El pasado noviembre, la creación de la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) reactivó el debate acerca del racismo estructural en la Argentina, poniendo nuevamente de relieve la idea de sentido común que ve el país como un «crisol de razas» en armónica convivencia. Tanto voces del mundo académico como periodistas argumentaron su desacuerdo con la iniciativa, sosteniendo que el racismo en Argentina es cosa del pasado y que no tiene sentido hablar de afrodescendencia, pese a que las organizaciones afrodescendientes y otras voces intelectuales reivindican lo contrario hace décadas. Entonces, ¿cuál es el estado del debate actual respecto del racismo en Argentina?
Un primer obstáculo hacia el reconocimiento del racismo estructural existente en Argentina es lo que antropólogos como Rita Segato y Alejandro Frigerio nombran «ceguera cromática», o sea, aquella actitud de negación de las diferencias raciales en clave progresista, que se podría resumir en la frase anglófona «I don’t see colours»: acá no hay blancos ni negros, somos todos iguales. Sin embargo, es posible reconocer en distintos ámbitos de la vida social y cultural una marcada autopercepción racial de los argentinos: la frase del sentido común que mejor la resume, atribuida al escritor mexicano Octavio Paz, recita «los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos… de los barcos».
Por supuesto, los barcos a los que se hace referencia en este dicho son los que a finales del siglo XIX y principio del XX surcaban el Océano Atlántico para transportar los inmigrantes europeos, sin mención alguna a los que llegaron anteriormente transportando los africanos esclavizados. En el castellano rioplatense se difundieron numerosas palabras de origen africano, cuyo uso se torció en un sentido negativo: el «quilombo» pasa de ser un lugar de resistencia y autoorganización a un simple «caos», el «mambo» de baile a «trastorno mental» y la lista podría seguir en las mil y una connotaciones negativas de la palabra «negro» (trabajo en negro, día negro, etc.).
Siguiendo en el campo lingüístico, la «ceguera cromática» funciona aún más con el corrimiento de la palabra «negro» desde el ámbito racial al puramente social o cultural: a partir de los años 40-50 en Argentina se produjo una importante migración interna desde el interior del país, y las élites acuñaron el término despectivo de «cabecita negra» (que luego será simplificado en «negro» o «negro cabeza») para referirse a los habitantes mestizos no urbanos que se hacinaban en las periferias de las ciudades. Con los años, este término –que nunca perdió su connotación despectiva– se cristalizó como sinónimo de «villero» y pasó a indicar el argentino pobre: así se produjo la distorsión de no percibir el «negro» como un otro racial, sino cultural y social, y de ahí la ilusión de no ser racistas sino, como mucho, clasistas.
A la construcción de esta ceguera cromática se suma una memoria selectiva en la narración genealógica que resalta por sobre otras la descendencia europea, como señala la antropóloga Denise Braz. Ser descendiente de españoles, italianos, rusos y polacos es motivo de orgullo en la mayoría de los ciudadanos argentinos pero, más allá del genuino interés por su genealogía transoceánica, lo que opera en esta selección de ancestros es, una vez más, un proyecto de blanqueamiento de la memoria familiar. Según el historiador George Reid Andrews, causa y consecuencia de esto es la desaparición de la población afroargentina de los censos nacionales, que hasta 1887 contaban con cinco categorías raciales (blanco, negro, pardo/moreno, indio y mestizo) y que pasaron a partir de este año a ser solamente dos (blancos/negros), negando de hecho una representación a nivel estadístico de la heterogeneidad de la población argentina y, sobre todo, reforzando la idea del sentido común de una población argentina mayoritariamente blanca.
Al lado de la subrepresentación de la población afro en la narrativa nacional, reforzada por mitos de su extinción física como consecuencia de la peste amarilla o bien de la Guerra del Paraguay en el siglo XIX, existe también en Argentina un racismo más «clásico» que se articula en el imaginario social y cultural a través de representaciones estereotipadas en las publicidades, en el cine, en la música y en el teatro. Pensemos por ejemplo en los actos escolares del 25 de mayo –la principal efemérides que recuerda los acontecimientos independentistas de 1810 de Argentina–, donde los afrodescendientes son representados como «esclavos felices» de la época colonial y caracterizados a través del blackface. No sorprende tampoco que esto se replique en instituciones de enseñanza artística superior como la mismísima Universidad Nacional de las Artes, que en el año 2016 enfocó un proyecto curricular que empleaba el blackface, o que la misma práctica fuera utilizada en el 2018 en la ópera Aida en el Teatro Colón para representar al ejército etíope, así como en variados programas televisivos actuales.
La idea detrás de estas representaciones racistas y estereotipadas es, una vez más, que en Argentina no hay negros, y por lo tanto a) para representar a los negros del pasado, se necesita de blancos disfrazados, y b) no hay nadie hoy que pueda ofenderse o verse discriminado, caricaturizado o ridiculizado asistiendo a estas representaciones.
Frente a tantas y tan arraigadas formas de discriminación e invisibilización, la comunidad afro en Argentina se ha organizado en distintos colectivos y ha sido uno de los actores clave de las reconfiguraciones políticas y culturales por lo menos desde los años 2000. En la actualidad nos encontramos frente a un activo movimiento conformado por descendientes de africanos esclavizados (argentinos y afrolatinoamericanos) e inmigrantes africanos (y sus descendientes) que pugnan por espacios de reconocimiento y reparación.
Gran parte de ellos se encuentran agrupados en diversos tipos de organizaciones con mayor o menor nivel de formalización, desde las antiguas asociaciones de inmigrantes caboverdeanos –fundadas en las primeras décadas del siglo XX– pasando por aquellas creadas en los años 90 y 2000 a partir de las nuevas políticas de multiculturalidad y reconocimiento de diversidades, hasta las más recientes, producto de reagrupamientos y escisiones. Entre las primeras se encuentran la Asociación Cultural y Deportiva Caboverdeana de Ensenada y la Unión Caboverdeana de Socorros Mutuos de Dock Sud (Avellaneda); entre las segundas podemos mencionar la Casa de la Cultura Indoafroamericana, con sede en la ciudad de Santa Fe; África Vive, la Unión de Africanos del Cono Sur (UACS), la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), África y su Diáspora, la Asociación de Residentes Senegaleses (ARSA), el Instituto para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI); Misibamba; y entre las últimas encontramos a AfroXangó, Todos con Mandela, la Red Federal de Afrodescendientes del tronco colonial, la Comisión Organizadora del 8 de Noviembre, entre otras.
Los movimientos sociales de carácter identitario (étnicos, de género, entre otros) son los grandes hacedores de revoluciones y cambios en las últimas décadas en toda la región latinoamericana, transformaciones visibles en la esfera pública y en las agendas políticas de los estados.
En 2010, el censo de población incluyó por primera vez la variable de adscripción identitaria para la población afrodescendiente –en el censo del año 2000 se había incluido el autorreconocimiento para la población indígena– , en línea con las recomendaciones internacionales y las políticas de la mayoría de los estados latinoamericanos. Así, 150 mil personas se identificaron afrodescendientes, la gran mayoría de nacionalidad argentina. Unos años antes, la prueba piloto realizada en preparación al censo de 2010, había relevado cerca de 2 millones de afrodescendientes, un número que, según las organizaciones afro, es mucho más cercano al real. Pese a las limitaciones encontradas, el censo de 2010 representa seguramente un hito en la historia reciente de las movilizaciones afroargentinas y de las políticas públicas de reconocimiento iniciadas luego de los años 2000. Ese resultado, provisorio y limitado, permite desafiar y revertir los dos principales motivos –o falacias– sobre las que se basa la discriminación hacia esta población: su inexistencia («no hay afroargentinos») y su extranjerización («los que se ven, son extranjeros»).
La política educativa es una de las áreas donde más se da la lucha de las organizaciones por la visibilidad, el reconocimiento, la inclusión de la diversidad para con la población afrodescendiente, aunque con muy escasos resultados (Argentina cuenta con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 del año 2006 que incluye a la Educación Intercultural Bilingüe y otras políticas educativas con enfoque étnico destinadas a la población indígena). El avance más significativo en este sentido es la ley 26.852 de 2013, llamada también Ley María Remedios del Valle, que instituye el 8 de noviembre como el Día Nacional de los afroargentinos/as y cultura afro, en homenaje a la combatiente afroargentina en las guerras de Independencia, reconocida como «capitana» o Madre de la Patria. Con esta iniciativa, se incluye la efemérides del 8 de Noviembre en el calendario escolar, siendo la única iniciativa que interpela a las escuelas en temáticas afro.
En líneas generales, el trabajo pedagógico y público que las organizaciones afro fueron realizando de manera siempre más visible llevó a plantear las discusiones sobre la vigencia del racismo en la sociedad argentina, una sociedad construida sobre los cánones de nación blanca y europea.
Tal como advierten las organizaciones de afrodescendientes y así como se ve reflejado, por ejemplo, en el documento que contiene las Recomendaciones de la ONU de 2018, en Argentina existen prácticas discriminatorias y estereotipantes hacia la afrodescendencia, en un contexto nacional e internacional que por lo contrario viabiliza, desde hace más de 10 años, políticas de reconocimiento y de diversidad, apelando a la ampliación de derechos y de ciudadanía con enfoque étnico.
Justamente, luego de la promulgación de la Ley María Remedios del Valle, noviembre es el mes afro. En 2020, en un contexto de pandemia y aislamiento, no hubo festejos públicos como los años anteriores, pero sí se realizaron dos importantes creaciones dentro de las instituciones estatales, a casi 20 años de los compromisos asumidos por el Estado Nacional durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001.
El primero es la creación en el marco del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), de la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, cuyo director es el politólogo y activista afroargentino Federico Pita. La creación de la Comisión es «un paso fundamental en el camino hacia la equidad étnico-racial, la reparación histórica y la justicia social», como se lee en la página oficial del INADI.
El segundo acontecimiento es la realización de la primera Mesa Interministerial de Políticas Públicas para la Comunidad Afro que, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, involucra diferentes organismos del Estado: el mismo INADI, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se trata de un primer encuentro donde se discutió la necesidad de un trabajo interministerial y tiene como objetivo principal «la transversalización de la perspectiva étnico-racial en las políticas públicas del Estado argentino, desarrollando políticas focalizadas en la comunidad afroargentina, afrodescendiente y africana en el país».
Estas dos iniciativas están enmarcadas en el Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 establecido por la ONU, al cual Argentina adhiere, y son parte de una trayectoria más amplia de inclusión de la temática afroargentina y de lucha contra el racismo en las agendas estatales luego de 2001, año de la realización de la Conferencia de Durban.
También en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó sobre la muerte del activista afrouruguayo José Delfín Acosta Martínez, víctima de un arresto arbitrario en abril de 1996, a cuya consecuencia perdió su vida estando detenido en la comisaría 5º de la ciudad de Buenos Aires. En sentencia del 31 de agosto de 2020 la CIDH acreditó que Acosta Martínez fue víctima de discriminación racial. Entre las varias recomendaciones, requiere al estado argentino implementar un sistema de registro y estadísticas sobre la población afrodescendiente en el país, así como sobre las detenciones basadas en perfiles étnico-raciales de manera que se puedan observar las detenciones de personas afrodescendientes y las denuncias interpuestas por éstas en relación con el total de la población. La Corte cita el Mapa Nacional de la discriminación elaborado por el INADI «donde se desprende que el 38% de las personas entrevistadas en 2014 admitieron tener aversión contra las personas de ascendencia africana, pero solamente el 3% reconoció que este grupo era el más afectado por la discriminación racial. Sin embargo, el 61% de los afrodescendientes entrevistados reconocieron haber sido víctimas de discriminación. Esta situación pudo disimular por muchos años la realidad de un racismo estructural de larga data y que permanece aún en la época actual», señala la sentencia de la CIDH.
Esta creación de institucionalidad para revertir y reparar los efectos del vedado racismo estructural en Argentina, es aún muy resistida y criticada por sectores y por destacados miembros de la comunidad científica nacional. Así el 15 de noviembre de 2020, en el consultado portal de noticias Infobae la periodista Claudia Peyró entrevistó a reconocidos historiadores que aportaron argumentos en contra de la categoría de racismo estructural y concluye que las creaciones desde el estado de estas nuevas Comisiones instalan un problema ajeno, copiado de otros países, que suman divisiones a la armonía racial nacional y extraen recursos al saqueado estado nacional. En la nota se lee: «Se está tratando de crear un problema que en la Argentina ya fue solucionado por el éxito de las políticas de integración, de ‘blanqueamiento”, es decir de ignorancia de las diferencias de color. Como todo proceso histórico, puede haber sido conflictivo en su momento pero hoy ya está concluido, y los descendientes de negros están integrados en una comunidad ciudadana nacional…».
¿Por qué hablar de «racismo estructural»? En primer lugar, porque «raza» conforma una categoría legada del sistema colonial, que filtra todos los planos de nuestro conocimiento y acción sobre el mundo. Como señala el antropólogo colombiano Eduardo Restrepo: «No se puede explicar la presencia del actual racismo por simples remanentes aislados de ideas racistas en la cabeza de algunos pocos individuos retrógrados. El racismo y la discriminación son fenómenos con alcances estructurales que atraviesan nuestras acciones y pensamientos cotidianos de formas que pueden incluso pasar desapercibidas para nosotros mismos».
En segundo lugar, el racismo es estructural al filtrar e involucrar a todos los sectores, instituciones y formaciones de la sociedad. Por ello se habla de variadas formas del racismo: un racismo intrafamiliar, un racismo de estado, un racismo solapado con el clasismo. El hecho de que no existan las razas, tal como han determinado la biología y la antropología biológica hace rato, no implica que deje de existir el racismo. La larga permanencia de esta forma de discriminación comienza al negar, desplazar o desentenderse de su discusión. «Ignorar las diferencias de color» es ignorar que no solo el negro es un color, sino también el blanco lo es. ¿Qué color ignoramos entonces?
Llama la atención, en la nota referida, que el mestizaje se acepte de buen grado como «blanqueamiento», dando por sentado que la blanquitud (europea, masculina) es el mejor y el más deseado estado de la especie humana. «El negro se mestizó como todos los demás. Nos fuimos mezclando todos –señala un historiador–. El mestizaje es un proceso que se dio desde el inicio. En lugar de resaltar que fuimos una mezcla generalizada de razas y culturas, con esta iniciativa se busca segregar». Poner en pie de igualdad a los diferentes grupos poblacionales que habitan el territorio argentino desconoce el hecho fundante de que los negros africanos no llegaron como inmigrantes sino como piezas de comercio, como seres humanos esclavizados, privados de todos sus derechos.
En el discurso del mestizaje y la igualdad de los aportes de tal proceso «biológico/cultural» se desconoce el antiguo lazo colonial que mantiene en la práctica la subalternización de poblaciones e individuos racializados. Finalmente, este discurso sobre el mestizaje limita los márgenes temporales de la presencia afrodescendiente en Argentina a la segunda mitad del siglo XIX, porque ya entrando a la modernidad, el éxito del crisol de razas habría convertido a estas poblaciones en «casi blancos», «felices» de dejar su piel negra.
Estas ideas, a pesar de ser pronunciadas por académicos, refuerzan el sentido común y pasan por alto justamente toda una línea de investigaciones científicas que se han gestado en el campo de las ciencias sociales en Argentina y en el resto de Latinoamérica con respecto a las peculiaridades del racismo estructural y cómo se articulan en cada país según su historia. Como planteamos al principio, en Argentina durante décadas las memorias y demandas de la población afrodescendiente no encontraron el espacio ni la posibilidad de interlocución para ser narradas, y se mantuvieron como memorias «subterráneas». Esta situación comenzó a revertirse a partir de los años noventa, cuando paulatinamente fue cambiando la forma de pensar la diversidad interna a la nación (aunque no se hayan todavía enterado algunos renombrados científicos y académicos argentinos).
La lucha antirracista local y la constitución de comisiones y mesas de trabajo para diseñar políticas públicas enfocadas en combatir el racismo estructural no son un derrame del movimiento Black Lives Matters estadounidense en Argentina, como parecen sostener estas posiciones más conservadoras al sostener que el racismo sea un problema «ajeno». Estas mismas posiciones corren el foco del racismo estructural argentino, inhabilitando a la vez las luchas antirracistas locales, que no son reconocidas como históricas y producto de precisas condiciones socioculturales, sino como una efímera moda a base de hashtags.
Sin embargo, con el progresivo reconocimiento de sus narrativas por un lado y una mayor incidencia de las reivindicaciones de las diferentes organizaciones afro en distintos ámbitos por otro, se han dado las condiciones para la formación de organismos políticos propios, como la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. Este es un piso a partir del cual las distintas alas de la lucha antirracista pueden entablar un diálogo más constante con el Estado para trascender la instancia de mero «reconocimiento» para dar el salto hacia la planificación, la implementación y el seguimiento de políticas públicas que tengan verdaderamente en cuenta las necesidades particulares de la población afrodescendiente en el país.
