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La victoria argentina en materia de derechos sexuales y reproductivos repercutió con fuerza en Honduras, donde las jóvenes celebraron poniéndose el emblemático pañuelo verde en señal de celebración y de protesta.

Honduras consolida su agenda antiderechos

El mes pasado, en un país que ya cuenta con algunas de las peores restricciones a los derechos de las mujeres, el Congreso hondureño votó contra el aborto y el matrimonio homosexual. Pero los movimientos feministas y LGBT, animados por la marea verde que recorre América Latina, siguen en pie.

El 28 de enero, solo un par de días después del Día de la Mujer Hondureña (25 de enero), el Congreso, liderado por el Partido Nacionalista de extrema derecha, asestó un golpe a las feministas, a las personas LGBT y a innumerables hondureños y hondureñas que creen en la igualdad y los derechos humanos. 

Con poca antelación y prácticamente sin ninguna consulta al público, se votó una enmienda a la constitución que consagra el «derecho a la vida desde la concepción» e instituye una definición estrecha del matrimonio como «entre un hombre y una mujer». Al apresurarse la votación según líneas partidistas, se suspendieron las normas de procedimiento e incluso los defensores que seguían de cerca el tema se sorprendieron por la celeridad del cambio en el documento constitucional.

Estas reformas son un reflejo de la preocupación de la derecha hondureña por erradicar lo que los neoconservadores del mundo denominan «ideología de género», un término utilizado para propagar visiones esencialistas del sexo definidas según criterios biológicos y binarios. En este marco conservador, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los transexuales y la igualdad matrimonial son vistos como campañas que «contravienen la naturaleza humana».

La consagración de este punto de vista de ultraderecha en la Constitución seguramente dará lugar a un aumento de la violencia contra las mujeres en un país que ya se ostenta una de las mayores tasas de homicidio del mundo, incluyendo exorbitantes números de femicidios. Además, el hecho de que el Congreso pueda suspender el debido proceso para aplicar las enmiendas constitucionales sienta un precedente preocupante.

«Hay pocos recursos de apelación»

Este tipo de medida regresiva ha sido típica de la presidencia de Juan Orlando Hernández (quien, desde su elección, ha sido vinculado con el narcotráfico en un caso judicial federal en Nueva York). Los fundamentalistas religiosos y los afiliados al Partido Nacionalista se regodean de su logro. Aunque el ataque a los derechos reproductivos era hasta cierto punto esperado, la reforma anti-LGBT del artículo 112 ha sido una sorpresa. 

Las feministas y los activistas de los derechos LGBT en Honduras están consternados por la falta de un proceso adecuado. El debate en el Congreso estuvo prácticamente ausente y, además, la ministra del Instituto Nacional de la Mujer no estuvo presente. Según Indyra Mendoza, feminista y directora de la Red Lésbica Cattrachas: «En Honduras es más fácil cambiar un articulo de la Constitución que cambiar el Código Penal».

Claudia Herrmannsdörfer, abogada feminista y coordinadora del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y miembro de la junta directiva del Centro de Derechos de la Mujer, explica:

Esto fue más que una enmienda, fue una reforma inconstitucional [de la Carta Magna] cimentando un ‘articulo pétreo’ [artículos de una ley que no pueden reformarse, algo muy común en la Centroamérica de la post-Guerra Fría]. Estos congresistas suplantaron la soberanía del pueblo para reformar el futuro. Ha sido un golpe muy grande para nuestro movimiento, porque hay pocos recursos y bloquea cualquier posibilidad de cambio en el futuro. 

Astrid Ramos, abogada de la Red Lésbica Cattrachas, explica que los procedimientos parlamentarios prácticamente no dieron oportunidad a la opinión pública, y publicaron el resultado final de la reforma el mismo día de la votación:

Las reformas constitucionales a los artículos 67 y 112 fueron aprobadas el 21 de enero durante una de las últimas sesiones de la tercera legislatura. La reforma se publicó al día siguiente, el 22 de enero en el Boletín Oficial La Gaceta. Pocos días después, el 25 de enero, el Congreso votó la ratificación de esa reforma. Enseguida, el 28 de enero, [la reforma] se publicó en la Gaceta [y así] se integró en nuestra Constitución.

La disidencia de los partidos más pequeños fue ignorada.

Las prohibiciones del aborto y del matrimonio homosexual ya existen en Honduras; las enmiendas no suponen una gran desviación del statu quo. Sin embargo, lo que supone una victoria para la derecha es la consolidación de estas prohibiciones. A partir de ahora, se necesitará una mayoría del 75% en el Congreso para anularlas. En un país conservador en el que los vínculos de sus élites políticas y religiosas con la corrupción forman parte de la vida cotidiana, la obtención de esa mayoría promete ser difícil: solo una votación para un juicio político al presidente requiere esa cantidad de votos.

Los y las activistas de género consideran que se trata de un movimiento desesperado de los conservadores como medida de precaución a la luz de la votación de diciembre en el Congreso de Argentina para aprobar los derechos reproductivos de las mujeres. Al mismo tiempo, la medida debe entenderse como una ofensiva del conservadurismo nacional envalentonado por un estado oligárquico de fundamentalistas religiosos y capitalistas que encuentran un terreno común. Según dice Mendoza,

esto es realmente una respuesta a lo de Argentina. Lo dijimos desde el 30 de diciembre, cuando pasó lo del aborto en Argentina: nosotros íbamos a tener un efecto rebote. Lo mismo pasó en 2004, con el matrimonio igualitario de España. Ya sabíamos, pero lo que no esperábamos es que iba a suceder tan rápido. Esto estaba planeado por el Partido Nacional: están prohibiendo lo que ya estaba prohibido para obtener poder político y financiero del Opus Dei y para ganar «popularidad». Los evangélicos dicen que tienen para ayudarles a ganar votos en las próximas elecciones.

Otras opiniones aseguran que los ideólogos de la derecha en Honduras se fijan menos en lo que ocurre en Argentina y más en lo que sucede en Estados Unidos. Para Fonseca, la derecha estadounidense ha utilizado durante mucho tiempo a Honduras como «laboratorio» para probar sus ideas y políticas. Esto ocurre de manera organizada, con grupos de derecha estadounidenses que viajan a Honduras y se reúnen con el presidente y otros poderes del Estado para promover su agenda. Lo que todavía no se puede conseguir en Estados Unidos ha encontrado un terreno fértil en Honduras.

La medida debe entenderse, también, como parte de un cínico reajuste del discurso de los derechos humanos. Por ejemplo, la derecha ha hecho uso del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA en su campaña para criminalizar el aborto. Sin embargo, su interpretación estrecha y sesgada del artículo ignora la sentencia de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que explicita que «un embrión no debe entenderse como persona para los usos de este artículo». Y eso por no mencionar que el gobierno hondureño desconoce por completo la existencia de las normas internacionales de derechos humanos y de su adhesión responsable, ni de ninguna de las enmiendas específicas que reclaman justicia para las mujeres y las comunidades LGBT.

En Honduras parece que solo los cigotos tienen derecho a la vida, mientras que las mujeres, las niñas y las personas LGBT siguen sufriendo violencia bajo el régimen de Juan Orlando Hernández. Según el Observatorio de la Violencia de la Red Lésbica Cattrachas, este año ya han sido asesinadas treinta y dos mujeres. 119 mujeres transexuales desde 2009. Estos feminicidios rara vez se investigan, y mucho menos se persiguen, por lo que los autores gozan de una impunidad casi total. 

Mientras los legisladores utilizan el lenguaje de los derechos humanos para «proteger» a los no nacidos, su hipocresía es cada vez más inverosímil, especialmente durante una pandemia y después de que dos grandes huracanes hayan destruido gran parte del país, haciendo aún más difícil la vida de los trabajadores pobres que siguen viviendo en chozas improvisadas a lo largo de las carreteras principales.

Una embestida conservadora

El fundamentalismo religioso heteropatriarcal está causando estragos en toda América Latina –y más al norte también–, y Honduras no es una excepción. Tras una relación de explotación de un siglo, no es de extrañar que los líderes conservadores hondureños sigan mirando a los todopoderosos Estados Unidos como modelo de política de derechas; la marca de homofobia de Mike Pence es una inspiración particular. Las organizaciones evangélicas internacionales ayudan a propagar el fundamentalismo religioso.

En Honduras, donde la religión organizada tiene un fuerte control sobre la vida cotidiana, la gente está atrapada entre el cristianismo evangélico (encarnado en la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas, que han hecho de la lucha contra los derechos LGBT su bandera principal) y el Opus Dei, una secta muy conservadora y jerárquica dentro de la Iglesia Católica que ha hecho de la oposición a los derechos reproductivos su cruzada principal.

El Opus Dei también está estrechamente relacionado con el Partido Liberal. A pesar de algunos esfuerzos progresistas entre las comunidades religiosas, la estructura general de la religión organizada se ha unido contra los derechos reproductivos y las comunidades LGBT en el país. Por ejemplo, las fuerzas fundamentalistas también se han opuesto a la píldora del día después, a la educación sexual en las escuelas y a la separación de la Iglesia y el Estado. Bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, la ley obliga a rezar antes de los actos del Estado, y la Policía, el Ejército e incluso las escuelas públicas deben rezar al comienzo de cada jornada laboral.

A pesar de la embestida conservadora, los grupos de mujeres y LGBT siguen organizándose. Las campañas a favor de los derechos sexuales, reproductivos y de las personas LGBT han dado lugar a esfuerzos organizativos de base en los que participan las nuevas generaciones de mujeres jóvenes y los crecientes movimientos transgénero. También han surgido nuevas tácticas, que utilizan el litigio estratégico, los recursos de inconstitucionalidad y una serie de nuevas reivindicaciones feministas. 

El éxito argentino en materia de derechos sexuales y reproductivos fue un faro que repercutió en toda la región y en el continente: en Honduras, las jóvenes celebraron poniéndose el emblemático pañuelo verde en señal de celebración y de protesta. Simbolizaba la esperanza desde las bases.

Lo que está claro para las feministas es que los legisladores nacionalistas han manipulado y manoseado la Constitución a su antojo. Los líderes nacionalistas, que se encuentran entre los más corruptos de América Latina, han perdido su capacidad de ofrecer cualquier otra política que no sea modelada según el legado de Donald Trump en los Estados Unidos: desorden, corrupción y machismo extremo.

El asesinato de Keyla Martínez

Fue en ese contexto ultraconservador que se dio el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, detenida el 6 de febrero por violar el toque de queda de la pandemia junto a otros trabajadores (al amparo de la pandemia, Juan Orlando Hernández ha suspendido muchas libertades civiles). Cuando llegó al hospital, al día siguiente, estaba muerta; la autopsia reveló que murió de asfixia mecánica.

Desde su asesinato, veinticinco mujeres más han declarado que también fueron detenidas, robadas y abusadas sexualmente por la policía en La Esperanza. Los grupos de mujeres y las feministas aseguran que la muerte de Keyla se produjo a manos de la policía, y su caso se ha convertido en un emblema de la impunidad del aparato estatal. Corresponde a los manifestantes seguir presionando para que se haga justicia.

Con una ferocidad que recuerda los estragos del reciente huracán Iota, los últimos once años de gobierno del Partido Nacionalista han destrozado los derechos humanos y los derechos de las mujeres y han supuesto una devastación total para las comunidades LGBT. Caravanas de mujeres, niños y personas LGBT están huyendo del país.

Mientras el Estado sigue afianzando los valores religiosos, las mujeres y las personas trans siguen enfrentándose a la violencia y a la muerte sin ningún tipo de amparo. El golpe de Estado de 2009, las múltiples elecciones fraudulentas y tantos asesinatos han enseñado a las mujeres y a las personas trans que su única opción es seguir luchando por la justicia y ser lo más creativas posible. 

Las últimas reformas del Congreso hondureño hacen el camino aún más difícil. Pero las feministas y las comunidades LGBT están listas para resistir y seguir dando batalla.

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