Lo que se vive en Perú es una reedición más de una crisis profunda, que va más allá de la disputa institucional o partidaria. Se trata de una «crisis de régimen», y compromete al orden instaurado en 1992 con el golpe de estado de Fujimori y la constitución de 1993, que fue su producto y el marco en el cual se han regido el Estado, la economía y la sociedad neoliberal en los últimos 30 años.
Entre los factores que le subyacen, podemos mencionar el declive del boom económico producido por los extraordinarios precios de los minerales. La contracción económica evidenció que lo vivido había sido una «prosperidad falaz», como en otras épocas, y el modelo ya no puede esconder las profundas desigualdades sociales ni la precariedad en la que viven las grandes mayorías de un país altamente informal (incluidos los sectores emergentes o que salieron de la pobreza).
Otro factor gira en torno a las evidencias de corrupción gatilladas por el caso Odebrecht desde inicios de 2017. En ese episodio estuvieron involucrados presidentes pero también grupos de poder económico, lo que desnudó la captura corrupta del Estado. La disputa entre fracciones de los grupos de poder económico y su representación política de derecha por el control del Estado (expresada entre un grupo más liberal, lobista y ligado al gran capital de PPK y uno más emergente, mafioso y conservador encabezado por Keiko Fujimori) ha implicado, hasta hoy, un enfrentamiento de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.
Esta disputa se repite en el reciente enfrentamiento entre el nuevo congreso, encabezado por Merino, y Vizcarra, aunque también involucra otras caras, dado el contexto de emergencia sanitaria y económica desatado por la pandemia. La actual crisis ha mostrado la precariedad y la informalidad en la que han vivido millones de peruanos y peruanas. Ha dejado al descubierto las profundas fallas de un modelo que, con un sistema de salud privatizado y precario, nos ha convertido en el país con más alta letalidad del planeta.
En este escenario, Vizcarra había logrado –fugazmente— capitalizar esa identificación del congreso con la corrupción que expresa, principalmente, el fujimorismo. Pudo aprovechar, además, la necesidad de la población de ampararse en algún referente político frente a la pandemia. A pesar de los continuos desaciertos de su gestión de la crisis sanitaria y social, y a pesar de su inclinación a favorecer a los gremios empresariales y continuar con el piloto automático, afectando a trabajadores y productores agrarios, Vizcarra mantuvo importantes cuotas de popularidad.
Sin embargo, una coalición más reaccionaria del congreso, aprovechando las grietas generadas en ese respaldo y agitando la necesidad de devolver el dinero de las AFP y el sistema nacional de pensiones a la población contribuyente (así como insistiendo sobre reiterados indicios de corrupción en el presidente), hicieron que finalmente se vacara a Vizcarra y se ponga en su lugar a Manuel Merino, presidente del congreso (apelando al cajón de sastre que es la «vacancia por incapacidad moral», prevista en la constitución). Resultado de esto es la convulsión y movilización que surcan el Perú por estos días en rechazo al nuevo gobierno. Una movilización que ha contado, principalmente, con el protagonismo de los jóvenes y con cierto escepticismo de los sectores gremiales organizados que rechazaban claramente a Vizcarra.
Uno de los grandes problemas para hallar una salida a esta crisis es la lógica antipolítica que ha sido construida por el neoliberalismo y por la deslegitimación del conjunto de actores políticos. Otro problema es la desconexión de la protesta respecto a los sectores populares, hoy más atrapados que nunca en la necesidad de sobrevivir en medio de los impactos económicos y sociales que genera la pandemia en una sociedad en la que se vive al día. Está, también, la desarticulación de las izquierdas sociales y políticas, que tienen sus propias crisis y que, en su necesidad de perfilarse electoralmente, no son capaces de darle una perspectiva más estratégica a sus acciones, lo que puede terminar arrastrándola al descrédito del conjunto de los sectores políticos. Esto puede favorecer finalmente una salida autoritaria y reaccionaria como la que ya representa el actual gobierno, o una nueva apuesta por el «mal menor» liberal, que termina redundando en una prolongación de la descomposición del régimen y en la desmovilización y frustración de los sectores populares.
Se necesitaría que las izquierdas sociales y políticas sean capaces de construir una táctica unificada para darle una salida constituyente y democrática a esta crisis. Una salida que contenga a los sectores más democráticos de la ciudadanía, mostrando que no hay más opción que cambios de fondo en el país. Esto implica una acción unitaria tanto en las calles, como en los espacios institucionales. Implica ligar las demandas sociales y económicas sentidas por la población con la lucha política por transformar las instituciones y democratizarlas. Sostener la movilización y construir una agenda de salida política inmediata.
Tras el nombramiento del nuevo gabinete ministerial, las entrañas reaccionarias de la institucionalidad neoliberal quedan en evidencia absoluta. Con fuerte presencia de representantes del gran empresariado y también de los partidos que fueron socios del fujimorismo en el proceso anterior, ningún cambio superficial, cosmético, será capaz de saldar una crisis que es de fondo. Más que unas elecciones para elegir un nuevo gobierno, lo fundamental es impulsar el debate sobre la necesidad de un proceso constituyente en Perú. Es urgente.
