Desde el momento en que personas migrantes de la región llegaron este siglo a Chile para trabajar, se estremecía la calma cotidiana de chilenas y chilenos que supuestamente, insertos en la «normalidad» fabricada por el neoliberalismo sobre una impunidad que banalizaba el sufrimiento, caracterizaba al país como económicamente exitoso y políticamente tranquilo. Una idea y una imagen que atraía a quienes por razones económicas o políticas debían dejar sus países de origen para buscar trabajo y mantener a sus familias. Al exterior se difundía una imagen equívoca que, sin embargo, confirmaban los nacionales, para quienes Chile era (según nos señalaban al entrevistarlos): «el mejor país, de blancos, similar a Europa, donde la seguridad es central, sin corrupción y amable por naturaleza». 

Estas afirmaciones las recogíamos antes de la rebelión social iniciada el 18 de octubre 2019 cuando la gota que rebalsó el vaso de injusticias la dieron los estudiantes secundarios ante el alza de los transportes en un país ya esquilmado por las deudas. Octubre marcó el mes que sacó a las calles a millones de personas que cuestionaban el gobierno de Sebastián Piñera y a los más de 30 años de sometimiento a una economía capitalista que depredó la vida de chilenos y chilenas. Las consecuencias de la privatización de la salud, la educación y las pensiones pusieron en jaque a un gobierno que se volvió cada vez más represivo. Sin embargo, la tozudez pudo más ante el reclamo y el enojo social al desatar una feroz represión. Cientos de jóvenes quedaron ciegos, muchos trabajadores murieron baleados, en incendios o en circunstancias aun no aclaradas, y aún permanecen a lo largo del país personas encarceladas o con procesos en su contra. Las poblaciones fueron y siguen siendo asediadas y fuerzas especiales altamente tecnificadas continúan patrullando comunas y barrios que desde la dictadura han sido señaladas como «lugares peligrosos». 

Al mismo tiempo, las organizaciones feministas invadieron las calles y el himno del Colectivo LasTesis se volvió universal con: «el Estado opresor es un macho violador» al hacer públicos los relatos de miles de mujeres abusadas y atacadas durante años de silencio y complicidad de las instituciones. Las mujeres y los jóvenes fueron protagonistas de una rebelión social que se alejaba de los partidos políticos y erigía banderas mapuche, de organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes de futbol y retratos de familiares empobrecidos por los cuales se pedía justicia.

El estallido social se hizo nacional y los gritos de anticapitalismo, antipatriarcado, antimperialismo, antifascismo y antirracismo se escucharon en todas partes. En este marco de conflicto político y represión generalizada, las personas migrantes fueron las más afectadas. Aunque señaladas negativamente desde antes, ahora eran blanco de una persecución que tocaba a toda la clase trabajadora y principalmente a quienes estaban en Chile bajo una condición irregular. Chile despertaba de la sedación a la que se había sometido con la inyección que inoculara el individualismo extremo, el consumismo y la búsqueda incesante del «éxito». 

En este escenario de luchas, las personas migrantes siguieron siendo perseguidas. Tanto por la prohibición de participar en manifestaciones políticas como por el abandono de sus demandas de regularización cuando la crisis social crecía. Pero desde su llegada al país ya eran objeto de desprecio y de maltrato por parte de la sociedad y de las instituciones, haciendo evidente un proceso de racialización que, al cruzar las categorías de nación (chilena) con la «raza», la clase, el género, el color, la nacionalidad, la región de proveniencia y la condición social, produjo un sentido común «contra» la inmigración. Ante una desigualdad tal, es claro que las personas migrantes estarán en constante peligro. Por una parte, porque no acceden a los mismos derechos que los demás y, por otra, porque la propia sociedad aun no los incorpora como iguales. Sus trayectorias de vida, trenzadas en la urgencia de trabajar para sobrevivir, las deja atrapadas en las decisiones de explotadores que administran su mano de obra considerada desechable y flexible, lo que perpetúa su condición irregular para hacer de sus cuerpos un verdadero «ejército de reserva». 

En tiempos de pandemia, las personas migrantes son abandonadas en ese lugar aparte que permite la irregularidad al mismo tiempo que sus cuerpos interesan para extraer ganancias, pero que ahora les impide circular al no poseer papeles de identidad. Cuestionadas por su pobreza, por su género, nacionalidad o color de piel, señaladas como responsables del contagio, la cesantía o la falta de cupos en hospitales, hombres y mujeres migrantes deben buscar clandestinamente labores ultraprecarias y con alto riesgo para su salud para hacerse de algún dinero que les permita resistir a la vida en un país que no es el suyo y que devela su distancia con la migración cuando esgrime a la nación como un baluarte.

La «raza» que históricamente en las Américas ha sido esgrimida como el estigma que marca a los pueblos indígenas, regresa hoy criminalizando y racializando a las migraciones y a sus protagonistas para, una vez más, situarse al interior del Estado y emerger como discurso de poder (escrito, por ejemplo, en leyes migratorias que disponen la entrada y la salida de las fronteras y que clasifican siguiendo una lógica identitaria, para jerarquizarlas según las lógicas de la dominación que las naciones implementan). Este ejercicio de castigo permanente lo llevan a cabo las instituciones, al estatuir una condición que los atrapa y les impide ser. La condición de sujeto migrante homogeniza y entrega un estatus diferenciado de los nacionales. La persona migrante será considerada como un «nuevo bárbaro», es decir, como una figura proveniente de la lógica colonial y estatal-nacional que ahora está presente en el nuevo escenario donde opera el capital desterritorializado. 

La conocida lógica de la existencia de un «enemigo» forma parte del racismo que se mantiene y se adecúa a la sociedad donde se incrusta, al mismo tiempo que consigue que las personas señaladas como tales sean objeto de sanciones normalizadoras. Estamos frente al imaginario racista de la ficción de una «superioridad racial», que jerarquiza a las personas según la lógica clasificatoria que se juega en la producción de la «identidad nacional». Dicha identidad, organizada desde la cultura blanca como una cultura «superior», contra «el otro», proyecta la «alteridad» o la «diferencia» y determina y banaliza la violencia racista. Así busca asimilar, discriminar, despreciar, explotar, abandonar, odiar, expulsar y aniquilar. 

En este marco de castigo generalizado sigue siendo necesario indagar más profundamente en los mecanismos que producen las profundas desigualdades sobre las cuales se aloja el racismo, un sistema basado en la «etnia» o en la «raza» que argumenta que las personas, las comunidades o los pueblos son desiguales. Este sistema mantiene una repartición desigual de los recursos y, más allá de (pero también junto con) las prácticas individuales de la violencia cotidiana, se vuelve un hecho que afecta todas las dimensiones de la vida de las personas a las que ataca. Como una verdadera maquinaria, el racismo trabaja para sacar a la persona del estatus de sujeto y convertirla en objeto, en ese «otro» atado únicamente a estereotipos, imaginarios y representaciones de lo que no es y que la reduce a una inferioridad que la destruye o que, al racializarla, busca destruirla en permanencia. 

Esta destrucción, sin embargo, no solo está presente en los discursos racializantes repetidos en distintos rincones del mundo sino en las diversas prácticas de aniquilamiento que, históricamente, siguiendo la matriz colonial y de exclusión que naturalizan las desigualdades, considera que la cultura es un criterio de diferenciación racial. El racismo que observamos en las sociedades neoliberales se ha consolidado en la vida cotidiana gracias a la permanencia de creencias potentes que atan el color de piel a características psicológicas o culturales que justifican la violencia para naturalizar la muerte, la persecución policial o la tortura. 

Pero el racismo también se advierte en prácticas provenientes de decisiones jurídico-administrativas que impiden el acceso a los derechos y organizan las condiciones o los estatus destinados a quienes se consideran no como sujetos sino como «objetos» (del trabajo, principalmente) para estar siempre al margen del resto de la sociedad. La lógica racista justifica esta violencia gracias a elementos morales provenientes de fuentes coloniales que siguen presentes en los pares superior-inferior, civilización-barbarie, amigo-enemigo o racional-irracional que deja pensar, por ejemplo, que no todas las personas cuentan del mismo modo. Luego, los efectos perversos de este sistema racista continúan manifestándose en distintos campos de la vida social como son el trabajo, la vivienda, el sistema jurídico, el educativo o la seguridad social.

Insertos pero despreciados en el orden económico, sin embargo, son ellos los que mueven la fuerza de trabajo precarizada del capitalismo neoliberal. Las personas migrantes se han visualizado como foco de las manifestaciones contemporáneas del racismo, por representar a lo «no-nacional», es decir, a un otro que debe quedar excluido de lo político y privado del derecho fundamental a tener derechos, pertenecer a un cuerpo político, a un lugar, una historia o una verdadera legitimidad. Claramente, hay una condición de «migrante» construida desde su llegada al país que da cuenta de connotaciones negativas sobre el lugar que tiene al conformar un sujeto ajeno al proceso civilizatorio, lo que es un elemento fundamental para comprender los procesos de construcción de lo nacional que permite su presencia. 

Pero todo se ha agravado durante la pandemia, que ha dado lugar a distintas manifestaciones del racismo contra las personas migrantes. Insertos en el trabajo precario pero no integrados a la sociedad, en ocasiones objeto de interés para el orden económico, forman parte de una fuerza de trabajo que hoy resuelve la vida ya precarizada por el capitalismo neoliberal. Pero, aunque participen activamente de la vida laboral, enfrentan situaciones de exposición extrema como es la concentración de sus trabajadores en sectores de alta exposición al contacto físico: cuidados de personas, reparto a domicilio, limpieza de espacios públicos, venta ambulante, hacinamiento y precariedad habitacional. 

Queda mucho trabajo por hacer sobre el «nosotros», porque el trabajo sobre el «otro» parece ya estar hecho. Lo que falta es preguntarnos quiénes somos y lo que denominamos como «nos(otros)». Tal vez habrá que seguir trajinando en la historia para buscar los temores que tenemos frente a un color de piel o a unos rasgos que se han buscado ocultar y que, ahora colocados en el cuerpo del sujeto migrante, deja ver semejanzas que la sociedad no quiere enfrentar: «demasiado indio» o «demasiado negro», parece decir la mirada desaprobadora de quien sigue buscando la «blancura» en su rostro, el de sus hijos o de sus nietos, para demostrar una cercanía a quienes por siglos nos dominaron. 

Pero la imagen de Chile ha cambiado. El discurso neoliberal que propagó el milagro económico que lo suponía económicamente tan seguro se desploma con una pandemia que expone desigualdades múltiples. Después de la rebelión social que a pesar de la militarización sostenida y los cambios de gabinete que traen el fantasma de Pinochet para provocar el miedo, el pueblo sigue manifestando por el maltrato que legó la dictadura y que permitió llenar las arcas de los dominantes. Pero Chile también ha cambiado porque, gracias a la llegada de hombres y mujeres de América Latina y del Caribe, la interculturalidad lentamente se instala a pesar de que se mantiene el racismo. Chile es hoy un país de inmigración. Tenemos más saberes, más cultura y más diversidades que nos sacan de la lejanía que teníamos con el mundo.  

Este texto proviene de reflexiones del proyecto anillos que actualmente dirijo en la Universidad de Chile: Anid Pia SOC180008 «Contemporary Migrations in Chile: Challenges to Democracy, Global Citizenship, and Access to Non-discriminatory Rights».