Insurrección popular y crisis del neoliberalismo en Sudamérica
Durante los primeros años del siglo XXI se desarrolló en Sudamérica un ciclo de rebeliones populares contra el neoliberalismo. Esta crisis del neoliberalismo en la región fue parte de procesos que se estaban desarrollando a escala global. Desde 1997 venían produciéndose una serie de crisis en la periferia: Sudeste Asiático en 1997, Rusia en 1998 y Turquía en 2001 se cuentan entre las más importantes. Pero en el año 2000 el ciclo de crisis llegaba al centro con el estallido de la burbuja de las puntocoms en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el movimiento antiglobalización adquiría impulso a nivel mundial y en Europa se producían movilizaciones importantes.
El freno al Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de hecho, tuvo dos caras. Por un lado, el giro político en Sudamérica fortaleció las posiciones contrarias al avance del tratado. Pero, por otro lado, el impulso de Estados Unidos se debilitó por varias razones. En primer lugar, la movilización antiglobalización de Seattle, en 1999, encontró un fuerte impulso en los sindicatos norteamericanos. Ello señalaba el impacto del proceso de internacionalización capitalista sobre la economía –y, en particular, sobre la clase obrera estadounidense– caracterizado por una tendencia a la heterogeneización social y productiva. En segundo lugar, por la creciente oposición que encontró en las áreas rurales, afectadas por procesos de concentración y centralización del capital y de la tierra en el marco de fuertes transformaciones productivas y del mercado internacional de granos. Por último, aunque no menos importante, debe tenerse en cuenta el cambio de prioridades en la política exterior de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que le dio un lugar central a la lucha contra el terrorismo. A su vez, durante el primer lustro de los 2000, se hicieron visibles el ascenso de la economía China y sus efectos sobre el comercio mundial. Muchos de estos cambios se profundizarían posteriormente y solo tras la crisis mundial de 2008 podemos hablar de una crisis global del neoliberalismo.
Sin embargo, ese movimiento de placas a escala global adquirió la forma de un verdadero terremoto en Sudamérica. En un contexto de movilización social en toda la región, entre los años 2000 y 2005 se produjeron insurrecciones populares en Argentina, Bolivia y Ecuador. En 2002, Venezuela fue conmovida por un golpe de Estado y una insurrección popular restituyó a Hugo Chávez en el gobierno, dándole un impulso definitivo a la radicalización del proceso iniciado en 1998, que más tarde se autodefinió como socialista. Hacia el final del ciclo, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela tenían gobiernos surgidos del voto popular que eran definidos como nacional-populares, de izquierda o progresistas. A pesar de su heterogeneidad, se trataba de gobiernos que, en grado diverso, presentaban rupturas con el neoliberalismo, dominante desde las dictaduras militares de los años 1970. En todos los casos, además, las fuerzas políticas que llegaban al gobierno integraban en sus coaliciones a sindicatos obreros y movimientos sociales.
El kirchnerismo: entre el palacio y la calle
El kirchnerismo fue parte de ese proceso regional. Sin embargo, a diferencia del MAS boliviano o del chavismo venezolano –que se constituyeron en el marco de procesos de movilización e insurrección en sus países y jugaron roles de dirección– el kirchnerismo fue exterior a la insurrección de diciembre de 2001. Solo tardíamente, ya en el gobierno, incorporó en su coalición política a los movimientos sociales de mayor peso. Esta relación de origen constituye una de sus marcas distintivas.
El gobierno de Néstor Kirchner emprendió la tarea de recomponer el poder político incorporando las demandas de los grupos sociales movilizados durante los años 1990 y durante la insurrección de 2001. Su estrategia política se configuró alrededor de una contradicción: por un lado, el motivo dominante de su acción era la restauración del orden. Un aspecto esencial de esa labor era la institucionalización del conflicto social, es decir, su (re)integración en los mecanismos institucionales del estado. Pero, por otro lado, los medios de los que debía servirse para alcanzar ese objetivo lo convertían en expresión de un conjunto de demandas que emergieron desafiantes en las calles, plazas y rutas de diferentes partes del país.
Los procesos venezolano y boliviano mostraron momentos de aguda contradicción entre el papel de los gobiernos como garantes del orden y el rol de las fuerzas políticas gobernantes como dirección de los procesos de cambio.
Los procesos venezolano y boliviano mostraron momentos de aguda contradicción entre el papel de los gobiernos como garantes del orden y el rol de las fuerzas políticas gobernantes como dirección de los procesos de cambio. Dichos procesos se desenvolvieron en los límites (continuamente forzados y desbordados, pero no traspasados) de los capitalismos periféricos. Sin embargo, su función no fue esencialmente restauradora, sino de transformación con contenido democrático-radical (en Venezuela al menos hasta el proceso de reforma y referéndum constitucional de 2007; en Bolivia hasta la clausura del proceso constituyente en 2009).
El kirchnerismo, por el contrario, persiguió la incorporación política de la clase obrera y de los grupos sociales desafiantes en los límites de un proceso de recomposición de la acumulación y de la dominación sin reversiones radicales de la restructuración del capital y del Estado acometida durante los años 1990. Allí radican los límites y contradicciones de la estrategia política kirchnerista.
Contradicciones y límites del modo de acumulación
La ofensiva neoliberal contra la clase obrera y los sectores populares de la década de 1990 transformó radicalmente el capitalismo argentino. En el plano de la acumulación de capital, significó la reorientación exportadora del gran capital industrial y la transformación tecnológica de la producción agropecuaria. El resultado fue una dinámica de acumulación dependiente de la exportación de productos agroindustriales e industriales de bajo valor agregado y la resolución de la contradicción entre burguesía industrial y burguesía agroexportadora. También implicó una fuerte internacionalización de la propiedad y de la lógica de acumulación del capital local en virtud del rol que tuvo la inversión extranjera en la reestructuración productiva. Y una mayor dependencia financiera de la acumulación: endeudamiento público para financiar desequilibrios y endeudamiento privado para financiar inversiones pero, sobre todo, como medio de «valorización financiera» del capital.
Ese arbitraje entre inversión productiva y especulación financiera permite a la gran burguesía maximizar beneficios y reducir la exposición a las crisis recurrentes de la economía argentina. Su resultado fue la interpenetración y la asimilación de comportamientos de capital nacional y extranjero y de capital productivo y financiero. En síntesis, se consolidó una dinámica de acumulación más expuesta a los vaivenes del comercio mundial de commodities, más vulnerable a la volatilidad financiera y con una persistente tendencia a la restricción externa al crecimiento, en el contexto de un capitalismo más internacionalizado y con menores márgenes de acción para los Estados nación. Hay que añadir también la sólida unidad de las distintas fracciones del gran capital en torno a los fundamentos del modo de acumulación. Todo ello implicaba límites estrechos para una estrategia de construcción de consenso basada en la satisfacción de demandas populares.
Desde 2003, la dinámica de acumulación sufrió transformaciones; pero el nuevo ciclo expansivo se desarrolló, en lo fundamental, sobre la base de la restructuración de los años 1990. La mejora de los términos de intercambio –el ciclo de aumento del precio de los commodities iniciado en 2002– y la devaluación inicial del peso posibilitaron niveles de superávit comercial suficientes para reducir la dependencia financiera y postergar las tendencias al desequilibrio externo. Sin embargo, dichas tendencias siguieron actuando, y reemergieron a partir de 2011. Si bien se desarrolló un proceso de sustitución de importaciones industriales, este no revirtió la pérdida de peso de la industria en la estructura económica y profundizó su estructura dual. Por último, la acumulación de capital tuvo un carácter predominantemente extensivo, lo que explica la rápida caída del desempleo entre 2003 y 2007 (aunque, más allá de ese punto, el crecimiento del empleo privado se ralentizó).
Rápidamente, las mismas condiciones que posibilitaron una intervención desde el Estado orientada a la incorporación política y a la satisfacción gradual de demandas populares –tipo de cambio alto, precios elevados de las mercancías de exportación, costos salariales iniciales históricamente bajos, acumulación predominantemente extensiva– le impusieron tendencialmente límites a través de la inflación, el alza de salarios, la apreciación cambiaria y el agotamiento de los superávit gemelos. En un primer momento, dicha intervención encontró un límite en la tendencia de la acumulación de capital a reproducir una estructura económica y social dual que impuso un piso a la reducción de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el empleo precario.
Todo intento de perforar esos pisos llevó al agravamiento de los desequilibrios económicos. Pero, finalmente, más allá de 2011, la restricción externa al crecimiento apareció como un límite infranqueable al desarrollo de la acumulación y, por lo tanto, a la aparente autonomía del Estado con respecto a la acumulación de capital. La crisis de la acumulación capitalista disolvió el fundamento mismo de la intervención estatal «autónoma», y el déficit fiscal y externo presionaron por un ajuste que pareció cada vez más urgente en la medida que el Estado perdía capacidades institucionales. En ese último período, al estancamiento económico correspondió una crisis de la estrategia política que se limitó a una posición defensiva de posposición del ajuste y, finalmente, desde 2014, a evitar el estallido de la crisis.
Contradicciones y límites de la forma de Estado
Donde más avanzó la transformación kirchnerista fue en la disolución de los pilares del Estado neoliberal: suprimió la independencia del Banco Central, subordinó el ala económica del gobierno a su sector político y, por esa vía, transformó la tendencia de largo plazo al desplazamiento de poder desde el poder legislativo al poder ejecutivo en un medio para repolitizar la intervención del Estado en la lucha de clases. Además, desde 2009 avanzó en la recentralización y universalización de la política social y, aunque limitada y parcialmente, también en procesos de restatización de empresas privatizadas.
Sin embargo, su intento de institucionalizar la relación de fuerzas alumbrada por la insurrección de 2001 a través de un nuevo dispositivo estatal fracasó. El intento de reorganización del aparato de Estado sobre la base de la reestructuración capitalista de los años 1990 condujo a la agudización de la contradicción entre economía y política y atizó el enfrentamiento con las fracciones dominantes del capital local. Por un lado, la (re)producción de una sociedad dual se tradujo en una segmentación de los mecanismos de institucionalización de demandas: negociaciones colectivas para el sector formal de los asalariados a través del Ministerio de Trabajo, asistencia social centralizada a través de la Asignación Universal por Hijo, ampliación de la cobertura previsional y asistencia social focalizada en el núcleo duro del desempleo (precarizados y desempleados) a través del Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, los insuficientes aumentos de productividad tradujeron como inflación alta y persistente los intentos de transformar las demandas obreras y populares en expansión de la demanda agregada. El resultado fue la desorganización del Estado neoliberal y la configuración de un keynesianismo trunco.
Contradicciones y límites del modo de dominación política
Las dificultades para institucionalizar las relaciones de fuerza dan cuenta de los problemas que el kirchnerismo enfrentó a la hora de construir una hegemonía. Y ello nos lleva al muy trillado tema del populismo.
El núcleo del fenómeno populista en América Latina es la incorporación política de grupos sociales movilizados y políticamente excluidos en contextos de transformaciones aceleradas y de crisis de hegemonía. Su desarrollo en los años 1940 y 1950 del siglo XX dio cuenta de ese tipo de fenómenos y de allí la ambivalencia de esos movimientos: su tendencia en el gobierno a (re)construir variedades integradoras de capitalismo y, en la medida en que dicha integración fracasa, a transformarse en expresión del desafío popular. Frente a la imposibilidad de integrar o canalizar estatalmente el conflicto –núcleo de una hegemonía– el problema de la dominación se resuelve desplazando el antagonismo capital/trabajo espacialmente (oposición pueblo–antipueblo) y temporalmente (de lo que es síntoma privilegiado la inflación). Si bien lo aleja del centro del sistema, este modo de dominación (re)produce el conflicto social. Por esa razón, las clases dominantes latinoamericanas solo han tolerado de mala gana a los gobiernos nacional-populares en los momentos de crisis aguda, ya que no ven en esos movimientos más que la forma bastarda de un desafío popular que no logran conjurar.
El núcleo del fenómeno populista en América Latina es la incorporación política de grupos sociales movilizados y políticamente excluidos en contextos de transformaciones aceleradas y de crisis de hegemonía.
En Argentina el peronismo se caracterizó por ser el modo de constitución de la clase obrera como sujeto político heterónomo a través de la incorporación política del movimiento obrero. Y ello no pudo sino dejar marcas en los modos de acción y organización de los sectores populares. El kirchnerismo movilizó esas prácticas e imaginarios enfrentando un mundo popular más heterogéneo, producido por la ofensiva neoliberal que se desplegó desde 1976, y una clase dominante unida en torno a la defensa de las posiciones conquistadas y amenazadas desde 2001.
Agotamiento de la estrategia: los límites de la voluntad política
Hasta aquí lo que emerge es la contradicción entre una estrategia de construcción de consenso basada en la integración de demandas populares y los límites impuestos por la reestructuración capitalista de los años 1990, sobre cuya base se desplegó aquella estrategia sin intentos serios de revertirla. Ello nos devuelve al planteo inicial: la falta de radicalidad –en comparación con otros procesos latinoamericanos, como el venezolano e incluso el boliviano– de las transformaciones impulsadas por los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, detrás de esa falta de radicalidad asoma la relación de fuerzas alumbrada por la insurrección de 2001.
La insurrección de 2001 puso un límite a la ofensiva neoliberal contra la clase obrera y los sectores populares y rompió el dispositivo de dominación articulado en torno al régimen de convertibilidad monetaria. Pero la recomposición de la capacidad de acción y organización popular no revirtió los efectos de las derrotas de 1976 y 1989, que fragmentaron y desorganizaron a la clase obrera. Suficiente para frenar la ofensiva, insuficiente para impulsar transformaciones más profundas, la estrategia kirchnerista le dio forma política a esa relación de fuerzas y se desarrolló sobre ella, aunque sin ir más allá.
Y ese «no ir más allá» nos lleva al problema de la voluntad política. La voluntad política no reside en dirigentes individuales ni en la determinación para la acción de grupos de militantes (o, al menos, no solo en ello). La voluntad política existe a través de los modos de organización política, es decir, es un hecho hasta cierto punto objetivo. El kirchnerismo fue la estrategia de reorganización del peronismo para volver al gobierno, como lo fueron en los años 1980 la renovación peronista y en los años 1990 el menemismo.
Los límites de la voluntad política del kirchnerismo fueron los límites de la coalición política sobre la que se sustentó.
Los límites de la voluntad política del kirchnerismo fueron los límites de la coalición política sobre la que se sustentó. En cada enfrentamiento con la clase dominante, la ruptura o amenaza de ruptura de esa coalición debilitó la capacidad de respuesta del gobierno. Desde 2012, el estancamiento económico y la crisis de la estrategia política erosionaron su base popular. De modo que –especialmente desde 2008– una clase dominante desafiante en el escenario público, y capaz de ampliar su base de apoyo hacia una clase media de tradición antipopulista, fracturó y erosionó con su acción al kirchnerismo. En 2014, con la formación del Foro de Convergencia Empresarial, la clase dominante pasó del bloqueo a la construcción de una respuesta a la crisis. El programa de ajuste y reestructuración se articuló políticamente a través de Cambiemos, la alianza política que llevó al gobierno a Mauricio Macri.
El kirchnerismo después del kirchnerismo
Hablar de agotamiento de la estrategia kirchnerista no es antojadizo. Las condiciones globales que la hicieron posible empezaron a morir después de la crisis mundial de 2008, y la dinámica de la relación de fuerzas sobre la que se desarrolló lo hizo también a partir de la contraofensiva de la clase dominante iniciada el mismo año. Finalmente, la desestructuración de la coalición política peronista que lideraba abrió de nuevo la disputa al interior del peronismo sobre su reorganización para volver al gobierno.
Sin embargo, el período abierto con el ascenso de Macri al gobierno puso de manifiesto dos aspectos interrelacionados: la consolidación de una identidad kirchnerista y el hecho de que, agotada la estrategia kirchnerista posconvertibilidad, el kirchnerismo dejó de ser una etapa del peronismo para pasar a ser solo una parte de él.
El kirchnerismo en la oposición mostró la vitalidad y la potencia de una identidad política construida alrededor de los rasgos neopopulistas o nacional-populares antes señalados. Como movimiento político opositor, fue capaz de articular la movilización popular contra el gobierno; por lo tanto, a diferencia de lo que sucedió en 2003, se convirtió en su dirección. Sin embargo, en esa función puso de manifiesto su orientación a institucionalizar la movilización y su carácter de opción estratégica del peronismo.
La primera se hizo patente después de los enfrentamientos callejeros del 14 y el 18 de diciembre de 2017, cuando se enfrentó al dilema de apostar por la radicalización de la lucha popular o encauzar institucionalmente las demandas en la lucha electoral. La opción elegida –desmovilizar para encauzar institucionalmente la lucha política– mostró, además, la capacidad de dirección del movimiento popular que ostentaba el kirchnerismo como fuerza política y su grado de cohesión interna.
Su carácter de opción estratégica del peronismo se puso de manifiesto en la conformación del Frente de Todos. Pero eso implicó que, una vez llegado el Frente de Todos al gobierno, el kirchnerismo se convirtió en una parte de esa coalición política y ya no su síntesis. El Frente de Todos reúne los pedazos de la coalición que el kirchnerismo supo liderar y, por ello, articula a aquellos sectores conservadores, que expresaron dentro y contra el kirchnerismo las posiciones de la gran burguesía, con los movimientos sociales que se movilizaron contra Macri y se desmovilizaron luego para integrarse al nuevo armado político.
En un contexto de presión redoblada por el ajuste y la restructuración, la pregunta es si el kirchnerismo será un factor de agudización de las contradicciones del Frente de Todos o el medio de disciplinamiento y desmovilización que viabilice esas políticas regresivas.
