A fines de marzo, el presidente boliviano Luis Arce realizó su primera visita de Estado. Viajó a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Conjuntamente, los dos jefes de Estado pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que promovió el golpe, “que respete la democracia y no intervenga en los asuntos internos de los países soberanos.”
La lucha por la soberanía continúa hoy en Bolivia -al igual que en México-, incluso después de que un gobierno progresista haya sido devuelto democráticamente al poder tras unas elecciones generales celebradas el año pasado. La expresidenta “interina” Jeanine Áñez, así como algunos de sus colaboradores más cercanos, fueron detenidos por la policía boliviana el mes pasado, acusados de delitos mientras estaban en el poder. Para la OEA y muchos en la prensa internacional, estas detenciones han sido malinterpretadas como una venganza del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). Pero la violencia del régimen golpista exige que se haga justicia, y esto es lo que finalmente está ocurriendo.
Cuando el régimen de Jeanine Áñez derrocó al expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, sembró la violencia en todo el país. Las protestas en apoyo a Morales que buscaban proteger su presidencia fueron respondidas con tortura y balas en un esfuerzo por consolidar un gobierno de derecha.
En las masacres de Sacaba y Senkata, treinta y seis personas fueron asesinadas. Estas masacres en particular fueron investigadas y condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició el laborioso proceso de conseguir el permiso del gobierno interino para emprender una investigación adecuada y proponer una vía de reparación para las víctimas. Se ha prestado menos atención a las masacres menores, a las muertes individuales, a las al menos mil detenciones y a los más de ochocientos heridos causados por el régimen de facto. Cualquiera que tuviera la fortaleza podía ver el derramamiento de sangre en sus teléfonos móviles, filmados por los ciudadanos ya que los reporteros habían sido silenciados en gran medida por el terror.
Desde los primeros días del golpe, los grupos indígenas, los pobres de las ciudades, las organizaciones internacionales de derechos humanos y otros han exigido que los autores sean llevados ante la justicia. De hecho, esta exigencia fue fundamental para que el Movimiento al Socialismo (MAS) volviera al poder con una mayoría del 55% en las elecciones generales del pasado octubre.
El 13 de marzo, de madrugada, Áñez fue finalmente encontrada y detenida por una unidad de élite de la policía. También fueron detenidos varios exministros y excomandantes de las fuerzas de seguridad. Hasta el 15 de marzo, se habían presentado nueve cargos contra Áñez, entre ellos la usurpación de la presidencia, el asunto de un crédito indebidamente contratado por 24 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y el Decreto Supremo 4200 que criminalizaba las libertades civiles utilizando la pandemia como pretexto. El Senado, por su parte, ha iniciado veintidós investigaciones contra autoridades del régimen golpista por presuntas acciones ilegales durante su gestión.
Desde la detención, los medios de comunicación progresistas y los canales gubernamentales han difundido testimonios de personas torturadas, fusiladas y golpeadas con pistolas, durante el tiempo que Áñez estuvo en el poder, así como pruebas filmadas de la violencia del gobierno de facto. Un clip en las noticias mostraba a una mujer con una máscara roja de COVID-19 felicitando a Áñez por “el golpe”. Estaban sentados en una mesa de conferencias en una elegante sala, y Áñez no dijo nada para rebatir el uso de la palabra “golpe”. Otro clip mostraba a su ministro del Interior revisando vehículos blindados en una plaza central de noche. Alguien le grababa subrepticiamente mientras decía en voz baja: “Estos son los que dispararon en Senkata, ¿no?”.
“Ser indígena, para ellos es un crimen”
La mujer que lanzó la demanda penal contra los jefes del gobierno golpista es Lidia Patty. Ella presentó una demanda contra varias figuras, entre ellas un líder clave de las iniciativas paramilitares de derecha, Luis Fernando Camacho; el siniestro Arturo Murillo; el exjefe de la policía; y el exministro y asistente personal de Áñez, Yerko Núñez.
Mujer indígena quechua y senadora electa en el último gobierno del MAS, Patty estuvo entre los que se negaron a renunciar ante el golpe. El 15 de marzo, Patty habló en la radio y la televisión públicas: “Hubo torturas, a los manifestantes les cortaron los dedos. Las mujeres de las protestas fueron manoseadas por los soldados, sus partes íntimas fueron manoseadas, como en la época colonial. En las celdas, nuestras hermanas fueron violadas”.
Habló del racismo del régimen golpista hacia los representantes indígenas y campesinos en el parlamento, donde se les decía “son nuestras domésticas” y “vuelvan a sus casas, a sus cocinas”.
Cuando dejó el cargo al terminar su mandato en 2020, Patty optó por presentar la demanda como particular contra Áñez.
“Querían cerrar el parlamento”, que tenía una mayoría de dos tercios del MAS. “Después del golpe contra el presidente, pretendían dar un golpe contra el parlamento”. Los asambleístas del MAS consiguieron finalmente entrar por la fuerza en el edificio, y entonces “los legisladores durmieron en el suelo de la asamblea durante siete días. Si no lo hubiéramos hecho, también habríamos sido cómplices del golpe”. Vuelve al presente: “No podemos permitir que vuelvan a hacer esto. No persigo a nadie, lo que quiero es justicia”.
Enfrentarse a la OEA
En respuesta a las demandas contra Áñez y sus asociados, la OEA ha reaccionado de una manera que, para cualquiera que haya seguido la política boliviana en los últimos años, no será sorprendente. En un esfuerzo por establecer una falsa equivalencia, anunció que iniciaría una investigación internacional sobre la corrupción tanto del gobierno de Áñez como del anterior gobierno de Morales. Además, insistió en que todo el sistema de justicia boliviano debería ser revisado por actores internacionales.
Las acusaciones de corrupción son ciertamente ciertas en referencia al régimen golpista, pero no en el caso del régimen de Morales. De hecho, fue bajo Morales que la corrupción fue perseguida y su erradicación fue central en la plataforma de la campaña del MAS de 2019.
La mayoría del MAS en el Senado está cada vez más indignada por lo que denomina “intervencionismo” de la OEA, y ha registrado una queja formal. Además, el 16 de marzo, el ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, anunció la intención del gobierno de denunciar al titular de la OEA, Luis Almagro, por no respetar los convenios de la OEA firmados con Bolivia.
Pocos días después, un miembro del Tribunal Supremo Electoral instó a sus colegas a desinvitar a la OEA a la realización de una misión de observación durante la segunda vuelta de las elecciones a gobernador. Salvador Romero, el jefe del tribunal electoral designado por Áñez, rechazó rotundamente la idea.
Por su parte, los gobiernos latinoamericanos progresistas están trabajando para reforzar la diplomacia no intervencionista. México y Argentina, así como el bloque de diez naciones progresistas de América Latina (la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, o ALBA para abreviar), y el Parlasur -el órgano parlamentario del bloque comercial del Mercosur- han alzado sus voces en defensa del gobierno boliviano elegido por el MAS. Argumentan que las falsas denuncias de fraude de la OEA abrieron la puerta al sangriento régimen golpista de Jeanine Áñez.
La derecha internacional y sus socios bolivianos llevan casi una década alimentando el fuego del supuesto fraude. La repetición de las acusaciones no probadas es un evangelio entre muchos sectores medios. Ocho estudios de expertos de universidades estadounidenses -incluidos los encargados por el New York Times y titulados por el Washington Post- afirman que no hay base para alegar fraude en las dos últimas elecciones nacionales en Bolivia.
La derecha suele acusar a sus enemigos de los delitos que ella misma comete. Su demonización de Evo Morales es carnavalesca, y ahora afirma que está tramando desencadenar una guerra civil para poder volver a la presidencia. Si la historia nos sirve de guía, sabemos que es Estados Unidos, con la OEA como títere, el responsable de instigar guerras civiles. Su hombre en Bolivia está plantado al frente del tribunal electoral, Salvador Romero.
Como ha dicho Inocencia Franco, de la federación de mujeres Bartolina Sisa, de la comunidad de Yacuiba, en las tierras bajas: “Hemos derramado nuestra sangre por esta democracia”. Aunque lo que busca la gente es la paz, también está dispuesta a defender si es necesario a su nuevo presidente elegido democráticamente, Luis Arce. “Todas las comunidades están en situación de emergencia y nos mantendremos firmes”.
