El 12 de octubre es el día que, en 1918, Alfonso XII decretó como festivo nacional bajo el nombre de «Día de la Raza». Cuarenta años después, en pleno franquismo, se cambió el nombre a «Día de la Hispanidad» y fue ratificado, ya en democracia, en 1982, por Felipe Gonzalez, celebrándose hasta nuestros días como fiesta nacional de conmemoración hacia las fuerzas armadas.
En Cataluña esta fecha es tradicionalmente escogida por parte de las organizaciones ultraderechistas para celebrar diversos actos, entre los que destacan la quema de esteladas (enseña del independentismo catalán, con una fuerte inspiración de la bandera nacional de la Cuba independizada de José Martí) y los parlamentos al llamado a la intervención militar en territorio catalán, la suspensión del Estatut (carta que rige la autonomía catalana) y al encarcelamiento e ilegalización de líderes y organizaciones políticas y sociales independentistas.
No es coincidencia que, precisamente este día, se conmemore la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492, hito clave en la historia de colonización y conquista que subyace en la identidad nacional española, con el nacionalismo (catalán, vasco, gallego y andaluz) en el punto de mira.
Hace tres años, en octubre de 2017, la crispación que normalmente acompaña esta fecha se dio en un contexto de efervescencia popular como hacía cuarenta años no se veía en el Estado español y, especialmente, en Cataluña. La afluencia de cientos de autobuses provenientes de todos los puntos del Estado español desembocaron en una marcha mucho más numerosa que los años anteriores (y los posteriores). El unionismo –junto con la extrema derecha– se manifestó aquel día en Barcelona en medio de fuertes dispositivos policiales: un amplio despliegue de hasta 10 mil policías (entre Policía Nacional y Guardia Civil), que se encontraban aún en territorio catalán a pesar de los sucesos del día 1 de aquel mes, por todos conocidos.
Fue también cuando, el día 16, se decretó la entrada en prisión preventiva de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas (la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural): Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ambos permanecen aún hoy en prisión, junto con siete líderes políticos más, con penas que oscilan entre los nueve y los trece años. A finales de mes, el Estado intervenía decretando la suspensión de la autonomía catalana mediante el famoso artículo 155 de la Constitución. En las 48 horas posteriores, el President Carles Puigdemont tomaba el camino del exilio junto con otros líderes. El gobierno español, capitaneado entonces por el Partido Popular de Mariano Rajoy, daba por zanjado el «órdago independentista», presumiendo de haber descabezado el liderazgo político del movimiento. ¿Fue realmente así?
¿Por qué se manifiestan los catalanes?
Fuera de Cataluña, existe bastante incomprensión alrededor de los elementos que gestaron el movimiento de masas por la autodeterminación catalana de la última década, nominado mediáticamente como el «Procés» [proceso de autodeterminación]. Sin embargo, cierto es que no hay una explicación única: ésta varía en función de cada agente político.
El planteamiento que abanderan, sobre todo, los elementos más recalcitrantes en el Estado español, sitúa el «pecado original» en un abuso de las instituciones recuperadas por parte de las fuerzas políticas catalanas durante los pactos de la Transición, especialmente las competencias políticas en educación y en comunicación (la televisión pública).
Según esta narrativa, el nacionalismo catalán (siempre presente en el Govern de la Generalitat) se habría servido de tales aparatos para manipular vilmente los contenidos educativos, gestando en las generaciones más jóvenes un rechazo a «lo español» a la vez que, mediante el control de la opinión publicada, se habría inoculado en la población una perspectiva afín a los postulados del nacionalismo independentista. Entendiendo esto, no extraña que desde muy temprano en la corta historia de la democracia española distintos gobiernos, especialmente los de corte conservador, hayan intentado limitar estas competencias e inmiscuirse, por ejemplo, en los contenidos educativos o, en especial, en disminuir el uso de la lengua catalana.
Este discurso, a su vez, dispone de una aceptación razonable no solo entre los segmentos de la derecha sino incluso entre aquellos sectores autodenominados «progresistas». Así, por ejemplo, el anterior ministro de política exterior, Josep Borrell, identificó la solución al problema político que se vive en Cataluña con una críptica «desinfección» de los elementos nacionalistas «inoculados» en la sociedad catalana.
Paradójicamente, la misma convicción en la capacidad de los medios de comunicación públicos de conducir la opinión de las masas se encuentra también en aquellos planteamientos que, desde la izquierda, se han esgrimido para argumentar a la contra de las demandas políticas del «Procés».
Estos se basan en la agenda de las élites catalanas para tapar su gestión durante la crisis de 2009, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, destacó su gobierno como uno de los «alumnos ejemplares» en la aplicación de las políticas de austeridad. Se ha esgrimido, también, que las demandas políticas del «Procés» han sido utilizadas para desviar la atención de los casos de corrupción alrededor de una de las principales figuras de los principales artífices de Catalunya autonómica: el expresidente Jordi Pujol y su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), del cual el propio Mas formó parte.
Así pues, las movilizaciones a favor del derecho a la autodeterminación serían una cortina de humo para desviar la atención de la clase trabajadora catalana en conflicto histórico con su propia «burguesía nacional», en una interpretación excesivamente voluntarista de los procesos políticos y en la que las masas serían el convidado de piedra de la historia.
Lo cierto, sin embargo, es que no se puede reducir el «odio a lo español» a la manipulación de los jóvenes como tampoco a la manipulación mediática (considerando, aún, que el limitado autogobierno catalán dispusiera de forma absoluta de estos aparatos para lavar los cerebros de tantísima gente a su voluntad). El crecimiento del independentismo y su cristalización en un movimiento de masas hay que buscarlo en los últimos cuarenta años, escarbando más allá de la superficialidad con que los grandes titulares de prensa acostumbran a mostrarlo.
Un elemento clave que hay que tener en cuenta es que el independentismo no es un elemento nuevo en la sociedad y en la política catalanas. Desde la formación de las primeras organizaciones separatistas, en los años treinta del siglo XX, y las dos declaraciones de la República Catalana (abril del 1931 y octubre del 1934) durante el período anterior a la Guerra Civil, el independentismo está presente en la política catalana.
Y estuvo presente, también, en el antifranquismo y durante el final de la dictadura, de la mano de una interpretación marxista de la cuestión nacional representada por el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). Este partido, fundado el año 1968, sufrió diversas escisiones y fugas que, muy sucintamente, dieron pie a la formación de la izquierda independentista actual (agrupada alrededor de la CUP) e influyeron en la rearticulación del histórico partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que abrazó el independentismo a principios de los años noventa.
El independentismo también se encontraba, aunque mucho más soterrado, en la juventud de la centroderecha nacionalista, representada por la largamente hegemónica CDC. Sin embargo, el nacionalismo de este partido –y del conjunto de la sociedad catalana después de la Transición– estaba dirigido al objetivo de conseguir el mejor encaje en la España postfranquista, garantizando su estabilidad política a cambio de concesiones en la forma de financiación en infraestructuras y competencias.
Por otra parte, si el independentismo era marginal en la política institucional catalana o se encontraba relegado a un segundísimo plano, su presencia era mucho más notoria en lo que llamaríamos el «tejido asociativo y popular catalán». De hecho, la sociedad catalana se caracteriza por una fuerte red a nivel local y regional: ateneos, bares, agrupaciones juveniles y deportivas, asociaciones de barrio, de fiestas, etc. En toda esta red popular, el independentismo tuvo una presencia que seguramente pasó inadvertida durante los años más duros del posfranquismo, pero que explica su reflote en momentos de crisis.
Desde luego, tampoco se podría explicar el ascenso del independentismo como una paulatina acumulación de fuerzas al margen de las coyunturas históricas. Precisamente, este sustrato al que nos referimos cobró relevancia en un momento determinado. Debemos situarlo en el conjunto de sucesos que llevaron al agotamiento del régimen político surgido de la transición: por un lado, la perspectiva estéril que ofrecía el pacto autonómico, con la negativa a la cesión de más cuotas de autonomía por parte del gobierno central. Una negativa tácita que condujo al rechazo de un nuevo Estatut surgido del consenso político catalán. Por otro, la crisis económica, que no solo llevó a sacudir el tablero político español sino también los propios fundamentos en que se configuró la sociedad surgida del tardofranquismo, basados en las expectativas de una clase media sustentada mediante el crédito y la valorización de sus activos inmobiliarios (fundamentos que la crisis financiera, con un fuerte impacto en el sector inmobiliario, llevó al traste).
Sería largo y queda ya lejos entrar a discutir los aspectos más concretos de la sacudida de la crisis del 2008. De todas formas, nos interesa subrayar que en momentos de agotamiento político y crisis de las expectativas sociales, el independentismo surgió como un movimiento capaz de dibujar un horizonte de cambio, en sintonía con el estado de ánimo de buena parte del pueblo catalán.
De forma no excluyente a la reacción popular a la crisis con el conocido movimiento de los Indignados (15M), el independentismo popular mantuvo un programa similar en términos de antiausteridad, de lucha contra los recortes sociales y de un futuro de bienestar económico y social. Tal y como se ha dicho alguna vez, el independentismo fue un movimiento que generó ilusión durante el ciclo que llevó hasta el otoño de 2017. Un ciclo marcado por diversos acontecimientos y que acarrearon cambios profundos de la sociedad catalana y de sus agentes políticos.
El primero de ellos, y el que se sitúa como el «inicio» del Procés (aunque, evidentemente, referimos al lector a la presencia soterrada y local de un independentismo previo) es la ya comentada sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010, en la que se dictaminó la inconstitucionalidad del Estatut aprobado en el Parlament cuatro años antes. Un Estatut que, por cierto, disfrutó del aval mayoritario de sólo el 43% del electorado catalán (sin llegar a los dos millones de votos favorables) y que había sido previamente recortado para su aprobación en el Congreso de los Diputados. El resultado generó un rechazo unitario por parte de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Cataluña, a excepción del Partido Popular. La convocatoria de manifestación para el mes de julio de 2010 contó con la participación de más de un millón de personas.
Sin embargo, el independentismo ya había empezado a organizarse a nivel local. En el verano de 2009 se celebró la primera consulta por la independencia en la localidad de Arenys de Munt. La consulta, en la que participó más del 40% del electorado, se celebró de manera extraoficial, sin participación institucional y fue el tiro de salida a la celebración de más de 500 consultas entre los años 2009 y 2011, siendo la ciudad de Barcelona el último lugar de celebración. Todas las consultas fueron organizadas por voluntarios (hubo más de 60 mil), y significaron un primer hito organizativo y mediático del movimiento que cristalizó en la articulación de la principal organización civil de referencia durante el ciclo, la Assemblea Nacional Catalana, constituida en la primavera del año 2012. Aquel mismo año, la recién nacida ANC organizaba una multitudinaria manifestación en Barcelona, con una afluencia nunca vista hasta entonces (las cifras oscilan alrededor del millón de personas). Lo relevante del acontecimiento es que la manifestación fue inequívocamente independentista.
La política durante «el Procés»
Después de 2012, el apoyo al independentismo creció de forma exponencial, llegando incluso a superar el 50% en algunas encuestas. A esto se sumó el fracaso de una negociación in extremis de mejoramiento de la financiación autonómica, caballito de batalla de la presidencia de Artur Mas, entonces líder de la histórica coalición conservadora Convergència i Unió (CiU), formada por el partido de centroderecha Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y los democristianos de Unió Democràtica (UD). Ante la negativa del gobierno popular de Rajoy, Mas se jugó la reválida de las elecciones de 2010 –de las que CiU salió con un generoso y holgado apoyo– en una nueva contienda, en la que perdió doce diputados que fueron a parar a ERC y a la CUP. Por primera vez, la formación independentista y anticapitalista entraba en el Parlament, con 3 diputados.
La legislatura llegó a su cénit con la convocatoria de una consulta no vinculante sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014, en las que el independentismo arrasó con más del 90% de votos favorables. Ante la negativa de la celebración de un referéndum «a la escocesa» por parte del gobierno español, el gobierno de coalición de ERC y CiU decidió la convocatoria de nuevas elecciones dándoles un carácter «plebiscitario». En palabras de Artur Mas y del líder de los republicanos, Oriol Junqueras, se celebraría al fin el referéndum que no nos habían dejado hacer.
Llegados a este punto, es importante señalar que el carácter que tomó la política catalana por parte de los partidos independentistas obedecía a una lógica de apariencias. Esta se ha querido achacar tanto a la necesidad de «ganar tiempo» por parte de un nacionalismo conservador (que había retrocedido mucho a partir de su gestión neoliberal de la crisis y que intentaba capitalizar el movimiento político), como a una incapacidad estratégica de dar respuesta a las demandas populares. Sea como fuere, durante este periodo, el movimiento de masas fue incapaz de marcar su propia agenda, con las dos principales organizaciones civiles del independentismo (ANC y la histórica Òmnium Cultural) usadas como escudo por parte de un astuto Mas y su experto aparato de partido.
No sin habilidad, el entonces líder conservador consiguió presentar una «lista única» independentista en las elecciones posteriores a la consulta de 2014, integrando a su partido, a los republicanos y a los líderes de Òmnium y la ANC (sin la CUP, que decidió mantenerse al margen). En estos comicios, el independentismo sumó una amplísima mayoría en escaños pero –como la misma noche electoral reconoció el candidato de la CUP, Antonio Baños– no se había conseguido el hito de superar el 50% de los votos.
Según el programa de la lista única, la independencia debía realizarse en 18 meses a partir de un complejísimo plan jurídico que permitiría, de la noche a la mañana, el nacimiento de la nueva legalidad catalana. Sin embargo, la legislatura empezó mal para la coalición, con la negativa de la CUP a votar la investidura (para la cual eran necesarios los diputados anticapitalistas) del candidato a la presidencia Artur Mas, a causa de su perfil conservador y su papel como artífice de las políticas de austeridad desarrolladas durante la legislatura anterior. El pacto se dio con la aceptación del entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, proveniente también de Convergència Democràtica de Catalunya que, meses después, aceptaría las tesis que defendían la necesidad de un ejercicio de soberanía mediante la celebración de un referéndum unilateral sobre la independencia, enmendando así la consulta no vinculante del 2014.
Los debates que llevaron hasta la aceptación de la necesidad de un referéndum unilateral hoy día son poco recordados, pero supusieron un giro en la concepción misma del proceso de autodeterminación e implicaron, en última instancia, el retorno de las masas a la política y al conflicto con el Estado. La implicación material y la amenaza que supuso a la soberanía del Estado español situaron el independentismo en la fase final de un «Procés» caracterizado por la retórica, la gesticulación y la opacidad en la gestión por parte de los líderes. Su materialización, tanto como el resultado que generó la apuesta, son de sobra conocidos.
La represión, que llegó como el desenlace del ciclo de octubre, supuso la certificación de la muerte del «Procés» y de las coordenadas políticas en las que se había movido hasta entonces. La idea de una independencia sin traumas, conseguida a partir de un proceso jurídico impecabilísimo, se había estrellado con el muro infranqueable de la legalidad posfranquista y la reacción implacable del Estado y sus más profundos aparatos. A su vez, la actitud titubeante del gobierno catalán, que nunca tuvo la voluntad de un choque frontal con el Estado, descartó escalar la movilización popular y no dio consignas claras ante el miedo a una escalada de la violencia estatal.
¿Por qué, entonces, el pueblo no se decantó por tomar las riendas, siguiendo los planteamientos más radicales? Las tesis insurreccionales, defendidas por la izquierda independentista y los sectores más radicales, se toparon no solo con una maquinaria represiva bien engrasada de jueces y policía, sino también con el rechazo manifiesto y el miedo de una parte importante de la población, que había recibido la declaración de independencia (proclamada por Puigdemont el 10 de octubre y dejada en suspenso) con miedo y estupefacción. El Estado se apoyó en este miedo y en las demandas de orden de una parte de la población catalana para intervenir administrativa, judicial y policialmente el territorio hasta la celebración de unas nuevas elecciones, en diciembre de 2017, con nueva mayoría independentista pero sin perspectiva ni estrategia.
Tres años en el desierto
En su situación actual, el independentismo sufre la situación de desorientación estratégica propia de las derrotas políticas. Y, precisamente por ellas, la desafección y fragmentación empiezan a hacer mella en partidos, organizaciones y base social. La última legislatura, comandada por un pacto entre los conservadores alineados bajo el liderazgo de Puigdemont y ERC, se ha caracterizado por una dinámica de pullas internas generadas por conflictos de intereses partidistas centrados en el corto plazo.
La esperanza en un nuevo momentum insurreccional se desvaneció tras el desenlace de las protestas que tuvieron lugar hace un año, en que decenas de miles de personas tomaron de nuevo las calles en rechazo a la publicación de la sentencia que condenaba a los líderes políticos y sociales a prisión. Las voces que reclaman la necesidad de retomar la fallida declaración de independencia se oyen cada vez más apagadas, y frente a ellas se ha reforzado la idea de un repliegue hacia un nuevo proceso de acumulación de fuerzas centrado en la conquista de el Área Metropolitana de Barcelona, donde se concentra una parte muy importante de la población escéptica ante la autodeterminación y donde con más dificultad y debilidades se ha desplegado el proyecto de construcción nacional-popular catalán. Sin embargo, esta estrategia, planteada en su mayor parte por los líderes e intelectuales que orbitan alrededor de ERC, no está exenta de dificultades y dudas: la Generalitat no deja de ser un gobierno con limitadas competencias y bajo la severa tutela de un Tribunal Constitucional siempre atento a las invasiones competenciales que la legislación emanada del Parlament pueda tener. Así, más de una ley con un tímido contenido social ha sido declarada anticonstitucional y suspendida o bien limitada.
Ante esta situación, el independentismo se enfrenta a un recorrido difícil. Un planteamiento nuevo, adecuado para un ciclo largo, tendría que ver con expandir su capilaridad territorial por medio de la creación y maduración de nuevos espacios institucionales, al margen de las enclenques estructuras autonómicas, a la vez que mantiene en ellas su hegemonía. Este proceso de construcción, sin embargo, debe yuxtaponerse a los posteriores ciclos de movilización que, sin duda, se darán en el medio plazo (ya sea en la lucha antirrepresiva o en otros frentes).
En la elaboración pues, de una estrategia para el medio y largo plazo, que aproveche los pocos resortes institucionales del autogobierno a la vez que se construye en los márgenes de la sociedad civil, es donde aún se echa en falta la presencia de la izquierda socialista catalana, enfrascada en su propio proceso de repliegue y debate ante las derrotas de octubre, ante el reto de encajar de nuevo «la cuestión social» y «la cuestión nacional».
Aún falta por ver la articulación y alianzas que el independentismo progresista y de izquierdas, personado en la CUP y ERC, pueda desarrollar en este ciclo, yendo incluso más allá de los márgenes del independentismo. Las coyunturas electorales durante el «Procés» se caracterizaron por el chantaje a la unidad constante de una CDC en crisis, con pérdida de apoyo progresiva. De hecho, la centroderecha constituye el espacio político que más dañado ha salido de todo este proceso político. Fragmentado en varias organizaciones, sin un liderazgo claro más allá de Puigdemont, se percibe perfectamente cómo el nacionalismo conservador ha dejado de ser el punto de apoyo de la burguesía radicada en Cataluña, que ha virado sin titubeos hacia el unionismo (a la vez que el giro independentista de las clases medias y trabajadoras se ha trasladado al apoyo electoral hacia ERC, un partido que, de momento y de forma casi involuntaria, ha sido capaz de situarse en el centro político). Dudas, pues, que veremos si esclarecen los resultados de las próximas elecciones al Parlament, convocadas para el 12 de febrero de 2021 tras una nueva sentencia represiva hacia el hasta entonces presidente, Quim Torra, inhabilitado tras una nueva jugarreta judicial.
Más allá de Cataluña, el desvelo de los proyectos nacional-populares históricos
En el Estado español, cada vez ganan más protagonismo las minorías nacionales. Así pues, el apoyo externo hacia el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos por parte de los partidos de las minorías nacionales (vascos, catalanes y gallegos) se presentó necesario para la investidura. Sin embargo, cada día que pasa la hegemonía del momento político recae cada vez más en el Partido Socialista, desplazando del centro a sus compañeros de gobierno de UP.
Sin embargo, si la izquierda española representada por UP decrece, las izquierdas nacionalistas se han visto reforzadas y se encuentran en proceso de crecimiento y consolidación en sus territorios. Por un lado, nos encontramos los casos gallego y vasco: en el primero, el BNG (Bloque Nacionalista Gallego, agrupación de partidos marxistas e independentistas gallegos) ha logrado el sorpasso al partido socialista, siendo hegemónico en la izquierda gallega y sacando fuera del parlamento autonómico a la coalición apoyada por Podemos. Con un liderazgo claro, un discurso contundente a la vez que inteligible para una mayoría social y una agenda política autocentrada, han demostrado que se puede dar la batalla hegemonizando la izquierda y superando a los socialistas.
En el segundo caso, Euskal Herria Bildu (coalición entre la izquierda radical y la socialdemocracia independentista), que en los últimos años no ha podido presentar a su principal referente político, Arnaldo Otegui, por decisiones judiciales muy parecidas a los casos de lawfare que se dan en el resto del mundo, ha conseguido superar sus propias fronteras electorales y disputar tanto al nacionalismo burgués como al bloque españolista.
En Catalunya, como ya adelantábamos, parece que la hegemonía de la derecha nacionalista, según las encuestas, será por primera vez superada por la socialdemocracia independentista de Esquerra Republicana y con un crecimiento (doblarían diputados) de la izquierda radical de la CUP, con lo que la hegemonía social quedaría basculada hacia la izquierda y hacia el catalanismo.
Por último, en Andalucía, el proceso de confluencia Adelante Andalucía, con la dirección de Teresa Rodríguez y Anticapitalistas, está articulando un espacio político andaluz soberanista de izquierdas que puede ser una alternativa interesante, enraizada territorialmente con el asociacionismo y el sindicalismo social.
Estos proyectos siguen en crecimiento, mientras la izquierda centralista está en descenso continuo desde sus excelentes resultados en 2015. Esta misma semana, las encuestas situaban a UP alrededor del 10% y pudiendo bajar aún más, porcentajes que se aproximarían a los de la Izquierda Unida de hace menos de una década.
Ahora bien, ¿qué causas provocan que la izquierda en el Estado español solo crezca en la periferia? En primer lugar, procesos sociales y construcciones partidarias basadas en la construcción y articulación de sociedad civil alternativa, medios de comunicación, centros sociales, asociaciones y movimientos sociales de todo tipo, que acompañan estas iniciativas y organizaciones socialistas. Por otro lado, gestiones de instituciones locales e intermedias exitosas, sin casos de corrupción ni divisiones, y con una sensación de proximidad hacia la ciudadanía. Por último, un nacionalismo abierto, donde el concepto de soberanías (económica, nacional, de género, ecológica…) como elementos de recuperación de una gestión positiva y cercana a la población, más allá de los elementos típicos de la identificación nacional, se ve contrapuesta a una defensa de un centralismo que, aunque progresista, no conoce la realidad social de los territorios a los que apela.
A nuestro entender (y los cambios políticos que se han dado en Cataluña y en el resto de naciones sin estado así lo demuestra), solo una izquierda enraizada en los procesos sociales y en los pueblos que dice representar, que atienda a las luchas económicas y sociales así como a las reivindicaciones vinculadas con las identidades (sean del tipo que sean) será capaz, en un futuro, de generar alternativas de cambio que abran paso a una alternativa socialista en el conjunto del Estado y en las naciones subyugadas.
Arnau Barquer: Historiador y miembro del comité de redacción de Catarsi Magazín y de Gramsci.cat – IGS.
Simón Vázquez: Editor de Bellaterra Edicions y Tigre de Paper edicions, miembro del comité de redacción de Catarsi Magazín y de Gramsci.cat – IGS.
