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Autonomía estatal y democracia en América Latina

Reflexionar sobre la democracia en nuestra región requiere pensar las formas que adopta aquí la acumulación capitalista. En América Latina, la construcción de una democracia política fuerte tiene como condición el establecimiento de un límite al poder del capital y el impulso de un proceso hacia la desmercantilización de la vida social.

La ola conservadora que tiñó una parte importante del mapa político de América Latina desde mediados de la década, con sus diferencias de estilo y de historia, asumió portando credenciales democráticas y republicanas en una «cruzada heroica contra el populismo autoritario». El argumento fue que el populismo socava las instituciones democráticas, concentra todo el poder en el ejecutivo y esteriliza el parlamento; que mina la credibilidad de la justicia o simplemente se alza con ella, multiplica el control estatal sobre la vida de las personas y las instituciones y acorrala la economía privada y el mercado, imponiendo controles, nacionalizaciones y regulaciones que asfixian el crecimiento económico.

En la «bolsa» del populismo entraron especies tan diferentes como Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva, Evo Morales y Daniel Ortega, entre otros. El «populismo» se transformó en la bestia negra de la opinión pública orientada por los medios hegemónicos. Cualquier insinuación de modificar los sistemas impositivos o afectar las ganancias financieras y corporativas –en un continente que reparte sus riquezas de la manera más desigual en todo el planeta– fue respondido con boicots y huelgas patronales, campañas sucias sobre negociados y corrupción, o directamente con desalojos «educados» del poder.

Paradójicamente, el gobierno que mejor trato dispendió a los empresarios y los bancos, el de Dilma Rouseff en Brasil, no necesitó excusa legal alguna para ser desalojado del Planalto. Solo se requirió una mayoría circunstancial, con votos comprados, para dar vuelta la página. Los intentos de intervención en Venezuela, los golpes parlamentarios en Honduras y Brasil, o el más clásico de Bolivia, sostenidos en el consenso de los partidos liberales y de derecha en todo el continente, hablan por sí mismos de las credenciales democráticas de aquellos que ofician de portavoces de la libertad y la democracia. Entre algunos sectores de izquierda también se asoció estos gobiernos con intentos autoritarios de control sobre las masas revolucionarias, mientras eran acusados de tibieza o complacencia con los grupos capitalistas locales. En todo caso, la relación del Estado y la democracia, en un continente cuya historia estuvo plagada de interrupciones constitucionales, es un tema teórico relevante.

 

El viejo y buen parlamentarismo

En el campo académico, la tendencia a asociar «populismo», «estatismo autoritario» y «democracias delegativas» no careció portavoces. Por ejemplo, en 2010, Guillermo O’Donnell –que había escrito textos importantes en los setenta y los ochenta desde la perspectiva de Marx y Weber– volvía sobre el tema de la democracia delegativa en el auge de los gobiernos posneoliberales, extendiendo el concepto desde los gobiernos de derecha de Menem o Collor de Melo a los de los Kirchner, el de Correa y el de Chávez. Su concepto era, básicamente, descriptivo. Son democracias con base en el mandato electoral y de respeto a las libertades políticas, aunque con peros: no aceptan los límites de poderes, sus representantes son carismáticos y basan su adhesión en liderazgos personalistas, refuerzan el poder ejecutivo al que ven como «salvador de la patria», consideran a los poderes legislativo y judicial como un estorbo y tienen un parecido de familia con el populismo histórico, al que considera autoritario. Representan el fruto de crisis políticas y de culturas políticas autoritarias.

Pero, ¿cuáles son las causas de esta tendencia? Sigamos. Reclaman poderes extraordinarios y poseen una concepción schmittiana de la política entendida como guerra entre amigos y enemigos. Como contrapartida, está el modelo de la democracia de Uruguay, Chile y Costa Rica (aunque esta selección sea discutible –golpes militares en Chile y Uruguay mediante–, países como Uruguay y Costa Rica no por casualidad presentan los índices más bajos de desigualdad). Peor aún: al mezclar gobiernos neoliberales con otros antineoliberales, se eclipsa cualquier explicación que pueda responder las tendencias «delegativas» de la democracia en América Latina y se ofrece una visión formalista que, más que iluminar, oscurece. En el fondo, se trata de una añoranza del «viejo y buen parlamentarismo» que parece eclipsarse en todo el mundo –incluso en la democrática Europa– y que nunca existió en nuestra región.

 

Estado y capital

El liberalismo alcanzó un triunfo histórico en el siglo XIX cuando asoció la democracia con la libertad individual, la propiedad privada y las sociedades capitalistas de mercado, borrando del imaginario el concepto igualitarista de democracia que provenía de Rousseau o de Jefferson. Pero esa asociación no es natural, e incluso el propio liberalismo la aceptó solo a regañadientes. En América latina, el sufragio y otros derechos democráticos fueron, en muchas ocasiones, más una conquista popular que una táctica de las oligarquías dominantes. Como fuera, la soberanía popular como principio de cualquier democracia no podría prosperar más que a condición de un Estado con capacidad de asegurarla. En última instancia, el régimen democrático descansa en la estructura del Estado, cuyas funciones y recursos pueden alterar el carácter y la morfología de la misma.

Un Estado fuerte, con capacidades autónomas, presupuesto, personal, infraestructura, políticas públicas de integración social, parece ser un requisito de la estabilidad política de la democracia. Esto implica, inexorablemente, una política fiscal activa, capacidad estatal para orientar inversiones y regular el flujo financiero, una distribución del ingreso que facilite la integración social y legitimidad democrática y soberanía nacional para llevar a cabo estos proyectos. Pero el  liberalismo en América latina denunció esta orientación como una tendencia socializante y autoritaria, y la política de los gobiernos que hablan en su nombre (como el fracasado gobierno de Macri, el de Bolsonaro en Brasil o el de Piñera en Chile) han adoptado una orientación radicalmente opuesta, reponiendo los derechos ilimitados de la propiedad privada y estableciendo estrechas alianzas con el capital concentrado como base de sustentación y gobernabilidad. Sus políticas de privatización, desregulación, desmantelamiento de las protecciones sociales y liquidación de las mediaciones institucionales han carcomido, como sostuvo Mann, las capacidades infraestructurales del Estado.

Este comportamiento está en la génesis de la formación del Estado nacional. La dependencia del mercado mundial, en la que se insertó de manera subordinada, mediante la exportación de materias primas, creó las condiciones para el endeudamiento crónico, la reproducción de la heterogeneidad estructural de la economía, la desintegración del tejido productivo, la crisis recurrente de divisas y el fortalecimiento del poder de la oligarquía agraria y financiera. Al día de hoy, los mercados locales son débiles y las regiones se desarrollan de manera desigual, generando informalidad y empleos precarios, con una industria de bajo valor agregado (allí donde existe realmente una auténtica industria).

Estas condiciones de dependencia y atraso económico, de inserción subordinada, de ausencia de una cultura tributaria entre las clases dominantes, de poder de veto oligárquico sobre cualquier decisión nacional soberana, de un clivaje étnico de identidad racial de las élites blancas, masculinas y católicas del continente, han dado como resultado un Estado con baja o frágil autonomía estatal. La democracia política es aceptada en la medida que no cuestione los negocios fundamentales. Y cualquier intento de recortar esos privilegios, de avanzar hacia reformas sociales y económicas, es tildado de autoritario. Esa fue la experiencia de los gobiernos de tipo neodesarrollista, como los de Néstor y Cristina Kirchner, o social liberales reformistas, como los de Lula y Dilma, para no hablar del golpe promocionado por la derecha –con el concurso de la OEA– en Bolivia. Este bloqueo es el que, entre otros motivos, genera la épica de los líderes revolucionarios desplazados que no encuentran canales institucionales de oposición.

El otro gran factor que ha socavado la estabilidad democrática en la región ha sido el papel político de Estados Unidos en el continente como sostén de las oligarquías conservadoras y promotor de golpes militares contra cualquier variante democrática y de izquierda, que debilitaron la posibilidad de que emerjan grandes movimientos políticos modernizadores y democratizadores que aseguraran el compromiso de clase y la alternancia política constitucional. Mientras que en otras latitudes las reformas sociales y los gobiernos de izquierda fueron aceptados, en el «patio trasero» la política exterior de Estados Unidos –basada en los mandatos de seguridad y defensa– los arrojó a la ilegalidad o los combatió mediante golpes, destituciones parlamentarias, campañas de desprestigio, intervenciones directas y muchas otras técnicas de desestabilización.

La baja capacidad infraestructural del Estado, originada en el poder desproporcionado de las oligarquías capitalistas y una élite política muy asociada a ella que no logra una real democratización e integración de los grupos subalternos es suplida por el poder despótico represivo. Esta asociación entre una clase dominante reacia a distribuir ganancias y la política exterior norteamericana –que las sostiene en nombre de la «defensa nacional»– bloqueó procesos intensivos de reformas democráticas. Las élites se mantuvieron relativamente aisladas de las clases subalternas y la democracia política resultó ser, en muchas ocasiones, más un escollo que una solución. América Latina parece transitar todavía por una crisis estructural que ni la retirada de esta asociación conservadora ni la derrota de las masas populares logra destrabar.

Como contrapartida, los ciclos populares que despiertan tendencias nacional populares persisten. El elitismo blanco y procapitalista bloqueó históricamente el ascenso social de las capas medias y populares en sociedades altamente movilizadas y dueñas de un repertorio denso de acciones colectivas. Las élites nacionalistas, militares o civiles han tendido a aliarse con grupos subalternos para remover las trabas a la movilidad social impuestas por las élites instituidas. Las luchas obreras, campesinas, democráticas constituyen un componente básico de una explicación consistente de la emergencia de nuevas élites en la arena política. La crisis de las políticas neoliberales que entran en cortocircuito a fines de los años noventa y principios de los dos mil, subproducto de las movilizaciones populares y la deslegitimación de una democracia capturada por los organismos de crédito internacional y las élites financieras que operan localmente, expresan esta renovación del ciclo político que, equivocadamente, se había declarado extinto a raíz de la implosión del llamado campo socialista. Y este ciclo se caracterizó por la alianza de élites políticas provenientes de los partidos tradicionales (peronismo), del ejército (Chávez) o de los movimientos sociales (Evo) que desplazaron, en mayor o menor medida, a las viejas élites y lograron para el Estado grados crecientes de autonomía política (empezando por su política exterior, caracterizada por un creciente grado de ruptura con la estrategia diplomática de Estados Unidos).

Esta autonomía del Estado no surge, como lo sugieren las corrientes del elitismo auténtico (Sckopkol, Krasner, Tilly), por la autonomía de esta nueva élite política de los grupos de la sociedad, sino por el hecho de que el Estado es el lugar donde se procesa esa autonomía que resulta de la cristalización e institucionalización de las relaciones de fuerza de todos los grupos de la sociedad. El Estado se vuelve un lugar activo que refleja las relaciones de fuerza pero, a su vez, actúa sobre ellas. Así se conformaron diversas alianzas entre las élites políticas, los grupos sociales subalternos y el empresariado local para dotar al Estado de mayor margen de maniobra. En algunas experiencias, no han traspasado las líneas del neodesarrollismo; en otras, han orientado a la economía nacional hacia un estatismo con propósitos más o menos socializantes (como en Venezuela y Bolivia). En todos los casos, este movimiento hacia políticas de reforma fiscal y distributivas han bastado –¡incluso en Brasil!– para que la vieja casta reclamara contra una fantasmal dictadura y bregara por el «retorno de la democracia» para la cual han actuado, las más de las veces, en los márgenes de la legalidad o incuso fuera de ella.

 

Democracias latinoamericanas

La movilización política popular, la retórica de la «salvación nacional», la construcción de la política en torno a un liderazgo carismático y la movilización de las pasiones políticas no son técnicas conspirativas de dirigentes autoritarios, sino las formas de movilización política que adquiere un bloque social alternativo para romper con el bloqueo de los viejos grupos establecidos que poseen recursos de poder, de dinero y de status que movilizan en toda su capacidad para defender sus prerrogativas. Lo curioso de las experiencias que mencionamos –una vez más, con todas sus diferencias– es que han promovido medidas más o menos radicales de democratización (como asambleas constituyentes, milicias populares, reformas judiciales, nacionalización de recursos básicos, recortes al poder de los bancos y las finanzas, ley de medios) en el seno de la democracia liberal –con libertad de opinión y reunión, elecciones libres, prensa independiente, pluripartidismo, división de poderes y respeto a la propiedad privada– sin llegar nunca al Estado de excepción, aunque sí a la implementación de ciertas medidas excepcionales como respuesta defensiva. Como lo habían reclamado Laclau y Mouffe, el agonismo político no era la expresión local de tendencias shmitteanas autoritarias sino, por el contrario, de movilización democrática de la sociedad.

Lo que se le escapa al mundo académico, en ocasiones, es que los modos en que se manifiesta la democracia en los países centrales puede no corresponderse con los modelos locales. Ni las formas de democratización ni la racionalidad política con la cual queremos entender los procesos son idénticos. Deberíamos, por lo tanto, despojarnos del eurocentrismo, tantas veces denunciado pero tantas veces reproducido, para entender la lógica profunda de estos procesos populares.

Los líderes populares latinoamericanos no son manipuladores conscientes de una masa amorfa. En todo caso exaltan, como decía Geertz, la lógica teatralizadora y espectacular de todo Estado, como forma de interpelación política en tanto recurso de oposición a la narrativa oficial de las élites liberales. Estas sienten horror a verse en el espejo de los «populistas», como el espejo de Borges que reproducía la especie. Los rituales que tienen como objetivo conformar un sujeto popular no hacen sino contrarrestar las narrativas, imaginarios y rituales liberales en torno a los méritos individuales o el respeto a normas y autoridades establecidas, portadoras de una mitología y una ritualidad mucho más poderosa, por ser la dominante. Los discursos redentores y los valores trascendentales no son expresiones irracionales de fanáticos incurables.

Probablemente, la ciencia política oficial, muy apegada a la definición weberiana de Estado, haya identificado, como sugiere Migdal, el tipo ideal racional legal con la «norma», midiendo el «buen funcionamiento» con la regla de la racionalidad occidental. Pero el Estado es un campo de poder, y la apelación a «la ley» oculta la exigencia del apego a la dominación establecida. Lo que está en juego, en definitiva, es la representación del mundo social como resultado dinámico de luchas, y en esas luchas los recursos cognitivos y emotivos colisionan.

 

De la apariencia a la realidad

En conclusión, el ciclo de auge de movimientos posneoliberales que accedieron al poder conquistó una autonomía sorprendente a la que contribuyeron el contexto económico internacional y la dinámica sinérgica de gobiernos latinoamericanos que tendieron a un mismo objetivo, destacándose las iniciativas en el área de la política internacional (UNASUR, Parlasur, ALBA, etc.). Medidas como la captación de excedentes y algunas reformas y regulaciones económicas, nacionalizaciones o control de la política monetaria contribuyeron a consolidar cierto margen de maniobra para establecer un Estado de compromiso, impulsar un neodesarrollismo con base en el mercado interno y pactos sociales distributivos.

Pero los patrones de cambio en América latina, y me refiero tanto a cambios progresivos como reaccionarios, sumergidos en crisis económicas y políticas recurrentes, no responden a educados debates parlamentarios y pacíficos intercambios de notas de opinión en los diarios del día, algo que está dejando de ser una práctica habitual incluso en Estados Unidos o Inglaterra. Requieren forzar los tiempos de la emergencia, y ese parece ser un motivo más eficiente que el registrado por O´Donnell para entender la «democracia delegativa». La autonomía de estos países periféricos, volviendo a la capacidad infraestructural de Mann, sigue siendo débil e inestable. El cambio del contexto internacional, el reforzamiento de la alianza entre la diplomacia norteamericana y capas medias y altas movilizadas por élites neoliberales logran, en poco tiempo, desplazar las alianzas populares y plebeyas que parecían haberse consolidado por un buen tiempo, mostrando la fragilidad de los nuevos bloques de poder. Incluso han aprendido y adoptado muchos recursos del repertorio popular, como los cacerolazos, los banderazos o bloqueos, la movilización activa de estratos acomodados y plebeyos, junto a los recursos clásicos de movilización mediática, conspiraciones palaciegas y compra de voluntades en la legislatura, el ejército y el poder judicial. El balance de los motivos de esa caída en países como Argentina, Brasil o Bolivia sigue dando tela para cortar.

La política fiscal ha sido un punto central de las capacidades del Estado. Cuando se pretendió modificar algún aspecto del sistema impositivo, la reacción fue una sublevación de la burguesía agraria, como en Argentina en 2008, o un feroz ataque a Correa por impulsar el «comunista» impuesto a la herencia y la plusvalía de predios privados, para mencionar solo dos ejemplos resonantes. Hoy, en medio de la crisis del COVID-19, ese mismo bloque se aferra a un sistema regresivo, oponiéndose con todas sus fuerzas a un impuesto a los ricos aplicado por única vez.

El rechazo de las clases dirigentes y sectores sociales altos a cualquier cultura igualitarista es rotundo. Pero la idea de «consolidar» democracias representativas sobre la base de la pobreza, la exclusión y el debilitamiento estructural del Estado es un contrasentido. El regreso de partidos de derecha al poder mostró la persistencia del programa neoliberal, atentando contra los sistemas públicos de salud, educación y las regulaciones que defienden la moneda local y la igualdad social. La imposición de estos paradigmas neoliberales han sido devastadores para América Latina. La pandemia demostró hasta qué punto el desmantelamiento neoliberal del Estado destruye las bases democráticas de una nación.

En definitiva, las formas que adquiere la acumulación capitalista en América Latina, dominada por oligarquías financieras consolidadas y tuteladas por la diplomacia norteamericana, parecen destruir las bases de la propia democracia que dicen defender. La condición del reforzamiento de una democracia política robusta pasa por la extensión de los derechos de ciudadanía y el aumento de las capacidades y la autonomía del Estado, la inclusión étnica y cultural de las masas indígenas y el control y soberanía del Estado sobre los recursos y resortes fundamentales de la economía. Pero esto implica un recorte del poder del capital y, como sugería Offe, un creciente proceso de desmercantilización de la vida social. No hay una cadena causal entre capitalismo y democracia, como tampoco la hay en el sentido opuesto. Una democracia secuestrada por los grandes grupos económicos es viable como fachada «representativa» en la medida que se conserve el control sobre las clases subalternas. Pero, en ese caso, las tendencias a la desafección política tenderán a acrecentarse y asistiríamos a una democracia con más «baja densidad» que la actual. La consecuencia será un nuevo ciclo de crisis y rebeliones.

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