El siguiente texto es una copublicación con North American Congress on Latin America (NACLA).
Entrevista por Hilary Goodfriend
Bajo la presidencia Nayib Bukele, un millonario y populista autoritario de 40 años, los derechos humanos en El Salvador han experimentado un marcado retroceso. Bukele revirtió los avances de los gobiernos anteriores del partido de la izquierda, el FMLN, en materia de reformas sociales y democráticas. Pisoteó la frágil institucionalidad de los Acuerdos de Paz que, en 1992, cerraron una guerra civil de 12 años. Ha provocado múltiples crisis constitucionales y profundizado la militarización, tendencias ambas que se vieron exacerbadas durante la pandemia del COVID-19.
En esta entrevista, realizada en agosto de 2020, el defensor de derechos humanos David Morales conversa sobre los desafíos que el gobierno de Bukele presenta para la precaria democracia salvadoreña de la posguerra, y los horizontes de resistencia en un contexto cada vez más autócrata. Morales es abogado querellante en el caso contra los autores de la masacre en El Mozote de 1981. Fungió como Procurador de Derechos Humanos de El Salvador entre 2013 y 2016, y hoy es Director de Litigio Estratégico en la organización no-gubernamental Cristosal, donde trabaja temas del desplazamiento forzado y justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.
HG
Antes de la pandemia del COVID-19, El Salvador ya experimentaba múltiples crisis—desde la violencia de los feminicidios y las pandillas hasta la represión por parte del Estado y la criminalización de los migrantes en el exterior. A esto agregamos la crisis constitucional provocada por la incursión del presidente con las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. ¿Cómo se ha vivido este primer año de gobierno de Bukele?
DM
Después de un año de gobierno, no tenemos avances relevantes sino retrocesos. El perfil de la actual gestión del gobierno es un perfil que simpatiza con la militarización y que la está acentuando; que centraliza las decisiones, que debilita políticas públicas de corte social, que simpatiza con una política exterior muy adepta al actual presidente de los Estados Unidos. Ha supuesto un ejercicio del poder muy autoritario.
Usted mencionó la seguridad pública. Hay una reducción de homicidios, presentada oficialmente como el mayor logro de la gestión del presidente. Pero, en realidad, es un logro muy discutido, en la medida de que no existen explicaciones claras para lograr esta reducción.
El nuevo «Plan de Control Territorial» no es una política pública transparente. Las pandillas, al parecer, de acuerdo tanto a investigaciones periodísticas como a la labor de organizaciones civiles, continuarían en el control de los territorios. De tal manera que ha vuelto a especularse sobre los posibles acuerdos con los liderazgos de pandillas para bajar los homicidios [N. de la E.: revelaciones periodísticas posteriores del medio El Faro confirmaron la existencia de negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y la dirigencia encarcelada de las pandillas].
Se trata de acuerdos al margen de la legalidad y, por lo tanto, pasibles de conducir al fortalecimiento de la criminalidad organizada (como ocurrió durante la gestión del presidente Funes, al adoptarse a una estrategia ilegal de concesión de privilegios al margen de la participación comunitaria: aquello generó una oleada mayor de violencia en el año 2015).
El Salvador ha pagado un precio alto por adoptar una estrategia de corte populista en sus políticas de seguridad pública. Conocidas como «manodurismo», han sostenido el enfoque de atacar los efectos de la violencia mediante la militarización y las intervenciones policiales. Esto, hasta el gobierno del presidente Sánchez Cerén, entre 2014 y 2019, en el que se gesta oficialmente una política desde una perspectiva más integral, que consideraba no solo la represión sino también la prevención, el acompañamiento a las víctimas, el fortalecimiento de las instituciones, etc.
Lamentablemente, los esfuerzos más integrales quedaron en un segundo nivel de prioridad o focalizados a experiencias piloto que fueron positivas pero que, al final, no pudieron imprimir un cambio de rumbo a las políticas de seguridad pública en El Salvador.
Hemos experimentado también otros retrocesos. Me parece un desacierto muy grande el cierre de la Secretaría de Inclusión Social a inicios del gobierno de Bukele. Destaco el liderazgo de esta Secretaría en la implementación de políticas para erradicar la violencia contra las mujeres, en medio de un escenario favorable debido a la aprobación de leyes especiales importantes, que derivaron en un programa bastante exitoso como Ciudad Mujer, que buscaba otorgar una atención más eficiente de los servicios públicos hacia mujeres de poblaciones en vulnerabilidad o victimas de violencia.
Ha sido notable, también, el debilitamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y tenemos un debilitamiento similar en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que era uno de los logros institucionales importantes en materia de derechos humanos de los últimos anos.
La vulnerabilidad ambiental parece estar ahora más expuesta: hay señalamientos por parte de los movimientos acerca de la aceleración de trámites de permisos para proyectos con impacto ambiental considerable, sobre todo en afectación del derecho humano al agua. Se debilitó fuertemente el Sistema Nacional de Protección Civil que se había construido en los gobiernos anteriores: se activaba ante eventos naturales que generaban consecuencias muy graves, sobre todo en poblaciones pobres y rurales. La crisis de la pandemia ya ponía en evidencia el desmontaje (sobre todo a niveles municipales y comunitarios) del Sistema de Protección Civil, que derivó en tragedias y muertes que pudieron evitarse muchas de ellas.
Debo también poner el ejemplo de la población que fue víctima de crímenes de lesa de humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto armado, abandonados por todos los gobiernos desde el fin de la guerra, pero al menos tardíamente durante los gobiernos del FMLN. Una población que recibió un reconcomiendo de la verdad y procesos mínimos de reparaciones, cosa que supone un avance histórico pero insuficiente. Con el actual gobierno, estos procesos se deterioraron o paralizaron. Tuvimos meses de parálisis en los procesos de reparaciones en las comunidades victimas de la masacre de El Mozote, y un debilitamiento grande de comisiones de búsqueda de desparecidos.
También se ha generado una crisis política a partir de posicionamientos del presidente Bukele en contra del sistema constitucional básico de división de poderes y pesos y contrapesos. El 9 de febrero fue la máxima expresión de esto: buscando la aprobación de un préstamo, tomó militarmente la Asamblea con una clara amenaza de disolución de esa entidad del Estado.
Además, han comenzado a surgir investigaciones periodísticas que hablan de corrupción durante la administración de la pandemia, así que iniciamos un segundo año de la presidencia de Bukele con grave deterioro de la democracia en El Salvador, a partir de esta forma autoritaria de ejercer el poder que está dañando algunos avances positivos que tenía la joven y todavía muy deficiente democracia salvadoreña desde los Acuerdos de Paz.
HG
Como señaló usted, la pandemia ha provocado nuevas vulnerabilidades y víctimas en El Salvador. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno salvadoreño a la pandemia, y cómo es la situación en el país en este momento?
DM
Bajo los gobiernos anteriores había una reforma al sistema de salud que había permitido ciertos niveles de descentralización e intervención en los territorios, con un enfoque de prevención bastante fuerte, también con algunos enfoques a favor de poblaciones en vulnerabilidad, como victimas de violencia, victimas del conflicto armado, veteranos de la guerra, entre otras. Había también una posición clara contra la privatización de esos servicios. Este proceso de reforma prácticamente fue abandonado en la gestión del actual gobierno.
Frente la pandemia se adoptaron medidas rigurosas, oportunas y quizás realmente necesarias, entre ellas la búsqueda de cierre de fronteras y de restricciones apropiadas para prevenir el contagio. Sin embargo, desde el primer momento fueron administradas no solo con improvisación, sino también con abusos de poder y violaciones que derivaron en impactos muy negativos no solo a los derechos humanos en general sino a la vida y la salud de las personas.
El cierre del aeropuerto trajo consigo la inmediata privación de libertad de todos los pasajeros que arribaron al país y su confinamiento en centros totalmente inapropiados para el distanciamiento social y para un trato digno básico. Estos cientos de personas comenzaron a sufrir tratos inhumanos, y comenzó a producirse la figura del contagio forzado del COVID.
Tuvimos tragedias de muertes ocasionadas por la deficiente atención de pacientes diabéticos, enfermos renales, hipertensos, que fueron completamente desatendidos o tratados de forma inadecuada. Hubo muchas detenciones arbitrarias documentadas por la prensa y las organizaciones de derechos humanos: personas que buscaban alimentos fueron detenidas o privadas de su libertad, algunas hasta por 40 o 50 días, sin ningún criterio.
La Asamblea aprobó regímenes de excepción sin cumplir los estándares constitucionales adecuados y sin establecer límites claros a las restricciones que el Ejecutivo iba a llevar a la práctica. La Sala de lo Constitucional ha declarado ya que estos decretos legislativos son inconstitucionales, pero que también fueron inconstitucionales todos los decretos del gobierno del presidente Bukele.
Estos decretos no consideraban, en modo alguno, la situación de personas con condición de vulnerabilidad, ni la de las poblaciones rurales, personas con enfermedades crónicas, la niñez y la adolescencia, las mujeres o las víctimas de violencia. Numerosas resoluciones de procesos de habeas corpus ordenadas por la Sala en relación a las detenciones arbitrarias fueron incumplidas.
Durante muchas semanas, El Salvador estuvo bajo un régimen de excepción de facto por orden de la presidencia. La Sala de lo Constitucional ordenó que debía existir un diálogo entre el órgano ejecutivo y legislativo para acordar una ley de atención a la pandemia y de administración de la emergencia. Estos diálogos fracasaron. Las leyes para administrar la pandemia que incorporaban —aun no satisfactoriamente, pero sí en mayor grado— la perspectiva de garantía de derechos, han sido vetadas por el presidente.
Tenemos un debilitamiento grande del acceso a la información pública. Ha causado mucha preocupación la revelación periodística del abandono del sistema de vigilancia epidemiológica que ya estaba construido desde el gobierno anterior, para reducir el uso de los datos de la pandemia a un grupo más cercano a la élite del gobierno que los estarían manejando con criterio político, lo cual agrava la condición de subregistro [de casos].
Una serie de incidentes que, igual que las revelaciones de compras irregulares durante el régimen de emergencia, constituye un dato sumamente preocupante que ha salido a luz ahora por medio de investigaciones periodísticas.
HG
Bukele fue el primer presidente desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 que no conmemoró esta fecha histórica. ¿Qué significa la presidencia de Bukele para la memoria histórica en el país y las deudas pendientes del conflicto armado, especialmente con respeto al desarrollo del caso de El Mozote?
DM
El Presidente Bukele ha tenido una posición de rechazo, desatención, incluso contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos a los que está obligado El Salvador por ser Estado parte de numerosos tratados. Basado en prejuicios o en intereses de poder, ha sido particularmente fundamentalista e ideológico hacia ciertos temas, como la penalización absoluta del aborto. De manera similar, observamos una posición de este tipo frente a los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado.
Al ignorar el último aniversario, desconoció a los Acuerdos de Paz. Los anhelos de los procesos de paz, sobre todo las partes incumplidas —entre ellas, las reformas económica y social, la consolidación de la independencia judicial, la democratización de las Fuerzas Armadas o la vocación civil de la policía— eran temas urgentes para retomar una nueva agenda inspirada en los Acuerdos de Paz que el capital político del presidente, con su amplio nivel de favorabilidad electoral y su discurso de ruptura con lo antiguo, le hubiera permitido retomar. Sin embargo, optó por los viejos males de la militarización y el autoritarismo.
Hace cuatro años, la Sala de lo Constitucional declaró plenamente inconstitucional la Ley de Amnistía del año 93, lo cual eliminaba las escusas para reabrir los juicios de la guerra. Esto ha traído un escenario esperable pero negativo de continuidad de la impunidad y el olvido. La Asamblea, igualmente, mantiene su compromiso por proteger criminales de guerra. Ha buscado de manera deliberada un fraude a la sentencia. Pero la lucha de las víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos ha logrado impedirlo.
Aunque a partir de la sentencia la Fiscalía General de la República aceptó por primera vez su obligación de investigar a los crímenes y llevarlos a juicio, no se ha dado el apoyo necesario al tema. Después de cuatro anos, la Fiscalía no concluye investigaciones de la guerra para judicializar los casos. Las denuncias están bajo régimen de la antigua Ley Procesal Penal, y esos jueces tienen la potestad y la obligación de impulsar investigaciones. El rol de la Fiscalía, en tanto monopoliza el ejercicio de la acción penal, es partir de una reforma amplia del sistema procesal penal del año 1998.
Estos jueces, en general, han incumplido. Tenemos una excepción notable en caso del Mozote y sitios aledaños, esa masacre tan emblemática. Es un tribunal pequeño en una ciudad muy remota de la capital, en el departamento de Morazán, donde ocurrió la masacre. Son cuatro años en fase de instrucción. Obviamente, rebasa los plazos legales; pero realmente sigue siendo razonable: en la medida en que el Estado bloqueó la investigación por más de 30 años, esta se vuelve cada vez más compleja.
Las organizaciones que representamos a las víctimas, Tutela Legal «Doctora María Julia Hernández» y Cristosal, hemos enfrentado bloqueos de información militar muy relevante para el caso. Hemos enfrentado también la problemática del paso de tiempo, que ha limitado los alcances de las pericias forenses en algunos trabajos de exhumación y estudio de los restos, pero también muchos sobrevivientes testigos directos han fallecido. Han fallecido también victimarios presuntos, que debiesen estar enjuiciados. El más reciente es Rafael Flores Lima, General, que fue del Estado Mayor en la época, y que es uno de los directores de la política de masacres, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos durante la guerra.
Sin embargo, el avance en instrucción es relevante. Consolidamos la prueba testimonial mediante decenas de sobrevivientes. Se obtuvo prueba documental. La existencia de la masacre fue establecida con una fuerte prueba forense desde el año 92, cuando se abrió la Fosa 1 con los esqueletos de 136 niños y niñas. Fueron asesinados por 24 tiradores que utilizaban fusiles de M-16. Está plenamente comprobado el nivel del daño. Está comprobado que fue la Fuerza Armada, que fue el Batallón Atlacatl.
Se está acusando, principalmente, a 15 oficiales con vida, incluyendo al Ministro de Defensa, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de Artillería. El Ministro de Defensa, Guillermo García, es el máximo responsable de la operación, junto al ya fallecido Rafael Flores Lima y a los oficiales con vida que pertenecieron al Batallón Atlacatl, entre ellos Natividad Cáceres, que era el número dos al mando durante el momento de la matanza. El Batallón lo dirigía Domingo Monterrosa, también fallecido.
Uno de los obstáculos más grandes es el bloqueo a información militar esencial. El presidente incumple su promesa de desclasificar la información militar. Esto ha derivado en una última y más reciente orden del tribunal a petición de la acusación de inspeccionar archivos militares en diferentes unidades, pero obviamente la pandemia esta imponiendo muchas limitaciones a las actividades del sistema judicial, y esto ha retrasado [N. de la E. A pesar de la orden judicial, el gobierno ha negado el acceso al archivo militar].
HG
A pesar de las crisis acumuladas a lo largo de este primer año de gestión, las encuestas indican que el presidente mantiene un nivel de aprobación histórica. ¿A qué atribuye usted esta persistente popularidad?
DM
No soy especialista en el análisis de la opinión o las técnicas de sondeo, pero puedo decirle desde la experiencia que El Salvador tiene una historia muy dolorosa de regímenes dictatoriales, violaciones a derechos humanos y regímenes autoritarios.
Vivimos dos momentos de verdaderos genocidios en un solo siglo: el etnocidio de 1932 y las prácticas genocidas de los años 70 y 80. Además, la violencia estructural y la desigualdad fueron generando una especie de cultura de naturalización de las violencias. La violencia política encontraba justificaciones: «en algo estaban metidos», «pues, ellos se lo buscaron». Y lo mismo sucede con violencias de diferente tipo (la violencia contra la mujer, en el hogar, la violencia contra la niñez, la violencia contra la población LGBTI, etc.). Es un escenario favorecido por la falta de inversión en educación para la paz, para la democracia, para los derechos humanos.
Es, por lo tanto, un terreno fértil para el populismo. Y uno de los tipos de populismo favoritos de los políticos es el populismo punitivo. Venden anuncios de guerra contra las pandillas, cero tolerancia, militarización. A eso se suma el desgaste de los actores políticos por sus errores, sus corrupciones, el descrédito del sistema de los partidos políticos. Una combinación que dio lugar a lo que ha pasado en tantos países: discursos populistas de cambio, de erradicación de las viejas practicas políticas. El presidente, al dar una imagen de fuerza, de conducción única autoritaria, está apelando a esta cultura negativa.
La falta de vivencia de una democracia real, participativa, más igualitaria, también se ha naturalizado. Entonces tenemos una población que no ha vivido nunca una democracia real; ha vivido solamente una democracia formal después de la guerra. Eso es lo que permite la existencia de este tipo de manejo político. Sin embargo, el natural desgaste de los gobernantes parece estar ya trascendiendo a diversas maneras de opinión. Sería interesante, el próximo año, ver este ejercicio [en las elecciones legislativas y municipales].
HG
En este paisaje autoritario, ¿dónde ve usted espacios y oportunidades para el disenso, resistencias y solidaridad?
DM
Siempre han existido liderazgos sociales o políticos que han generado posibilidades de resistencia y de cambio de perspectivas más democráticas o liberadoras. El Salvador tiene los símbolos tan liberadores de Monseñor Romero y los padres jesuitas: mártires que representan luchas por la liberación de la opresión, a pesar de ser parte de una estructura tan conservadora como la Iglesia Católica. Pero, obviamente, también tenemos los impactos fuertes que dejaron las practicas genocidas de los 70 y 80 y después el neoliberalismo exacerbado de los 90, que desarticuló los movimientos sociales y sindicatos.
Sin embargo, la actual coyuntura trágica y difícil de la pandemia, junto a los sucesos del autoritarismo, está demostrando un funcionamiento mínimo de resistencia. Si bien hemos tenido temores en los últimos meses de un golpe militar a los otros poderes, esto no se ha concretado. El temor se fundó a partir del 9 de febrero, pero luego ha habido otros momentos en los cuales esta tensión ha crecido. El Ministro de Defensa es un cargo político que esta demostrando total sometimiento al presidente Bukele en tanto persona, en tanto individuo, en lugar de mostrar respeto, sometimiento, al poder civil, en general, del Estado.
Creo yo que esta no concreción da perspectivas positivas a los movimientos de resistencia, de construcción de la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Ha tenido eco internacional. Los organismos de derechos humanos se han pronunciado con preocupación: la Alta Comisionada [de la ONU] Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana, Relatorías Especializadas de la ONU y también organizaciones internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En esta medida, puede generar un eco internacional importante y no solo poner la alerta sobre la política exterior hacia El Salvador de la comunidad internacional, sino también de movimientos y organizaciones en diferentes países.
Hay una tradición histórica de solidaridad con El Salvador desde la guerra civil. Es una tradición que se mantiene especialmente en Estados Unidos, donde hay una comunidad salvadoreña organizada muy fuerte. Es importante mantener presente el tema, sobre todo, por las amenazas del 9F y el militarismo que el presidente Bukele ha exacerbado durante la crisis. Pero también por su alto nivel de confrontación con otros poderes, que podrían dar un giro de profundización muy grande.
Sobre la entrevistadora
Hilary Goodfriend es estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y editora colaboradora de Jacobin y Jacobin América Latina.
