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Bruna Prado / Getty

Una vacuna contra el capital

Las políticas de distanciamiento han afectado negativamente la capacidad de movilización popular, al tiempo que los sectores dominantes las han aprovechado para impulsar nuevas formas del trabajo que pretenden consolidar bajo el rótulo de «nueva normalidad». Pero la suerte no está echada, y lo que depare la pospandemia dependerá de la capacidad de resistencia que ofrezca la clase trabajadora.

No creemos que sea posible separar en esferas tajantemente diferenciadas las leyes de la naturaleza y las determinaciones sociales. Es indudable que el virus generó un enorme impacto económico al dificultar o directamente impedir la circulación de mercancías y de personas (fuerza de trabajo y consumidores). El hecho de que la pandemia se haya originado en China tuvo un impacto considerable en las llamadas Cadenas Globales de Valor, ya que el gigante asiático es el principal proveedor (y demandante) mundial de innumerables insumos intermedios y bienes de capital, como así también de bienes de consumo.

Dicho esto, también es cierto que la economía mundial arrastraba problemas que la pandemia profundizó. Las causas estructurales que condujeron a la crisis mundial de 2008 no fueron resueltas, por más que las principales economías mundiales –y particularmente EEUU– hayan recuperado el crecimiento. Buena parte de las respuestas que dieron los Estados a dicha crisis sirvieron para aplazar las contradicciones que exhibía la dinámica de acumulación, pero no para superarlas.

Esto puede verse, por ejemplo, en la creciente desconexión que se observa en la valuación de los activos bursátiles y financieros y la marcha de la economía «real». También se observa en la rapidez y magnitud de la pérdida de puestos de trabajo que registró EEUU, que a poco de iniciarse la crisis sanitaria había perdido el equivalente a todos los puestos generados desde la crisis de 2008, lo cual es un claro indicador de la precariedad de los mismos. Por otro lado, el comercio mundial venía mostrando una fuerte desaceleración antes de la pandemia, en parte por la disputa comercial entre China y EE.UU, aunque las causas no se reducen a ello. En síntesis, creemos que la crisis desatada por el COVID-19 ha agudizado y expuesto las consecuencias de las tendencias que ha venido registrando el capitalismo en las últimas décadas y que tienen que ver con la financiarización, la precarización laboral y una creciente disputa entre China y EEUU por la hegemonía mundial.

Crisis sobre crisis sobre crisis

Si bien es cierto que la pandemia ha afectado económica y sanitariamente tanto a países centrales como periféricos, el impacto está lejos de ser homogéneo. Todo parece indicar que las decisiones tomadas por los distintos gobiernos han tenido consecuencias muy disímiles en términos de salud pública, pero no tanto en términos macroeconómicos (aunque sí en el impacto que ha tenido la crisis en los distintos estratos sociales). Sin duda, en los países con sistemas de salud más sólidos –y que se han visto relativamente menos afectados por el neoliberalismo–, como en el caso de Alemania, la mortalidad y la letalidad del virus ha sido menor. Asimismo, los países que han mantenido o construido importantes capacidades estatales en las últimas décadas han logrado controlar mejor la pandemia, como Corea del Sur, China o los países escandinavos (con la notable excepción de Suecia).

Dentro de América Latina también se pueden observar importantes diferencias en términos sanitarios entre países, diferencias que remiten tanto a las distintas acciones tomadas por los gobiernos como a los sistemas de salud existentes y los respectivos tamaños poblacionales. En términos económicos, la gran mayoría está registrando enormes caídas, similares a lo ocurrido en Europa y Estados Unidos. Pero las similitudes llegan hasta ahí. Los impactos sociales de la crisis han sido bien diferentes en las regiones debido a la mayor heterogeneidad e informalidad presentes en los países latinoamericanos. Y también las posibilidades de recuperación son distintas, dado que la pandemia ha llegado en un momento particularmente difícil para América Latina, que lleva varios años de bajo crecimiento –con varios países directamente en recesión– y ha impactado negativamente en los precios internacionales de sus principales productos de exportación (en su mayoría derivados de recursos naturales, la gran mayoría de los que venía en deterioro desde comienzos de la década de 2010).

En la Argentina, en particular, la crisis generada por el COVID-19 se monta sobre una crisis preexistente, dado que la economía se encontraba virtualmente estancada desde 2012, registrando una pronunciada caída a partir de 2018 a raíz de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. Ello implica, por un lado, que los márgenes para aplicar políticas expansivas son más estrechos y, por otro, que no será posible alcanzar una recuperación sostenible en el tiempo si no se impulsan medidas que apunten a un necesario cambio estructural (en materia distributiva, en el perfil de especialización y de inserción internacional, etc.).

Alternativas

Está claro que se necesita del Estado para empezar a revertir esta crisis y ello va a tener un costo fiscal importante que va a ser difícil de financiar con ingresos corrientes en caída por la contracción en el nivel de actividad. Hasta ahora, en buena parte del mundo las medidas paliativas adoptadas por los distintos gobiernos se han financiado, o bien con endeudamiento, o bien con emisión monetaria. Los límites de la política monetaria en una situación como la actual varían de país en país, especialmente si se trata de países centrales o periféricos. Es claro los costos de «imprimir» billetes para algunos Estados son casi nulos en tanto el dólar mantenga su predominio a nivel mundial. De todos modos, en un contexto recesivo como el actual, la emisión monetaria no debería tener un impacto significativo en los precios dado que hay un notable excedente de capacidad productiva ante un deprimido nivel de demanda.

No obstante, como se apuntó, esto varía de acuerdo al tipo de inserción que tenga el país en las relaciones internacionales de producción y distribución. En el caso de Argentina, un país periférico, también se verifica una reducción de la demanda por la caída en los ingresos y un gran exceso de capacidad industrial (en promedio, alrededor de la mitad de su capacidad se encuentra inutilizada), con lo cual no hay riesgo de que la emisión monetaria genere un aumento directo y generalizado de precios. Sin embargo, dado que el país cuenta con una moneda «débil», el riesgo es que aquellos sectores que tienen la capacidad para absorber excedentes los canalicen hacía la compra de divisas (fuga de capitales), ejerciendo presión sobre el tipo de cambio. En ese caso, una devaluación de la moneda sí tendría efectos inflacionarios por el impacto sobre el costo de los bienes importados y los que se exportan. La otra opción, el endeudamiento público, ni está disponible por el momento ni es deseable para países como la Argentina.

Entonces se abre el debate sobre quién financia las medidas para paliar la crisis y reactivar la economía. En distintos países, entre ellos la Argentina, se está discutiendo la implementación de una contribución por parte de los más ricos, aunque los avances al respecto vienen a un ritmo sumamente lento (en parte por el intenso lobby desplegado por ciertos sectores del poder económico, político y mediático).

La necesidad de avanzar en esa dirección es indudable por múltiples razones. pero también es pertinente señalar la insuficiencia de este tipo de medidas dada la magnitud de las necesidades sociales a las que hay que hacer frente (ello, básicamente a raíz de las muy regresivas «herencias» del último ciclo neoliberal y la situación generada por la propia pandemia). Es por ello que sería importante avanzar con una reforma impositiva integral de carácter progresivo, ya que la estructura impositiva actual se basa fundamentalmente en tributos al consumo y, en menor medida, a los ingresos corrientes –con un tope-, lo cual castiga proporcionalmente más a los que menos tienen. En cambio, son muy bajos o inexistentes los gravámenes a los patrimonios, a la herencia, a las rentas, a las ganancias de las sociedades y a los abultadísimos recursos fugados al exterior por los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad (individuos y empresas).

En este tipo de reformas también se juega la viabilidad o no de establecer algún tipo de ingreso universal desvinculado de la condición laboral, algo que se está discutiendo en varias partes del mundo, incluida la Argentina. Pero resulta fundamental discutir cómo y quienes van a financiar una erogación de este tipo. Porque si el costo de este tipo de medidas recae sobre el conjunto de la sociedad por igual, va a terminar siendo una especie de subsidio a las empresas, las cuales van a contar dicho ingreso como una parte del salario necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, reduciendo así el costo salarial. Otra medida posible, pero que necesita de una fuerte reversión en la correlación de fuerzas, sería la redistribución social del tiempo de trabajo, lo cual no sólo permitiría asegurarse que todos los trabajadores tengan un ingreso sino que además evitaría el aumento de la desocupación y su reverso, el exceso de trabajo de los ocupados.

Ahora bien. Por otro lado, si el Estado –o sea, el conjunto de la sociedad– va a acudir al rescate de grandes empresas privadas, debería discutirse la posibilidad de avanzar en políticas de nacionalización, tal como lo ha hecho, por ejemplo, Alemania con su línea aérea de bandera (Lufthansa). No se trata de medidas necesariamente revolucionarias. Si bien, como sostiene Badiou, los intentos de los Estados nacionales por hacer frente a la pandemia se hacen respetando todo lo que pueden los mecanismos del capital, en una situación excepcional como una guerra o una crisis sanitaria de proporciones, el Estado debe imponer, no solo a las masas populares sino también a la burguesía, restricciones importantes para preservar las relaciones sociales de dominación.

El Estado es un aspecto esencial de la relación social capitalista y tiene por objeto principal el ordenar y garantizar la reproducción en el tiempo de dicha relación. Ello supone que muchas veces deba ir contra los intereses inmediatos de ciertas fracciones de la burguesía para garantizar su reproducción como clase social, lo cual incluye la necesidad de salvaguardar también la reproducción de las clases explotadas como tales. Es esta necesidad la que puede conducir a medidas que hasta hace poco parecían improbables e incluso podían ser consideradas radicales, como las nacionalizaciones de empresas.

En la Argentina esta cuestión apareció ante el vaciamiento ad hoc de uno de los principales grupos productores y exportadores agroindustriales –Vicentín–, siendo su principal acreedor el banco estatal argentino (Banco Nación). Sin embargo, lo que empezó siendo un intento de expropiación de este capital (sobradamente justificado ante la praxis empresarial de los últimos años), hasta el momento se transformó en la mera colocación de un veedor oficial en el directorio. Ello a raíz de trabas judiciales, pero fundamentalmente de la férrea oposición del poder económico y mediático a la propuesta expropiatoria, que terminó arrastrando a sectores importantes de la población.

Existen sectores estratégicos, como el de la energía, alimentos básicos, medicamentos e insumos de uso difundido que no deben quedar enteramente en manos del capital privado, no solo porque el mercado está muy lejos de ser el «más eficiente asignador de recursos», sino también porque las grandes empresas anteponen las ganancias, el negocio financiero y la fuga de capitales a las necesidades sociales.

Una vacuna contra el capital

En toda crisis hay ganadores y perdedores, incluso dentro de la clase capitalista. Esto ha sido siempre así y ha dado lugar, entre otras cuestiones, al fenómeno de la centralización de capital, proceso mediante el cual un capital se expande a costa de otro (Marx decía que se trataba de la expropiación de un capitalista por otro capitalista). En este caso, dada la magnitud y simultaneidad de la crisis, son pocos los que realmente ganan. Pero existen, y se ha beneficiado en gran manera. Basta con mencionar los casos de plataformas como Amazon, Netflix o Mercado Libre, lo mismo que algunos actores clave del sector financiero.

Tanto en esta crisis como en anteriores, la clase capitalista trata de descargar el mayor peso de la misma sobre la clase trabajadora, pero nunca logra hacer recaer sobre ella toda la crisis, por lo cual siempre se ven afectados algunos capitales individuales o incluso fracciones enteras. Por caso, claramente las compañías aéreas y de turismo, las cadenas de restaurantes y bares, empresas dedicadas a bienes culturales (cadenas de cines y teatros, productores de espectáculos musicales, editoriales, etc.) se están viendo seriamente afectadas con la pandemia. Y eso solo para mencionar a capitales de gran tamaño, ni hablar de los micro, pequeños y medianos emprendimientos comerciales e industriales. En este sentido, de no mediar medidas que la contrarresten, es de esperar que con esta renovada crisis mundial el escenario de la pospandemia esté marcado por un avance en la centralización del capital.

En definitiva, es imposible pensar que «alguien esté al mando» y haya planificado esta crisis. No obstante, es cierto que los sectores dominantes siempre tratan de aprovechar las mismas en su propio beneficio. Mientras que el aislamiento impuesto por la pandemia afecta negativamente la capacidad de organización y movilización de la clase trabajadora, los sectores dominantes no han perdido el tiempo y se han puesto a diseñar e impulsar nuevas formas de organización del trabajo que buscan consolidar en la «nueva normalidad», lo cual incluye una mayor flexibilidad y precariedad laboral, el ahorro de costos y la extensión de la jornada laboral mediante el teletrabajo, nuevas formas de control laboral y el trabajo «a destajo», entre otras.

Sería irresponsable aventurar con precisión qué es lo que sucederá en la pospandemia. No obstante, se puede intuir que el interés de los sectores dominantes será el de expandir nuevas formas de explotación laboral. Pero la suerte no está echada, ya que ello dependerá de la capacidad de resistencia que ofrezca la clase trabajadora. Con esto queremos decir que la profundización o reversión de las tendencias más regresivas que ha mostrado el capitalismo en los últimos años dependerá de la evolución de la lucha de clases. La vacuna, de surgir en un futuro cercano, podrá contribuir a frenar el virus, pero no frenará los impulsos del sistema –encarnados por sus clases dominantes y sus intelectuales orgánicos en distintas esferas– por profundizar la desigualdad y la explotación.

La construcción de otra sociedad, de otro tipo de relaciones sociales, no provendrá una nueva racionalidad igualitaria surgida automáticamente a partir de la pandemia. Las clases dominantes solo cederán en la medida en que se vean obligadas a hacerlo. Si lo hacen circunstancialmente, es porque su propio Estado se los demanda en aras de salvaguardar su posición privilegiada en un contexto excepcional, y aun así se resisten a hacerlo. En la medida en que no se constituya un sujeto capaz de trascender la actual forma de organización social, es posible que la pandemia nos deje como legado una mayor centralización del capital, una creciente lucha entre China y EEUU por la hegemonía mundial, y un mayor contingente de trabajadores precarizados y desocupados con todo lo que esto acarrea en términos distributivos. Solo la constitución de un sujeto histórico que tenga otro horizonte social podrá cambiar radicalmente la sociedad.

Martín Schorr es sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y coordinador de Entre la década ganada y la década perdida (Batalla de Ideas, 2017).

Andrés Wainer es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y coautor de Economía política de la convertibilidad (Capital Intelectual, 2013).

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