por Martín Mosquera
y Rosario Escola
Dialogamos con Claudio Lozano acerca de la coyuntura política y económica de Argentina. Economista y director del Banco de la Nación Argentina desde enero de este año, detalló las particularidades de la gestión macrista en el Banco, deteniéndose particularmente en el análisis del caso Vicentin, que dejó al descubierto las políticas de vaciamiento y las maniobras en perjuicio de la banca estatal y puso en el centro del debate el rol del Estado en el control de las exportaciones.
Autor del libro La deuda ilegítima. Renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, analiza también la política macroeconómica en el primer año de gobierno del Frente de Todos y resalta tanto los conflictos que se hicieron presentes como las oportunidades perdidas para acercarse a un proyecto que se proponga transformaciones de fondo.
MM / RE
El caso Vicentin tomó relevancia pública dada la magnitud y la obscenidad de la maniobra defraudatoria de la empresa ¿Hay otros casos de maniobras fraudulentas que involucran al Banco Nación de la gestión anterior?
CL
Vicentin es un caso especial dentro de una estrategia general que tuvo la conducción anterior del Banco Nación, que fue la de concentrar la oferta de crédito en muy pocas empresas. Obviamente, esto te eleva el riesgo financiero: porque frente a cualquier situación, indudablemente, el impacto que tiene sobre el patrimonio de la institución es más grande.
Pero más allá de esa cuestión, que puede ser discutible (de hecho, hay bancas privadas que se dedican a concentrar el crédito de manera muy concentrada), en el caso de la banca pública la lógica es que uno tienda a fragmentar el crédito para llegar a mayor cantidad de agentes económicos o de unidades económicas. Lo cierto es que si hubo una característica dentro de la política del gobierno de Macri del directorio anterior en el Banco Nación fue concentrar la oferta de crédito en pocas empresas, lo cual le generó una serie de situaciones complicadas.
Vicentin, en ese marco, es la de mayor magnitud, en primer lugar, y en segundo lugar es la que con mayor claridad aparece fuertemente vinculada a un conjunto de irregularidades, que no solo tienen que ver con el vaciamiento que llevó adelante el grupo empresario sino que tiene que ver también con las irregularidades que se dieron al interior del Banco Nación para garantizar ese vaciamiento. Y que tiene que ver con el grado de vínculo, en términos políticos, de connivencia, que había entre el grupo empresario Vicentin y el presidente Mauricio Macri.
O sea, tanto por su magnitud, como por las irregularidades internas dentro del propio banco y por la articulación política, lo de Vicentin es un caso único. Obviamente, existen otros casos de grandes empresas que fueron acompañadas con créditos que, en ocasiones, se han transformado en un problema. El caso del Molino Cañuelas es uno: otra gran empresa que fue asistida financieramente por el Banco Nación y que también está en una situación irrecuperable.
O sea, el haber concentrado el crédito en pocas firmas le ha generado dolores de cabeza importantes al Banco Nación. Pero lo de Vicentín tiene un conjunto de condimentos –por demás importantes, ¿no? — que lo vuelven particularmente original.
MM / RE
¿Y cómo evaluás la situación patrimonial general del Banco Nación luego de la gestión macrista?
CL
Respecto a cómo encontramos nosotros el Banco Nación a partir de la gestión del macrismo –primero con Melconian y luego con González Fraga—, creo que hay una serie de elementos muy complicados: nos encontramos con un banco que tiene un fuerte nivel de iliquidez, una fuerte descapitalización… Un banco con niveles negativos en términos de rentabilidad, perdiendo participación en el mercado, perdiendo participación en depósitos y créditos dentro del propio sistema financiero, con una política como la que te menciono: de concentración del crédito, y con un fuerte retraso tecnológico.
Todo eso junto estaba presente en el Banco Nación cuando lo recibimos. Una medida muy gráfica del impacto negativo que tuvo la gestión del macrismo al frente del directorio del Banco Nación es que el patrimonio neto del banco que recibimos era la mitad del que había recibido Melconian. Yendo por partes, diría que el Banco Nación fue descapitalizado, durante la etapa de Macri, de manera directa, a través del propio presupuesto nacional: se estableció (tanto en el año 2018 como en el 2019) sacarle 35 mil millones de pesos con destino a financiar los gastos del Estado, o sea 35 mil millones de pesos más allá de las distintas ayudas financieras que hacían que la tesorería fuera la deudora principal del Banco Nación.
Es más, te diría que sobre finales del año 2017 y comienzos de 2018, la política del gobierno nacional fue decir que no iban a recibir más financiamiento del Banco Central, planteándolo esto como un modo de evitar la emisión, y toda esta cuestión. Y en el marco de hacer un culto de la independencia del Banco Central respecto del resto de la política económica, existió una conferencia de prensa bastante comentada donde Sturzenegger, junto con el ministro de economía y Marcos Peña, declararon bajo juramento, prácticamente, que nunca más la tesorería iba a ser asistida por el Banco Central.
En esa suerte de culto al paradigma neoliberal, lo que no dijeron es que lo que iban a hacer era transformar al Banco Nación en la usina de financiamiento de la tesorería, o sea, desplazaron lo del Banco Central como modo de discutir con el FMI y buscaron la rueda de auxilio en el Banco Nación. En ese proceso descapitalizaron al banco, cosa que no fue resistida por su presidente, que en ese momento era González Fraga. En ningún momento levantó la voz para defender al banco en ese sentido, y la descapitalización se llevó a cabo.
Este fue uno de los principales resultados con los que nos encontramos cuando llegamos. Segundo, lo que ya te mencioné respecto a la política de concentración de créditos, que implicó la existencia de varios «muertos» en términos financieros. Obviamente, el más paradigmático y característico es Vicentin, por magnitud y por un conjunto de razones. Pero hubo otros más, que ciertamente limitaban –y limitan— la capacidad prestable del banco.
En tercer lugar, encontramos al banco perdiendo participación en el mercado y con un importante retraso tecnológico respecto a la banca privada, básicamente por demoras de ciertas inversiones que debieron haber sido hechas en su momento y no se hicieron. Y también nos encontramos con un descuido sobre las finanzas internas del banco. Otra de las cosas que se hizo –en gran medida, con el objetivo de construir una estructura de conducción de la planta del banco que fuese permeable a cualquier tipo de estrategia que definiera el directorio— fue sacar los primeros tres niveles gerenciales, que se los pasó a retiro.
Se pagaron unos retiros multimillonarios (equivalentes, aproximadamente, a 7 mil millones de pesos), que fueron gastados por el banco, para que esa gente –¡que no se tenía que ir, todavía!— se fuera. Incluso se generaron situaciones absurdas, como la siguiente: hoy en el Banco existen áreas que, como se pasó a retiro a una persona joven que ocupaba un lugar gerencial, son ocupadas por otra persona pero, al mismo tiempo, también hay que seguir pagándole el sueldo al gerente anterior hasta que se jubile, que era una de las cuestiones que se le garantizaba a aquellos que se retiraban. Además de la indemnización, además de una gratificación especial, se les permitía retirarse a una edad muy temprana y se les garantizaba que el banco le iba a seguir pagando el sueldo hasta el momento de jubilarse.
En todo ese proceso (que tenía como objeto pasar a degüello toda la estructura de función del banco para armar una planta mucho más permeable a las estrategias del directorio) se gastaron 7 mil millones de pesos.
Por lo tanto: descuido de las finanzas, políticas de concentración del crédito, retraso tecnológico y descapitalización. Esas son las claves del Banco Nación con el que nos encontramos. Claves que, por otra parte, no resultan sorprendentes: es lo que suele ocurrir cuando el neoliberalismo toma instituciones públicas. Indudablemente, no las quiere demasiado. Y, por lo general, lo que hace es simplemente ponerlas al servicio de los intereses de un sector muy pequeño. Eso, efectivamente, fue lo que hizo la gestión de González Fraga, mucho más incluso que la de Melconian.
MM / RE
Alberto Fernández finalmente revirtió la expropiación de Vicentin. ¿Cuál es tu valoración al respecto? ¿Qué medidas pensás que se pueden tomar para ir en la dirección de la captura de divisas y la intervención sobre el comercio exterior?
CL
El gobierno no dimensiono la importancia que tenía una decisión como expropiar Vicentin. Y cuando digo no dimensionó, digo que no construyó las condiciones políticas para llevar adelante una medida de tal magnitud.
Vicentin no es cualquier cosa: dentro del complejo de los exportadores, del complejo granario y aceitero, está entre las diez principales empresas, responsables por la exportación del 90% de las toneladas de granos y aceites. Entre estas diez, es la número seis. En el momento en que se decide tomar control sobre esa empresa, cabía la posibilidad de que el Estado tuviera de manera directa una presencia en el comercio exterior de granos. Un comercio exterior del cual hoy el Estado está absolutamente ausente, porque no hay junta nacional de granos, porque el ferrocarril está privatizado, porque los puertos están privatizados, porque no hay flota propia, por todo un conjunto de elementos.
En ese marco se desató la confrontación por parte de las restantes exportadoras, que obviamente veían en esto la posibilidad de ser fiscalizadas de manera directa por el Estado. Y, ciertamente, esto puso al poder económico, de manera muy clara, a tratar de desarmar esa operatoria. No tanto por solidaridad con Vicentin, sino fundamentalmente porque implicaba poner en cuestión y bajo la órbita de la fiscalización estatal a esas otras nueve empresas que participan del 90% de las exportaciones de granos y derivados.
Creo que fue a partir de ahí que se puso en marcha toda una estrategia… Que implicó, obviamente, la solidaridad de los medios hegemónicos, que pusieron en marcha un proceso de manipulación de la información sobre la base del desconocimiento de una parte de la opinión pública. Porque, más allá de quienes sí estaban informados, lo cierto es que no todo el mundo tenía idea de qué era Vicentin y cómo eran las cosas.
El Estado disponía de las herramientas como para haber hecho una campaña de difusión, de manera tal que su decisión no cayera en una suerte de vacío informativo. Podría haber sido mucho más explícito sobre el comportamiento delincuencial y de vaciamiento corporativo que llevó adelante ese grupo empresario, y del proceso de estafa generalizada que practicaba sobre la banca pública pero también sobre cerca de 1800 productores y 93 cooperativas agropecuarias.
Había todo un conjunto de cosas que, ciertamente, echaban por tierra todas las argumentaciones que se esgrimieron en ese momento, en el sentido de que expropiar Vicentin era violentar la seguridad jurídica o avanzar sobre la propiedad privada, cuando el primero que violentó la seguridad jurídica y avanzó sobre la propiedad privada de los demás fue Vicentin mismo. Existieron incluso planteos absurdos, sobre que esto implicaba afectar la imagen de la Argentina respecto del exterior y demás… Cuando los bancos extranjeros son acreedores de Vicentin por alrededor de 500 millones de dólares. Están encabezados por los bancos extranjeros, por la corporación financiera internacional que es el Banco Mundial, y por lo tanto son ellos los que están más al tanto de las mentiras de Vicentin y de la convicción de que Vicentin derivó recursos al exterior y por fuera de las necesidades de la actividad para la cual se lo financió. De hecho, fueron los propios bancos extranjeros los que iniciaron una acción (que en la justicia neoyorquina se denomina «discovery») para evaluar los movimientos de fondos de las cuentas de los dueños de Vicentin en el exterior.
Pero todo lo que se dijo sobre el tema cayó sobre un vacío de información descuidado por el propio gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno tampoco estableció los acuerdos que podrían haber tejido para sostenerlo: había 1800 productores estafados por Vicentin, con los cuales se podría haber hablado para tener una estrategia común. Había 93 cooperativas agropecuarias, con las que también se podría haber hablado. Desde ya, por supuesto, teníamos 7 mil trabajadores que dependen de Vicentin y que tienen que ver con organizaciones que tenían alguna actitud permeable respecto del tema de la expropiación.
Ninguno de estos actores fue consultado o incorporado en la construcción de las condiciones políticas para llevar a adelante la estrategia de expropiación. Así que, en este sentido, yo creo que el fracaso gubernamental tuvo que ver con esto. Y con que operaron, también, las contradicciones al interior al propio Frente de Todos, en el que había sectores políticos que no tenían interés en una decisión de esta naturaleza y que rápidamente intervinieron tratando de encontrar una variante intermedia, como fue lo que hizo el gobernador Perotti, de la provincia de Santa Fe, que planteó «bueno, en lugar de expropiar vayamos a una intervención en el marco del concurso». A partir de ahí, el final estaba anunciado.
Porque, en realidad, esa propuesta significaba meterse en el concurso en Reconquista y sacarlo del debate nacional en el parlamento, que era la discusión de la expropiación. Reconquista es un coto de caza del propio Vicentin, es el «pago chico» de los Vicentin, donde tienen un grado de control sobre el sistema institucional muy alto y en donde, además, controlaban básicamente al propio juez del concurso. De hecho, eso está hoy cada vez más claro: es un juez que ha apañado todas las irregularidades habidas y por haber por parte de la empresa y fue el juez el que impidió que se consumara el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Un juez comercial le puso límite a un decreto de ley y, al mismo tiempo, también impidió que la propia intervención de la provincia avanzara. Me parece que en ese momento, al pasar todo a Reconquista, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial quedaron enredados en una discusión donde no había ninguna salida.
Así que yo creo que lo que hubo fue una falta de dimensión sobre la importancia que revestía el tema. Importancia que tiene que ver con lo que vos planteabas, el tema de efectivamente poner un pie del Estado en el comercio exterior, y que ciertamente era algo que le iba a venir muy bien a la Argentina. De hecho, la crisis cambiaria por la que hemos atravesado indica la relevancia que tiene. Vicentin significaba un ingreso de cerca de 4 mil millones de dólares al año, sobre el cual el Estado iba a tener una fiscalización directa (amén de que iba a tener, además, una empresa testigo que le hubiese permitido controlar la operatoria del resto).
Más allá de eso creo que, poco a poco, en este tiempo que va desde que retrocedió el gobierno en su decisión de expropiar, cada vez estamos más cerca de que Vicentin lleve adelante su estafa, de que efectivamente se lleve adelante un proceso de extranjerización de la empresa, lo que implicaría aún más concentración, más control extranjero sobre las divisas de la Argentina… Y produciría, al mismo tiempo, un impacto negativo en materia laboral, porque seguramente habría racionalización de personal en la estructura empresarial a partir de su desguace, porque no sería todo el grupo empresario lo que se transferiría, sino una parte.
Por lo tanto, todo lo que se señaló en su momento acerca de que nos podríamos ir a una crisis laboral en el norte de la provincia de Santa Fe, que podría haber mayor concentración y extranjerización del comercio de granos y consecuentemente de la oferta de divisas, y que al mismo tiempo tanto los productores como la banca pública iban a cobrar mucho menos (porque, en cualquier operación de esta naturaleza, el que compre va a tratar de imponer una quita sobre los acreedores), todo eso es lo que tiende a consumarse si no se redefine algún tipo de intervención.
Digo esto porque claramente la justicia, la justicia comercial en el marco del concurso en Reconquista, está haciendo la vista ciega frente a la estrategia de Vicentin, que es decir «hay un Vicentín Argentina, lleno de deudas, y hay un Vicentin Uruguay, donde está buena parte del patrimonio; lo que está en concurso es la Vicentin Argentina, no la Vicentin Uruguay». A partir de ese proceso de vaciamiento, se le otorgan las condiciones a Vicentin para transferir el activo de Vicentin Argentina, e incluso también asociarse a través de algún testaferro a un capital extranjero que lo termine controlando.
En el contexto de Reconquista es muy difícil modificar esto sin una intervención más potente por parte del Estado. Ya sea sacando el concurso de Reconquista o fortaleciendo las iniciativas del Banco Nación para tratar de que quede claro que Vicentin Uruguay y Vicentin Argentina son lo mismo. Si no se pueden hacer estos dos movimientos, es muy probable que Vicentin consume su estafa, que es lo que tuvo previsto desde el primer momento en que llevaron adelante todo esto. Francamente, sería una pena que no se intervenga y que se permita que, de manera impune, este tipo de situaciones sigan avanzando.
Lo que sí quedaba como una definición –de hecho, esto fue dicho por el propio Presidente de la Nación al retroceder respecto a la expropiación— era que esto no se trataba solo del avance judicial de los organismos del Estado (AFIP, Banco Nación, Unidad de información Financiera, y demás) para tratar de recuperar los créditos, sino también de tener una empresa testigo en el comercio exterior y transformar a YPF Agro en la empresa que ocupe ese lugar.
Yo creo que eso hay que hacerlo. Creo, además, que si nosotros pudiéramos meter YPF Agro y quedar con la terminal del puerto de Rosario, que Vicentin administra, estaríamos en condiciones de avanzar en el control del comercio exterior de granos en una dirección similar a la que tenía la propuesta original. Eso sería irrenunciable, en mi opinión, porque queda claro que para gobernar la economía de la Argentina hay que gobernar el dólar, y no se gobierna el dólar sin gobernar la oferta de divisas que ingresa a la Argentina.
MM / RE
Respecto a este último punto, ¿cuál es tu opinión sobre la política del Banco Central en torno al manejo de reservas? ¿Ves posible que se evite una devaluación brusca en los próximos meses?
CL
Respecto al manejo, el ingreso y egreso de divisas por parte del Banco Central, creo que ha sido muy laxo y eso es lo que ha permitido que determinadas presiones de sectores con comportamientos especulativos o desestabilizadores en función de intereses económicos o políticos concretos hayan podido tener lugar en los últimos tiempos.
En primer lugar, si uno toma el periodo de enero a septiembre, en materia de balance pagos está claro que la Argentina tuvo saldo comercial positivo. Ese saldo comercial positivo supera los 10 mil millones de dólares. Pero, en la práctica, ingresaron muchos menos. O quedaron muchos menos. Los exportadores todavía deben: hay 4 mil millones de dólares que todavía no ingresaron; es decir, vendieron por cerca de 41 mil millones y entraron 37: hay 4 mil millones de dólares que no fueron liquidados y no ha habido una presión clara ni se ha transformado esto en una cuestión delictiva, como debería ser el tema de no liquidar los dólares en tiempo y forma cuando es imprescindible para el manejo cambiario del país tener un control estricto en esta materia.
En segundo lugar, cuando uno mira del otro lado la cuestión, lo que se observa es que se gastaron cerca de 10 mil millones de dólares en pago de deuda, de los cuales 3 mil millones, aproximadamente, son pago de deuda pública vinculados a la estrategia que adoptó el ministro Guzmán –que a mí me pareció que no era la correcta— que consistía en pagar mientras se negociaba para dar una imagen positiva a los mercados. Pero ese es un gesto «amistoso» que por supuesto los mercados luego no reconocen, ¿no? De hecho, no aceptaron la primera propuesta de Guzmán y le impusieron condiciones mucho más complicadas, que la Argentina terminó aceptando, a pesar de que nosotros terminamos pagando durante todo ese tiempo, cuando, en realidad, el que había suspendido los pagos era Macri.
Entonces francamente yo no entiendo mucho qué sentido tenía establecer una estrategia de pagos, pero lo cierto es que por esta vía se fueron 3 mil millones. Pero más grave todavía es que hubo cerca de 7 mil millones de dólares que se fueron en términos de cancelación de deuda privada, de grandes empresas transnacionales, de grupos empresarios que cancelaron deuda. En la gran mayoría de los casos, empresas que tenían fondos propios para hacerlo. Que no tendrían que haber pedido los dólares en el mercado de cambio, ni el banco Central habérselos concedido. Y si querían cancelar deuda deberían pagar con los dólares que habían acumulado, sobre todo con el proceso de fuga en el que participaron en la gestión anterior.
Son empresas que tienen capacidad para reestructurar esos vencimientos o, incluso en algunos casos, se trata de deudas que ni siquiera son reales, porque las contrajeron subsidiarias locales con casas matrices (un mecanismo que, en muchos casos, utilizan para sacar recursos al exterior cuando hay contextos de restricción cambiaria como el que existe en la Argentina). Así, por diferentes mecanismos, no había razones para permitir que una magnitud de reservas de esa naturaleza –¡7 mil millones de dólares!— se fueran por este concepto. Ciertamente, si esto se hubiera administrado de otro modo, la capacidad de presión de determinados actores en el mercado cambiario hubiera sido inexistente. En ese sentido, creo que el manejo no ha sido el que hubiera debido ser.
En materia de reservas, el gobierno recibió una situación complicada. Pero efectivamente teníamos una situación en términos de saldo comercial, en cuenta comercial de la Argentina con el mundo, absolutamente positiva que habría que haber aprovechado para acumular reservas y financiar así la recuperación de la actividad económica en lugar de dilapidarla en el pago de la deuda privada para empresas que tenían los medios para afrontarlas. No me pareció adecuado el manejo que se hizo de esto.
Pero creo que más allá de esta cuestión, ninguna de las razones que dan lugar a una maxi devaluación están presentes en la Argentina de hoy. Por un lado, como dije antes, Argentina tiene una cuenta comercial positiva. En segundo lugar, digamos, tiene un dólar oficial que ha evolucionado en relación con los precios; por lo tanto, no está atrasado, está más o menos en línea con el dólar que la Argentina tuvo entre 2003 y 2007, que es un dólar razonable. Y, al mismo tiempo, tiene un acuerdo con los acreedores en materia de deuda hecho por consenso, con lo cual ninguna de las razones que suelen existir para plantear el retraso, para plantear una crisis cambiaria existen acá: no hay retraso cambiario, no hay default y tampoco hay una situación de insuficiencia de divisas, porque a la Argentina le sobran dólares, aunque no por virtud sino por defecto: al estar paralizada, y no comprar nada en el exterior, obviamente la diferencia entre lo que vende y lo que compra es abultada (está en el orden de los 15 mil millones de dólares para este año).
En este contexto no debiera haber problema para sostener el tipo de cambio. De hecho, objetivamente ya se está viendo que existe capacidad de control. El problema es que la capacidad de control se puede establecer por distintas vías y, lamentablemente, el camino que hasta el momento se viene utilizando es un camino muy convencional.
Yo diría que se ha tendido a dirigir la política económica oficial con criterios de la mayor ortodoxia. El modo de controlar la brecha cambiaria (la diferencia entre los dólares alternativos y el dólar oficial) ha tenido determinadas características: primero, aceleraron la devaluación del dólar comercial evolucionando por encima de los precios; en segundo lugar, lo que hicieron fue utilizar bonos de deudas públicas que estaban en manos del Banco Central y del Fondo de garantía del sistema previsional (bonos que ya teníamos en nuestras manos y, por lo tanto, no era deuda exigible por los acreedores privados) para venderlos en el contado con liquidación y bajar la presión existente en ese sector. La contrapartida de esta definición es que se incrementó el endeudamiento público, porque ahora esos bonos pasaron a estar en manos privadas.
O sea, aceleraron la devaluación por encima de los precios, reventaron parte del patrimonio que tenían en el fondo de garantía y del Banco Central, porque eran bonos de deuda que habían sido recuperados (y esto implica mayor endeudamiento) y, al mismo tiempo, mejoraron los rendimientos en pesos para los depositantes y mejoraron los rendimientos que promueve el propio Tesoro con la emisión de bonos. Es decir, han subido el costo del financiamiento y, por lo tanto, el costo del crédito.
Entonces: acelero la devaluación, subo la tasa de interés y aumento el endeudamiento… Ah, y junto con esto también restringieron la emisión. Es decir, ¿qué hacen? Toman deuda en el mercado financiero local y lo que excede a lo que tienen que cancelar lo utilizan para cancelar los anticipos del Banco Central achicando la emisión monetaria. Así, restringen la emisión, suben las tasas, aumentan el endeudamiento y aceleran la devaluación. Terminamos en controlar el tipo de cambio, en una política de carácter ortodoxo, que ciertamente lo que hace es limitar lo que necesitamos, que es la capacidad de recuperación de la actividad económica. Por un lado sostenemos el tipo de cambio, pero por otro lado afectamos la recuperación de la actividad, así que…
Y esto tiene que ver con no poner el foco en aquel problema que le dio lugar al tema de la crisis cambiaria, que fue no administrar adecuadamente el ingreso y el egreso de divisas, no administrar el comercio exterior; es decir, en lugar de ir sobre ese punto para poder administrar el uso y la salida de divisas, el ingreso y el egreso de divisas y poder administrarlo de manera tal de tener control sobre el sistema cambiario sin tener que apelar al recurso de subir la tasa de interés para controlarlo (cosa que afecta la política de financiamiento y desarrollo)… En lugar de ir sobre el comercio exterior se aplican un conjunto de medidas que tienden a transformar la estrategia de política económica en una salida mucho más ortodoxa que la que debería establecer el gobierno.
De hecho, nosotros veníamos teniendo una baja permanente de la tasa de interés, que había posibilitado comenzar a recuperar ciertas líneas de financiamiento y de crédito. Y, en la práctica, hoy vuelve a subir la tasa de interés, con lo que la capacidad de poner el crédito a disposición para financiar el uso de la recuperación del capital de trabajo se hace más complicada.
MM / RE
Yendo a un plano más general, ¿cómo evaluás la situación económica actual? ¿Hasta qué punto la crisis responde a la herencia del macrismo y al impacto de la pandemia y hasta qué punto a las medidas que tomó o dejó de tomar el gobierno? ¿Qué medidas creés necesarias para afrontarla?
CL
Está claro que hay una herencia recibida en cuestión de deterioro y endeudamiento, destrucción del mercado interno, deterioro del poder adquisitivo, desarticulación del segmento PyME, digo… Hay todo un conjunto de cuestiones: niveles de inflación, y demás, que ciertamente complicaban el escenario de salida.
Y creo que el gobierno tenía la idea de que era factible establecer un acuerdo con los factores de poder que permitiera oxigenar y recomponer la recuperación económica de la Argentina. Creo que encaró en esa dirección sus primeras decisiones, que eso estaba por detrás de decir «le pago a los acreedores en función de despejar los vencimientos inmediatos y tener margen de maniobra», que eso era lo que subyacía en la idea de poder establecer una conversación amigable con los formadores de precios. En definitiva, creo que había una imagen de que la Argentina podía comenzar a recuperar la situación económica desastrosa sobre la base de un acuerdo no conflictivo con los factores de poder.
Me parece que eso era lo que estaba presente en la cabeza de una parte importante de quienes tenían la responsabilidad de tomar decisiones al comienzo de la gestión oficial. Por otra parte, esa idea también tenía que ver con ciertas situaciones en materia regional, en el sentido del retroceso evidente que se venía dando de los movimientos políticos progresistas en América Latina. Digo: el golpe en Bolivia –prácticamente en simultáneo con la asunción en la Argentina—, el hecho de que el único gobierno latinoamericano con el que se podía articular era el de López Obrador y quedaba demasiado lejos en el marco de la región… Me parece que la situación regional, sumada a la dificultad de la situación, hizo pesar en la cabeza de los que tenían que estar al frente de todo la idea de que se podía aprovechar la derrota política del establishment frente al fracaso macrista para enhebrar un acuerdo de salida mínimamente armónico y no conflictivo. Que podía haber oxigeno, financiamiento externo y que podía haber una relación razonable con el poder económico local.
Bueno, eso saltó por los aires con la pandemia. Saltó por los aires por la decisión, en mi opinión acertada inicialmente, de plantear la cuarentena estricta y temprana para recomponer el sistema de salud y hacerlo más allá del conflicto que eso implicaba con los factores de poder económico (que aquí, al igual que lo hicieron en todo el planeta, resistieron todas las estrategias de cuarentena en tanto las mismas implicaban una interrupción del ciclo de los negocios). Esa definición del gobierno de defender la salud por encima de cualquier otro interés sectorial lo confrontó con los propios factores de poder con los que pretendía tener una relación armónica.
Y a partir de allí comenzaron los problemas, porque comenzó una estrategia por parte del poder económico dirigida a horadar la estrategia sanitaria del gobierno y porque, de alguna manera, el gobierno terminó forzado por las circunstancias: terminó saliendo de la cuarentena probablemente en el peor de los momentos, salió cuando había más muertos, cuando había más casos, cuando había más frío, cuando había menos camas… En el peor contexto, la cuarentena se aflojó. En mi opinión, porque no estuvo acompañada de condiciones de flexibilidad de otras políticas sanitarias complementarias y, sobre todo, de políticas de contención de la población social en materia de ingresos que permitiera contener la situación que implicaba la cuarentena para el conjunto de los sectores más postergados y que ciertamente, en tanto esto se extendía, progresivamente le iban dando más lugar a la cantinela que el poder económico instaló de entrada respecto a que no era una medida acertada.
Quiero recordar que ni bien empezó la cuarentena el desafío lo planteó el grupo Techint, despidiendo cerca de 1500 trabajadores en las obras que tenía en Neuquén, pese al planteo y al pedido del gobierno nacional de no despedir. Y creo que bueno, desde el principio, claramente no se cumplió con la prohibición del despido: despidieron igual. Se perdieron, en el marco de la pandemia, de la cuarentena, cerca de 150 mil puestos de trabajo formales. Cuando se planteó la necesidad de que los bancos prestaran, hasta que el Estado no puso toda la torta [N. de la E.: en Argentina, dinero en mucha cantidad] para garantizar los créditos, los bancos no prestaron. Y cuando prestaron, prestaron al universo de firmas con las que normalmente venían trabajando, no abrieron el juego mucho más allá de esto (me refiero, obviamente, a los grandes bancos privados). Los formadores de precios en materia alimentaria no acompañaron la situación, y los alimentos siguieron creciendo por encima de la media de la evolución de los precios.
Es decir, no se logró esa armonía que formaba parte de la perspectiva inicial del gobierno. Y me parece que en ese marco comenzó un proceso ya de desestabilización política directa, cuya señal de largada fueron las declaraciones de Eduardo Duhalde planteando la eventualidad de un golpe de Estado, la posibilidad de que no haya elecciones el año que viene. Banderazos de por medio, conflicto policial y, luego, las presiones propias de la crisis cambiaria. Me parece que hay todo un desarrollo allí que mostró con claridad que esa armonía que se pensó en un comienzo no se había logrado.
Pero creo que el gobierno no modificó su criterio original frente a esta situación: sigue pensando en esa posibilidad y, en mi opinión, peca de ingenuidad. Baja retenciones pero los exportadores no liquidan, esperan comportamientos que no se manifiestan. Así que el hecho de no tomar una definición un poco más integral respecto al tipo de vínculo que hay que tener con los factores de poder, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la situación, al gobierno le genera una situación en la que se ve arrastrado a ir mostrando niveles de concesión que no son productivos y que, de alguna manera, van desarticulando las mejores condiciones políticas y económicas.
Porque si la política económica buscaba rearmar un esquema de precios que permitiera fortalecer una reconstrucción productiva, indudablemente las herramientas que se están utilizando hoy para frenar la crisis cambiaria le están poniendo limites a esa estrategia de recuperación productiva. Y esto está pasando porque, en lugar de avanzar en la discusión respecto a la oferta y la demanda de divisas por vía de una presencia del Estado mucho mayor, se siguen postergando definiciones de esa naturaleza. Como también se sigue postergando la definición acerca de cómo reorganizar y replantear el funcionamiento de un sistema financiero, que hace rato que no sirve para financiar la inversión y el consumo de la población y que, obviamente, ha terminado siendo un sistema financiero que vive de la especulación contra la deuda pública o de la administración de las grandes fortunas del país. Me parece que esas cosas son temas centrales que están quedando en el tintero.
Hay además otras cuestiones que se han perdido en la discusión y que son muy preocupantes. Respecto a las definiciones de política económica, también está el tema del presupuesto 2021. Se trata de un presupuesto que hace de cuenta que la pandemia terminó, cuando todavía no terminó, y que además supone que al terminar la pandemia todos los impactos laborales y sociales que produjo todo esto desaparecen. En un contexto donde tenemos 47,2% de pobreza en el segundo bimestre del 2020, 21 millones de pobres y casi 6 millones de indigentes, es decir, el 12,4% de la población, el presupuesto directamente no incorpora el tema del IFE: el Ingreso Familiar de Emergencia no existe en el presupuesto 2021. Ni siquiera se ha decidido pagar el IFE 4 (correspondiente al bimestre en curso), que resulta más que evidente que es necesario.
Se perdió la discusión que había en el gobierno. Porque había apertura para avanzar en la discusión sobre un salario universal –de hecho, nos pidieron a nosotros los materiales que teníamos proponiendo esto— para garantizar una línea de ingresos, que puede ser la línea de indigencia o la línea de pobreza, a toda la población en situación de informalidad o desempleo. Eso significaba ponerle un umbral de dignidad y un piso al mercado laboral en la Argentina, pero desapareció del debate. Incluso, en un contexto donde el hambre ha crecido en la Argentina, los programas alimentarios que el gobierno reforzó durante este año aparecen reducidos en el presupuesto 2021. O sea, menos inversión aún en los programas alimentarios cuando, claramente, todos los programas que se pusieron en marcha (el IFE, la tarjeta alimentaria, el refuerzo de la AUH, todo lo que se llevó adelante) si bien evitó que los males fueran mayores, no alcanzó para contener la situación, que escaló a pesar de todos esos refuerzos.
Por lo tanto, la lógica no debería ser eliminarlos, sino perfeccionarlos. Y bueno, en este sentido el presupuesto 2021… No tiene una política de ingresos, por ejemplo, cuando en realidad la política de ingresos podría ser un factor de estimulo en términos de mejorar el poder adquisitivo y la demanda en el mercado interno, para que el uso de la capacidad instalada ponga en marcha la rueda del funcionamiento de la actividad económica. El presupuesto nacional, que debería haber sostenido el gasto público, lo reduce. Hay achicamiento del déficit por reducción del gasto; el único factor dinámico que tiene el gasto es que duplica la inversión pública, pero la duplica desde el piso: pasa a ser el 2,2% del producto (por debajo de lo que era en 2015, pero en 2015 teníamos un producto que era un 30% superior al actual).
Consecuentemente, lo que se recompone de inversión no compensa lo que se pierde en materia de ingresos por el presupuesto, lo que se pierde porque los salarios de los estatales caen, porque las jubilaciones caen, porque los programas alimentarios caen, porque no está el ingreso familiar de emergencia, etcétera, etcétera. En ese sentido, es un presupuesto contractivo que no ayuda y que, en todo caso, lo que indica es que el gobierno confía para la recuperación en que se dé en base a la iniciativa privada, a la cual luego el Estado acompaña con algunas definiciones en materia de infraestructura.
MM / RE
¿Es posible concretar exitosamente medidas redistributivas como el impuesto a las grandes fortunas sin avanzar sobre el control de los recursos estratégicos? Dicho de otra manera, ¿con medidas parciales no se corre el riesgo de chocar con una reacción del empresariado que implique huelga de inversiones y fuga de capitales y conduzca a crecientes niveles de inflación, sin contar, a cambio, con la capacidad para poner en movimiento la economía desde el Estado?
CL
Yo creo que lo que se necesitan son estrategias integrales. El gobierno, frente a lo que es un cambio de situación respecto a su propuesta original, se planteó medidas parciales pero no se replanteó la estrategia general de la apuesta por una relación armónica con los factores de poder.
Creo que debería haber una estrategia integral, y nosotros en ese punto creíamos que era imprescindible suspender los pagos de deuda y profundizar el proceso de investigación de la deuda pública, que eso debería haber sido el punto de arranque de la estrategia gubernamental, acompañada por la puesta en marcha de un salario universal que garantizara una renta básica frente a la emergencia. Y ese ingreso universal se financiaba con el impuesto a las grandes fortunas y la parte de la deuda que se dejaba de pagar.
Había que avanzar en tres lineamientos: uno, el tema de la soberanía alimentaria, recomponiendo la producción en materia alimentaria en la Argentina y, sobre todo, los precios de esa producción. Segundo, el tema de la soberanía financiera, que implica pensar la reorganización del sistema financiero. Y tercero, el tema de la soberanía en materia de divisas, que implica discutir la cuestión del comercio exterior.
Todo eso, para nosotros, se hace democratizando. El Frente de Todos contiene a múltiples organizaciones populares, de trabajadores, de movimientos territoriales, de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas y demás que podrían ser base de sustentación política para sostener este tipo de cuestiones. Nosotros creemos que hay una relación directa entre ampliar la convocatoria y la incorporación a la gestión pública de los distintos actores que integran el Frente de Todos con la posibilidad de llevar adelante medidas de esa naturaleza.
No obstante eso, hay algunas definiciones que igualmente se pueden tomar. La verdad, es casi vergonzoso que se haya demorado como se demoró el impuesto a las grandes fortunas. Impuesto que, por otra parte, es absolutamente limitado, en el sentido de que los millonarios que tiene registrada la AFIP son 32 mil, y este impuesto va sobre 9 mil, solo sobre los más millonarios de los millonarios. Acá no está en discusión ningún proceso de inversión que se vaya a interrumpir, porque igual tampoco invierten antes de que exista el impuesto. Así que no es esa la cuestión.
La verdad es que una de las claves para una Argentina mínimamente razonable es una reforma impositiva que incorpore dominantemente rasgos de progresividad tributaria. En ese sentido, el paso a las grandes fortunas era un paso importante. Moderado, pero importante. En este sentido, creo que además la pandemia alumbró un conjunto de temas a la luz pública que permitía la construcción de un consenso social relevante en torno a que quienes tenían más tenían que poner más, en torno a los problemas de la pobreza y al hacinamiento habitacional, a la falta de servicios públicos, a la relevancia del Estado… Todo un conjunto de cosas que, me parece, hubieran permitido una ofensiva muchísimo mayor por parte del gobierno para articular una estrategia integral que replanteara lo que había sido la visión original en el marco de un contexto distinto.
Al percibir el modo en que los factores de poder no contribuían, lo que faltó fue la definición de armar una estrategia integral y replantear todo. Ese es el tema de fondo, y la pandemia daba elementos para esto: el contexto mundial, las discusiones sobre el papel del Estado, la demostración de muchos sectores acaudalados del mundo que pedían que se les cobrara más impuestos para colaborar con la situación… Había muchas maneras de mostrar cuán retrógrado, cuán troglodita es una parte de las clases dominantes en la Argentina. Pero se perdió la oportunidad, no se aprovechó la oportunidad para mostrar con claridad todo esto, que es lo que permite avanzar.
De hecho, con la situación de la crisis cambiaria también se evitó poner sobre la mesa quiénes son los que estaban operando en el mercado de cambio. Entonces digo: ¿quiénes son los que están sin liquidar exportaciones? Los mismos que quieren vender el proyecto agroindustrial argentino sobre la base del predominio sojero y aceitero, los mismos que no liquidan los 4 mil millones de dólares… Son los que están queriendo que ese proyecto sea la clave del futuro económico de la Argentina, y se lo están presentando al gobierno nacional. Si vos tenés fondos especulativos que quieren salir porque quedaron atrapados en esta red, ¡dale, blanqueá! Impedí que operen en el mercado de cambios, forzalos a que operen sobre las pautas que vos les fijás.
No blanquear la situación, no ponerle nombre y apellido, impide la construcción de la política necesaria para regular eso como corresponde. Y me parece que, en este sentido, no hacerlo implica la imposibilidad de avanzar en un proceso de cambio que incluya las transformaciones que la Argentina necesita. No se puede pensar en las transformaciones sin asumir que va haber conflictos. Y la tarea es pensar cómo avanzar con estrategias que permitan resolver esos conflictos en favor del conjunto de la sociedad.
MM / RE
Cristina Kirchner circuló recientemente una carta donde convoca a un gran acuerdo con los grandes empresarios, los grupos mediáticos y los grupos sindicales para hacer frente a la cuestión del carácter bimonetario de la economía argentina. ¿Qué valoración hacés de esta convocatoria?
CL
Respecto a la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner sobre el gran acuerdo para afrontar el problema, yo creo que lo importante –y me parece que en esa dirección fueron sus palabras— es que la famosa idea del «consejo económico y social» o la «concertación» o como se lo llame, debe incluir a todos y no debe estar circunscripta exclusivamente a los factores de poder tradicionales. Si en la convocatoria están la Asociación de Empresarios Argentinos, el Consejo Agroindustrial, la UIA, la CGT y demás (que son los factores de siempre) y no están los movimientos territoriales y otras organizaciones en representación de los trabajadores, las dos CTA, las corrientes internas de la CGT que no están representadas por quienes hoy ejercen la conducción… Si no están los movimientos cooperativos, si no se pluraliza, convocando a todas las voces que expresan hoy el arco político y social de la Argentina, no hay acuerdo.
Hay que admitir el conflicto para poder resolverlo. En esa mesa de concertación amplia, el gobierno, a través del Estado, con la decisión de limitar las posiciones dominantes que los diferentes actores de poder tienen en el mercado, puede hilvanar un consenso con el resto de los actores e ir articulando negociaciones favorables para avanzar en una estrategia distinta. Eso requiere tanto de mesas de concertación generales como mesas de concertación por cadena de producción, donde el Estado, articulando con trabajadores, PyMES, cooperativas y demás, le ponga el cascabel al gato a aquellos que apropian en cada cadena el grueso de lo que en la misma se genera.
Por eso yo entiendo el llamado a una convocatoria general como un ámbito donde pongamos el conflicto como parte de la discusión. Y lo entiendo así porque hablar de un acuerdo exento de conflicto no existe. O al menos no existe en las condiciones de la Argentina actual. Lo que se está señalando, entiendo, es que la convocatoria gubernamental tiene que ser a todos y no solo a los de siempre.
Respecto al tema del bimonetarismo quiero aclarar una cosa. Me parece que lo que tiene que quedar claro es que el bimonetarismo es el efecto de un problema: es el resultado de un problema. El problema es la reestructuración que se abrió en la Argentina a partir de la dictadura militar, reestructuración que implicó un proceso creciente de transnacionalización de la economía con predominio del capital extranjero y con internacionalización de grandes grupos locales en un contexto, además, de desindustrialización y reprimarización. Es en ese contexto que el dólar comienza a tener un papel creciente como moneda en la Argentina, no es ajeno a ese proceso.
Cuando uno tiene que de las 500 empresas más importantes, 330 son extranjeras y, además, esas 330 tienen el 70% de la facturación, el 80% de las ganancias, el 80% de las exportaciones y el 80% de las importaciones, en realidad el uso del dólar como moneda de unidad de cuento, como reserva de valor, es un resultado de ese proceso. Por lo tanto, resolver el tema de lo bimonetario supone una estrategia política que tienda a replantear regulaciones, llevar adelante una fuerte transformación productiva e ir generando, en ese proceso, nuevos actores que intervengan en el centro del proceso de acumulación, proceso donde es clave el papel del Estado y donde hay que promover nuevos actores económicos de carácter cooperativo, vinculados a la economía social, empresarial, que puedan acompañar.
El bimonetarismo no es el problema, el bimonetarismo es el efecto del proceso que se puso en marcha como estrategia de la desigualdad a partir del golpe de Estado del 76, que se profundizó con Menem y con los 4 años de Macri, y que no ha podido ser revertido en términos estructurales en los intentos populares que existieron durante este tiempo. Es en ese plano es que hay que ubicar la cuestión de lo bimonetario. ¿Y cuál era el tercer punto?
MM / RE
¿Ves alguna relación entre esta convocatoria a llegar a acuerdos con los grandes grupos económicos y los rasgos ortodoxos de las políticas recientes del ministro Guzmán? ¿O con las reuniones recientes que está manteniendo el Presidente con sectores de la cúpula empresarial que se agrupan en AEA [Asociación Empresaria Argentina]?
CL
No, yo creo que es al revés: que no haber convocado de entrada a un espacio de concertación plural, en el que estuvieran todos los actores, ha hecho que el gobierno tuviera menor capacidad para resistir un conjunto de presiones que le han hecho ir concediendo. O sea, está claro que el gobierno acá privilegió mantener el tipo de cambio. Lo hizo sobre la base de impedir una devaluación brusca, que efectivamente era un problema muchísimo más grave. Pero lo hizo a expensas de rifar una parte importante de sus definiciones de política económica. Y la verdad es que esto solo puede ser entendido como una cuestión de coyuntura, porque si eso termina siendo la agenda de la discusión futura… Digamos, estamos al horno. En el marco de este tipo de estrategia no se le puede dar respuesta a la situación de caída de la actividad económica y de creciente conflictividad social que la Argentina tiene.
Es más, el propio presupuesto de 2021, yo te diría que nace en una coyuntura en la que, por un lado tenés la pandemia y, por el otro, el acuerdo con el Fondo, o la negociación con el Fondo. En este marco, es un presupuesto hecho más para discutir el acuerdo con el Fondo que para resolver los problemas que plantea la situación de la pandemia. Si tomáramos la situación de la pandemia en términos de pauperización, hambre, hacinamiento habitacional y demás, deberíamos tener prioridades presupuestarias de otro tipo.
El propio presupuesto dice que si esta pandemia no afloja y demás habrá que flexibilizar las metas fiscales. Bueno, yo creo que esas metas va a haber que flexibilizarlas igual, porque la pandemia puede aflojar (y ojalá así sea) pero lo que no va a aflojar necesariamente de manera simultánea son los impactos sociolaborales que ya ha producido.
En la práctica, son necesarios tres elementos: uno, más demanda en el mercado interno, y eso implica más poder adquisitivo, más gasto público. ¿Para qué? Segunda cuestión: para poder utilizar la capacidad ociosa. Hoy la prioridad no es la inversión nueva, Argentina tiene inversiones hechas que no están siendo utilizadas: utilizamos menos de la mitad de la capacidad productiva del país. Y tercero, es necesario financiamiento para el capital de trabajo de las empresas, para poder combinar demanda con uso de la capacidad instalada y financiamiento al capital de trabajo.
No se puede tener permanentemente la estrategia de política económica que se está teniendo en este momento para controlar este tipo de cambio. En todo caso esta podrá ser una estrategia coyuntural, que debe luego tratar de generar los grados de libertad necesarios para poder empujar en dirección a un ordenamiento de los precios distinto. Hay que tener una tasa de interés barata, precio de los alimentos barato y energía barata como garantía para armar una reconstrucción productiva.
MM / RE
En una entrevista reciente dijiste (cito de memoria) que el Frente de todos había sido un instrumento muy eficaz para desalojar a Macri del gobierno pero que no estaba siendo un espacio o una fuerza capaz de representar a las organizaciones populares o a sus demandas. Me gustaría que amplíes este punto.
CL
Lo que pienso es que fue una coalición electoral sumamente importante que pudo poner un límite al avance del macrismo, que hubiera sido algo sumamente complicado para el futuro de la sociedad argentina. Pero no hemos logrado transformar esa coalición electoral, ese instrumento electoral virtuoso, en una fuerza política. Es decir, el Frente de Todos como tal no se ha constituido ni convertido en fuerza política, no hay ninguna «mesa» (ni a nivel nacional, ni a nivel de las distintas localidades) donde los 13 o 14 partidos nacionales que integramos el Frente de Todos discutamos nuestra estrategia. En todo caso, cada uno interviene o influye en función del grado de poder en el aparato del Estado que ha logrado.
Pero ciertamente no hay ninguna discusión que permita fortalecer la configuración de una coalición política que le dé al gobierno la base de sustentación social para avanzar en términos de las transformaciones que la Argentina necesita. Eso no lo hemos logrado. Habría que hacerlo, es imprescindible, desde mi punto de vista, que exista cierta institucionalización política del Frente de Todos, porque es lo que permitiría resolver mejor algunas de estas cuestiones.
Yo creo que ha habido concesiones innecesarias, y la última y más grave fue la de Guernica. Un gobierno popular no puede resolver la situación de Guernica del modo en que se resolvió. No puede tener a un personaje como Berni enarbolando el discurso del desalojo de la manera en que lo hizo (y con antelación al desalojo). Todas estas cosas merecen una discusión política del conjunto de fuerzas que integramos el Frente de Todos, que no está pasando, y creo que eso debilita la gestión gubernamental en el sentido de avanzar en un proyecto transformador.
MM / RE
Para terminar: ¿qué opinás del Acuerdo de Facilidades Extendidas que el ministro Guzmán le propone al FMI?
CL
Obviamente la cuestión clave pasa por las condicionalidades. Este tipo de acuerdo implica un plazo más largo para la devolución del crédito y tiene un mayor rigor a la hora de las condiciones que se pactan, que, por lo general, tienen que ver con cuestiones de orden estructural. De las tres reformas clave que, de algún modo, están en la base de la discusión con el FMI la primera es la reforma previsional, que en la clave del Fondo significa que se invierta en haberes previsionales menos de lo que se invierte hoy. Ahí se plantea un dilema importante. Nosotros tenemos un sistema previsional que paga más del 60% de los beneficios jubilatorios con un haber mínimo de 18.100 pesos y un haber promedio de 22000 pesos, mientras que la canasta de bienes y servicios para un jubilado está en el orden de los 50000 pesos. Está claro que hay que recomponer las condiciones de vida de los jubilados. Invertir menos que lo que hoy se invierte para sostener haberes jubilatorios que son miserables, en relación a lo que le sale vivir a un jubilado en la Argentina, indudablemente es un problema. Que Argentina necesita una discusión previsional no hay duda. La orientación que el Fondo tiene en la materia es complicada. Del mismo modo que la previsional está la reforma laboral, que desde la perspectiva del Fondo es la reducción de los costos laborales. Los costos laborales son, entre otras cosas, los aportes al sistema de Seguridad Social. Por lo tanto, estaríamos desfinanciando el sistema de Seguridad Social si bajáramos más los costos de contratación. Por ende, también allí aparece un inconveniente. Y la tercera cuestión es la reforma fiscal, que para el Fondo implica bajar el peso del Estado, a los efectos de que el nivel de recaudación en porcentual del producto que uno tenga que consumir para sostener la actividad del Estado sea menor. En esa reforma fiscal indudablemente también hay una discusión. Estos temas, es decir cuál es la reforma laboral necesaria para vincularte con el cambio tecnológico, cuáles son los criterios de una reforma fiscal que le otorgue progresividad tributaria y mejor eficiencia en el gasto al Estado argentino y la necesidad de un sistema previsional que funcione mejor, son indudables. Ahora, las orientaciones del Fondo Monetario en la materia son de ajuste en el gasto previsional, de reducción de los costos laborales y de achicamiento del Estado. Por lo tanto, cómo va a dar el Gobierno la discusión sobre esos tres puntos en el marco de un Acuerdo de Facilidades Extendidas es francamente un interrogante, y además es preocupante. Sobre todo es preocupante porque Argentina debió haberse parado en la discusión con el Fondo colocando en el Fondo la responsabilidad principal de la crisis argentina, junto con Macri. Agregando el hecho de que estamos frente a un préstamo absolutamente ilegal e inconstitucional, desde el lado de la jurisprudencia y de la Constitución argentina, y estamos ante un préstamo absolutamente violatorio del Estatuto del Fondo, desde el lado de los Estatutos del Fondo. Por lo tanto, acá no debería cargar sobre la Argentina todo el costo de esta refinanciación, sino que el Fondo debería hacer un aporte, no poniendo condicionalidades y haciéndose cargo de parte del capital prestado. Por lo tanto, creo que el gobierno debiera pensar en alguna salida más original, antes que pensar en salidas convencionales, típicas, tradicionales, de un Fondo que no resuelve nunca adecuadamente las cuestiones para nuestros países. Pero como ha abandonado la idea de investigar el endeudamiento, de colocar estas cuestiones como parte de la discusión, el debate puede terminar en un gobierno que termine asumiendo un corsé para su política económica sumamente complicado.
Sobre los entrevistadores
Martín Mosquera es licenciado en Filosofía, docente en la Universidad de Buenos Aires y editor principal de Jacobin América Latina.
Rosario Escola es licenciada en Economía, maestranda en estudios y políticas de género e integrante de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda.
