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(Marcelo Hernandez/Getty Images)

Por una democracia que no tema a los anhelos de su pueblo

La opción «Apruebo – Convención Constituyente» triunfó por amplio margen en el plebiscito chileno del 25 de octubre. Pero pese al enorme triunfo que representa haber sepultado definitivamente la constitución pinochetista, el camino que se abre a partir de ahora representa un desafío aún más difícil.

Serie: Dossier Chile

El pasado domingo 25 Chile vivió un día transcendental. A poco más de un año de iniciado el levantamiento popular del 18 de octubre de 2019 (18-O), en un plebiscito en el que votó la mayor cantidad de electores en toda su historia –pese a la pandemia–, las chilenas y chilenos se pronunciaron contundentemente a favor de redactar una nueva Constitución (78,27%) y de hacerlo a través de una Convención Constitucional (78,99%), es decir, mediante un órgano con representantes electos exclusivamente para esa función.

El plebiscito fue el resultado del acuerdo del 25 de noviembre de 2019 entre el gobierno y la mayor parte de la oposición de centroizquierda, quienes buscaban darle una salida institucional a la crisis que se desató el 18-O. Pero sería erróneo atribuirle a ese acuerdo el triunfo del domingo, tal como lo ha afirmado Mario Desbordes, actual Ministro de Defensa y uno de los autores intelectuales del 25 de noviembre: «lo contundente de la votación, lo masivo de la concurrencia, demuestra que la gente quería lo que estábamos firmando ese día y ya no hay discusión sobre eso».

Dicho acuerdo fue contestado tanto por los condicionamientos que estableció para limitar el eventual poder constituyente (la existencia de un cuórum de dos tercios para los acuerdos en la Convención, lo que revive la política de veto que ejerció la derecha chilena como minoría sobrerrepresentada en el Congreso durante la transición) como por la forma de elección de los convencionales, que replica el de la Cámara de Diputados, cuando este es un órgano que atraviesa una profunda crisis de legitimidad y donde la derecha ha logrado mejor elegibilidad gracias a su capacidad de presentar listas unitarias a las elecciones.

Sin duda, el mencionado acuerdo le dio viabilidad política a este momento. Pero los chilenos parecen tener claro que lo que posibilitó acabar con el último gran enclave institucional de la dictadura de Pinochet, la Constitución de 1980, fue el estado de movilización permanente del pueblo a partir del 18-O. Un sector importante de quienes se han movilizado en el último año, o que los han apoyado, tienen la convicción de que solo a través de su presencia cuestionadora y su confrontación en las calles logran hacerse escuchar y conseguir avances.

El 18-O se despliega por dos aristas: representa una impugnación simultánea al modelo neoliberal de desarrollo impuesto por la dictadura y profundizado en democracia, por un lado, a la vez que, por otro, cuestiona profundamente la democracia semi soberana diseñada para protegerlo. El neoliberalismo supuso la desindustrialización del país y su especialización en la exportación de materias primas, reduciendo al mínimo el rol del Estado y transformando una serie de derechos sociales en nuevos nichos de negocios para privados. El resultado: una sociedad altamente desigual, con empleos precarios y bajos salarios, con ciudadanos altamente endeudados y desprotegidos, que identifican en la generalización del abuso la principal fuente de su descontento.

Según la actual Constitución, el Estado chileno no está obligado a garantizar el derecho a la salud, a la educación o a la jubilación. El sistema político y las instituciones democráticas han entrado en una profunda descomposición, concentrando altos grados de desconfianza ciudadana. Diversos escándalos por financiamiento ilegal de la política por parte de los grandes grupos económicos, por corrupción en instituciones otrora respetadas (como las FFAA y la policía) y la impunidad que ha rodeado a esos casos terminaron por erosionar fuertemente la credibilidad de la democracia chilena ante sus ciudadanos. Democracia que, vale recordarlo, no fue otra cosa más que el resultado de un acuerdo entre élites (la dictadura y la oposición), que condicionó la salida pacífica a la dictadura a la impermeabilidad del sistema político frente a las demandas sociales, a la anulación del conflicto social en favor de la estabilidad y al impedimento de cualquier transformación significativa del legado político y económico del régimen de Pinochet.

Considerando lo anterior, no es del todo sorprendente que la demanda de una Nueva Constitución haya concitado un alto nivel de adhesión en las calles, primero, y en las urnas, después. La Constitución de Pinochet no solo se caracteriza por la ausencia de derechos sociales y su opción por un Estado subsidiario que actúa solo donde el mercado no tiene interés en invertir, sino por establecer, además, una serie de dispositivos contra mayoritarios que tornan extremadamente complejo e improbable el cambio dentro de los límites de la institucionalidad.

Y en ese sentido la pandemia terminó siendo cruelmente pedagógica: fueron varias las leyes destinadas a hacer viable el confinamiento que quedaron descartadas por inconstitucionales. La pandemia demostró también que un Estado mínimo, con una salud pública precaria y reducida y sin derechos sociales que amortigüen los efectos de medidas de confinamiento y de crisis económica son inadecuados en situaciones como esta. Si antes del COVID-19 el neoliberalismo hacía que la vida de los chilenos sea difícil, desde la pandemia directamente dificulta su sobrevivencia.

El resultado del plebiscito y sus proyecciones

El plebiscito consagró el que tal vez sea el principal legado del 18-O: el fin de la Constitución de Pinochet. Los chilenos tienen buenas razones para celebrar. Sin embargo, el camino que sigue se anuncia más complicado que el transitado hasta aquí.

La elección de los convencionales se realizará en abril del próximo año en base al sistema electoral de la Cámara de Diputados (distritos bajo el sistema D’Hont). Buena parte de los electores consideran que dieron una bofetada al sistema político completo, incluyendo a los partidos, por lo que la recuperación de protagonismo que estos tendrán en la elección de los constituyentes generará descontento y, posiblemente, nuevas brechas.

Además, dadas las tendencias a la dispersión de los sectores de izquierda (más aún, si se suma la posibilidad de listas de independientes) y la alta probabilidad de que la derecha presente una lista unitaria, resulta muy factible que los sectores que se opusieron a cambiar la Constitución logren el tercio de representantes suficientes para tener poder de veto dentro de la Convención Constitucional, bloqueando así la posibilidad de redactar una Constitución que realmente se proponga superar el neoliberalismo y las limitaciones de la actual de democracia.

Al mismo tiempo, las votaciones del 25 de octubre evidenciaron otros fenómenos que pueden devenir en tendencias incidentes para configurar el nuevo escenario político. En primer lugar, la politización acelerada de la sociedad se expresó particularmente en el aumento de la participación electoral de los sectores populares, que venían restándose sistemáticamente de los torneos electorales. Las mayores proporciones a favor del cambio de Constitución se dieron precisamente en las Comunas más populosas, aquellas que han sufrido más fuertemente las consecuencias del modelo extractivista chileno (zonas de sacrificio) y también donde más fuertemente se expresó el «estallido social».

Tal como ha señalado el historiador Luis Thielemann: «Es cierto que las elecciones no resuelven la lucha de clases, pero también es cierto que son parte de la misma… En ese sentido, los resultados del domingo en los barrios más movilizados por la revuelta demuestran el desarrollo de la disposición de una importante franja de las clases populares a conseguir sus intereses con política plebeya: votos y barricadas». Las masivas manifestaciones de conmemoración de un año del 18-O parecen confirmar que la redacción de una nueva Constitución se realizará con un pueblo movilizado que espera incidir y ejercer su poder de presión para diseñar la nueva institucionalidad chilena.

La reconstrucción de los puentes entre este pueblo impugnador y su capacidad de plasmar sus ansias en formas más permanentes (por ejemplo, a través de partidos que traduzcan institucionalmente esos deseos de cambios) sigue siendo, tal vez, uno de los mayores desafíos del actual escenario. El vínculo aparece como indeseable para unos y otros. Sin embargo, el momento constituyente ubica la discusión en el campo de las propuestas, las definiciones de bien común y las ideas de desarrollo.

Si el estallido liberó, por irrupción, una fuerza remodeladora del paisaje político, la elaboración de una Nueva Constitución obliga a transformar esa potencia en una fuerza constructiva de una nueva institucionalidad. Esto no significa que el conflicto desaparezca, sino que el mismo podrá ser canalizado de un modo que sea más provechoso para la democracia. En este sentido, la movilización seguramente constituya un buen contrabalance de los intentos del partido del orden de restringir la expresión soberana del poder constituyente.

La institucionalidad chilena está en una situación extrema de descomposición. Pero la crisis que atravesamos debe ser vista ahora como una oportunidad para reconstruir y repensar instituciones que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos. Por una democracia que no sienta temor de los anhelos de su pueblo, sino que los exprese y los potencie.

 

 

 

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