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La detención de Pablo Hasél ha provocado una irrupción de manifestaciones, mayoritariamente de corte juvenil.

Catalunya atrapada en una doble crisis estratégica

Las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél y todas sus derivadas han impactado de lleno en el debate poselectoral para formar gobierno. La izquierda radical catalana deberá explorar alianzas para construir un movimiento capaz de ponerle un freno de emergencia al actual estado de cosas.

Desde la crisis mundial de 2008, la política institucional de Europa Occidental se ha visto completamente sacudida y ha dejado atrás un modelo de gobernabilidad estable que pivotaba en la mayoría de los estados en la alternancia entre la centroizquierda y la derecha conservadora y/o liberal. Esta recomposición de la representación ha declinado de formas diferentes y, en última instancia, está determinada por la voladura de «las clases medias», que han supuesto las políticas de austeridad y las reformas neoliberales.

La fragmentación, la emergencia de la extrema derecha y su polarización con el «extremo centro» neoliberal son las tendencias más compartidas en todo el continente. Sin embargo, también se han producido otros fenómenos. Ejemplos de ello son la conversión del Partido Socialista de Francia en una fuerza casi residual o el crecimiento de partidos verdes. En concreto, el sur de Europa ha sido todo un laboratorio político: el auge y caída de Syriza en Grecia, la experiencia de Podemos o las mayorías inestables y los gobiernos «tecnocráticos» en Italia. 

Uno de los sistemas de partidos ejemplarmente inestables y fragmentados es el de Catalunya, tal como se volvió a ver en las elecciones del 14 de febrero. Las turbulencias destacan aún más si se tiene en cuenta que, desde la Transición hasta 2003, gobernó la centroderecha catalanista, agrupada en Convergència y Unió (CiU), liderado por Jordi Pujol. El oasis catalán, decían, aunque siempre ocultó conflictividad. Después de un paréntesis de siete años, en 2012, CiU volvió al gobierno con un ejecutivo liderado por Artur Mas, con 62 escaños y el apoyo parlamentario de la derecha españolista del Partido Popular para alcanzar los 68 escaños que marcan la mayoría absoluta, un pacto absolutamente impensable en este momento. 

Hoy CiU ya no existe y los herederos de la centroderecha catalanista se presentaron a los últimos comicios desperdigados en al menos cuatro candidaturas, como explicaba Arnau Barquer en su análisis de los resultados para esta misma revista (Un escenario alentador en Cataluña). La opción que apoyaba el expresidente Artur Mas, y que cuenta con más de 200 alcaldías (el PdeCat), quedó fuera del Parlament. Por su parte, Junts, el partido del expresidente Puigdemont y principal fuerza posconvergent, consiguió 32 escaños y fue superado por la centroizquierda independentista (Esquerra Republicana de Catalunya), que optará a la presidencia de la Generalitat por primera vez desde la Guerra Civil española. 

Además, hay extrañas mutaciones en lo que queda en pie. Junts se presenta como una fuerza «transversal» que pretende incluir figuras que provienen de la centroizquierda, aunque su programa es claramente neoliberal. Por ejemplo, la secretaria general de Junts la ocupa el preso político Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (una de las dos principales organizaciones civiles que ha impulsado el proceso independentista) y vinculado durante muchos años a ICV (poscomunistas y actualmente disueltos dentro de los Comunes). Sin embargo, también incluye a personajes muy escorados a la derecha, como el empresario Joan Canadell. 

En general, lo que se observa es una crisis organizativa e ideológica del que fue el principal instrumento de gobierno en Catalunya y un debilitamiento de su relación con las élites económicas y sociales que ya no confían en ellos. El espacio que supo ser garantía de estabilidad, ahora es todo lo contrario. Hay continuidades con la herencia de Pujol y Mas, pero también cambios difíciles de negar: hace no muchos años, era inconcebible que dirigentes Convergents estuvieran en la cárcel o exiliados por confrontar al Estado.

Otro ejemplo de los vuelcos que se producen en la política catalana es que la fuerza que se ubicó en primera posición en las elecciones de 2017, Ciudadanos, ha pasado de 36 escaños a tan solo 6 y ha perdido casi un millón de apoyos. De todas formas, el resultado de Ciudadanos estaba muy inflado por el contexto concreto de las elecciones anteriores, justo después del referéndum del 1 de octubre y la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Rajoy. En aquellas elecciones, Ciudadanos consiguió erigirse como el voto útil antindependentista y erosionó al PSC en muchos de sus feudos con una estrategia de agitación nacionalista.

Sin nuevas mayorías después del 14F

Las recomposiciones y corrimientos ideológicos más significativos empezaron con la ofensiva centralizadora de los gobiernos de Aznar (PP) y la respuesta en forma de nuevo Estatuto de Autonomía impulsada en tiempos del gobierno del PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya e ICV-EUiA. Ese texto intentaba ampliar el autogobierno de Catalunya y reconocerla como nación, y fue recortado primero por el Congreso español y luego por el Tribunal Constitucional, incluso habiendo sido aprobado en referéndum popular.

A partir de ese momento, el independentismo catalán, reconfigurado con conceptos como «derecho a decidir» y «soberanismo» e impulsado por la movilización popular, fue ocupando la mayoría dentro del catalanismo. La ruptura con el Estado español se convirtió en una opción con más apoyos que el aumento de la autonomía o el federalismo. 

La combinación entre el empobrecimiento de las clases medias, lo que se ha conocido como «proceso independentista», los casos de corrupción de los principales partidos de gobierno en Catalunya (CiU y PSC) y el impacto del 15M ha provocado cambios en el mapa político que aún no se han estabilizado. En los últimos tiempos, parece haberse solidificado la división en dos bloques políticos: independentismo/soberanismo y unionismo, Constitucionalismo o españolismo. Esta polarización ordena la política y bloquea acuerdos de gobierno entre fuerzas que pueden estar próximas en el eje izquierda-derecha, pero alejadas en el nacional a un nivel inédito en Catalunya. 

Con los resultados del 14 de febrero, el independentismo ha revalidado la mayoría 13 veces consecutivas en procesos electorales y por primera vez ha conseguido superar el 50% de los votos totales. Una caída de la participación de más de 20 puntos, que ha afectado menos a su base social, ha permitido que sea así, pese a perder 600 mil apoyos respecto a las elecciones de 2017. Sobre el censo, el apoyo es aproximadamente del 27% y no se ha acercado a su techo hasta el momento (un poco por encima de los 2 millones de votos). 

El 1 de octubre supuso, a la vez, el principal hito del independentismo hasta el momento y una dura derrota de la que no se ha recuperado. El movimiento y los partidos están sumidos en una fuerte crisis estratégica y dentro de la base social el descontento es creciente. De hecho, el gobierno Junts-ERC ha llegado muy desacreditado a las elecciones, tanto por su incapacidad de avanzar en la lucha por la autodeterminación como por su gestión del día a día. Pese a todo, el conflicto nacional catalán y la exigencia de autodeterminación es quizás el límite principal del régimen del 78 para suturar su crisis una vez la izquierda pos-15M ha sido neutralizada.   

Dentro del bloque antindependentista, la principal novedad es el regreso del PSC a una posición dominante. La tendencia para los socialistas ya era positiva en las elecciones municipales, en las estatales y en las encuestas, pero la operación que se ha conocido como «Efecto Illa» les ha situado como primera fuerza el 14-F. El PSOE decidió enviar al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, como nuevo candidato en Catalunya para comerse la mayor porción posible del espacio que iba a dejar vacío Ciudadanos, y ha contado con el apoyo de los poderes económicos y mediáticos para potenciarlo contra el independentismo. Su propuesta, básicamente, era un regreso al pasado de hace 15 años sin ninguna solución al conflicto político, más allá de «pasar página». Con el buen resultado, el aparato de Pedro Sánchez sale reforzado y podría repetir jugadas similares en otros territorios, como Andalucía. 

De todas formas, el intento restauracionista se queda a medio camino, porque el PSC no va a poder articular una mayoría alternativa al independentismo. Quizás sus planes son más bien a mediano o largo plazo. La elección del candidato y el tipo de campaña ha renunciado a cualquier tipo de acercamiento con ERC. Parece que pretenden esperar a que el independentismo se desgaste más situándose como principal fuerza de la oposición, con peso municipal y el favor de los poderosos, y esperar oportunidades mejores para gobernar.

De hecho, la división en bloques se ha reforzado en estas últimas elecciones. Los Comunes y Podemos habían intentado anteriormente romper la polarización plebiscitaria en torno a la independencia y proponer una mayoría partidaria de la autodeterminación más amplia que la puramente independentista, como plantea ahora ERC. Pero el papel de su dirección en el 1 de octubre no estuvo a la altura y los sectores soberanistas ya están fuera del proyecto casi por completo. En esta campaña, En Comú Podem ha girado una posición más beligerante contra la independencia que en ninguna anterior.

Al mismo tiempo, se han hecho indiscutidas las posiciones más claramente gestionarias dentro del espacio y se ha completado el giro hacia una posición subalterna del social-liberalismo. Es bastante significativo que la patronal Foment del Treball se pronunciara a favor de la misma formula de gobierno que los Comunes: PSC, ERC y Comunes. Desde el principio era una posición propagandística, porque PSC y ERC se vetan mutuamente; pero, una vez avanzados los contactos poselectorales, han evolucionado hacia proponer un Gobierno de ERC y Comunes con el apoyo externo del PSC. En ambos casos, sus ecuaciones ignoran a la CUP. La cuestión de fondo es reproducir la misma política de alianzas que en el Gobierno español y tratar de encauzar las reivindicaciones de más soberanía dentro de los límites del régimen del 78. 

¿Un nueva relación de fuerzas en la izquierda?

Había dos candidaturas principales a la izquierda de la centroizquierda socioliberal: los Comunes, que podríamos caracterizar como nueva socialdemocracia, y la CUP, que es una fuerza anticapitalista. Entre ambas, han alcanzado en las últimas elecciones 17 escaños de los 135 en juego, y mejoran su representación únicamente gracias al avance de la CUP (de 4 a 9). 

De todas formas, que la CUP haya doblado su representación no tiene que llevarnos a engaño: no ha llegado a su techo en votos absolutos ni al resultado de las Generales de 2019. Lo que ha conseguido es movilizar a su electorado consolidado, más joven e ideológico que el de otras candidaturas, para solo perder 6 mil votos respecto a unas elecciones con participación histórica. Resistir más que avanzar. Eso sí, después de casi 10 años de su entrada al Parlament y con presencia en el Congreso español, se podría decir que se ha estabilizado como un espacio político con un peso específico más allá del municipalismo del que proviene.

Si lo miramos desde el punto de vista estatal, Unidas Podemos salva los muebles después del hundimiento en Galicia y Euskadi, donde se han convertido en un espacio marginal. En Comú Podem ha perdido más de 130 mil votos en total, pero mantiene los mismos escaños (8) por la caída de la participación. Es una representación menor que la que tenía la izquierda reformista en Catalunya antes de la «nueva política», y los 195 mil votos actuales representan prácticamente un suelo para el espacio tradicional del PSUC. 

Merece la pena recordar que los Comunes ganaron dos elecciones generales en Catalunya y rozaron el millón de votos. Eran otros tiempos y otro proyecto, pero de ello no hace más de 5 años. La dirección de Podemos celebra ahora un 6,8%, cuando en 2018 exigía dimisiones por el 17% de Adelante Andalucía en sus autonómicas.

Entre estas dos izquierdas existe una especie de espejo en la implantación territorial. La CUP se consolida en sus feudos municipales y, en general, obtiene un buen resultado en zonas rurales como las comarcas interiores de Girona y Tarragona. Es interesante destacar que avanza en el nuevo cinturón industrial catalán (comarcas como la Garrotxa, el Priorat o la Conca de Barberà donde la industria representa más del 30% del PIB) en paralelo a la implantación creciente del sindicalismo alternativo de la CGT en esas mismas zonas. Aún así, su record en porcentaje lo consigue en zonas del prepirineo catalán, compuestas básicamente por micropueblos y bastante despobladas.

En cambio, la CUP tiene escasa implantación en toda la costa urbana catalana. Este hecho supone un hándicap, pues es donde se concentra la mayoría de la población catalana. Tiene pocos apoyos en el Área Metropolitana de Barcelona, donde viven más de 3 millones de personas sobre una población total de 7 millones (el censo electoral es de algo más de 5). Ha mejorado su implantación en la capital, pero sus resultados son especialmente malos en comarcas tradicionalmente obreras, como el Baix Llobregat o el Vallès Occidental. 

No le va mejor en la segunda área metropolitana catalana (el eje Tarragona-Reus) o en las ciudades turísticas de la costa de Girona. En este tipo de zonas, con frecuencia es la última entre las fuerzas con representación parlamentaria y en algunas secciones censales de L’Hospitalet y Tarragona recibe directamente cero votos. En cambio, ERC ha conseguido mejorar su implantación urbana de forma destacada en los últimos años. Además, el voto a la CUP es marcadamente universitario y obtiene muy pocos votos en barrios o pueblos con niveles de renta bajos.

Como contrapartida, los Comunes han quedado prácticamente reducidos al Área Metropolitana y la provincia de Barcelona. Allí reciben el 90% de sus votos y 7 de sus 8 diputados. Se podría decir que se sostienen por sus apoyos dentro de la vieja clase trabajadora industrial y sectores urbanos progresistas. Pero ahora están muy lejos de disputarle el liderazgo al PSC en el Cinturón Rojo, como habían conseguido en los mejores momentos del proyecto. El octavo diputado lo consiguen en Tarragona, donde el independentismo también es más débil. En el resto del país no pintan nada.

La extrema derecha hace saltar la alarma

Uno de los principales titulares de las elecciones ha sido la entrada de Vox al Parlament de Catalunya como cuarta fuerza y con 11 diputados, es decir, 2 más que la CUP y 3 más que los Comunes. Es la primera vez que la extrema derecha entra al Parlament, y se podría decir que la homologación de la Península Ibérica con el resto de Europa en lo que respecta a la presencia de nuevas derechas radicales ya se ha completado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su resultado es más bajo que en el resto del Estado español y ha tenido una cantidad de votos similares a los que obtuvo en Catalunya en las últimas generales. Todo apunta a que el escenario de baja participación también les ha beneficiado. 

Además, un experimento de tono lepenista del PP, liderado por Xavier Garcia Albiol, ya llegó a tener 350 mil votos en unas elecciones. Así que, básicamente, parece que los apoyos de Vox provienen de una reorganización de la derecha españolista en Catalunya y no de trasvases de otros espacios. El conjunto de este espacio político ha mermado: PP y Ciudadanos sumaban 40 escaños en la anterior legislatura y ahora van a sumar 20 incluyendo a Vox. 

También es cierto que los mejores resultados de Vox son en barrios de rentas muy altas, pero lo que debería alertar a la izquierda son sus resultados en pueblos y barrios empobrecidos. Los sitios populares donde mejor le ha ido a Vox son zonas donde la izquierda no tiene implantación y donde la abstención campa a sus anchas. Vale la pena apuntar que hay un diferencial de participación según la renta de hasta 20 puntos. Por ejemplo, Vox saca un 14% en la ciudad obrera y empobrecida de Badia del Vallès, donde la participación no llega ni al 40%. 

Más allá de los enclaves de militares o policías, la extrema derecha obtiene especialmente buenos resultados en municipios afectados por el monocultivo turístico (un 19% en Vilaseca, un 18% en Salou o un 15% en Roses), en lugares con rentas bajas, sin demasiado tejido social y con muchas urbanizaciones fruto de la burbuja inmobiliaria, como pueden La Selva o el Baix Penedés.

Esto no es una cuestión menor a medio plazo. En la actualidad, 18 de las 30 ciudades de menor renta de Catalunya están en la costa y 12 de ellas en la Costa Brava. La pandemia ha profundizado el proceso de empobrecimiento y desclasamiento de amplios sectores de la población dependientes del turismo masivo y la hostelería. El modelo turístico de las últimas décadas ha provocado una caída de la renta a la vez que batía records históricos en cuanto al número total de visitantes internacionales. La devaluación salarial y la precariedad han sido las vías de la industria turística catalana y española para competir internacionalmente, adaptarse a la división internacional del trabajo en Europa y obtener divisas extranjeras. 

La exclusión social y política en estas zonas, la guerra por los recursos de un Estado de bienestar menguante entre los de abajo y la falta de un tejido fuerte de autoorganización son gasolina para la extrema derecha. De todas formas, para no sobreestimar a los sectores que apoyan a Vox en estos barrios y pueblos, además de la altísima abstención hay que tener en cuenta que se le niega el derecho a voto a casi un millón de catalanes por no tener la nacionalidad, y muchos de esos barrios concentran bastante inmigración (aunque también hay extranjeros adinerados en Catalunya). 

La receta de algunos sectores de la izquierda para frenar ese proceso es mimetizar la agenda de la extrema derecha, como si la izquierda pudiera disputar así a los sectores populares más reaccionarios. Es una falacia y, en la práctica, solo contribuye a hacer avanzar sus ideas y normalizarlas. El reto verdadero pasa por organizar tejido popular, movilizar abstencionistas en esas zonas y disputar el liderazgo histórico del PSC entre los sectores de renta más baja. Donde hay una izquierda fuerte, la extrema derecha penetra menos.

La revuelta por la detención de Hasél sacude el avispero

El clima poselectoral no está siendo ni mucho menos tranquilo. El primer día después de las elecciones, la Fiscalía solicitó retirar el tercer grado a los presos políticos independentistas condenados por el 1 de octubre que habían podido participar de la campaña. Este hecho evidentemente tensa la situación, pero el principal conflicto se ha expresado por vías más inesperadas. El 16 de febrero fue detenido el rapero Pablo Hasél, condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo en sus letras y en Twitter. Fue detenido por un gran dispositivo policial, que lo arrancó del rectorado de la Universidad de Lleida, donde ejercía resistencia pacífica con más de un centenar de personas solidarias. Las imágenes del rapero con el puño en alto gritando «Muerte al Estado fascista» mientras los Mossos lo conducían hasta el vehículo han tenido repercusión en medios catalanes, estatales e incluso internacionales.

La detención de Pablo Hasél ha provocado una irrupción de manifestaciones, mayoritariamente de corte juvenil, que se sostienen por ya más dos semanas y en las que se están produciendo altercados casi a diario. Desde el primer momento ha habido intervenciones muy violentas de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) en Barcelona, pero también en otras ciudades o pueblos donde no es nada habitual ese tipo de violencia policial en protestas ni ese tipo de respuestas por parte de los manifestantes.

Laia Facet ha explicado cómo se están desarrollando las protestas y el debate público que están generando, y quien escribe también ha propuesto algunas puntas de análisis en otro artículo. Aquí me interesa simplemente destacar algunos aspectos: primero, pese a no ser especialmente masivas (el máximo han sido unas 6 mil personas el 20 de febrero), sí destacan en el contexto de pandemia, porque la mayoría de protestas han quedado reducidas a pequeñas performances activistas. Segundo, el tono de la movilización, como ya pasó en las protestas posteriores a la sentencia de los presos políticos independentistas en 2019, se parece más a otras revueltas internacionales del último ciclo (Hong Kong, Chile, Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd, chalecos amarillos…) que a las protestas anteriores por la autodeterminación y contra la represión del Estado español o al ciclo 15M.

Durante la primera semana, las protestas estuvieron dominadas por el espontaneísmo y por grupos más informales de gente muy joven. El pasado sábado 26 de febrero, bajo el lema «Hasta que caigan», se produjo la entrada en escena algo más seria del anticapitalismo barcelonés. Las consignas de la protesta trataron de ampliar el foco hacia las reivindicaciones sociales, darle forma al malestar que se estaba expresando y señalar los incumplimientos del Gobierno PSOE-UP después de un año (la no derogación de la reforma laboral o una ley represiva conocida ley Mordaza, la regulación de los alquileres, la paralización de los desahucios…). Este intento de darle un nuevo impulso a las protestas es importante, porque empezaban a apagarse por el cansancio y el desgaste de la represión (con más de 130 detenciones, incluidos muchos menores de edad).

Al final de esta manifestación se incendió una furgoneta de la policía local de Barcelona. Este hecho se ha convertido en el principal argumento de una ofensiva del régimen para criminalizar y aislar las protestas. Esta campaña tiene el impulso de la patronal –que va a convocar un acto «contra la violencia»–, de los mandos y sindicatos policiales, los medios de comunicación y se pliegan a ella todos los partidos, con la única excepción de la CUP. De hecho, la fuerza independentista y anticapitalista está siendo señalada por el corporativismo policial desde el primer momento por su posición clave en las negociaciones para la investidura y por no criminalizar a los manifestantes. Hace poco, ocho personas han sido detenidas acusadas de ser un «peligroso grupo de anarquistas italianos», en una operación policial que recuerda a montajes anteriores como Piñata o Pandora.

El responsable político de la policía autonómica, Miquel Sámper, de Junts, al principio de las manifestaciones planteó que había que reflexionar sobre el modelo de seguridad y orden público. Sin embargo, una vez comenzó la presión policial, ha tenido un discurso cada vez más monolítico, de defensa de la policía y sus abusos, y ha rechazado frontalmente la reivindicación de disolver los antidisturbios. En una línea similar se ha expresado el líder de ERC y presidente en funciones, Pere Aragonés, en sede parlamentaria.

¿Qué escenario de futuro Govern?

Las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél y todas sus derivadas han impactado de lleno debate poselectoral para formar gobierno. Aún así, y más allá de la política ficción, solo parece haber dos escenarios realmente probables: un nuevo gobierno ERC-Junts per Catalunya, con un cambio en el liderazgo en favor del centro izquierda, o la repetición de las elecciones, si no consiguen el apoyo de la CUP.

Por lo tanto, con la actual aritmética electoral, la CUP tiene un papel clave en facilitar la investidura o no. Esto le da una relativa fuerza para negociar. A su vez, tiene una posición cómoda, porque basta con su abstención para evitar el debate de investir a un presidente de la derecha catalana, algo que les llevó al borde de la ruptura en 2015. Estas condiciones les pueden conducir a una estrategia más conservadora y a no tensar mucho la cuerda.

Además, existe una incógnita en torno a su posible participación en el gobierno. El independentismo civil les presiona con la integración y algunos sectores de la CUP no ven con malos ojos esa posibilidad. Una decisión así supondría que una fuerza radical se integrara en una posición muy minoritaria en un gobierno de unidad nacional con neoliberales y socioliberales. En un contexto de fuerte crisis social y económica, ese escenario podría arrasar su credibilidad y su proyecto a medio plazo con toda probabilidad y les haría corresponsables de políticas antisociales o –en el mejor de los casos– de gestión social de la miseria. De todas formas, parece poco probable. 

La posición de la CUP, simplificando, consiste en exigir un nuevo referéndum de autodeterminación al final de la legislatura, un plan de choque social para hacer frente a la crisis, un plan de transición ecológica y el fin de la represión contra centenares de represaliados independentistas (la Generalitat se presenta de acusación en muchos casos), entre otras reivindicaciones. Además, las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél y la violencia policial le han dado centralidad en la negociación a cuestiones relacionadas con el modelo policial y de seguridad pública. Hay que tener en cuenta que en cuestiones antirrepresivas la CUP tiene mucha más cohesión interna que en otros temas (la relación Junts, por ejemplo) y eso mejora su posición negociadora. En base al grado de acuerdo que sea posible alcanzar definirán su relación con el Gobierno, explican.

Se trata de una posición flexible, que les puede permitir desde un acuerdo de legislatura a un acuerdo de investidura, o simplemente no bloquear la investidura con una abstención. Lo más problemático es que no cierra la puerta a su integración el gobierno. Con todo, el debate táctico de la investidura habría que vincularlo con el debate estratégico más general: ¿cuál puede ser el papel de la izquierda radical en el próximo periodo? 

El «nuevo ciclo» de la izquierda radical catalana

La CUP se presentaba a las elecciones con el lema «Un nuevo ciclo para ganar», es decir, tratando de posicionarse como una fuerza con ideas para resolver la doble crisis estratégica del independentismo y del 15M. Este debería ser el reto compartido de toda la izquierda radical catalana: construir una salida alternativa a las hipótesis que han fracasado, capaz de ser mayoritaria y de responder a la crisis de civilización que tenemos delante. Cuando era diputado de la CUP, David Fernández popularizó la expresión «triple crisis»: política, socioeconómica y democrática. Habría que añadirle, al menos, la dimensión ecológica, que condiciona todas las demás apuestas. Pero es un buen punto de partida para pensar las tareas de futuro. También para las organizaciones ubicadas fuera de la CUP, como Anticapitalistes.

En el campo de la estrategia hay más preguntas que certezas. ¿Es posible impulsar un nuevo ciclo con las mismas alianzas? ¿Se puede responder a la desafección política a la vez que sostienes a uno de los gobiernos que la provoca? ¿Cómo se puede plantear un nuevo choque con el Estado sobre otras bases, si los restos del periodo anterior no acaban de morir? O, en otro campo, ¿se puede profundizar en el giro a la izquierda? Hasta ahora, la Generalitat ha aprobado políticas de izquierdas en cuestiones donde no tiene competencias, mientras mantiene las privatizaciones y colaboraciones público-privadas en sus responsabilidades. ¿Se puede superar esa fórmula con la actual relación de fuerzas?

Incluso encontrando la vía de superar la fuerza del Estado y abrir un camino de ruptura: ¿cómo se rompe el empate catastrófico entre los bloques? Es indudable que el independentismo es la minoría más grande del país, pero con los actuales apoyos parece complicado organizar una ruptura con el régimen que no se convierta en una ruptura en la interna de Catalunya. Lo vimos en 2017, con la activación de los sectores contrarios a la independencia, y lo hemos visto con la estrategia de «ulsterización» que persiguen Ciudadanos, Vox o el Partido Popular.  

La fórmula de «ampliar la base» de ERC parece conducir a un callejón neoautonomista. En su momento, el Procés Constituent o sectores de los primeros Comunes planteaban una articulación distinta: un bloque constituyente dotado de un programa antiausteridad y que contribuyera a hacer entrar en crisis el régimen en todo el Estado. Es una vía inexplorada.

Ahora mismo, la polarización entre partidarios y contrarios de la independencia parece inamovible, aunque no esté en su momento de máxima tensión. No obstante, sin romper la dinámica de bloques marcados por la identificación nacional, parece difícil que se pueda acabar con la subalternidad de la CUP al independentismo mayoritario y de la izquierda no-independentista al PSC. Dicho con otras palabras, sin desactivar la falsa dicotomía entre autodeterminación o políticas de izquierdas será muy difícil impulsar un gobierno que no incluya a ninguno de los que han sido durante décadas los pilares del régimen del 78 en Catalunya: los herederos de Convergencia y el PSC. 

Después de avanzar a los Comunes en escaños, la CUP tiene la oportunidad histórica de convertirse en la principal fuerza de la izquierda en Catalunya. Pero para desarrollar esa posibilidad necesita superar sus actuales límites de implantación en las zonas urbanas. Una fuerza catalana con voluntad de ser mayoritaria tiene la obligación de insertarse correctamente en las dos principales áreas metropolitanas y el resto de la costa. ¿Puede hacerlo mientras aparezca ligada a un proyecto neoliberal e integrada en un frente nacional interclasista? 

En términos algo más teóricos, la tarea consiste en articular un bloque histórico que incluya tanto a la vieja como a la nueva clase trabajadora industrial, al proletariado urbano de los servicios y la logística y al resto de sectores populares, tanto rurales como metropolitanos. Ser capaces de responder a los procesos de empobrecimiento y desclasamiento en curso e impulsar la autoorganización y salidas colectivas al naufragio antes que sea demasiado tarde. 

No son tareas que se puedan abordar solo desde lo electoral. Pero un bloque constituyente tendría que ser capaz de conectar y representar a los sectores no-independentistas pero defensores de la autodeterminación, que se han quedado huérfanos de proyecto político. Es cierto que la CUP no puede desnaturalizarse como proyecto ni dejar de ser independentista a riesgo incluso de perder su actual base militante y social. Quizás la tarea de articular a esos sectores que no son netamente independentistas corresponde más bien otras fuerzas soberanistas, que después puedan coaligarse con la izquierda independentista.  

Sea como sea, la izquierda radical catalana deberá explorar alianzas y debatir a medio plazo qué tipo de herramientas son necesarias para construir un movimiento capaz de superar el actual estado de las cosas y activar el freno de emergencia. El precio de no conseguirlo puede ser que se imponga la restauración del régimen o que la extrema derecha siga desarrollándose como alternativa mainstream.

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