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Verónika Mendoza en una caminata en Gamarra durante la campaña electoral el 31 de marzo. (Foto vía @sigridbazan en Twitter)

La izquierda anticapitalista y el voto por Verónika Mendoza

No basta con enunciar principios revolucionarios: necesitamos organizar una fuerza política y social capaz de hacerlos efectivos.

Con la elección de un nuevo Congreso el 11 de abril próximo y un nuevo gobierno en junio (pues todo indica que iremos a una segunda vuelta) se cierra el corto ciclo político iniciado a mediados de 2017 y dominado por disputas en la derecha por la hegemonía y el control del Estado, así como por el destape de casos de megacorrupción en los más altos niveles de gobierno (Lava Jato, Cuellos Blancos, Club de la Construcción, etc.).

Todo parece indicar, sin embargo, que el nuevo ciclo será sucedido por nuevas convulsiones. Esto no es de extrañar: los efectos de la pandemia han sido profundos, y Perú –con más de 1,48 millones de infectados y 50 mil muertos según cifras oficiales– es uno de los países de América Latina más afectados por el COVID-19. Además, las medidas de confinamiento adoptadas para desacelerar la transmisión del virus han afectado seriamente la economía nacional, acentuado la desigualdad social y golpeado duramente a la clase trabajadora. La pandemia no solo ha develado el abandono del sistema sanitario, sino también la situación precaria del empleo, la educación, la vivienda y la protección social en un país que, hasta hace poco, gracias a sus cifras de crecimiento económico, era presentado como ejemplo de éxito neoliberal.

En ese escenario, la derecha se presenta con distintas opciones electorales. Unas, más moderadas (Lescano, Forsyth) y otras, más extremas (López Aliaga, De Soto, Fujimori), pero compartiendo todas la agenda neoliberal de los últimos treinta años, con políticas de privatización, apertura irrestricta al capital transnacional, desregulación y reducción del gasto público. 

Por ese espacio deambulan también los sectores más conservadores del catolicismo y las iglesias evangélicas (cuya razón de ser pareciera pasar por frenar y revertir todo avance –por mínimo que sea– a favor de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ) y los sectores ultras de la derecha política, que buscan recuperar el terreno perdido en los últimos años y disputan con los sectores moderados por quién encabezará la ofensiva neoliberal de la pospandemia.

La izquierda institucional en carrera

En el plano de la izquierda, de las tres candidaturas en competencia, Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) es la mejor posicionada frente a las opciones de continuismo neoliberal, peleando el pase a la segunda vuelta electoral y teniendo casi asegurada una bancada con representantes de Lima y el interior del país. Le sigue Perú Libre, con la candidatura del líder magisterial Pedro Castillo, que ha logrado un importante posicionamiento entre sectores populares y bien podría alcanzar una pequeña bancada, con representantes del sur y/o del centro del país.

En oposición al neoliberalismo y al conservadurismo, Verónika Mendoza plantea políticas redistributivas para reducir la desigualdad y medidas progresistas a favor de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ, así como dar impulso a un referéndum para la convocatoria a una Asamblea Constituyente «popular, paritaria y plurinacional». Lo hace, sin embargo, poniendo el énfasis en la actuación institucional y la lógica de la representación, y con un programa de gobierno que se mueve de la izquierda al centro y viceversa según las lecturas tácticas y presiones del momento. En suma, sin plantear un proyecto de transformación de la economía y el Estado capitalistas. 

Las críticas por izquierda a la alianza Nuevo Perú – Juntos por el Perú se remontan a los mismos orígenes de cada una de estas formaciones, definidos en base a lógicas electorales que privilegian los liderazgos y las alianzas tácticas en lugar de la construcción programática y estratégica de una fuerza política que, conectada con las luchas sociales, sirva como instrumento de transformación.

El escenario es aún incierto. Y si bien Verónika Mendoza está disputando con posibilidades reales el gobierno nacional, lo que sí es seguro es que ello terminará de definirse en una segunda vuelta, momento en el cual deberá enfrentar mayores presiones (tanto externas como al interior de la alianza JP–NP) para que su candidatura se desplace o tienda puentes al «centro político» con el objetivo de derrotar a la derecha, sea en su variante moderada, sea en su variante extrema.

Por su parte, la candidatura de Pedro Castillo y Perú Libre se ubica claramente a la izquierda de Mendoza y JP. Comparte con ella la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, pero con unas prácticas y un discurso más radicales frente al neoliberalismo y al imperialismo estadounidense. 

Representa, sin embargo, el conservadurismo de una izquierda que permanece de espaldas a las demandas específicas de las mujeres y las disidencias sexuales y de género, con un talante extractivista que opta por «el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables» –nacionalizados– como vía para salir del subdesarrollo. Además, el discurso radical de Perú Libre contrasta con su apuesta prioritaria por la política institucional-electoral y con su pragmatismo al momento de formar alianzas electorales.

El papel de la calle

Ya no estamos viviendo una oleada de protestas populares. Pero ello no significa que el nuevo gobierno no vaya a lidiar con movilizaciones y conflictos sociales. Las multitudinarias manifestaciones callejeras que lograron la salida del régimen de Manuel Merino fueron resultado de la indignación generalizada al ver cómo las élites políticas se disputaban el gobierno mientras la clase trabajadora y los sectores populares soportaban miles de pérdidas humanas y los embates de la pandemia. Junto a ello, las protestas y bloqueos de carreteras por parte de trabajadores de la agroexportación en las regiones de Ica y La Libertad (que lograron la derogatoria de la Ley Nº 27360), mostraron el descontento acumulado tras décadas de sobreexplotación y precariedad laboral.

La pandemia y los efectos económicos del confinamiento han sido vistos por los capitalistas como una oportunidad para «ajustar cuentas» con el trabajo asalariado. Así, los ceses colectivos, las no renovaciones y las suspensiones de contratos, junto a las reducciones de salarios y posturas aún más intransigentes en las negociaciones colectivas, resumen en gran medida la respuesta empresarial ante este contexto. Todo ello ha hecho emerger nuevos conflictos laborales que, si bien por ahora permanecen encuadrados a nivel de empresa, en el mediano plazo pueden servir de base para la articulación de luchas sectoriales o nacionales.

El movimiento feminista, con masivas movilizaciones y demandas concretas frente a los feminicidios y la violencia de género, por la despenalización del aborto y el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se ha ubicado como un actor gravitante en las luchas no solo contra el fundamentalismo religioso y la extrema derecha, sino también contra la precarización neoliberal del trabajo, la salud y otras áreas, que afecta particularmente a las mujeres y recrudece la violencia.

Sin pretender agotar el recuento de luchas y resistencias sociales, debemos mencionar también a los pueblos originarios andino-amazónicos y comunidades campesinas que, invisibilizados por la gran prensa, se movilizan en defensa de sus territorios, contra los abusos del capital transnacional y contra el extractivismo minero, petrolero y forestal, y vienen enfrentando amenazas y asesinatos de líderes comunales.

La pandemia del COVID-19 ha develado, además, la dramática situación de la educación, con una acentuada desigualdad en el acceso a la educación virtual. La deserción de cientos de miles de estudiantes de instituciones privadas de educación primaria, secundaria y universitaria ha sido consecuencia del golpe económico sufrido por los hogares, el lucro de la educación y la actitud displicente del Estado neoliberal. A esto se suman los problemas en las universidades públicas, donde si bien el movimiento estudiantil no tiene la misma fuerza que años anteriores y carece de articulación a nivel nacional, sigue siendo un actor social importante.

Si de lo que se trata es de construir alternativas al neoliberalismo capaces de enfrentarse a las élites económicas y sus partidos y de abrir el camino para transformaciones radicalmente democráticas, resulta indispensable centrar la mirada en la situación de los movimientos sociales y el papel que juegan en estos procesos.

Los dilemas de la izquierda anticapitalista

La izquierda anticapitalista se debate entre el voto por Juntos por el Perú, por Perú Libre o el voto viciado. Tiene, además, el dilema de votar en silencio o plantear abiertamente una postura frente al actual escenario electoral.

El hecho de que existan diferencias de fondo que distancian a la izquierda anticapitalista de las opciones electorales de la izquierda institucional no significa que nos dé igual la configuración política que resulte luego del 11 de abril. Todo lo contrario: el triunfo electoral de la derecha, ya sea de los sectores extremistas o los moderados, significará el reforzamiento del neoliberalismo, golpeando aún más la economía y la vida de los sectores populares y generando mayores dificultades para la construcción de una fuerza política y social anticapitalista.

En este contexto, el posicionamiento logrado por Verónika Mendoza como referente de un nuevo progresismo antineoliberal y antipatriarcal, y con candidaturas congresales de Juntos por el Perú provenientes del sindicalismo de base, el feminismo popular y el activismo barrial hacen necesario que la izquierda anticapitalista llame a votar por ellos e impulse –con plena independencia y libertad de crítica– su candidatura.

Eso no implica desconocer que un buen resultado electoral de Pedro Castillo y una eventual presencia de Perú Libre en el próximo Congreso signifiquen también un golpe político importante para la derecha y las clases empresariales. Dependerá, en buena medida, de que las bancadas de izquierda que sean elegidas el 11 de abril estén conectadas con las demandas y movilizaciones sociales, no sean absorbidas por el parlamentarismo ni terminen encasilladas en las dinámicas «oficialismo versus oposición» o «Ejecutivo versus Legislativo». Un perfilamiento en ese sentido, junto a un adecuado manejo de sus diferencias políticas, marcaría desde ya una clara distancia de lo que fue la actuación parlamentaria del Frente Amplio y el Nuevo Perú en el periodo anterior.

Un eventual gobierno de Verónika Mendoza, aunque signado por la lógica de «lo posible», abriría mayores posibilidades para que la izquierda y los movimientos sociales sostengan ejes de lucha y generen propuestas programáticas transformadoras. La clave sigue pasando por promover la organización de las luchas sindicales, sociales, ecologistas, feministas y juveniles, así como por impulsar nuevas convergencias políticas y sociales que nos permitan enfrentar a las fuerzas neoliberales y conservadoras que representan a los capitales financieros, las transnacionales y la oligarquía local apuntando, en el largo plazo, a viabilizar un proceso de cambios fundamentales.

Al igual que en el resto de la región, a la izquierda anticapitalista en Perú se le plantea el interrogante sobre cómo avanzar en proyectos radicales de transformación en un escenario político marcado por la contraposición entre el continuismo neoliberal y el reformismo progresista. No es tarea sencilla; menos aún, cuando hemos visto cómo los sectores socialistas que decidieron construir dentro de partidos o movimientos progresistas terminaron subordinándose a la lógica de estos espacios o cómo algunas corrientes que han optado por el «camino propio» siguen encerradas en el laberinto de sus desconfianzas y recelos, potenciando su marginalidad y dando la espalda, muchas veces, a los procesos políticos reales.

Pero hay algo que es seguro, y es que el posicionamiento frente al escenario electoral no debe llevar a las organizaciones y movimientos de la izquierda anticapitalista a rehuir o postergar las discusiones sobre qué hacer para salir de la situación de debilidad y marginalidad en la que se encuentran. Porque no basta con enunciar principios revolucionarios: necesitamos organizar una fuerza política y social capaz de hacerlos efectivos.

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