Aunque vulnerable, el gobierno de Colombia avanza en su derrotero antipopular de transferir riqueza al sector financiero y abrir (más) las puertas a la importación de mercancías. Ocho años después de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el deterioro de las condiciones de producción en el campo resultan inocultables y acentúan las desigualdades entre campo y ciudad, una de las causas originarias del conflicto armado interno.
Con una imagen desfavorable en ascenso y consensos que se desmoronan, el oficialismo se muestra temeroso de la emergencia de una alternativa política de cara a 2022. La figura de Gustavo Petro, aunque no ha logrado consolidar un movimiento político, cuenta con una red que se extiende y mantiene las expectativas de nuevas alianzas progresistas. El «santismo», referenciado como una derecha moderada gracias a la postura en favor de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016, apunta contra el uribismo para construir un centro político que expulse al pupilo de Álvaro Uribe del Palacio de Nariño.
Mientras tanto, el movimiento popular recupera bríos tras meses de obligado repliegue por la pandemia del COVID-19. El impulso contagioso de las movilizaciones de noviembre de 2019 menguó forzosamente, pero develando los estragos que décadas de desregulación, privatizaciones y disciplinamiento neoliberal han producido en las mayorías, al punto de cubrir el paisaje urbano con trapos rojos en las casas donde el hambre surgió como la primera consecuencia de la cuarentena. En nuevas jornadas, las protestas han impugnado el modelo económico, exigido la paz y denunciado el autoritarismo del gobierno en pandemia.
Un torrente popular inconforme está despertando gracias al proceso de paz, que lentamente está abriendo las pesadas compuertas de la democracia y ha producido el acontecimiento más importante de las últimas décadas: la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC–EP y el Estado. El incumplimiento de los acuerdos tras la dejación de las armas de esta insurgencia ha puesto al descubierto los problemas reales de la nación, agotando las falacias producidas por el oficialismo. Ahora queda claro que el orden social vigente que defienden las élites ha dejado una estela de injusticias que sólo pueden sostener inventando guerras internas y contra sus vecinos.
Uribismo en decadencia: autoritarismo y violencia
El paquete de ajuste neoliberal prometido por el partido Centro Democrático a fines de 2019, pero contenido con el ardor de la movilización popular, fue puesto en marcha durante la pandemia. Una serie de reformas laborales, pensionales, tributarias y un programa de privatizaciones en sintonía con la doctrina del Fondo Monetario Internacional y las recomendaciones de la OCDE, están contenidas en los más de 160 decretos expedidos por el ejecutivo entre marzo y agosto de 2020, de los cuales solo 11 corresponden a medidas para enfrentar las consecuencias del COVID-19. Esta actitud autoritaria se acompañó del cierre del parlamento durante tres meses por el estado de emergencia, que ni en plenas funciones hubiera ejecutado una agenda legislativa tan voluminosa, y el alineamiento de los entes públicos de control institucional con figuras afines a su partido (o exmilitantes del mismo) como en la Fiscalía General, la Procuraduría y la Personería.
El uribismo se encuentra en su fase más agresiva ante la posibilidad de que sus opositores lo desplacen del gobierno en 2022. El pasado 5 de agosto, el oficialismo sufrió el más duro revés de su gestión: la prisión domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal en una causa donde se investigan de fondo sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Este acontecimiento estremeció la política nacional por ser la primera vez que un expresidente era acusado formalmente y puesto prisión, medida que la Corte Suprema de Justicia aplicó luego que en octubre de 2019 fuera llamado a indagatoria. Algunos de los desencadenantes condujeron al uribismo a tomar una actitud defensiva, puesto que su líder renunció al senado para eludir a la CSJ e intentar que su caso pase a la Fiscalía (estrategia para recuperar su libertad) y dedicarse intensamente a su defensa.
Por otra parte, las fuerzas del mapa político aceleraron los movimientos internos para ordenar sus alianzas con miras a desplazar al partido Centro Democrático y sus socios del gobierno. En este sentido el «santismo» y los partidos de oposición activaron sus críticas a la gestión, promoviendo debates de control político y una agenda legislativa con propuestas vinculadas a las demandas del movimiento popular. Un elemento más que emergió correlativamente de esta situación fue el incremento de masacres contra militantes populares, especialmente organizados en movimientos que exigen la implementación de la Reforma Rural Integral y participantes de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
La paz se encuentra en el centro de la disputa política, ante lo cual el uribismo busca deslegitimar los acuerdos firmados en 2016, reactivar la guerra y mantener la polarización. Iván Duque ha insistido en instalar una retórica que reaviva el conflicto armado y habilita al tratamiento militar de problemáticas sociales, lo que redunda no solo en la idea de que la presencia estatal en los territorios más apartados es a través de las Fuerzas Armadas, sino en la criminalización del movimiento social que insiste en las alternativas a la guerra.
A contramano del proceso democratizador abierto con el proceso de paz en 2012, Álvaro Uribe dio un discurso el mismo día en que una jueza ordenó su libertad, en el que apuntó contra el sistema de justicia transicional impulsando un referendo que derogue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), permita una reforma a la justicia ordinaria, garantice impunidad a los militares y reduzca el parlamento. Su mensaje apareció como un espaldarazo a la figura frágil de Duque y ubicó el enemigo a combatir: el socialismo, un discurso común a las extremas derechas del hemisferio. Huelga aclarar que un punto sobre participación política del acuerdo de paz estipula la creación de dieciséis bancas en la Cámara de Representes para Circunscripciones Especiales de Paz, como reconocimiento a las comunidades más afectadas por la guerra y la desidia estatal.
Desfinanciación de la paz, endeudamiento y concentración de capital
El descontento social expresa la profunda crisis del neoliberalismo en Colombia, donde la creciente desigualdad social y la economía de miseria constriñen los anhelos de la gente del común. Las mayorías no acceden a un empleo formal, un 53% de la población ocupada se encuentra en la informalidad por las leyes laborales de precarización sin garantías y derechos, lo que las hace más vulnerables a las crisis.
El desempleo es un flanco crítico que se duplicó entre 2019 y 2020 superando el 20% en julio de este año, teniendo un mayor impacto en la población joven y en las trabajadoras. Este modelo obliga a la población a endeudarse para acceder a la educación superior, impide el acceso a la vivienda y a la jubilación (solo 2 de cada 10 trabajadores está integrado al sistema pensional y jubilatorio). En definitiva, es un pueblo harto de la exclusión, la misma que ha causado que más del 10% de la población sufra diversas formas de exilio.
La guerra y el salvataje financiero han jerarquizado las decisiones en economía. La aplicación de exenciones tributarias evidencia los intereses priorizados por el uribismo, otorgando beneficios fiscales a los grandes capitales por 24.600 millones de dólares. En simultáneo, el servicio de la deuda pública en 2020 equivalió a 17.619 millones de dólares, lo que suma entre ambos un 13% del PIB. La tendencia se mantendrá en 2020 con el agravante de que en abril, en plena cuarentena, el gobierno de Iván Duque activó una línea de crédito flexible con el FMI por 11 mil millones de dólares.
De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación 2021 aprobado por el Congreso a fines de octubre, el principal rubro será el de Deuda, que en junio de este año alcanzó en total 146.642 millones de dólares, un escandaloso 49,7% del PIB. Este monto es seguido por: Educación (USD 12265 millones), Defensa (USD 10177 millones) y Salud (USD 9133 millones). Si consideramos que en los 15 años requeridos para implementar los Acuerdos de Paz son necesarios USD 161 mil millones (aproximadamente un 3,3% del PIB anual), estos podrían llevarse a cabo con el 47,1% de las exenciones de un solo año.
No obstante, la decisión política ha sido asignar para los próximos tres lustros un monto inferior a lo correspondiente en seguridad y defensa durante el gobierno de Duque (2018-2022), algo que viene condicionado por el resurgimiento de la «guerra contra las drogas». Lograr los recursos necesarios para implementar el Acuerdo de Paz ha sido parte de la agenda de lucha del movimiento social y popular y la oposición parlamentaria.
El sistema de salud es un modelo de negocio que prioriza el capital por sobre la vida. Aunque según la OCDE, Colombia destinó en 2018 5,3% del PBI a salud, lo que la ubica como el que más invierte en este rubro en la región, paradójicamente cuenta con un sistema que no garantiza el acceso universal, atención oportuna y gratuidad de tratamientos complejos. Ello significa que el sistema diseñado por la Ley 100 de 1993, impulsada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, se basa en un sistema privatizado en el que la salud y el bienestar de las personas son un negocio que paga el Estado, pero cuyas ganancias recaudan un puñado de empresas.
Estas deficiencias quedaron más expuestas con el COVID-19, pero ya venían siendo denunciadas por la ciudadanía en las crecientes manifestaciones desde 2018, incluida la campaña electoral donde el progresismo presentó una propuesta alternativa al sistema de tercerización.
La economía colombiana esta cada vez más financiarizada y sufre –especialmente desde hace dos décadas— un desangre permanente que profundiza su dependencia mediante el endeudamiento. Quienes han cantado victoria en este modelo han sido los bancos. El Grupo AVAL, perteneciente al empresario Luis Carlos Sarmiento, ha concentrado los mayores flujos de capital gracias a que el gobierno le otorgó a los bancos acceso al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) creado para afrontar la pandemia. Gracias al FOME, las entidades bancarias han efectuado operaciones por más de 1.110 millones de dólares, asegurando su estabilidad en el marco de la crisis.
No obstante, el FOME no fue suficiente para asegurar una Renta Básica de Emergencia que garantizara un salario mínimo (USD 234) por seis meses y la mitad por los seis siguientes para los sectores más vulnerables, como propuso la oposición. Mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ya en febrero, informaba que en el país existían 5,6 millones de «micronegocios» (eufemismo que encubre los niveles informalidad y atomización laboral), el gobierno implementó un insuficiente Ingreso Solidario de USD 46 al mes y apostó por efectuar un préstamo de 370 millones de dólares a la empresa Avianca, destinados superar su situación de quiebra y cumplir con los pagos a sus acreedores (entre ellos, el Grupo AVAL). La desproporción se evidencia en las medidas tomadas frente a las 1,8 millones de MiPyMEs, que representan el 67% del empleo formal en Colombia, con créditos que apenas alcanzan para cubrir costos de servicios y locación, corroborando la estrategia de concentración de capital ejecutada desde el gobierno.
Trumpismo: guerra contra las drogas y asedio diplomático a Venezuela
Con el uribismo en el gobierno, EE. UU. volvió a ser el ordenador de la política exterior colombiana, caracterizada por la militarización y flujo comercial. Donald Trump e Iván Duque relanzaron la ya fracasada estrategia de «guerra contra las drogas», condicionando a Colombia a reducir la producción de cocaína al 50% en cinco años. Actualmente, en el país se producen en promedio 1.200 toneladas del narcótico, representando el 70% del total mundial, y la mayoría es llevado a EE. UU., que ostenta el 90% de la demanda global según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La postura estadounidense frente al problema de las drogas ilícitas se ha superpuesto a las alternativas enmarcadas en los acuerdos de paz, donde la sustitución voluntaria, gradual y con proyectos productivos concertados con las comunidades se opone a la erradicación forzada, la militarización de los territorios, la criminalización de cultivadores y la aspersión con glifosato ejecutadas obedientemente por el actual ministro de Defensa.
De fondo a la «guerra contra las drogas» hay una estrategia contrainsurgente y una maniobra de asedio a Venezuela. Si bien Colombia esta en la cúspide del escalafón de productores de drogas ilícitas, los Departamentos de Estado, de Defensa, de Justicia, del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. han puesto el foco sobre Venezuela al punto de acusar a todo el gobierno de componer una organización criminal «narcoterrorista», una pintoresca agresión auspiciada por el gobierno colombiano.
Mientras en el frente interno la política antidrogas ordena la militarización y recrudece la violencia, hacia el exterior tensa las relaciones con su vecino bolivariano en la frontera, con el patrocinio de EE. UU., que en abril desplegó una operación en el Caribe con la Cuarta Flota del Comando Sur al mando del Almirante Craig Faller, so pretexto de cercar el flujo de cocaína desde Venezuela.
Lo llamativo es que ninguno de los organismos internacionales de monitoreo al respecto ubican al país presidido por Nicolás Maduro entre los principales productores. Para reforzar la actitud hostil y continuar justificando el desproporcionado Gasto en Defensa y Seguridad en que incurre Colombia al año, el Comando Sur envió una misión de sus tropas de la Brigada de Fuerza de Asistencia en Seguridad (SBAF por sus siglas en inglés), que ingresaron en dos contingentes durante junio y octubre sin aval del parlamento ni documento de la cancillería y se distribuyeron en cuatro zonas, dos de ellas en la frontera colombo-venezolana.
El uribismo se encuentra en examen en el congreso de los EE. UU., y ha tomado partido por los republicanos en un conflicto en que puede quedar sin respaldo. Por el vínculo de subordinación histórica de Colombia a EE. UU. y, más aún, por la afinidad ideológica entre el Centro Democrático y el actual presidente de la potencia norteamericana, el oficialismo buscó el apoyo de los republicanos para proteger a Álvaro Uribe a cambio de su inclinación en favor de Trump en las elecciones.
Ante el adverso resultado electoral y la actitud de repudio que un sector de los demócratas han tenido sobre los bombardeos a civiles, el espionaje ilegal, la política antidrogas, los abusos policiales, las crecientes masacres y el incumplimiento de los acuerdos de paz, la política de seguridad y defensa pasará a cuidados intensivos. No es menor que, por las presiones en el parlamento, se hayan retenido el 20% de los fondos para el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE), al que EE. UU. ha aportado 6.929 millones de dólares en 20 años y, en paralelo, se hayan desclasificado documentos que dan cuenta de que Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de George W. Bush, conocía vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares.
Alternativa y movilización popular. Hacia una agenda antineoliberal
Cuando en 2018 el uribismo volvió a poner sus pies en el Palacio de Nariño, el clima político le era menos favorable de lo que aparentaba. Un novedoso elemento emergió en la política institucional con el aumento de la oposición parlamentaria, y aún más, con el respaldo de ocho millones de ciudadanos y ciudadanas que por primera vez pusieron una fórmula progresista en el balotaje: Gustavo Petro y Ángela María Robledo.
Tal acontecimiento le marcó límites a Duque para imponer una devastadora agenda antipopular y «hacer trizas» los acuerdos de paz. Esa potencia se expresó en las elecciones locales realizadas el 27 de octubre de 2019, donde hubo un significativo respaldo a las propuestas alternativas y un duro revés para el uribismo, que perdió en sus principales bastiones, como en Medellín.
Lo destacable de ambas elecciones es que continúan expresándose los efectos del proceso de paz con el crecimiento de las fuerzas políticas con programas alternativos. El sentido común, ganado por la derecha tras varias décadas de conflicto interno, empieza a fracturarse. Por primera vez, la guerra no fue el centro de la agenda y quedó al descubierto que las FARC no eran «el principal problema del país», abriendo paso a nuevas demandas.
El neoliberalismo y la paz son incompatibles, y ya ha quedado demostrado. Las multitudinarias movilizaciones de noviembre de 2019, retomadas inmediatamente cuando se levantaron las restricciones por la pandemia, han impugnado contundentemente los lineamientos que desde hace décadas orientan las políticas estatales y han ratificado su repudio a la guerra. Una agenda de derechos se intenta imponer frente a la acumulación y concentración de capital, que necesariamente se ha nutrido de la violencia estatal y paraestatal para realizar su cometido.
El conjunto de propuestas que la oposición parlamentaria ha puesto en agenda –como la Renta Básica, la matrícula cero para garantizar el acceso a la educación superior, la regulación de la coca y la reforma a la doctrina militar y las fuerzas de seguridad— han sido acompañadas en las calles por el movimiento social y los esquemas de convergencia emergentes, como el Comité Nacional de Paro (que incluye centrales obreras), la Multisectorial (que abarca partidos de izquierda) y la coalición Defendamos La Paz (integrada por un amplio espectro de organizaciones que respaldan los Acuerdos de La Habana).
El movimiento popular esta transitando un momento de recálculo de su táctica y sus formas de organización. La incorporación activa de una nueva generación a la lucha social ha irrumpido con intensidad en las movilizaciones, aunque desconectada de las tradiciones políticas de la izquierda y su organicidad, algo que presenta un desafío para consolidar opiniones contrahegemónicas y superar la dispersión. La idea de «red» ha cautivado a simpatizantes de Colombia Humana, aunque aún es insuficiente para revertir la correlación de fuerzas de modo que ostente un grado de autonomía suficiente para competir sin buscar alianzas con la «centro izquierda» expresada en el Partido Alianza Verde, cuyos candidatos privilegian acuerdos con el ahora Partido Dignidad (fracción recientemente escindida del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo) y algunas personalidades del círculo próximo al ex-presidente Juan Manuel Santos.
La sociedad tiene la posibilidad de frustrar las intensiones del uribismo, impidiendo que logre profundizar el neoliberalismo y ampliar el discurso securitario y de guerra para defenderlo. Podrá avanzar en la implementación de políticas populares si entiende la oportunidad abierta por las movilizaciones, con una senda para nuevos debates y horizontes. Los partidos políticos, los movimientos sociales y la intelectualidad están frente al desafío de controvertir el modelo de acumulación neoliberal e instalar alternativas. El clima está despejado para la emergencia de una nueva cultura política, orientada por la distribución de la riqueza y la democratización de la vida social.
