las masas como a las élites– de su propia indispensabilidad. De ahí la movilización poderosa de sus bases contra «los enemigos internos y externos», presentados como una amenaza para la existencia de la nación turca. 

Aunque la fuerte intervención de Turquía en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj estaba relacionada principalmente con sus ambiciones imperialistas, también formaba parte de estas tácticas. La reconversión de Santa Sofía de museo a mezquita el año pasado y los constantes ataques a las personas LGBT también se ajustan a esta lógica. Todas estas acciones contribuyeron a alinear al bloque nacionalista y chovinista de la restauración con el régimen.

Pero a mediados de febrero esta táctica pareció tambalear. Una operación contra el PKK en la montaña de Gara, en la región kurda del norte de Irak –cuyos objetivos concretos siguen sin estar claros a día de hoy– provocó la muerte de trece rehenes turcos. Mientras que el régimen y su prensa sensacionalista lanzaron furiosas demandas de unidad nacional contra la amenaza kurda, esta vez la oposición restauracionista vaciló y cuestionó los detalles y objetivos de la operación. Uno de los objetivos de la actual «matanza» autoritaria es acabar con la postura vacilante del bloque restauracionista y obligarlo a unirse de nuevo al amplio partido de la «unidad nacional».

El régimen utilizó en ocasiones una táctica de «liberalización» superficial y parcial, especialmente cuando parecía enfrentarse a un repunte de la oposición y del descontento popular, como después de las elecciones locales de 2019. Estos esfuerzos de «liberalización» se anunciaron con bombos y platillos, pero nunca supusieron más que la proclamación de que en el futuro se concederían derechos básicos como la libertad de opinión. La falta de sinceridad de estos esfuerzos es evidente. Solo dos semanas después del anuncio del «Plan de Acción para los Derechos Humanos», se lanzó el más reciente impulso de fascitización, suprimiendo esos mismos derechos.

Golpear a los kurdos

Los ataques contra el movimiento kurdo –y su actual expresión política en Turquía, el HDP– pueden considerarse una constante en la política nacional. Pero, desde 2015, esta ofensiva no ha hecho más que intensificarse. Este nuevo intento de disolver el HDP representa la continuidad de otras maniobras similares para disolver partidos asociados al movimiento kurdo que se remontan a tres décadas atrás. Siete de estos partidos vinculados al movimiento kurdo han sido clausurados por el Estado desde 1990.

Desde 2016, más de diez mil miembros del HDP –incluidos los antiguos copresidentes del partido, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, y muchos diputados– han sido encarcelados en algún momento; unos cuatro mil siguen aún en prisión. Casi todas las semanas se producen detenciones y arrestos de miembros del partido por supuestos vínculos con el terrorismo. El día después de que se revelara que trece ciudadanos turcos habían muerto durante la operación militar de Gara, unas setecientas personas fueron detenidas acusadas de ser miembros o simpatizantes del PKK, muchos de ellos miembros del HDP.

Aunque algunos comentaristas presentan a Erdoğan como rehén de las fuerzas más nacionalistas y antikurdas, esta es una lectura tan errónea como la opinión que prevalece en Occidente de que Erdoğan es un autócrata que gobierna solo.

Fueron, sobre todo, el fascista MHP y el ministro del Interior Süleyman Soylu quienes impulsaron la disolución del HDP en los últimos meses. Sin embargo, sería un error afirmar que Erdoğan se opone por principio a ello. Más bien, nos encontramos ante una coalición de facciones estatales que tienen intereses en gran medida convergentes y que, a esta altura, no tienen otra forma de mantenerse en el poder más que seguir el curso de la creciente fascitización.

Entre la espada y la pared

Pero las crisis a las que se enfrenta el régimen no refieren solo a la «cuestión kurda». Otro decreto presidencial, emitido en plena noche del viernes pasado, destituyó al gobernador del Banco Central, Naci Ağbal. Fue sustituido por un diputado del AKP de Erdoğan, que también es columnista del vitriólico periódico prorrégimen Yeni Şafak.

El nombramiento de Ağbal el pasado mes de noviembre fue considerado parte de una revisión más amplia de la política económica, lo que provocó la dimisión del Secretario del Tesoro, Berat Albayrak (que también es yerno de Erdoğan), a través de Instagram. 

Albayrak había tratado de repolitizar la política monetaria como parte de una política económica general posneoliberal expansionista destinada a impulsar la demanda interna a toda costa, y a oponerse a los intereses del capital financiero internacional. Pero el resultado fue que, a partir de 2018, la lira turca sufrió una caída histórica frente al dólar estadounidense y el euro, lo que condujo a una cadena interconectada de crisis monetarias, de inflación y de deuda externa.

Cuando esta situación se hizo insostenible, la política económica y monetaria dio un vuelco hacia un rumbo estrictamente neoliberal, que revirtió la bonanza crediticia y los bajos tipos de interés tras el nombramiento de Ağbal y la sustitución de Albayrak. Pero este cambio estaba destinado a ser temporal. Parece que el recién nombrado gobernador del banco central es cercano a Albayrak; al menos, tenían el mismo asesor de tesis. No sería de extrañar, por tanto, que siguiera un enfoque similar al del yerno de Erdoğan.

Erdoğan y su régimen están atrapados entre la espada y la pared: la adopción de un paradigma económico estrictamente neoliberal en línea con los intereses de las principales facciones del capital corre el riesgo de conducir a una ola masiva de quiebras de pequeñas y medianas empresas (PYME), columna vertebral del régimen. Sin embargo, una política expansionista en línea con los intereses de las PYME corre el riesgo de sumir al conjunto de la economía en una crisis, dado que el neoliberalismo turco está firmemente integrado en el orden mundial capitalista neoliberal. Con las PYMES fuertemente afectadas por la pandemia en curso, la balanza se ha inclinado en esta última dirección, con previsibles consecuencias nefastas.

¿Y ahora qué?

La actual ofensiva contra la oposición y el HDP no es una coincidencia. Todos los sondeos muestran una clara tendencia a la baja de la Alianza Popular AKP-MHP, hasta el punto de que perdería su mayoría parlamentaria si se celebraran hoy nuevas elecciones. Está claro que el régimen actual tenía que hacer algo para cambiar la marea. 

Por otra parte, una noticia exclusiva de Reuters del 18 de marzo hizo público que, debido a la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la canciller alemana, Angela Merkel, la UE no declarará más sanciones a Turquía en su próxima cumbre del 25 y 26 de marzo, añadiendo que «es poco probable que la prohibición del partido pro-kurdo HDP reavive cualquier conversación sobre sanciones». El informe afirma, además, que los recientes movimientos de Turquía para recalibrar su política exterior con sus aliados occidentales motivaron a Biden a presionar a Bruselas, mientras que Merkel «favoreció un enfoque que prioriza la inversión de la UE en Turquía».

Erdoğan y sus aliados tomaron esto como una luz verde para seguir adelante con su purga interna, a pesar de los riesgos que aún persisten. La UE y Estados Unidos parecen estar dispuestos a aceptar el proceso de fascistización de Turquía mientras siga siendo un miembro clave de la OTAN. Pero la sustitución de Naci Ağbal, favorable al mercado estrictamente neoliberal, por un miembro de la facción de Albayrak, que defiende una política monetaria posneoliberal, seguramente causará estragos en la moneda turca una vez que los mercados financieros vuelvan a abrirse el lunes.

Un frente antifascista en Turquía

Defender al HDP hoy significa defender la mera posibilidad de un frente antifascista en Turquía. Los recientes acontecimientos –y especialmente la floja postura adoptada por el bloque restauracionista, la UE y la administración Biden– nos muestran de nuevo lo urgente que es centrarse en la construcción de un frente antifascista genuinamente democrático y popular, independiente de las fuerzas democrático-burguesas oportunistas e inconsecuentes.

La reciente medida para abolir el juramento laico-nacionalista (y pro-Atatürk) en las escuelas y rescindir el Convenio de Estambul sobre la violencia doméstica también debe considerarse como un movimiento de Erdoğan y el AKP para ganar más terreno dentro del bloque gobernante; el MHP defiende ferozmente el juramento y –aunque con mucha menos fuerza– también el Convenio. A medida que se intensifican las contradicciones en la coalición gobernante, los actores del régimen impulsan movimientos cada vez más arriesgados para conservar el poder.

No debemos cometer el error de descartar la reciente ofensiva fascista (y, especialmente, la iniciativa de cerrar el HDP) como una mera maniobra táctica. Podría ser que el caso sea abandonado o que «solo» resulte en la limitación de la parte del HDP de las asignaciones financieras del Estado. Sin embargo, es igualmente probable que el HDP sea efectivamente disuelto. 

Y esto es más un ataque a la democracia: implica la prohibición masiva de volver a participar en política para los activistas del HDP. Hay que tener en cuenta, además, que los aparatos del Estado siempre han tenido múltiples facciones divergentes, y que nunca como ahora esta competencia se había «racionalizado» en unas pocas facciones que están de acuerdo en la mayoría de las cuestiones importantes.

Los últimos años han demostrado que no se puede confiar ni en el bloque restauracionista ni en «Occidente» para ayudar a salvar a Turquía del fascismo y llevar la democracia popular al país. Mientras que a «Occidente» lo que le interesa son las relaciones imperialistas («geopolíticas») y económicas con Turquía, al bloque restauracionista le interesa un orden neoliberal estable que funcione sin movilización popular y que conserve sus características históricas nacionalistas y autoritarias. 

No podemos confiar en que estos semidemócratas resistan al régimen en nuestro nombre. Debemos centrarnos en la construcción de un frente con aquellas partes de la sociedad y del ámbito político que tienen un interés genuino en romper el impulso de la fascistización e instalar la democracia popular.

Cuanto más cerca estemos de construir ese bloque, más cerca estaremos también de obligar al bloque restauracionista y a «Occidente» a cambiar sus posturas oportunistas. El poder popular es la única posibilidad de frenar el impulso de Erdoğan y de poner en marcha una democracia popular que se plantee trasponer los márgenes del sistema capitalista.

 


Alp Kayserilioğlu es redactor de la revista re-volt. Investiga sobre economía política, hegemonía y dinámica popular en la era del AKP en Turquía. Actualmente vive en Köln, Alemania.

Güney Işıkara es estudiante del doctorado en economía de la New School for Social Research.

Max Zirngast es escritor, estudia filosofía y ciencias políticas en Viena y Ankara.

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Publicado en Artículos, Conservadurismo, homeIzq, Política and Turquía

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