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Pazo de Meirás en Sada (La Coruña), ahora propiedad del Estado. (Foto: Wikimedia Commons)

La gestión del pasado traumático en España

La historia no es única ni objetiva. Dar la batalla por el relato, que hace al pasado pero también –sobre todo– al presente, es una tarea urgente.

El pasado 10 de diciembre el Pazo de Meirás dejó de ser propiedad de la familia Franco para pasar a ser patrimonio del Estado. Una transmisión celebrada y esperada desde que el pasado mes de septiembre la justicia declarara la nulidad de la donación efectuada en 1938 al autoproclamado jefe de Estado. La noticia llegó en un momento en que la batalla por el relato del pasado y los escasos avances en materia de verdad, justicia y reparación han situado la gestión del pasado traumático en un debate de primer orden dentro del sistema mediático español.

La devolución del Pazo de Meirás puede marcar un punto de inflexión, además, en las lecturas políticas que se deriven: por primera vez, el foco mediático se sitúa sobre la represión económica, el expolio, la usurpación y la explotación laboral auspiciada y dirigida por la dictadura y sus adscritos. Las consecuencias que pueda acarrear a medio plazo son aún desconocidas. Por lo pronto, la familia Franco ha presentado una querella por un supuesto delito de odio contra diversos periodistas e investigadores que estudian el enriquecimiento familiar y un Juzgado de Madrid la ha admitido a trámite.

A 45 años de la muerte del dictador y en un contexto gubernamental proclive a la verdad, la justicia y la reparación, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer? ¿Cuáles son los principales retos que afrontan las instituciones, los movimientos memorialistas y la sociedad en general? Intentaremos acercar una panorámica general de la realidad de la lucha por la memoria democrática en el Reino de España.

¿Qué fue el franquismo?

Más allá de los complejos debates y avances historiográficos sobre la naturaleza o evolución del franquismo, la sociedad española no ha asumido todavía hoy un relato compartido en términos mayoritarios. La coexistencia de diferentes memorias emblemáticas, la indefinición institucional y el silencio impuesto durante cerca de 60 años han dificultado la asunción pública de los debates pertinentes en sociedades democráticas que deseen gestionar y reparar el pasado traumático.

En la realidad española todavía se convive con el negacionismo en algunos reductos sociales, con la apología del franquismo institucionalizada en la esfera pública y con el legado del dictador como elemento organizador de la vida política, social y económica del Estado.

Durante las últimas décadas, la eclosión de las luchas sociales por la memoria democrática –esencialmente vinculadas a la recuperación de los desaparecidos o al derecho a la información– y la investigación historiográfica han avanzado de manera conjunta. En términos historiográficos, y simplificando al extremo este largo y complejo proceso de transformación, se podría decir que se ha pasado de unos estudios cuantitativos con gran atención a las cifras globales hacia nuevos marcos centrados en aspectos concretos y parciales del poliédrico universo represivo. En términos sociales, se ha avanzado de una añoranza explícitamente politizada, uniforme y marginal hacia un escenario de hegemonía social relativa del discurso memorialista: una realidad en que una mayoría social asume las reivindicaciones del movimiento memorialista y entiende que hay acciones que deben impulsar las instituciones y no pueden esperar más. Pero, ¿cuáles son estas reivindicaciones?

Es importante hacer notar que este proceso ha ido de la mano de la progresiva desaparición del legado político. Dilucidar los motivos que han llevado a ello no es una tarea sencilla. La delimitación y la concepción del pasado traumático se ha transformado en las últimas décadas: de una «guerra entre los demócratas y los fascistas» o una disputa «entre la transformación (o revolución) social y el fascismo» a un «drama humanitario», un «error colectivo» o un «episodio trágico» que rompía con la ejemplarizante historia patria, caracterizada por el consenso en torno a la construcción de un Estado democrático sin antagonismos internos, edificado sobre la superación de desacuerdos siempre consensuales.

Así, se nos presenta la Guerra Civil como un proceso que carece de aprendizajes, de valores, propuestas o lecturas para el presente. Un conflicto fratricida que debe ser extraído de su contexto para comprender su profundidad, se argumenta. Una realidad sin víctimas ni victimarios, sin proyectos económicos ni de justicia social, sin pueblo ni oligarquía, sin vencedores ni vencidos. Un error. Un pasado que olvidar. «Un largo periodo de enfrentamientos y divisiones», en palabras del actual monarca Felipe VI. Un relato que ha crecido en importancia y centralidad al tiempo que el pasado traumático irrumpía en la agenda pública y ocupaba espacio mediático.

Políticas de memoria: entre la propaganda y la inacción

En octubre de 2007, tres años después de su anuncio, el Parlamento español aprobaba la ley por la que se reconocen y amplían derechos así como se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.  Promulgada como Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la norma respondía a las demandas del creciente movimiento memorialista que venía reivindicando desde mediados de los años 90 la necesidad de poner límites a la impunidad de la dictadura, de incentivar y financiar la investigación académica y la recuperación de los desaparecidos, y de generar mecanismos e instrumentos de concienciación social de los efectos de la Guerra Civil y la represión franquista.

Nacida, según sus promotores, con la vocación de integrar y materializar las demandas de las víctimas del franquismo y «sentar las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática», su articulado final causó un importante rechazo en la sociedad. Más allá de las previsibles críticas del conservadurismo español, buena parte del movimiento memorialista mostraba su disconformidad con la timidez y la falta de ambición de la norma.

Según la propia Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica, «la ley no da satisfacción a los tres elementos que conforman los programas de justicia de transición de las dictaduras a los regímenes democráticos: verdad, justicia y reparación». En palabras de David Becerra, autor de La Guerra Civil como moda literaria, la ley se inserta y «reproduce la lógica ahistoricista y despolitizada». Y prosigue: «la Ley 52/2007, a todas luces insuficiente, no pretendía establecer una ruptura con el pasado, que pusiera fin a los privilegios de los que gozan, todavía hoy, los vencedores de la Guerra Civil, sino que perseguía, más bien, el reforzamiento del modelo de convivencia constitucional de la transición».

Si bien su entrada en vigor representó un punto de inflexión en la movilización social y la lucha contra la impunidad de la dictadura, su alcance se sitúa, todavía hoy, lejos de las promesas de sus promotores. A la Ley 52/2007 le sucedieron, prácticamente una década después, las diferentes leyes autonómicas que venían a centrar e implementar la normativa estatal y corregir sus errores y problemas.

Pese a todo, 13 años después gran parte del proyecto legislativo sigue siendo papel mojado. Por un lado, la impunidad de los victimarios sigue garantizada con la acción u omisión de los diferentes gobiernos, del mundo mediático y del poder judicial. Por el otro, los avances en cuanto a recuperación de desaparecidos o de atención a familiares y víctimas de la dictadura siguen siendo ínfimos. Nadie duda, pues, de que si tibia era su propuesta, prácticamente nula ha sido su implementación.

Una dinámica solamente alterada por la producción cultural y propagandística: exposiciones, ciclos de conferencias, producciones audiovisuales, actos públicos o la implicación simbólica de personalidades del mundo de la cultura o la política han jugado en los últimos años un papel importante en la difusión de la reivindicación de la memoria democrática. Pudiera parecer, pues, que hay quien se conforma con la batalla cultural para combatir la falta de reparación material real.

Sin embargo, la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos –pese a la no reconversión del espacio– en octubre de 2019 y la presentación del nuevo Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática estas últimas semanas (obviando sus evidentes límites y contradicciones) representan, sin duda, buenas noticias que vuelven a esperanzar a la sociedad en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

Hacia un horizonte reparador, hacia un proyecto emancipador

La gestión y trasmisión del pasado traumático en sociedades marcadas por el dolor, el silencio y la resignación es un proceso altamente complejo. Detrás de la virulencia argumentativa y la confrontación parlamentaria, la realidad española esconde una profunda fractura social en torno a las lecturas del pasado que vehiculan las identidades individuales y colectivas actuales. Pero, más allá, esconde una realidad construida sobre el dolor, el expolio, la muerte y la represión. Una realidad que es pasado, pero que también es presente. La asimilación del pasado traumático como un «error colectivo» conlleva la impunidad política, social, cultural y económica de los victimarios. Y, con ella, la ausencia de responsabilidad y posibilidad de reparación.

La actualidad del franquismo es hoy explícita y plural. Desde la Jefatura del Estado a distintos órganos judiciales, pasando también por estructuras militares. Del silencio y el miedo de los comprometidos a los miles de cuerpos esperando ser recuperados por sus familiares y sus seres queridos, pasando por las fortunas amasadas mediante la extorsión, el expolio y el robo por los fieles al franquismo en todos y cada uno de los pueblos del Estado. De los grandes aristócratas y burgueses, de las grandes familias propietarias, quienes financiaron y auspiciaron el golpe militar, a quienes se beneficiaron durante décadas de su victoria.

Por eso, centrar el debate vuelve a ser tan importante: para evitar discutir sobre la ilegalización de fundaciones –minoritarias y marginales– que reivindican la figura de Franco mientras sus herederos y favorecidos siguen ostentado la Jefatura del Estado, la dirección de las grandes empresas y los principales resortes de poder, formal e informal.

Construir un horizonte reparador debe empezar, necesariamente, por la construcción de un nuevo marco de debate que integre distintos sectores y agentes sociales para la consecución de nuevos acuerdos que delimiten nuestra visión compartida del pasado. Una visión que nos permita poner en primer lugar el legado de justicia social, libertad y redistribución de la riqueza que la oligarquía y el ejército pretendieron enterrar mediante una Guerra Civil y una larga dictadura.

Partimos de la concepción de que la represión franquista tuvo un carácter genocida, que jugó un papel crucial en la evolución y configuración de la sociedad posterior. Mediante la eliminación sistemática de la disidencia perpetrada tras el golpe de 1936, se buscaba anular las demandas sociales transformadoras que estaban logrando importantes cotas de poder y apoyo social, y que hacían peligrar la posición privilegiada de la oligarquía española.

Así pues, la represión franquista, entendida como genocidio, tiene unos efectos en la memoria colectiva tanto sobre los propios fenómenos represivos como sobre la movilización política y social anterior y posterior. Es necesario situar la represión y la violencia como la columna vertebral del nuevo régimen y entender la eliminación y desactivación de la disidencia como uno de los pilares fundamentales en la edificación y la solidez del nuevo orden. A nuestro juicio (y entendemos que sea un punto de debate y discrepancia) la eliminación de la disidencia y el enemigo interno, la represión económica y la apuesta cultural por la construcción de un régimen sustentado sobre la inexistencia de alternativas no es una característica más del franquismo, sino uno de sus pilares fundamentales. Su columna vertebral.

Nos encontramos hoy ante un reto de enormes dimensiones: aunar esfuerzos y trabajos para reconducir la gestión del pasado traumático y encuadrar una nueva memoria emblemática que sume las garantías de no repetición y alimente un relato emancipador. Superar el relato mayoritario, que pese a poner encima de la mesa la reparación (parcial y simbólica) de las víctimas o de sus familiares y pese a remarcar la necesidad de vaciar las cunetas y rendir reconocimiento a los miles de desaparecidos, limita el impacto de las consecuencias de la Guerra Civil en la actualidad y elimina el sustrato político de los pasados traumáticos.

Se nos intenta presentar con entusiasmo una nueva neutralidad que esconde claves importantes para la comprensión del pasado y para la educación en derechos humanos y valores democráticos de las nuevas generaciones. Un relato que sitúa en pie de igualdad y como «bandos en guerra» un gobierno democrático con un proyecto de modernización, transformación social y redistribución de la riqueza y una oligarquía antidemocrática sustentada sobre una parte del ejército que conspiró, inició el conflicto bélico y, con la ayuda internacional, venció al gobierno legítimo. Se trata de una historia que oculta la eliminación sistemática de importantes sectores sociales una vez acabada la guerra, que silencia los efectos de la represión económica y la consolidación de una nueva élite que, todavía hoy, domina el mundo empresarial.

Nos encontramos en un momento clave en el que se nos presentan dos opciones: empujar en un nuevo ciclo de expansión de la memoria democrática, aun sabiéndola parcial, interesada y conservadora o exigir y construir un nuevo marco de análisis que, desde el presente y de manera estructural, ponga frente al espejo el franquismo, sus responsables y sus pervivencias en nuestra sociedad.

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