El triunfo electoral de Nayib Bukele en febrero de 2019 representó un sacudón dentro del escenario político salvadoreño, hasta ese entonces dominado por los dos principales actores herederos del conflicto armado y que condujeron al país hacia la vida democrática desde 1992. El empate histórico entre el partido tradicional de la oligarquía, ARENA, y la ex guerrilla del FMLN, fue roto por la emergencia de un nuevo actor político, una tercera fuerza que camina a consolidar sus posiciones en la próxima elección de 2021.
La derrota del FMLN, que gobernó el país entre 2009 y 2019, representó además la profundización de la crisis al interior del proyecto histórico de los sectores populares y de la clase trabajadora. El que fuera la herramienta de lucha del pueblo quedó relegado a un tercer puesto en las pasadas elecciones, luego de 10 años en el poder. En la actualidad, la legitimidad del FMLN como vector popular aparece fuertemente cuestionada por buena parte de su base social.
El triunfo de Bukele debe ser entendido como una ruptura de la población con la conducción política de los últimos 30 años, más que con el sistema político en sí. El presidente ha logrado articular una narrativa centrada en una épica electoral que pasa por derrotar a ARENA y al FMLN, «los mismos de siempre», con lo que ha logrado hacer sentir a su electorado parte de algo histórico.
La popularidad lograda por el autodenominado «presidente más cool del mundo» es alta, como lo reflejan distintas encuestas, que le dan una aprobación mayor al 80%. Bukele ha construido un estilo de gobernar centralizado en su figura, cuidando cada detalle de su imagen y controlando cada una de sus apariciones en público o en televisión. Esa alta tasa aprobación es su principal bandera para avanzar en la búsqueda de centralizar el poder, polarizando con aquellas instituciones que no controla, como la Sala de lo Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH) y la Asamblea Legislativa, la cual llegó incluso a militarizar, el 9 de febrero de 2020.
Desde su llegada a la casa presidencial, Bukele ha intentado mostrarse como un líder al que no le tiembla la mano. Apela constantemente a imágenes religiosas y otorga un rol central a los militares como sujeto político y referencia moral del cambio propuesto por su gobierno. Pese a sus arrebatos institucionales y estilo confrontativo con las instituciones democráticas, su gobierno no se ve cuestionado por grupos de poder. Y es que no es secreto que durante su gestión ha contado con el apoyo de Trump, la OEA, así como la aceptación tácita del gran empresariado y buena parte de las iglesias evangélicas.
El joven presidente se presenta como una apuesta potable para dar salida a la crisis de representatividad que vive el país, pues lo que está en disputa en El Salvador no es el modelo, sino un cambio dentro de la élite política.
Entre la paz y el neoliberalismo
Para comprender el momento político actual en El Salvador es necesario situarnos de manera contextual en la historia más reciente, sobre todo de los últimos 40 años. Durante la década de los 80, el país se vio inmerso en un conflicto armado en que la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desafió el poder del Estado salvadoreño, compuesto por una alianza militar -oligárquica respaldada por la agenda imperialista y anticomunistas de Estados Unidos. La guerrilla del FMLN fue una de las más grandes de la región y su principal cualidad estuvo en la articulación de un movimiento gremial-social-popular con una fuerza político militar.
De no ser por la intervención estadounidense, el FMLN quizás habría podido tomar el poder. En la medida que el conflicto avanzaba, esta posibilidad se fue cerrando y decantando hacia una estrategia de una salida dialogada. Así, en 1992, en el castillo de Chapultepec, los comandantes de las 5 fuerzas originales que dieron vida al FMLN firmaron un acuerdo de paz con el Estado salvadoreño que puso fin a 12 años de guerra.
A nivel social y político, los acuerdos representaron algunas conquistas importantes, como la desmilitarización de la política, la creación de instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos, las garantías a derechos claves como la libertad de expresión, de prensa y de organización. Por otra parte, puso límites a la concentración de tierra y garantizó una reforma agraria orientada a beneficiar a las comunidades desplazadas y los sectores desmovilizados, tanto del ejército como de la guerrilla.
Quizás una de las principales deudas que dejó la firma de los Acuerdos de Paz fue la de no habilitar un espacio más profundo para la discusión del modelo económico. Mientras el movimiento popular realizaba su vuelta a la vida ciudadana sin armas, que incluyó el despliegue de iniciativas de reinserción laboral y productiva, el gran empresariado, liderado por el tanque de pensamientos FUSADES y su brazo político ARENA, llevaba a cabo el plan económico para reconstruir el país.
Y es que hablar en El Salvador de democracia es también hablar de neoliberalismo, como dos procesos que ocurrieron en simultáneo.
Durante 17 años, desde la firma de los Acuerdos, la derecha neoliberal ejecutó un programa basado en la privatización de servicios y activos estratégicos, dolarización de la economía, apertura del comercio exterior, privatización del sistema de pensiones (tomando un modelo similar al de Chile) y avanzando sobre los cuerpos de las mujeres a través de la prohibición total del aborto.
A inicios del siglo XXI, el FMLN, liderado entonces por Schafik Hándal, logró configurar alrededor de su proyecto una amplia estrategia de concertación de fuerzas sociales para enfrentar el ajuste neoliberal. Sin embargo, no sería sino hasta 2009 —en una alianza que incluyó a sectores moderados de la izquierda salvadoreña y empresarios emergentes— que el FMLN llegaría al gobierno, de la mano del periodista Mauricio Funes.
Como un espíritu de época, el FMLN se alineó en lo discursivo y en lo geopolítico a los gobiernos progresistas de la región. En el caso de Funes, su referente fue Lula Da Silva, con quien contaba con una amistad previa a su llegada a la presidencia. La primera gestión del Frente le permitiría aspirar a un segundo periodo, en que Salvador Sánchez Cerén, excomandante de la guerrilla, más cercano a la línea ALBA, llegaría a la presidencia de la república.
Durante los 10 años de gestión, el FMLN avanzó en una reforma de salud que tenía como base reforzar la primera línea de atención comunitaria; también logró recuperar la planificación estatal como instrumento para el desarrollo y la política social como herramienta para minimizar los efectos de la pobreza y la exclusión.
A diferencia de otros progresismos de la región, no obstante, en El Salvador no se vivió un boom económico como el visto en los países del Sur, donde el alza en los precios de los commodities permitieron aumentar la base tributaria para reforzar la política social. De hecho, la prohibición de la minería metálica fue una de las grandes victorias del movimiento social durante esos años.
Frente a esto, el FMLN intentó avanzar en varias ocasiones en una reforma fiscal progresista, pero la derecha hizo uso de todo su aparato legal y mediático para ponerle freno. Quizás buena parte del desgaste del FMLN radique en que no logró avanzar en mejorar las demandas de empleo ni resolver el problema de la violencia social, los principales factores que empujan a cientos de salvadoreños y salvadoreñas a migrar.
Para garantizar la gobernabilidad, el FMLN buscó alianzas con sectores del empresariado nacional que no formaban parte de la oligarquía tradicional, y con la derecha escisión de ARENA, representada en la Gran Alianza por la Unidad (GANA). Uno de esos empresarios era Nayib Bukele, quien llegaría a la política tras ganar la alcaldía de un municipio pequeño al sur de San Salvador.
Desde su triunfo en el municipio de Nuevo Cuscatlán, la popularidad del Nayib no pararía de crecer, y acabaría por catapultarlo a ser alcalde de San Salvador, la capital, desde donde se convertiría en un perfil presidenciable. Sin embargo, desde un sector importante del FMLN hubo una oposición fuerte a su candidatura, por su agenda más centrada en un interés corporativo.
Bukele terminaría expulsado luego de que en 2017 agrediera verbalmente a una compañera, lanzándole una manzana y llamándola bruja, algo que se puede escuchar en un audio que se viralizó. Además, luego de que su candidatura fuera vetada, realizó una serie de críticas al partido y llegó a asegurar que El Salvador no tenía presidente. Tras la expulsión, el camino para buscar la candidatura por otro partido estaba listo.
Imaginarios en disputa
Alrededor de la creación de una épica que busca plantear la próxima elección en los mismos términos que la de 2019, aparece un doble juego en el que la idea de que el pueblo está «cambiando la historia» debe necesariamente distanciarse de los imaginarios de lucha y las conquistas previas. La narrativa de Bukele ha sido muy cuidadosa en alejarse y trivializar momentos históricos, como la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, el conflicto armado en la década de los 80, las movilizaciones antineoliberales de la posguerra o la lucha por justicia que llevan a cabo organismos de derechos humanos.
Esta apuesta por la desmemoria ha generado un distanciamiento del pueblo con su tradición de lucha, la cual quedaría reducida a sacar en 2021 a «los mismos de siempre». El desgaste del FMLN como instrumento político de esa lucha también ha contribuido a profundizar la crisis dentro del proyecto histórico del pueblo salvadoreño, que en buena parte deposita sus expectativas en que el cambio de gestión pueda dar lugar a alguna de sus demandas.
Frente a este escenario, la izquierda salvadoreña enfrenta uno de los momentos políticos más complejos tras la firma de los Acuerdos de Paz. Todavía golpeada por el descontento hacia su gestión, con los imaginarios revolucionarios en crisis y en medio de una fuerte campaña de desprestigio (en la que la equiparación con la derecha neoliberal y oligárquica de ARENA ha dado resultados incluso entre votantes de izquierda), el FMLN camina hacia una elección con todo en contra y de la que posiblemente salga con una bancada legislativa mucho más reducida, perdiendo influencia.
Hacia una transición en la izquierda
Si bien tras la derrota de 2019 el FMLN realizó cambios en su dirigencia (lo que llevó a Oscar Ortiz, de tendencia moderada, a ocupar el cargo de Secretario General, relevando a Medardo González), lo cierto es que el partido no termina de definir sobre qué bases plantea una transformación. Para avanzar en esto, el FMLN debe primero purgar sus errores del pasado, avanzar en un programa de reivindicaciones claras, generar propuestas de gestión pública concretas y reconstruir el vínculo con el movimiento social, algo que todavía parece lejano.
Por su parte, desde los movimientos sociales y el progresismo comienzan a articularse esfuerzos por generar espacios de encuentro y de lucha, como el de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP) surgida en diciembre del año pasado, pero alrededor de la cual todavía no se vislumbra la opción de un instrumento político-electoral. Sin embargo, de a poco se ha ido constituyendo desde los movimientos una oposición crítica al gobierno de Bukele y sus medidas, luego de que una buena parte le diera el beneficio de la duda al llegar al poder.
Durante los últimos meses, en reiteradas ocasiones, también los movimientos han sido blanco de ataques mediáticos por parte del presidente, en especial las organizaciones de derechos humanos y feministas, a quienes acusó de responder al FMLN y a una agenda desestabilizadora. En meses recientes, también ha recuperado las teorías conspiratorias respecto a la figura de George Soros, siguiendo el manual de Steve Bannon.
Parte de los ataques que Bukele ha realizado al movimiento social son una respuesta a su negativa a abrir los archivos militares en el caso de El Mozote, avanzar en proyectos residenciales y turísticos con fuerte impacto ambiental, como Ciudad Valle el Ángel y en el proyecto «Cancún El Salvador», considerado sitio RAMSAR, en la costa salvadoreña. Desde su llegada al gobierno, Nayib dio vía libre a proyectos cuyos impactos ambientales son altos, liberando permisos y reduciendo presupuesto a la dirección encargada de la evaluación de proyectos ambientales. Tampoco ratificó el acuerdo de Escazú, que establece una serie de compromisos para el cuidado de los ecosistemas.
Aunque discursivamente al gobierno le ha sido fácil meter en la misma bolsa a toda la oposición, lo cierto es que lo que prima es una atomización de la izquierda y el progresismo. Esto hace que las acciones realizadas por la oposición sean principalmente canalizadas por la derecha tradicional, ARENA y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que aparece como el partido más a la derecha del espectro político. El surgimiento de nuevos partidos de «centro» tampoco representa una alternativa, pues en ellos se encuentran figuras ultraconservadoras o liberales con agenda privatizadora del agua.
De ahí que el desafío estratégico para las izquierdas y los progresismos pase por articular un espacio amplio y plural. No se trata de construir una «alianza anti-Bukele» con la derecha más retrógrada. Se trata de impulsar una nueva confluencia que se erija como herramienta de lucha para resistir al autoritarismo, a las políticas neoliberales y permita sostener un programa mínimo de reivindicaciones, apelando además a nuevos sentidos e identidades.
Consolidar una oposición que corra por la izquierda de Bukele pero que también dispute con la derecha tradicional será clave para recomponer el proyecto histórico y construir una alternativa progresista y popular. Un proyecto que pueda trascender las visiones meramente electorales y que pueda entender la lucha en un sentido más amplio.
Parafraseando a Álvaro García Linera, hay que tomar conciencia que la verdadera derrota es perder la iniciativa, quedarse sin horizonte, entregar las banderas. Y ese es un lujo que no podemos darnos.
