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El Estado ha registrado 30000 casos y 16259 decesos, cifras evidentemente por debajo de los números reales del COVID-19 en Ecuador.

El (des)manejo de la pandemia en Ecuador

A poco más de un año del inicio de la pandemia en Ecuador, y a pocos días de la segunda vuelta electoral, vale reconstruir los entramados políticos y empresariales que hicieron de la pandemia un verdadero desastre.

Cuando el mundo se derrumba, a la clase dominante le interesa que el público crea que la causa principal del colapso fue algo natural e intratable –dios, el clima, las fluctuaciones «propias» del mercado, el descarnado salvajismo de un virus, la perversidad incomprensible de una cultura extranjera–. Desplazar la responsabilidad hacia las abstracciones permite a los más poderosos eludir las críticas por crear y mantener un estado de cosas tan desigual. (Meagan Day, «No es un acto de Dios», Jacobin América Latina Nº 1)

 

De acuerdo con la versión oficial del gobierno, hace poco más de un año (el 29 de febrero de 2020) se confirmó el primer caso de COVID-19 en Ecuador, 14 días después de que un paciente presentara síntomas de la enfermedad y solo 5 días después de que terminara el feriado de carnaval. Una mirada a la evolución de la pandemia, no solo a partir de los casos diagnosticados con una prueba PCR sino en relación con el total de personas fallecidas hasta el momento, exige analizar críticamente la forma en que el gobierno ha llevado adelante el plan de vacunación: sometiendo la política, la planificación y toda la acción estatal a medidas de austeridad, el desmantelamiento de lo público y favoreciendo los intereses de grupos económicos en desmedro de la salud integral de las y los habitantes del Ecuador.

A un año de aquel primer contagio, poco más de un millón de personas (el 6% de la población estimada a 2020) se ha realizado pruebas PCR en Ecuador; un promedio de 2900 personas al día. En ese tiempo, el Estado ha diagnosticado 30000 casos confirmados y ha registrado 16259 decesos provocados por la enfermedad. Ese registro –evidentemente subestimado– devela una notoria incapacidad para contener el contagio. Ello se observa en una tasa de positividad promedio de alrededor del 30% y un exceso de muertes durante la pandemia (alrededor de 50 mil personas, una de las proporciones de fallecidos por población total más altas del mundo).

Si bien el año 2021 arrancó con la aprobación de emergencia de un abanico cada vez más grande de vacunas contra el COVID-19 en varios países del mundo, los habitantes del Ecuador somos testigos del arribo a cuenta gotas de escasas dosis de vacunas de Pfizer-BioNtech. Por el momento, las dosis disponibles ni siquiera alcanzan a cubrir al total del personal público de salud (profesionales de medicina, enfermería y auxiliares) que, según declaraciones del Ministro de Economía, suman un total de 63230 personas. Y esto en medio de un escándalo por la desviación deliberada de algunas de esas vacunas para personas por fuera de los grupos prioritarios: familiares de funcionarios, periodistas, personajes de la política, en una situación similar a lo ocurrido en Argentina, Brasil, Chile o Perú.

La tardía renuncia de Juan Carlos Zevallos a su cargo como Ministro de Salud resulta insuficiente. Y es que esto no se resuelve cambiando una ficha por otra. Se trata de un problema complejo, derivado de la decisión del gobierno ecuatoriano de someter el «Plan Nacional de Vacunación» a las condiciones que impone el mercado neoliberal de vacunas en medio de un sistemático manto de opacidad e irregularidades, cuyos efectos perdurarán y deberán ser afrontados por el próximo gobierno. 

Tal como ocurre con otros bienes y servicios necesarios o básicos para satisfacer necesidades humanas, el desarrollo, la investigación, la producción masiva, así como la logística y la distribución de las vacunas se encuentran, de manera mayoritaria, en manos de empresas privadas. Y la meta de estas será siempre obtener las mayores utilidades posibles, incluidas las que provengan de los presupuestos estatales, obligados a mediar entre intereses globales y locales para poder garantizar la vacunación universal y gratuita a la población.

Vacunas: entre la propiedad intelectual, las utilidades y las farmacéuticas

En abril de 2020, la OMS identificó 54 estudios para encontrar opciones de inmunización para la población frente al COVID-19, declarado pandemia en marzo. De esos estudios, el 51% estaban a cargo de empresas privadas, el 19% se desarrollaban en alianza con el sector público y el restante 30% estaba exclusivamente a cargo de centros estatales. El grupo más grande estaba localizado en Estados Unidos (20 estudios) y un total de 21 empresas cotizaban en ese momento en bolsas de valores. Este repentino interés de varias empresas privadas, sumado al destino de fondos públicos para fortalecerlos, tiene como antecedente la falta de inversión en investigación y desarrollo (I+D) en los dos brotes previos de otros coronavirus (el de SARS-Cov, ocurrido en 2002, y el de MERS-Cov, ocurrido diez años después).

En enero de 2020, el biólogo Rolf Hilgenfeld afirmaba con preocupación que «el número total de personas infectadas, si se combinan el SARS, el MERS y este nuevo virus [SARS-Cov-2], es inferior a 12500 personas. Eso no es un mercado. El número de casos es demasiado pequeño. Las empresas farmacéuticas no están interesadas». Sin embargo, trece meses después, con más de 120 millones de casos diagnosticados y 2,67 millones de personas fallecidas, el mercado farmacéutico ofrece al menos doce vacunas autorizadas para uso masivo en distintas regiones y países del mundo. Entre ellas aparecen las desarrolladas por Pfizer-BioNtech, Moderna, Gamaleya (Sputnik V), Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson, Vector Institute, Sinopharm y Sinovac. A ellas deben sumarse 74 estudios de otras candidatas en desarrollo clínico y otras 182 en desarrollo preclínico, según un reporte del 26 de febrero de 2021 elaborado por la OMS.

Aunque estos datos parezcan auspiciosos, no debe perderse de vista que existe otra discusión, con repercusiones más complejas. En octubre, India y Sudáfrica solicitaron a la Organización Mundial del Comercio que pusiera en pausa la vigencia de las patentes para tratamientos e insumos disponibles para el COVID-19, regulados actualmente por acuerdos internacionales sobre aspectos de propiedad intelectual y comercio conocidos como «TRIPS». «La exención de algunos requisitos de los acuerdos comerciales internacionales permitiría a los fabricantes de genéricos y biosimilares producir inmediatamente versiones más asequibles de estos productos sin tener que esperar años o décadas a que expiren», refirió la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.

Sin embargo, los países ricos (como Estados Unidos, los de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá) han bloqueado esta propuesta. Y no solo eso: también han acaparado la mayor cantidad posible de vacunas en stock, provocando una profunda desigualdad para su acceso y, consecuentemente, que decenas de países sigan enfrentando la pandemia sin posibilidad de adquirir vacunas o accediendo a una cantidad de dosis casi irrelevante. Se trata de un verdadero elefante en la habitación, en palabras de la propia OMS: una discusión que, entre bambalinas, tiene a las farmacéuticas –junto con otras productoras de insumos médicos– presionando a los Estados para que protejan su margen de ganancia en medio de la emergencia.

Bajo esa protección internacional de la propiedad intelectual, las empresas están suscribiendo acuerdos o contratos con los Estados que suponen verdaderos paraguas para maximizar la ganancia y reducir el riesgo que la administración de vacunas podría generar, sea a las personas que ya se están vacunando como a los propios Estados encargados de administrarlas. Pfizer, por ejemplo, ha exigido en sus contratos diversas cláusulas abusivas para reducir su responsabilidad frente a posibles efectos adversos y garantías basadas incluso en activos estatales –reserva monetaria incluida– para afrontar posibles reclamos civiles en el futuro.

Nunca es suficiente 

Tres representantes de Universidades privadas del Ecuador (Gonzalo Mantilla, de la Universidad San Francisco de Quito, Carlos Montúfar Freile, del Consejo de Regentes de esa misma universidad y Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad Espíritu Santo) conforman el Comité de Transparencia para el proceso de vacunación en Ecuador. En una entrevista a un medio local, Ortega afirmó que el ex Ministro de Salud maneja las relaciones con las farmacéuticas y que «esa batalla política por la que se pide la cabeza del Ministro» es el «eje del proceso de vacunación. Es como quitarle a Maradona del Mundial». 

Fue ese el fragmento que se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, hacia el final de su defensa a la gestión del ex Ministro (que actualmente se encuentra bajo investigación penal y carga con dos pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional) el representante del Comité de Transparencia dejó entrever un dato bastante más relevante: el interés por parte de un sector empresario que busca privatizar el proceso de vacunación: «hemos sugerido que […] se haga una convocatoria interna, con instituciones calificadas, con capacidad técnica, laboratorios, clínicas, universidades, dispuestas a comprar. Que se haga una especie de subasta interna. Y se le quita un peso económico al Estado».

El escenario es difícil. Las empresas farmacéuticas transnacionales negocian con la sartén por el mango con los gobiernos de turno. Los gobiernos, a su vez, deciden a quién compran las vacunas y los mecanismos de distribución y administración de las dosis que empiezan a recibir. Y los grupos económicos locales y sus aliados tampoco pierden la oportunidad de seguir obteniendo beneficios en medio de la emergencia sanitaria, en este caso a través de la distribución y administración.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha informado que el plan de vacunación se sostiene en una alianza público–privada. Lo cual, en principio, no tendría mayor inconveniente si lo que se busca es un esfuerzo nacional significativo para poder vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de la población, con equidad territorial y priorizando a quienes más lo necesitan. Lo problemático de esta alianza es el contexto en que se concreta: un gobierno que, por sobre la salud integral de las y los habitantes del Ecuador, privilegió a los tenedores de deuda privada y a los grupos económicos del país.

Estos últimos, en lugar de «arrimar el hombro», se han beneficiado de la gestión de la pandemia en varias formas: no han aportado con una contribución de su patrimonio de manera extraordinaria y urgente al Presupuesto General del Estado, y la mayor parte del sistema privado de salud no ha acudido al apoyo del sistema público con toda su infraestructura y capacidades para atender gratuitamente a la población afectada. Más bien todo lo contrario: el sector privado se ha beneficiado del deterioro de las condiciones laborales, así como de una serie de leyes e incentivos estatales que supusieron un aumento de su margen de ganancia, que no ha cedido ni se ha controlado pese a la grave crisis que atraviesa la mayoría de la población.

Pero para la clase dominante nunca nada es suficiente. Así es que, no conformes con todo lo anterior, un sector del empresariado ha suscrito contratos abusivos con el Estado al punto que, a finales de 2020, había abiertas 196 investigaciones penales por delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias y delincuencia organizada. Mascarillas, pruebas de COVID-19, kits de alimentación y hasta bolsas plásticas para cadáveres aparecen entre los bienes que han servido de fachada para contratos en los que, como diría Rosa Luxemburgo, aparece «sin disimulo la violencia, el engaño, la opresión y el pillaje».

María Gloria Alarcón, expresidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien también hace parte del Comité de Emergencia por Coronavirus de esa ciudad, señaló que, para garantizar la logística y bajo coordinación de la administración estatal, varias empresas privadas participan en las tareas de distribución y logística de las vacunas. Según su versión, «sin ningún costo» para el Estado. Entre las empresas que conforman la alianza, menciona:

  1. La aerolínea LATAM Ecuador, parte del Grupo LATAM de Chile, que ha ofrecido transporte aéreo de vacunas y del personal que administra las dosis.
  2. El Grupo DIFARE, un holding ecuatoriano dedicado a la importación, logística y distribución de medicamentos e insumos, también propietario de los negocios Pharmacy’s, Cruz Azul y Comunitarias, que contribuye con camiones para la distribución.
  3. La Corporación Grupo Fybeca (GPF), importadora y distribuidora de medicamentos y otros productos de primera necesidad y propietaria de los negocios Fybeca, Sana Sana y Oki Doki, adquirida en su totalidad en 2019 por la corporación chilena SOCOFAR, cuyo único accionista desde 2020 es el grupo mexicano FEMSA, con negocios diversificados en varios países de Latinoamérica.
  4. Tiendas Industriales Asociadas, mejor conocida como TÍA, cuyos accionistas son empresas registradas en Singapur, Nueva Zelanda, Escocia, Suiza, Estados Unidos y Brasil. El Presidente Lenín Moreno y el entonces Vicepresidente Otto Sonnenholzner inauguraron, en 2019, uno de sus centros de distribución logística como resultado de la Ley de Fomento Productivo de 2018 que incluyó, entre otros beneficios, remisiones de multas e intereses por deudas tributarias.
  5. FARMAENLACE, otro grupo económico ecuatoriano dedicado a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y propietaria de los negocios Farmacias Económicas, Medicity y Farmacias El Descuento, entre otras. 

En suma, la alianza del sector privado que se ha sumado al plan público de vacunación está conformada por grupos económicos locales, algunos de ellos subsidiarios de otros transnacionales que, en la práctica, concentran la distribución y comercialización de medicamentos e insumos producidos por las grandes farmacéuticas. En junio de 2020, la CEPAL alertaba que «las reglas de comercio internacional y las prácticas de algunas empresas privadas […] así como las reglas sobre propiedad intelectual» encarecen el acceso a medicamentos y ponen en peligro el pleno goce del derecho a la salud.

Las falsas coartadas del Estado para el provecho de los privados

A los capitales, sean transnacionales o locales, les favorece siempre contar con Estados y marcos normativos que les garanticen «seguridad jurídica» para su provecho, afirma David Harvey en su libro El Nuevo Imperialismo. En un escenario de crisis compleja –caída de los precios del petróleo desde 2014, sobreendeudamiento y, más recientemente, medidas de austeridad y efectos de la gestión de la pandemia– desregular, desreglamentar y privatizar aparecen como la fórmula más apropiada para aumentar la ganancia, incluso si eso implica trasladar no solo el costo sino todos los impactos de la crisis a la mayoría de la población.

El 75% de la población de Ecuador se atiende en el sistema de salud público, universal y gratuito. Su existencia, pese a las deficiencias acumuladas previo al inicio de la pandemia y profundizadas durante ella, se sostiene en el trabajo que realiza el personal de salud junto con el personal que administra la red. Ese sistema se complementa con los sistemas de salud que proveen el IESS, ISSFFAA e ISSPOL y con la compra de medicamentos e insumos a cargo del Estado Ecuatoriano. Ni el sistema privado de salud ni los seguros privados que se ofrecen cubren la salud de la mayoría de la población. Menos aún se puede esperar que lo hagan durante la emergencia sanitaria global.

Ecuador ha gestionado la emergencia sanitaria con su soberanía liquidada y la política pública sometida a las medidas de austeridad impuestas por el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI). Al gobierno de Lenín Moreno no le ha bastado intentar responsabilizar de «todos los males» al gobierno anterior. Tampoco le ha sido suficiente tratar de responsabilizar por completo de la crisis al «virus maligno», como si sus políticas no hubiesen influido en absoluto. Otro falso argumento ha sido enarbolado para justificar la verdadera rapiña del exiguo presupuesto estatal y su nulo destino en fortalecer a las instituciones públicas para enfrentar la pandemia.

Tal como reflexiona Gérard de Selys, la ulterior coartada gubernamental consiste en cargar contra lo público y tratar de «conquistar, por las buenas o por las malas, nuevos sectores de crecimiento para revitalizar una ‘economía de mercado’ en profunda crisis». En otras palabras, se trata de seguir echándole la culpa a las abstracciones, de evadir la relación causa–efecto entre las medidas de austeridad y las deficiencias de lo público para intentar así emerger como el sujeto heroico de la salvación frente a una crisis que deliberadamente han contribuido a crear.

La conmoción social no la ha causado la demanda por que se haga público el listado de vacunación existente al momento. Todo lo contrario: la gestión neoliberal de la pandemia, rodeada de mantos de opacidad y falta de acceso a la información sobre la política de salud ejecutada durante la emergencia (acuerdos con el sector privado incluidos), contribuyen a generar desconfianza sobre todo lo que el gobierno propone o afirma estar haciendo. Los 600 vacunados VIP del club Rotarios es solo una consecuencia de esta grave situación.

Pese a que todo el asunto gira alrededor de la obligación del Estado de garantizar nuestro derecho a la salud (derecho humano reconocido constitucionalmente, sobre el cual no debería haber ni reserva ni confidencialidad), ni la Asamblea Nacional ni otras entidades de control, como la Fiscalía General o la Contraloría General del Estado, han actuado de manera oportuna y efectiva para evitar que la vacunación quede entrampada en ilícitos y otras irregularidades. La Defensoría del Pueblo del Ecuador no ha ejercido todas sus competencias para investigar y determinar responsabilidades estatales y privadas que constituirían graves violaciones a derechos humanos a la salud de la población.

Por fuera de la lógica estatal y sus mediaciones para favorecer el lucro de unos pocos, la sociedad ecuatoriana sigue afrontando el duelo, sufriendo el deterioro de las condiciones materiales y dedicando todas sus energías en sostener colectivamente la vida. A las puertas de la segunda vuelta electoral, que tiene enfrentados al candidato de la Unión por la Esperanza (movimiento del expresidente Rafael Correa), Andres Arauz, con el candidato del movimiento CREO, Guillermo Lasso, la sociedad enfrenta un desafío mayor: renovar la organización colectiva para que emerjan procesos de defensa de lo público, del sistema de salud universal y gratuito y, en suma, de nuestro derecho a vivir dignamente.

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Publicado en Artículos, Ecuador, homeIzq, Políticas and Salud

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