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Foto: AFP

Una crisis en varias temporadas

Perú atraviesa una honda crisis política y social, agravada ahora por la pandemia del COVID-19. El modelo neoliberal está profundamente tensionado, pero todavía no se vislumbra una alternativa capaz de hacerle frente.

Antes de que la pandemia aterrizara en América Latina, varios gobiernos neoliberales en la región afrontaban sendas crisis políticas y gran malestar social. Es el caso de Ecuador, Colombia y Chile, donde se produjeron diversos estallidos populares, y también el de Perú, que vivía una aguda crisis política vinculada a las denuncias de corrupción del caso Lavajato. En ese contexto convulso, el coronavirus ha golpeado fuertemente, evidenciando que el neoliberalismo, en tanto proyecto político y social defendido por las élites empresariales, es incapaz de resguardar la vida de las personas.

En Perú, uno de los países en los que la pandemia ha mostrado mayor letalidad, con una inestabilidad política que no termina de resolverse y una crisis económica de gran magnitud, la hegemonía neoliberal ha sufrido un duro revés. El «otro sendero» expuesto por Hernando de Soto como la ruta por la que debían transitar los emprendedores para alcanzar el éxito ha resultado ser un camino de informalidad y empobrecimiento que, literalmente, conduce a la muerte. En medio de este agotamiento, los grupos de poder buscan, a toda costa, asegurar la continuidad del modelo. En simultáneo, el malestar popular crece y, con él, vuelven a ubicarse en el centro de la agenda temas como el rol del Estado o la necesidad de resguardar lo público y lo comunitario. Se trata de un momento determinante, donde resulta clave analizar aquello que se deteriora e identificar posibles salidas. La disputa por modificar la correlación de fuerzas está abierta, y su desenlace puede señalar tanto la continuidad como el fin de una época.

Neoliberalismo y crisis política

En un contexto signado por la hiperinflación y el conflicto armado interno, el autogolpe de Alberto Fujimori –avalado por los grupos de poder económicos y las fuerzas armadas– impuso el proyecto neoliberal implantando un nuevo régimen político, económico y societal. Tras la caída del fujimorismo, los gobiernos elegidos en democracia continuaron el régimen y, a lo largo del siglo XXI, alentados por el boom de las commodities en el mercado internacional, pudieron darle un nuevo aire al modelo. Así, al tiempo que mejoraban los indicadores macroeconómicos, se entregaban en concesión para la actividad extractiva amplias zonas del país y se vulneraban derechos sociales, destinando magros presupuestos a la educación y a la salud. El abandono de lo público junto a la prepotencia de las clases gobernantes acrecentaron y renovaron desigualdades, generando diversas protestas (especialmente entre las comunidades andinas y amazónicas, los estudiantes y los trabajadores precarizados), frecuentemente respondidas con represión y criminalización.

Esta aparente hegemonía, sin embargo, fue duramente golpeada por las denuncias de corrupción vinculadas al caso Lavajato, que evidenciaron cómo los grupos de poder que se turnaron el gobierno desde 1992 utilizaron al Estado y los recursos públicos para sus intereses privados. Todos los expresidentes, diversos ministros, excongresistas y altos funcionarios enfrentan hoy sendos juicios, acusados de recibir sobornos, desviar fondos y otras figuras de enriquecimiento ilícito. Tales denuncias abrieron un momento de crisis política que condujo a la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kucinsky y al ascenso del entonces vicepresidente Martín Vizcarra. No obstante, la sucesión no resolvió la crisis: las mafias y grupos de interés corporativo vinculados al Fujimorismo y otros grupos políticos continuaron operando desde el Parlamento para asegurar la impunidad de sus delitos. En este contexto, Vizcarra asumió hábilmente la bandera de la lucha contra la corrupción, y disolvió constitucionalmente el Congreso en octubre de 2019.

Pero tampoco la instalación del nuevo Congreso resolvió esta crisis política, que enfrenta permanentemente los poderes del Estado y erosiona la democracia alejando a la política de la gente. La mala gestión de la pandemia del COVID-19 por parte de Vizcarra incrementó el malestar ciudadano, mostrando un gobierno más interesado en reactivar la economía de las grandes empresas que en asegurar la salud y los ingresos de millones de personas afectadas por la grave crisis económica y sanitaria. Peor aún: las denuncias presentadas por el Congreso sobre los manejos presidenciales en la contratación de un exasesor abrieron un nuevo momento de tensión que incluyó el debate de una moción de vacancia presidencial. Si bien el intento de vacancia no prosperó, Vizcarra quedó debilitado y expuesto como un ejemplo más entre los políticos que usan el poder para favorecer a su entorno privado. También evidenció que el Congreso sigue tomado por intereses subalternos, mafiosos y delictivos, con congresistas que legislan según sus intereses, priorizando enfrentar al ejecutivo para defender sus negocios que atender a la población. Este último episodio confirmó que la crisis política sigue abierta, y tanto los grupos de poder que defienden el desgastado proyecto neoliberal como aquellos que plantean cambios de fondo, tendrán que disputar el respaldo de una población que oscila todavía entre la desafección política y el malestar social.

Desafección, malestar y lazos comunitarios

Golpeada por un largo conflicto armado interno, años de cooptación fujimorista, la fragmentación alentada por el neoliberalismo y el golpe de la pandemia, la sociedad peruana oscila entre la desafección con los asuntos públicos, el malestar frente a la clase política y una lenta rearticulación de los lazos comunitarios. A diferencia de otros escenarios regionales, donde las movilizaciones populares no se detuvieron con la cuarentena, en Perú la ciudadanía –y, en especial, los sectores populares– no han articulado una movilización politizada en clave destituyente, que enlace la indignación con una crítica al manejo económico y la necesidad de cambios de fondo (al menos, no por ahora). Ello no quiere decir que el régimen político y su modelo económico gocen de gran aceptación sino que habla de la necesidad de considerar otros aspectos para explicar la hegemonía neoliberal. Debemos enfocarla, tal como expone Diego Sztulwark, no solo como un proyecto político al que es posible derrotar electoralmente, sino también como una compleja articulación entre acumulación de capital y modos de vida que opera sobre el deseo y las relaciones sociales.

En el Perú, esta sensibilidad neoliberal, que afecta la capacidad de empatía exaltando modos de vivir orientados al éxito individual y el consumismo fácil ha conseguido enraizarse. La hegemonía del neoliberalismo en el campo popular no sólo obedece a medidas gubernamentales, sino que también se debe a su capacidad de imponer y convencer sobre la idoneidad de modos de vidas y orientaciones aspiracionales, acompañados de una vocación punitiva sancionadora que liquida socialmente a quien no triunfa por sus propios medios o escapa a la disciplina del régimen (el «ocioso», el «cómplice», el «rojo», el «terruco»). La crisis de las izquierdas, replegadas por años en ONGs o aventuras electorales, contribuyeron a reforzar esta hegemonía al tiempo que la desafección política y el malestar convivían funcionalmente con la reproducción del modelo. Por mucho tiempo, las protestas contra distintos aspectos del sistema se caracterizaron por la dispersión territorial, la primacía de plataformas sectoriales inconexas y una precaria politización, que limitaba sus posibilidades de disputar representación política.

Pero la grave crisis que atraviesa hoy el país ha generado grietas en esta hegemonía, activando críticas tanto desde la impugnación a la gobernabilidad neoliberal como desde la articulación de iniciativas que la contradicen como modo de vida. En el primer caso, se han desarrollado protestas de trabajadores considerados esenciales (como médicos, enfermeras y trabajadoras de limpieza pública) exigiendo condiciones de empleo dignas y abordando aspectos cruciales tales como la estabilidad laboral o la necesidad de un Estado regulador frente al lucro del mercado de clínicas y medicinas. En el segundo caso, se ha puesto en cuestión esta forma de convivencia y sensibilidad, demostrando la importancia de los vínculos comunitarios para sobrellevar la emergencia y asegurar la reproducción de la vida. Se han desarrollado así respuestas sociales por parte de diferentes movimientos y agrupaciones que reafirman la fuerza de los vínculos comunitarios arraigados, también, en nuestra identidad cultural. Es el caso de los pueblos indígenas amazónicos, que organizaron el control del territorio y convocaron diversas solidaridades para aliviar la situación de sus comunidades que sufren condiciones estructurales de empobrecimiento. O es el caso, en las ciudades, de la organización de ollas comunes y comedores populares para enfrentar colectivamente el hambre que ha traído la crisis, y también de la acción de colectivos feministas denunciando diversos casos de acoso, violencia y feminicidios.

Queda por ver cómo estas respuestas populares van a influenciar y decantar las posibles salidas a la crisis, más aún en un escenario donde el desempleo y el hambre siguen afectando a las mayorías y la inestabilidad política sigue latente.

Una disputa abierta

Mientras las crisis se superponen, golpeando a la sociedad, el gobierno y la oposición parlamentaria siguen en tensión. Tras el último intento de vacancia y con una nueva acusación que pretende vincularlo al caso Odebretch, Vizcarra ha visto caer su popularidad, y pareciera no tener mayor objetivo que sobrevivir hasta entregar el mando a su sucesor en 2021. Para lograrlo, ha priorizado mantener el respaldo de los poderes facticos: de un lado, llevarse bien con el gremio empresarial de la CONFIEP, inyectando millonarios fondos a la reactivación de bancos y grandes empresas. De otro lado, asegurar el apoyo del ejército, nombrando al exgeneral Walter Martos como premier, exponiendo el respaldo de la cúpula militar en el intento de vacancia. Desde el Parlamento siguen imponiéndose los intereses privados, mafiosos y delictivos que no dudan en legislar y utilizar la institucionalidad según sus propios cálculos, sea para garantizar negocios, poder o impunidad. De espaldas a la gente, la mayoría de los congresistas expresan la descomposición de la política, reflejando la incapacidad de esta última para, mínimamente, responder a algún proyecto de nación.

Asistimos a una crisis muy profunda, que revela el agotamiento del ciclo neoliberal y cuya resolución está abierta. En tal sentido, las respuestas comunitarias e impugnaciones al modelo resultan puntos importantes para dar la disputa, aunque todavía son iniciales: la vía del estallido social no parece cercana, lo que requiere una mayor acumulación política. Es más probable que la disputa por una salida progresista a la crisis se dirima en las elecciones generales, convocadas para abril del 2021, donde se elegirá presidente y nuevo Parlamento. Los grupos de poder económico se encuentran dispersos y buscan a toda costa asegurar la continuidad del modelo, poniendo en carrera múltiples candidatos de derecha: neoliberales orgánicos al empresariado, como Hernando de Soto o Fernando Cilloniz, su versión más ligth, como Forsait y Guzman o directamente autoritarios, como Daniel Urresti.

Las fuerzas de izquierda y progresistas, por su parte, no han conseguido aún una fuerte cohesión que les permita posicionarse mejor para encarnar la indignación de las mayorías y proponer cambios de fondo. Pero hay opciones importantes y liderazgos como el de Verónika Mendoza, que tendrá que hacer un gran esfuerzo por consolidar una base de apoyo político, social y ciudadano capaz de congregar el voto popular y también de sostener un gobierno que impulse una agenda de cambios y avance, en lo posible, en la convocatoria a un proceso Constituyente.

Finalmente, en esta etapa de disputa por cerrar el ciclo neoliberal, es clave lo que puedan hacer y proponer las organizaciones sociales, las comunidades indígenas y campesinas, las agrupaciones políticas de izquierda y los colectivos feministas y ambientalistas en función de sostener la trama de solidaridades y reclamar cambios de fondo. Ello implica trabajar sobre la posibilidad de repensarnos como comunidad, planteando un horizonte de futuro, ese «sentido de época» que reclamaba José Carlos Mariátegui, capaz de alimentar inquietudes y expectativas de vida, superando el individualismo exacerbado y el consumismo que deteriora al país y al planeta. Avanzar en nuevos sueños que recreen lo comunitario para no volver a lo mismo, ensanchando el espacio para garantizar lo público sobre la base de la solidaridad, la comunidad en torno al cuidado mutuo. Esa reciprocidad a la que seguramente apelaron nuestros antepasados para derrotar antiguas pandemias, cerrar otros momentos de crisis y abrir rutas esperanzadoras.

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