Para diciembre de este año corresponde la elección de los miembros de la Asamblea Nacional que debe instalarse a partir del 5 de enero de 2021, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
La Asamblea Nacional es de crucial importancia para los destinos políticos del país, ya que se convirtió en el foco de la agresión imperialista después de la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de 2015 (la segunda en 24 procesos electorales ocurridos desde 1998). El triunfo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), con el 56% de los votos válidos —26% de abstención—, le permitió a la oposición el dominio de las dos terceras partes del parlamento.
A pesar de que se dan dentro del periodo establecido por la CRBV, para su convocatoria el chavismo llegó a un acuerdo con un sector de la oposición en base a las negociaciones adelantadas en Noruega, que incluían la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporando miembros de la oposición, el aumento del número de diputados (de 167 a 277) incrementando el número de diputados por lista (de 22% a 52%) y estableciendo la figura de diputados nacionales.
Las negociaciones en Noruega de aquel entonces, a pesar de haber avanzado en varios puntos, no llegaron a término: los Estados Unidos ordenaron a la oposición retirarse, ya que no se incluía como condición para el acuerdo la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia. Sin embargo, los avances de aquella ocasión se convirtieron en la base del acuerdo actual.
La amenaza imperialista
Los cuatro principales partidos de oposición, alineados con los Estados Unidos, han decidido desconocer la convocatoria a proceso electoral. Juan Guaidó, designado por EE. UU. en enero de 2019 como «presidente encargado» al desconocer el gobierno de Maduro, decidió prorrogar el mandato de los diputados de la Asamblea Nacional elegidos en 2015 a pesar que tal figura, al igual que la del presidente encargado, no existe en la CRBV.
Por lo tanto las elecciones, aún sin haber ocurrido, ya son desconocidas por EE. UU., la Comunidad Europea y los gobiernos del Grupo de Lima, que hacen coro al discurso de intervención imperialista.
Para los opositores al chavismo —incluso algunos que se dicen de izquierda— la amenaza imperialista es un tema secundario, sin importancia. Más aún cuando, después del fracaso del intento de introducir desde Colombia una supuesta ayuda humanitaria en febrero del año pasado, del intento de golpe en abril y de la incursión mercenaria en mayo de este año, la oposición se fraccionó, y las encuestas de la propia derecha colocan a Guaidó con un 85% de rechazo entre los mismos opositores.
Es cierto que se ha utilizado la amenaza imperialista para acallar la crítica de la población a las políticas del gobierno (o la falta de ellas). Pero eso no convierte a la amenaza imperialista en algo menos real.
Hay hechos que no pueden ser pasados por alto. Los partidos opositores y varios de sus miembros son financiados por la National Endowment for Democracy (NED) abiertamente. Dos de los principales partidos, Primero Justicia y Voluntad Popular (de donde proviene Guaidó), fueron creados directamente por el Instituto Republicano Internacional (IRI), rama internacional del Partido Republicano y la CIA.
El problema no es si el gobierno de Guaidó es solamente una oficina en el este de Caracas y no tiene capacidad operativa ni apoyo dentro del país. Se olvida olímpicamente que en los cinco años de dominio de la oposición de la Asamblea Nacional se aprobaron leyes para privatizar la industria petrolera, del hierro y del aluminio; para revertir las expropiaciones de empresas y de tierras ocupadas; para derogar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras así como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; para eliminar la prohibición de la venta privada de los 3 millones de viviendas otorgadas por el Estado a través de la Misión Vivienda.
La Asamblea Nacional aprobó, incluso con el voto de los partidos de derecha que participan en las elecciones, la Ley para la Reconstrucción de Venezuela, que permite la intervención directa del FMI y del Departamento de Estado para el logro de la estabilidad política y económica.
Entonces no se trata solo de la amenaza del gobierno de EE. UU. con la que se ha vivido en los últimos 18 años, ni de la existencia de un fantoche que se cree presidente (lo cual puede resultar hasta folclórico), ni de la amenaza de un golpe de la derecha que ya se hizo costumbre.
Se trata de un gobierno real, con un plan de gobierno concreto, aprobado por los partidos opositores, con apoyo del imperialismo y la UE, para los que esas leyes tienen rango legal. No han sido aplicadas en el país porque no han podido derribar al gobierno de Maduro gracias a la resistencia de un pueblo que, a pesar de las difíciles circunstancias internas y el descontento con el gobierno, ha defendido con uñas y dientes las conquistas de la revolución de 2002 que derrotó al golpe de la burguesía y el imperialismo.
El desconocimiento previo del proceso electoral parlamentario significa la ratificación del programa del imperialismo, que no es otro que el aplastamiento del movimiento de masas y la sujeción de Venezuela como la colonia que fue en ciento veinte años de extracción del petróleo del subsuelo venezolano.
Es bajo el marco legal del gobierno de Guaidó que se han ocupado y vendido empresas en el exterior pertenecientes al Estado venezolano, se han bloqueado y otorgado al gobierno paralelo recursos y oro depositado en bancos en el exterior y se han otorgado propiedades inmobiliarias del Estado venezolano (Embajadas, consulados y otras) para el funcionamiento de la oposición en el exterior.
No es cualquier cosa, no se trata de un tema secundario. Enfrentar la intervención imperialista es la principal bandera de cualquier revolucionario, independientemente de las diferencias con el gobierno de Maduro, al que precisamente se le critica su inconsecuencia con la guerra imperialista. Y es que no se trata solamente de tener un discurso antiimperialista. Lo que se requiere es un programa y medidas concretas contra el imperialismo en el terreno económico, político y militar.
Hoy resuenan nuevamente tambores de guerra. Para el imperialismo, permitir que se realice el proceso electoral parlamentario es un arma de doble filo: una baja abstención significará el cuestionamiento a la política de gobierno paralelo, tanto en Europa como en EE. UU. Ya crecen las voces que cuestionan a Trump en ese sentido.
Con lo maleables que son las tendencias electorales en EE. UU., un golpe mediático con intervención militar en Venezuela nunca está del todo descartado, siempre que no genere complicaciones. Elementos de la realidad política y de la inteligencia militar señalaron el mes de octubre para iniciar nuevas agresiones.
En ese sentido apuntaron las declaraciones del presidente de Colombia Iván Duque, cuando acusó a Venezuela de comprar armamento iraní y de ser la capital del narcotráfico. Partiendo del presidente de un país con nuevas bases estadounidenses y donde se procesa el 80% de la droga que se consume en el norte, puede sonar a chiste. Pero, al igual que Bolsonaro en Brasil, son voceros del Departamento de Estado, y sus dichos nunca son palabras sueltas. Es por eso que la lucha contra la intervención imperialista fue una constante durante la campaña electoral
Una oposición de izquierda
La incapacidad del gobierno para enfrentar las consecuencias de la guerra económica, la impunidad de la acción terrorista de la oposición al servicio de los EE. UU., la corrupción creciente en el gobierno y la aplicación de políticas neoliberales para manejar la restricción presupuestaria producida por el bloqueo y para favorecer a sectores de la burguesía interna buscando congraciarse para la estabilidad política interna han venido generando cada vez más críticas desde las bases del chavismo.
Es un proceso en ascenso que, en los últimos años, y en varias oportunidades, ha sido cortado por la necesidad de enfrentar agresiones de la acción imperialista. El punto más álgido fue en noviembre de 2018, cuando una movilización campesina, en una marcha admirable, recorrió más de 400 kilómetros para llegar a Caracas y, a pesar de todos los obstáculos que le impusieron, hizo una asamblea en el Palacio de Miraflores en presencia del presidente Maduro, tal como lo exigían.
En esa asamblea, las intervenciones de los dirigentes campesinos exigieron cambios en el gobierno y en las políticas hacia el campo, que vienen favoreciendo la burguesía agraria en detrimento de los pequeños productores y las tierras expropiadas al latifundio ocupadas por campesinos. Lamentablemente, un mes después, los EE. UU. proclamaron el gobierno de Guaidó y toda la actividad política se centró en la defensa ante la amenaza de intervención.
Pero las elecciones parlamentarias han servido para que, de nuevo, se expresen los cuestionamientos contra el gobierno, fundamentalmente en la política económica interna pero también en otras decisiones políticas. Se trata de críticas desde las bases, aún en medio de la guerra económica y el bloqueo que mantiene EE. UU. contra Venezuela.
Decenas de organizaciones de base, sindicatos, agrupaciones campesinas y consejos comunales han venido levantando la voz contra la política económica, exigiendo la profundización de la revolución. En la medida en que avanza el proceso electoral, han venido convergiendo en la necesidad de que en la Asamblea Nacional existan diputados obreros, campesinos y vecinales, objetando las listas controladas por la burocracia del gobierno (compuestas por personas escogidas a dedo) y proponiendo listas de candidatos revolucionarios alternativos. Este descontento condujo a la conformación de la Asamblea Popular Revolucionaria (APR), entre sectores disidentes del PSUV y otros partidos del Polo Patriótico.
Es un proceso significativo por tres razones. En primer término, todas estas agrupaciones levantan como primera bandera la lucha contra la agresión imperialista, la guerra económica y el bloqueo, exigiendo del gobierno políticas para derrotar a los enemigos internos que favorecen la intervención.
En segundo término, se trata de una oposición por izquierda al gobierno de Maduro, y esto es la primera vez que ocurre. Hasta ahora, todos los grupos que habían cuestionado al chavismo se habían ubicado en una posición centrista, proclamando la consigna «ni Maduro ni Guaidó» y, en la dinámica, terminaban actuando en frente único con organizaciones que militan para la intervención y el golpismo, llegando incluso a reunirse con el gobierno de Guaidó (colocándolo al mismo nivel que a Maduro).
Por último, no se trata de organizaciones políticas al margen de la realidad, sino de organizaciones de base que han surgido y construido en medio del proceso revolucionario y han jugado un incuestionable papel en la defensa de la revolución y contra la agresión imperialista, muchos de ellos militantes de base y de dirección del PSUV.
La burocracia del gobierno y del PSUV ha venido atacando la conformación de esta vanguardia revolucionaria alternativa que viene cuestionando la política económica del gobierno, totalmente neoliberal. Con maniobras burocráticas se ha obstaculizado la posibilidad que presenten listas alternativas e incluso se intervino judicialmente en la lucha fraccional interna dentro del PPT contra la fracción que, precisamente, planteaba conformar planchas con las corrientes de base alternativas. Se ha perseguido e intimidado a los líderes de base y se desarrolla una campaña acusándolos de dividir a la revolución amenazada por el imperialismo.
El boicot del gobierno impidió que la APR original se presentara como tal. Al final varios de los candidatos de APR, fracciones opositoras de Tupamaros y PPT, se unieron al PCV (Partido Comunsita Venezolano), que se retiró del Polo Patriótico, para presentar una lista alternativa en las elecciones parlamentarias
No todos los sectores de la oposición interna del chavismo se sumaron a esta alianza. Primero por el historial de traiciones del PCV (formó parte del último gobierno anterior a Chávez) y porque es un aparato burocrático sin tiene ningún trabajo de base significativo. Y segundo porque para muchos de ellos dividir al chavismo es una debilidad en medio de la agresión imperialista.
Sin embargo, los que se sumaron a la alianza con el PCV lo hacen porque es la única posibilidad de participación (no había posibilidad para registrar otra organización), y aunque siguen considerándose chavistas y enfrentan la agresión imperialista, consideran que la política del gobierno abandona la construcción del socialismo y favorece a la derecha.
La alianza APR-PCV se ha convertido en referencia para muchos sectores de la vanguardia que vienen cuestionando la política del gobierno en medio de la agresión imperialista, lo que ha llevado a la burocracia del gobierno a cerrarle los espacios dentro de los medios de comunicación públicos. Se han hecho varios debates públicos y entrevistas dónde participan candidatos de la derecha pero no sé invita a los candidatos de la APR-PCV.
Aunque para la mayoría de la base del chavismo la participación en estas elecciones es una vía para derrotar la agresión imperialista y votarán por el PSUV a pesar de la crítica y cuestionamiento interno al gobierno, la conformación de la APR con dirigentes de base de reconocida trayectoria dentro del chavismo, ha sido de impacto dentro de la vanguardia de la base de la revolución bolivariana.
Es claro que un proceso electoral amenazado por el desconocimiento internacional requiere que la población se movilice masivamente para derrotar, con una alta participación electoral, la campaña imperialista contra el proceso electoral parlamentario (con lo que buscan mantener vivo al gobierno paralelo).
Pero en esta lucha contra el imperialismo el principal obstáculo es el propio gobierno. Hay descontento porque el gobierno no hace nada para detener la inflación interna y la especulación de la burguesía comercial y de la producción de alimentos y artículos de primera necesidad.
Cada vez que, con apoyo internacional (sobre todo de Irán), se logra romper el bloqueo internacional, muchos productos van a parar al mercado negro por la corrupción en el gobierno. La restricción salarial impuesta en el sector público ha obligado a migrar hacia el sector privado o al sector informal a miles de trabajadores para garantizar la subsistencia. Ese descontento conspira contra la participación masiva de la población.
Los únicos que pueden romper la desmoralización y el descontento y lograr la movilización de la población son los líderes de base entre las comunidades, los obreros y los campesinos, como se ha demostrado cada vez que el imperialismo creyó que la desastrosa situación económica interna lo favorecía y se encontró con un pueblo dispuesto a defender su revolución a pesar del hambre, la miseria y la molestia con el gobierno.
Pero el liderazgo de base, los líderes reales de la revolución, han sido excluidos del proceso electoral, así como se les ha venido excluyendo de las decisiones económicas, reduciendo cada vez más la discusión política entre las bases.
La burocracia del gobierno conspira contra la democracia revolucionaria construida en años de lucha. Las decisiones se imponen desde arriba, desconociendo los mecanismos de participación del propio gobierno. No es la pandemia la que impide la democracia de base, es la burocracia. Por eso, en este proceso electoral se expresan de forma alternativa a la uniformidad que quiere imponer el PSUV.
Y esa es la contradicción fundamental de la burocracia hoy. Si se quiere participación masiva de la población para derrotar al imperialismo, hay que volver a la democracia de base, a las asambleas comunales, de campesinos y de trabajadores, a candidatos que representen la lucha diaria por la revolución, como se hizo en las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente cuando se derrotó a la guarimba contrarrevolucionaria.
Hoy hay que derrotar al imperialismo nuevamente. Solo el pueblo, con la más amplia democracia, es el que podrá derrotar al imperialismo y, en paralelo, limpiar la corrupción y la burocracia del gobierno para colocarnos en el camino de la construcción del socialismo revolucionario.
El pueblo exige un viraje en la política económica, una lucha decidida y firme contra la especulación y la corrupción, un plan de recuperación económica contra la guerra y el bloqueo, la profundización de la democracia popular y la construcción del socialismo. Sin democracia no hay revolución, y sin la acción revolucionaria del pueblo no podremos derrotar la agresión imperialista.
