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La significación revolucionaria de la Segunda República

La mayor revolución del siglo XX en Europa después de la Revolución rusa, protagonizada por la clase trabajadora del Estado español el verano de 1936, fue la culminación del proceso revolucionario abierto desde la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.

Noventa años después de la llegada de la Segunda República, la valoración e interpretación de su significado histórico se sigue anteponiendo al conocimiento de los hechos y la comprensión de su contenido político y social. Al ser el período más revolucionario de la Historia Contemporánea de España, sobre el que pivota la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la Transición democrática (que decide pasar página de los crímenes de guerra y posguerra del movimiento fascista), tanto la bibliografía franquista durante cuarenta años, como la liberal, socialdemócrata y estalinista otros cuarenta, reducen, seleccionan y simplifican el marco conceptual de la época a la lucha entre la democracia burguesa y el fascismo. 

Mientras la visión franquista –persistente hasta la actualidad en amplios sectores de la derecha política y mediática– olvida y denigra la República hasta el punto de criticarla en mayor medida que a la Dictadura, los partidos obreros mayoritarios se reclaman de los objetivos democrático-burgueses de Azaña. Se desentienden, así, de las luchas revolucionarias de la clase trabajadora en esos cinco años y reducen su valor a ser una muleta de apoyo social a las reformas democráticas de la República burguesa, a la que los trabajadores combaten, precisamente, por su incapacidad de mejorar sus condiciones de vida y no frenar la contrarrevolución que la clase dominante lleva cabo contra sus movilizaciones en 1934 y 1936.

A pesar de que la mayor parte de la bibliografía utiliza el marco conceptual de la democracia burguesa para el análisis político en la interpretación de la Segunda República desde los parámetros de actuación de los Gobiernos y sus leyes, cuando la realidad social rompe dicho marco es imprescindible salir del mismo para comprender la historia. Este es el motivo por el que, en 1986, en el 50 aniversario del inicio de la Guerra Civil y cuatro años después de llegar el PSOE al Gobierno, cuando TVE lleva a cabo el mayor despliegue documental que se haya realizado, en las dos horas dedicadas al Frente Popular se explican todos los cambios de gobierno, las leyes aprobadas y lo que hacen y dicen los partidos políticos, pero no se dice nada de las luchas obreras, omitiendo que en esos cinco meses se lleva a cabo el mayor número de huelgas laborales, salariales y políticas de la historia de España. En historia, una verdad contada a medias es la peor de las mentiras.

Todos los cambios en el régimen político de la Edad Contemporánea son producto del choque y el conflicto de clases sociales, constatado empíricamente en los períodos de grave crisis económica. Su máxima expresión son los procesos revolucionarios, unas veces abortados por la reacción del Estado con golpes militares (Grecia en 1967, Chile en 1973) o bien por movimientos fascistas de masas (Italia en 1922, Alemania en 1933), mientras en otras culmina en situaciones revolucionarias, tanto si triunfan (Rusia en 1917) como si son derrotados (España en 1936). Cuando la lucha de clases desborda el marco conceptual de la democracia burguesa y el sistema capitalista, como ocurre en el Estado español entre 1931 y 1936,  los parámetros de análisis deben adaptarse a la realidad y no limitarse al marco conceptual positivista del orden establecido.

¿Por qué la huelga general revolucionaria convocada por el PSOE y la UGT en todo el país el 5 de octubre de 1934, que se produce en todo el Estado, solo triunfa en Asturias? ¿Y por qué el PCE tiene una intervención táctica y estratégica en defensa de la República burguesa durante el Frente Popular y, sobre todo, en la Revolución del 18-19 de julio, que le lleva a combatirla? Responder a estos interrogantes permite analizar la disfunción que se produce entre una clase obrera cuya conciencia, organización y lucha le lleva a hacer una revolución parcial –octubre de 1934 en Asturias– y otra general –verano de 1936 en la mitad de la península–, así como la actuación política de la dirección de sus organizaciones de clase, que no se pone a la cabeza de ninguna de las dos.

España en los treinta

En 1931, el Estado español es una sociedad atrasada económicamente, fundamentalmente agraria, con una baja productividad en el campo por su pobre nivel técnico y la mayor desigualdad en la propiedad de la tierra de Europa, pero con núcleos industriales de concentración proletaria fuertemente organizada de trabajadores metalúrgicos, mineros y obreros de la construcción (sobre todo en Cataluña, País Vasco, Asturias y Madrid) que, junto con los jornaleros del campo andaluz, extremeño y manchego, forman una clase obrera organizada sindicalmente en la CNT y la UGT, que aumenta de casi un millón de afiliados en 1931 a más de dos millones en 1933. 

Desde el siglo XIX, las estructuras del Estado están dominadas por la aristocracia latifundista y financiera que, junto con una casta militar y eclesiástica reaccionaria y sobredimensionada respecto a Europa occidental, dirige la sociedad con reminiscencias del Antiguo Régimen. En 1931, de los 8,7 millones de trabajadores, 2,3 son trabajadores industriales y 1,9 son jornaleros del campo; la CNT tiene más de 500 mil afiliados y la UGT, 287 mil. Por su parte, la clase dominante cuenta con 12 mil familias terratenientes, 80 mil empresas y 40 mil comerciantes. Las clases medias, que por sí mismas no protagonizan los conflictos sociales pero son decisivas en función de su posicionamiento entre la burguesía y el proletariado en momentos revolucionarios (artesanos, medianos propietarios rurales, tenderos, funcionarios, pequeños industriales y profesionales) suman 1,3 millones de personas. 

Cuando la bibliografía mayoritaria destaca la llegada de la Segunda República como consecuencia política del Pacto de San Sebastián en 1930 entre pequeñas organizaciones de la burguesía liberal (a las que se suma a título individual Indalecio Prieto, del PSOE, y posteriormente el partido como tal) en su intento de modernizar el Estado por medio de reformas democráticas una vez cae la dictadura de Primo de Rivera a comienzos de año, olvida mencionar que en este año se producen la mayor cantidad de huelgas obreras desde 1923, con 3,7 millones de jornadas perdidas de trabajo. 

La explosión social en la celebración del 14 de abril proclamando la República por la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales dos días antes en la mayor parte de las capitales de provincias es protagonizada por el pueblo trabajador, como reconoce el que posteriormente fuera líder de la CEDA, Gil Robles, en sus memorias: «Triunfó la República en 1931, por la aportación masiva del elemento obrero. Sin él, no hubiese hecho caer a la monarquía ni el esfuerzo de los partidos republicanos». De hecho, la pequeña burguesía liberal, consciente de su debilidad política y restringida a sectores de las capas medias en el ámbito urbano, se tiene que apoyar en el PSOE como fuerza de masas para constituir el Gobierno republicano-socialista de 1931 a 1933.

Es preciso remarcar que el cambio de régimen político de la Monarquía a la República no conlleva un cambio económico ni de las estructuras del Estado, que siguen siendo las mismas de antes de 1931, como demuestra el hecho de que la mayor parte de las reformas gubernamentales –protagonizadas desde el Ministerio de Trabajo con Largo Caballero– sean incumplidas por los propietarios, sobre todo en el medio rural, con la ayuda de la Guardia civil y los Gobernadores civiles que reprimen los Jurados mixtos en la negociación colectiva. 

El 15 de abril de 1931, La Gaceta de Madrid declara: «La propiedad privada queda garantizada por la ley». Sin embargo, la Reforma Agraria, que es la más importante de toda la República y la demanda social más urgente para dos millones de jornaleros sin tierra, choca frontalmente con la propiedad privada. Después de más de un año de debates hasta septiembre de 1932, cuando es aprobada, promete tierras para entre 60 mil y 75 mil familias al año. Sin embargo, dos años después solo han repartido 116837 hectáreas a 12260 jornaleros, lo que significa apenas 10 hectáreas por unidad: ha llegado únicamente al 1,3% de las familias necesitadas y al 1,9% de las hectáreas cultivadas. Mientras tanto, 7,5 millones de hectáreas continúan en manos de grandes latifundistas y empresarios agrarios. 

El carácter reformista del primer gobierno republicano-socialista entre la pequeña burguesía liberal, que quiere modernizar España, y la socialdemocracia del Partido Socialista, que pretende transformar la sociedad desde el Parlamento sobre la legislación democrática, encuentra desde el primer momento la oposición de la burguesa industrial y latifundista, incapaz de hacer frente a la llegada de la República pero cada vez más organizada. Aglutinan capas medias, sobre todo del medio rural y, además de los terratenientes y grandes propietarios –que son quienes las dirigen–, reciben el apoyo de los pequeños propietarios que apenas producen para subsistir y que son la base social de la mitad norte peninsular fuera de los focos industriales, a quienes la Reforma Agraria de la República tampoco ha ayudado a mejorar sus condiciones de vida.

Entre la frustración de la Reforma Agraria y las dificultades para que se cumplan las reformas ministeriales, el Gobierno republicano-socialista salta por los aires con el choque de Largo Caballero con Azaña y Alcalá Zamora, lo que lleva a su destitución y a nuevas elecciones. Los Republicanos y el PSOE van por separado a las elecciones de 1933 (que electoralmente prima en escaños las coaliciones), dando lugar a la victoria de la derecha, a la que se suma la aparición de la CEDA. Este primer bienio reformista aleja a la UGT –en apoyo del gobierno de coalición del PSOE con la burguesía liberal– de las luchas obreras que protagoniza la CNT con huelgas y tres insurrecciones locales.

El contexto

Ningún acontecimiento importante en cualquier país durante la Edad Contemporánea puede analizarse sin tener en cuenta el contexto internacional en que se ubica, debido al nivel de interrelación económica que el sistema capitalista ha vertebrado a nivel mundial, con su correspondiente expresión política en el enfrentamiento de clases que lo caracteriza desde la Revolución industrial. En 1931, la crisis económica mundial del capitalismo a raíz del crack de 1929 (aunque en España afecta en menor medida que a los países más desarrollados industrialmente por su atraso histórico y una alta protección arancelaria) provoca que las condiciones de vida de la clase trabajadora sean cada vez peores. Junto con ello, se da un proceso de concientización de clase a través de la organización y la movilización, que le enfrenta directamente con los empresarios y las estructuras del Estado. 

Mientras en Europa occidental y en Estados Unidos los sindicatos y partidos obreros aumentan la afiliación y las huelgas, la referencia de la Revolución Rusa dota de una vanguardia de lucha y organización contra el sistema capitalista a través de los Partidos Comunistas, que serán arrastrados por la consolidación estalinista desde 1927 en la URSS fruto del reflujo revolucionario por su aislamiento internacional y la destrucción económica del país después de siete años de guerra europea, revolución y guerra civil. 

El giro táctico y estratégico del estalinismo en el VI Congreso de la Internacional Comunista de 1928 hacia el ultraizquierdismo en contra el Frente Único de lucha junto al resto de organizaciones obreras –todo lo contrario de la política bolchevique en la Revolución de 1917 a través de los Soviets–, deja aislados a los nuevos Partidos Comunistas de una parte sustancial de la clase trabajadora. Esta es una las razones fundamentales, en Alemania, para el surgimiento del Nazismo como movimiento de masas de las capas medias, así como para la existencia de sectores de trabajadores desencantados por la división del movimiento obrero entre el SPD y el KPD, carentes de una estructura que proponga una alternativa al sistema capitalista.

1934 es el año decisivo en el devenir de la República. De una parte, la frustración de un sector del PSOE, liderado por Largo Caballero, llega a la conclusión de que hay que hacer la revolución socialista, pues las reformas legislativas desde el Gobierno no pueden mejorar las condiciones de vida de la clase obrera apelando a su propia experiencia y arrastrado por la radicalización de la Federación de Trabajadores de la Tierra (luego FNTT) de la UGT, que es la punta de lanza tras el fracaso de la Reforma Agraria. De hecho, durante los últimos meses del Gobierno republicano-socialista –este es el motivo fundamental de su ruptura– la incorporación de la UGT en huelgas conjuntas con la CNT en 1933 triplica las habidas desde 1930: 3,7 millones de jornadas perdidas por huelgas en 1930, 3,8 en 1931, 3,5 en 1932 y 14,4 millones en 1933.

Por otra parte, la victoria del nazismo en Alemania en 1933, con la destrucción del movimiento obrero organizado en el país y con los partidos obreros más fuertes de Europa ilegalizados, sumado a la argumentación fascista de la CEDA y las contrarreformas del nuevo gobierno de derechas que deshace las pequeñas y tímidas de 1931, pone en guardia a sectores de la clase obrera (como se demuestra en Asturias, que realiza varias huelgas políticas contra la victoria nazi en Alemania y Austria).

El movimiento obrero y sus organizaciones

Desde comienzos de 1934, la ruptura –de hecho, no formal– en el PSOE lleva a Largo Caballero a planificar la revolución socialista para hacer frente a la amenaza de la CEDA si entra en el Gobierno de Lerroux, por medio de las Alianza Obreras, donde persigue la unidad de acción de todas las organizaciones proletarias. Sin embargo, no es apoyado por la CNT –la más fuerte de todas– ni por el estalinismo del PCE, que continúa en su táctica ultraizquierdista ordenada por Moscú. El único lugar donde se produce una Alianza Obrera fuerte, es decir, entre UGT y CNT, es en Asturias en marzo de 1934, desobedeciendo a su dirección estatal.

La falta de consistencia teórica del PSOE de Largo Caballero evita ninguna claridad táctica y estratégica para planificar la revolución, como demuestra la Huelga Campesina del verano de 1934. Liderada por su fracción de la FNTT, a pesar del incremento de huelgas industriales la primera mitad del año, ni el PSOE ni la UGT proponen unificar la lucha de los obreros del campo con los de la ciudad. A pesar de ser la mayor huelga campesina de la historia (más de 830 municipios y semanas de protesta), es derrotada y reprimida brutalmente por no existir ninguna coordinación estatal ni objetivos políticos definidos.

De la misma forma, cuando el 4 de octubre Lerroux introduce varios ministros de la CEDA en el Gobierno –la «señal» que el PSOE precisa para desencadenar la Huelga General Revolucionaria–, no hay nada organizado ni por el PSOE y la UGT, ni por las Alianzas Obreras. La huelga es general en todo el Estado (en Madrid dura nueve días), pero solo hay organización en Asturias, donde los metalúrgicos y mineros desarman los puestos de la Guardia civil en las cuencas mineras y colectivizan la producción con 18 mil trabajadores armados. 

La falta de coordinación en Oviedo y Gijón –donde, como la huelga estaba previamente anunciada, les dio tiempo a los militares a esconder los cerrojos de miles de fusiles que tomaron los revolucionarios de los cuarteles de Oviedo– y, sobre todo su aislamiento, permite que el Gobierno de la República bajo el mando del General Franco organice desde Madrid la invasión de Asturias por tren con miles de soldados (la CNT se negó a convocar huelga ferroviaria), así como con varios barcos con regulares de África llegados al puerto de Gijón y aviones que bombardean durante días los barrios obreros y las cuencas mineras. El aislamiento, la falta de organización estatal y la concentración de las fuerza del Estado en un único lugar dan lugar a la derrota de la revolución de Asturias y a una salvaje represión, con cientos de muertos y miles de encarcelados por todo el Estado.

Mientras la burguesía liberal, desalojada del Gobierno en 1933, asiste atónita a esta realidad social de 1934 protagonizada por el movimiento obrero sin jugar papel político alguno, la oligarquía latifundista y financiera –desarticulada políticamente en 1931–, por el contrario, comienza a estructurarse en busca de un apoyo social entre las clases medias, sobre todo en el medio rural, muy influenciado por el catolicismo, con objeto de constituirse en la oposición a las luchas de la clase trabajadora más allá de la batalla parlamentaria. La CEDA se forma en febrero de 1933 con 700 mil afiliados, básicamente pequeños propietarios de tierras; la Confederación Católica Agraria reúne 200 mil pequeños propietarios; en julio de 1933, la Unión Económica, que vertebra asociaciones del capital industrial, financiero y agrario, celebra una Magna asamblea Nacional de más de mil asociaciones patronales. A finales de agosto de 1933, la CEDA concentra en Madrid a 10 mil agricultores de Castilla la Nueva en contra de los Jurados mixtos para abolir la negociación colectiva de los trabajadores.

A pesar de la incapacidad de las organizaciones obreras con influencia de masas entre la clase trabajadora (PSOE, UGT y CNT) para responder con una intervención táctica y estratégica a la altura del movimiento revolucionario llevado a cabo por los trabajadores tanto en huelgas, manifestaciones e insurrecciones armadas, la represión del Estado republicano durante 1935 no impide que su conciencia de clase, lucha y organización vuelvan a manifestarse con un nivel más alto aún en 1936. La victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 da lugar a un Gobierno liberal donde los partidos obreros son mero apoyo parlamentario para intentar de nuevo las misma reformas de 1931, más la amnistía de los presos de octubre de 1934. 

Rebasando estructuras

Sin embargo, la lucha de clases se desplaza del Parlamento a las calles, fábricas y tierras, donde el movimiento obrero va por delante del Gobierno y sus propios partidos. De febrero a marzo de 1936 los trabajadores obligan a los patronos a readmitir a los presos de octubre y sindicalistas represaliados, así como a pagar las jornadas perdidas. En marzo, la huelga de 40 mil metalúrgicos en Barcelona obliga a la patronal a bajar de 48 a 44 horas la jornada semanal de trabajo. En una huelga de ferroviarios en Madrid, los trabajadores consiguen que les paguen los días de huelga. Las ocupaciones de tierras por los jornaleros son una constante en el sur peninsular. El 25 de marzo, 60 mil jornaleros ocupan 3 mil fincas privadas previamente seleccionas, lo que significa una confiscación de tierras mayor que toda la Reforma Agraria desde 1932. El 26 de mayo, la Guardia Civil mata a 17 jornaleros que intentan ocupar tierras en Yeste (Albacete). 

Desde el 1 de mayo al 18 de julio de 1936 se produce el mayor nivel de huelgas de la historia, abarcando todas las provincias y sectores productivos, con la mayor parte de ellas ganadas a la patronal (tanto en el caso de las huelgas ofensivas, por mejoras salariales, como en el de las defensivas, para evitar despidos). El nivel de conflictividad laboral lleva al Gobierno a censurar en los periódicos obreros la información de las huelgas producidas remitiéndose, en algunos casos, a informar de  Laudos acordados. No obstante, el Ministerio de Trabajo admite que en estos dos meses y medio se han producido 192 huelgas en el campo –casi las mismas que todo 1933– y 719 huelgas en la industria, un número que supera cualquier año completo anterior.

Mientras tanto, Largo Caballero no pasa de las palabras a los hechos y sigue apoyando el Gobierno liberal, aunque no con el entusiasmo del PCE, que se convierte en el verdadero defensor de la democracia burguesa. El 1 de junio de 1936 (mes en el que se llega al máximo de paro de toda la República, con 800 mil desempleados), José Díaz, secretario general del PCE, dice en un mitin en Zaragoza: «No conviene  a los intereses del proletariado y de la revolución que se declaren huelgas por cualquier motivo sin antes meditar bien sobre las posibilidades de resolver los conflictos sin apelar a este procedimiento».

El estalinismo controla el PCE desde finales de los años veinte pero, sobre todo, desde su IV Congreso en 1932, cuando Moscú destituye la dirección elegida e impone otra. No obstante, esta posición es consecuencia del giro del VII Congreso de la Internacional Comunista de 1935, donde se impone la alianza de los Partidos Comunistas con los partidos burgueses liberales –Frentes Populares– para hacer frente al fascismo, dejando a un lado toda propuesta revolucionaria. Este es el motivo por el que, mientras la militancia del PCE lucha por la revolución contra el fascismo el verano de 1936, su dirección política lucha contra la revolución para defender la democracia de la República burguesa.

La debilidad política de la oligarquía latifundista y financiera es incapaz de hacer frente al movimiento obrero, pues mientras la CEDA y sus pequeños propietarios de tierras solo están movilizados electoralmente; las organizaciones fascistas de Falange y Renovación española son demasiado pequeñas e impotentes. Su falta de control económico, político y social, abandonando fincas en los latifundios y haciendo una fuga masiva de capitales al extranjero, no tiene más salida que utilizar el último garante de sus intereses: el Ejército, con objeto de destruir las organizaciones obreras y derribar la República liberal, a la que acusa de no frenar las huelgas y ocupaciones de tierras. El golpe de Estado militar del 18 de julio, que solo cuenta con 10 mil civiles armados –falangistas y requetés–, es incapaz de hacer frente al movimiento obrero en las grandes ciudades y zonas latifundistas, cuyas Milicias armadas y Comités obreros derrotan la sublevación, colectivizan las industrias, los campos, los transportes y construyen nuevas formas de producción y distribución al margen del sistema capitalista y el Estado republicano.

Las pequeñas organizaciones comunistas que son antiestalinistas con posiciones revolucionarias no consiguen tener influencia en el movimiento obrero, altamente organizado y movilizado en sus organizaciones de masas tradicionales (PSOE, UGT y CNT) ni significar una alternativa a la ascendente influencia del estalinismo del PCE como representante «oficial» de la Revolución Rusa. Mientras la Izquierda Comunista de Nin rompe con Trotsky en 1933 al no aceptar trabajar como fracción dentro de un PSOE dividido (cuyas Juventudes les reclama entrar para bolchevizar el partido), la unificación del Bloque Obrero y Campesino –escisión antiestalinista del PCE en Cataluña– junto con el grupo mayoritario de la IC de Nin crea el POUM en 1935, cuya influencia se reduce a Cataluña sin una táctica alternativa de la CNT, a la que queda supeditado en su intervención política.

1936

La revolución del verano de 1936 a través de la militancia sindical de la UGT y la CNT, organizada espontáneamente y no estructurada políticamente, carece de orientación táctica y estratégica para unificar la colectivización de la producción en planificación económica o para constituir un cuerpo militar centralizado que, además de resistir al golpe fascista, oriente una lucha ofensiva buscando el apoyo social en las zonas ocupadas por él. Esta revolución social no se convierte en revolución socialista porque los partidos obreros mayoritarios (PSOE y PCE) dedican todos sus esfuerzos a apoyar el debilitado y prácticamente inexistente Gobierno liberal del Frente Popular, rescatando políticamente a la República burguesa –entrando ambos partidos en el nuevo Gobierno el 4 de septiembre– y desmantelando la revolución para orientar la lucha contra el fascismo hacia una batalla exclusivamente militar. 

A pesar del mantenimiento parcial de los Comités obreros y las Milicias armadas en aquellos lugares donde la socialdemocracia y el estalinismo tienen menos fuerza que el anarcosindicalismo (como es el caso de Cataluña hasta mayo de 1937, donde la represión del Estado dirigido por el estalinismo acaba con ellos, ilegaliza el POUM y somete a la CNT), el final de la revolución social deja en bandeja la derrota republicana en la Guerra Civil, al depender exclusivamente del apoyo militar que reciban ambos desde el exterior. Mientras el bando franquista cuenta el apoyo de Alemania e Italia en hombres y armamento desde julio de 1936, con envíos semanales hasta el final de la guerra, las potencias democráticas del capitalismo –EE.UU., Gran Bretaña y Francia– tienen más miedo a la revolución social que al fascismo, por lo que no intervienen ni envían apoyo militar alguno. La URSS, que también rechaza la revolución desde dentro a través del PCE, busca el acuerdo externo de las potencias capitalistas en su estrategia frentepopulista, aunque se ve obligada a mostrar una ayuda más formal que real, creando las Brigadas Internacionales para exclusivamente «luchar contra el fascismo» pero en modo alguno «hacer la revolución». De la misma forma opera militarmente, con ayudas cobradas y parciales de material bélico entre octubre de 1936 y el verano de 1937, lo que en ningún caso significó avance alguno en la guerra contra Franco.

La mayor revolución obrera del siglo XX en Europa después de la Revolución rusa, protagonizada por la clase trabajadora del Estado español el verano de 1936 como culminación del proceso revolucionario abierto desde la llegada de la Segunda República en 1931, se encuentra con la mayor incapacidad política desde la dirección de sus organizaciones de clase. El análisis de su derrota es una enseñanza para el presente y el futuro.

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