Tratándose de un dossier dirigido principalmente hacia un público latinoamericano, resulta todavía más significativo recalcar, desde el principio, la importancia de las experiencias latinoamericanas de los gobiernos populares a inicios de este siglo para el surgimiento de Podemos. Todos los dirigentes de la formación participaron de ellas, en mayor o menor grado. Los gobiernos del MAS en Bolivia (mientras redacto este artículo me llega la hermosa noticia de la victoria de Luis Arce en las elecciones), de Alianza País en Ecuador, el mandato de Lula en Brasil, la experiencia venezolana –por supuesto– marcaron decisivamente su aprendizaje político y les convencieron de que era posible crear nuevas máquinas políticas para disputar el poder. De ahí surge Podemos.
Cierto que, en el medio, tiene lugar el 15M y las movilizaciones que le acompañan, por lo que aquella primera intuición se refuerza. Si los movimientos sociales, por exitosos que sean, encuentran un tope en las movilizaciones y difícilmente llegan a romper la barrera que les opone la política institucional, tal vez la creación de un partido político que dispute el poder en unas elecciones sea un buen camino para romperla. Se trataba de auspiciar una revolución democrática que ponga fin a los estragos del neoliberalismo y a la corrupción política (no se olvide que el Partido Popular, entonces en el gobierno, sigue inmerso en continuos procesos de corrupción, al punto de que tiene más dirigentes políticos en la cárcel que parlamentarios en el Congreso).
Su análisis de la coyuntura partía de la constatación del agotamiento del llamado «régimen del 78», el pacto entre las élites que zanjó la disputa por el poder tras la muerte de Franco. En ese pacto, los herederos de la dictadura –monarca incluido– pactaron con las fuerzas antifranquistas (especialmente el Partido Socialista –PSOE– y el Partido Comunista), los elementos básicos de la que iba a ser la democracia española. Elaboraron la Constitución, blindaron la Monarquía y sancionaron una ley electoral que garantiza el turnismo, primando la representación rural frente a la urbana e imponiendo la llamada ley d´Hondt (que privilegia a aquellos partidos que obtienen representación en todos los territorios y castiga las minorías).
Ante esta situación degradada, Podemos se presentó como el partido capaz de encabezar una revolución democrática que garantizara mayores cotas de justicia social. El documento programático que acompañó su presentación abogaba por poner en marcha un proceso constituyente que corrigiera y superara la actual Constitución de 1978.
Con un lenguaje fresco, que compartía la decepción por la política institucional, se proponía «gobernar para la gente». El uso de esa terminología indefinida, la «gente», propició el interminable debate sobre el «populismo» de Podemos, alimentado también por los guiños de Iñigo Errejón a las tesis de Laclau. Sin embargo, en mi opinión, tales florituras no pasaron de ser un ropaje intelectual para una política que pretendía ser más innovadora en el relato que en las prácticas.
Con esos pertrechos el nuevo partido inicia su camino al poder, presentándose a las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que consigue un enorme éxito. A partir de ahí, el camino hacia las legislativas y el Parlamento nacional, y luego al Gobierno. En 2020, Pablo Iglesias es Vicepresidente segundo del Gobierno, y la formación cuenta con varios ministros, conformando el primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde la Segunda República. Un éxito sin precedentes.
Conviene, sin embargo, no perder de vista todo lo que se ha ido quedando por el camino.
Luces y sombras
La opción por presentarse a las elecciones europeas fue un primer paso táctico. El objetivo no era intervenir con fuerza en la escena europea, sino probar si el experimento del nuevo partido pasaba la prueba de unas elecciones y conseguía cierto apoyo. Si había un hueco para una nueva formación política. No solamente se demostró que efectivamente lo había, sino que en los meses posteriores se vivió un momento de entusiasmo. Los afiliados crecían por montones, se creaban círculos de manera ininterrumpida en todos los puntos de la geografía española, y el fervor y el interés por la nueva formación, cuyos dirigentes copaban los espacios de televisión, parecía no cesar nunca. Un auténtico fenómeno mediático.
La entrada al partido de un sinnúmero de oportunistas en busca de un futuro puesto determinó, al menos en parte, una característica algo extraña de su organización. Por una parte, una retórica extraordinariamente abierta que pregonaba que cualquiera podía ser parte del partido: para inscribirse, bastaba con darse de alta con un número de móvil. Esa idea de que era un «partido de la gente común» se traducía en una organización muy laxa a partir del presupuesto de que «el común de los mortales» tiene poco interés en una militancia muy activa y prefiere delegar. Pero, al tiempo, se activaron fuertes filtros tecnológicos para impedir que las personas inscritas en los círculos de base tuvieran una incidencia demasiado destacada.
En algún otro momento lo definí como «estalinismo tecnológico»: la elección de los miembros de los diferentes órganos de dirección, así como la composición de las listas electorales (que debían someterse a primarias) se abría a todos los inscritos, pero la fórmula de las listas plancha impedía de hecho que saliera elegido cualquiera que no estuviera ya previsto y convenientemente situado en ellas. Y la hiperinflación del área tecnológica venía acompañaba por un languidecimiento de los círculos de base, que se veían privados de cualquier iniciativa política importante. Estos círculos, así como los círculos ciudadanos a nivel de ciudad o de región, eran espacios sin vida: por ellos no pasaba nada importante. Las decisiones se tomaban, cada vez más, en los grupos restringidos en torno a los líderes del Partido; especialmente, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón.
En este entorno crecieron las disputas por el control de la organización y las exclusiones. Los primeros en ser excluidos fueron los anticapitalistas, que habían sido cocreadores del invento y se contaban entre sus primeros impulsores. En Vistalegre I, la primera Asamblea Ciudadana, celebrada en 2014, a la que asistieron varios miles de personas, los anticapitalistas fueron presentados como los enemigos a batir, aunque no fueran más de algunos centenares entre todos los territorios.
La exclusión siguiente, tres años más tarde, en 2017, fue la de Iñigo Errejón. Mucho se ha discutido sobre las diferencias entre los dos líderes. El fracaso, hasta el momento, del grupo creado por Errejón (primero Más Madrid y luego Más País) se puede interpretar señalando su excesiva cercanía tanto al Partido Socialista, como para diferenciarse con éxito de él, como respecto de la izquierda representada por Podemos, como para atraer a gente más de centro. Por consiguiente, y sobre todo después de la alianza entre Podemos e Izquierda Unida (que ha dado lugar al actual partido Unidas Podemos), el grupo de Errejón se encuentra en tierra de nadie.
Un momento importante en esta secuencia de hechos fueron las elecciones municipales de 2015. Por la misma época en que nace Podemos, empiezan a surgir las candidaturas municipalistas, muchas de ellas resultado de un largo y trabajoso proceso de confluencia entre colectivos de izquierda, militantes de Izquierda Unida, activistas en los movimientos sociales y personalidades independientes. El análisis que condujo a estas candidaturas partía, como Podemos, de la insuficiencia de las movilizaciones sociales. Pero, en vez de centrarse en el asalto a los cielos de la cúpula del Estado, se focalizaba en la política local. Se suponía que, tal vez, echando raíces en lo local y poniendo las Instituciones municipales en estrecho contacto con los movimientos sociales, podría abrirse un espacio para la acción política a medio camino entre la absorción por lo institucional y el activismo movimentista.
Muchas de estas candidaturas surgieron imitando a Guanyem Barcelona (Ganemos Barcelona), la candidatura encabezada por Ada Colau para la alcaldía de esa ciudad. Estas candidaturas, varias encabezadas por la palabra «Ganemos», rehuían la fórmula del partido político aunque, en muchos casos, tuvieron que convertirse en partidos instrumentales (ya que es la forma priorizada por la ley electoral). En la práctica, sin embargo, los Ganemos actuaban como un conjunto de dispositivos en red, organizados en torno a grupos de trabajo y plenarios. Las coordinadoras estaban integradas por delegados de los diferentes grupos de trabajo y sus sesiones eran abiertas. Por tanto, la capacidad de decisión circulaba de un modo mucho más horizontal y no se concentraba en una cúpula cuyas decisiones fueran vinculantes. Eso no significa que hubiera caos: las decisiones se tomaban en conjunto y se respetaban, pero primaba el cuidado de la diversidad, la búsqueda activa del consenso y la identificación de los disensos, para que pudieran trabajarse y resolverse. Se introducía, así, una dinámica continua de progreso que limaba las diferencias y potenciaba el trabajo en común, apoyándose siempre en metodologías participativas e inclusivas.
En los últimos meses previos a las elecciones municipales de 2015, Podemos se sumó a algunas de estas candidaturas. Su inclusión aportó su innegable saber hacer, especialmente en lo referente a la gestión de los medios de comunicación, y su implantación mediática. La retroalimentación entre los tres espacios (el territorial asambleario, el mediático y el virtual) fue clave para el proyecto.
En una sociedad compleja como la actual, la conjunción de todos esos elementos es insoslayable para cualquier proyecto político. En especial en lo que tiene que ver con la dimensión mediática: sería ingenuo pensar que los medios simplemente reproducen la realidad; más bien al contrario: un trabajo constante crea y recrea unos personajes televisivos a los que nunca hemos visto al natural, transmite mensajes reducidos como si fueran píldoras reconstituyentes, simplifica, codifica, estandariza y construye relatos, figuras y contenidos. Los espectadores suelen prestar una atención distraída a todo ello, pero constituye algo así como el humus de sus reflexiones, conversaciones y, en último término, de sus preferencias de voto. Contrastan lo que oyen en la gran caja mágica con sus propias experiencias, y se entusiasman, se indignan y, en último término, deciden.
El voto es un lazo social muy débil, pero es el único que está al alcance de gran parte de la población que, dado el escaso interés de las Instituciones por hacerse permeables, no tiene ningún acceso a ellas. Se trata, pues, de crear una organización que no desdeñe a estas personas, que sea respetuosa con todos aquellos que no quieren que la política absorba una parte importante de su tiempo o que no pueden permitírselo, esforzándose en ofrecer a cada quien un ámbito mayor de participación en los asuntos públicos.
Las candidaturas municipalistas tuvieron un éxito arrollador en 2015 pero sufrieron luego de desavenencias, timidez y falta de coraje para atajar los problemas de la ciudad. En primer lugar, los desmanes inmobiliarios, pero también el ataque desmedido por parte de la derecha política y mediática, sumado a algunas traiciones, desarbolaron el proyecto. En las municipales de 2019, muchas de estas candidaturas no lograron revalidar la experiencia, aunque subsistan en algunas ciudades emblemáticas, como Barcelona o Cádiz.
Podemos no invirtió muchas energías en este proyecto. Más bien se mantuvo un tanto al margen, según la vieja máxima de «no dejar crecer aquello que no puedes controlar» procurando evitar que, a su izquierda, creciera un proyecto municipalista que escapara de su control. Por el contrario, su centro de interés estaba en el grupo parlamentario, donde logró hacer una política de oposición valiente. La exitosa moción de censura contra Rajoy, en 2018, fue en gran parte obra suya. Con esa moción, Pedro Sánchez fue nombrado Presidente del Gobierno. Tras las elecciones de 2019 y diversas peripecias, se constituyó el Gobierno de coalición actual.
Llegamos así a finales de 2020. Unidas Podemos está sosteniendo con fuerza la coalición de gobierno, pero mientras que el Partido Socialista está saliendo bastante indemne de la gestión de la pandemia –según los sondeos, mantiene su cuota de voto– Unidas Podemos está cargando con los costos. Cosa no extraña, puesto que el socio minoritario siempre sale perdiendo: los éxitos se los apunta el mayoritario, y los fracasos, el minoritario.
Con todo, esperemos que su actual tibieza política no les pase una factura desmedida. Un fracaso de Unidas Podemos arrastraría consigo gran parte de la izquierda española. Costaría años rehacerse de semejante descalabro. A pesar de que haya perdido gran parte de su base militante y de que cada vez se parezca más a un partido tradicional, sigue representando un «mal menor» que asegura cierto control de daños. Un conocido intelectual madrileño, antiguo miembro de Podemos, señaló recientemente que, a fin de cuentas, con toda la nueva política se había creado una inmensa tarta; y a la hora de repartirla, llegaron las disputas.
Desde mi punto de vista, el principal déficit de Podemos reside en su dificultad para potenciar una fuerte red organizativa. De hecho, este probablemente sea, también, el principal problema de la izquierda española y tal vez de la europea. Está de sobra demostrado que los partidos políticos clásicos, con sus fuertes estructuras verticales y su enfoque electoralista, no sirven para las actuales circunstancias. La militancia difusa de Podemos, ese llamado a la «gente común» tampoco se ha demostrado eficaz. Al final, se han quedado las personas que lograron profesionalizarse en la política, pero la dimensión de movimiento ha desaparecido de la escena.
Los movimientos sociales que siguen existiendo en el país; nuevos colectivos, como la PAH (Plataforma de Afectados por la Vivienda), las redes feministas y otros (algunos, muy escépticos frente a la política institucional) mantienen una dinámica política demandante. Expresan sus demandas al nuevo gobierno y esperan que la presencia de Unidas Podemos pueda impedir la tradicional deriva hacia la centroderecha del Partido Socialista, pero confían muy poco en que esto se traduzca realmente en medidas valientes. Las reformas posibles en el marco del sistema actual resultan demasiado cortas para las necesidades del momento: la crisis sanitaria, económica, social e institucional no deja mucho espacio a la esperanza.
La pandemia está agudizando una crisis que ya viene de lejos y que amenaza con tragarse las medidas de regeneración democrática que Podemos prometía. Aún así, en ausencia de una alternativa por parte de la derecha, es posible que la situación se mantenga (a no ser que la irrupción de la ultraderecha representada por VOX consiga dar un vuelco a toda la situación). De nuevo, estamos en una coyuntura en la que surge el interrogante acerca de si la «socialdemocracia de nuevo tipo» representada por Podemos será capaz de poner un dique suficientemente fuerte a las formaciones ultraderechistas que se alimentan de la incertidumbre del momento, del enfado por la inefectividad de los gobiernos y del desencanto en la izquierda frente a las expectativas creadas (lo que genera un nuevo ciclo de retraimiento y abstención en estos sectores de la población).
Pero hay otro aspecto interesante en el fenómeno Podemos: este responde a un recambio generacional que estaba bloqueado por la rigidez de los aparatos políticos. Los dirigentes políticos de la nueva formación suelen oscilar entre los 30 y 50 años de edad. Ya me he referido a la importancia que tuvo en su formación la experiencia latinoamericana. A ella se añade el movimiento altermundialista, las movilizaciones contra la guerra en Irak o la experiencia de los centros sociales. Todo ello ha construido un background que les diferencia de los políticos de derecha de su generación e incluso de los socialistas (que, desde hace varios decenios, dan sus primeros pasos en política en los pasillos institucionales).
Es una ventaja, pero no constituye la garantía de que, finalmente, no se vean absorbidos y engullidos por la maquinaria gubernamental. Su sobrevaloración de las Instituciones de gobierno como elemento decisivo para impulsar un cambio estructural en el país, en mi opinión, no les protege de las derivas gobernistas ni les acerca a las necesidades de las capas más desfavorecidas, a las que siguen contemplando desde su atalaya paternalista. La composición social del grupo responde a un modelo de clase media profesional precarizada, que se salva de la precarización general a través de la política.
En consecuencia, efectivamente ha habido un cambio generacional en los dirigentes de la política española, reflejado en la relativa juventud de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero no ha habido ningún cambio en la composición de clase: la clase media profesional sigue siendo el componente clave, con escasa presencia de otros sectores de la población: obreros, migrantes, sectores urbanos o rurales desfavorecidos en general. Con excepción de las mujeres, que suelen estar presentes en todas las formaciones políticas gracias a las presiones feministas de los últimos años.
La dimensión feminista
Unidas Podemos incluye la paridad en sus listas y tiene a varias mujeres en cargos importantes de primera fila. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también es mujer. Se presenta explícitamente como una formación feminista pero, como ocurre tantas veces, su acción feminista no acaba de despegar.
La Ministra de Igualdad, Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias, exhibe buenas intenciones; pero de momento sus efectos tardan en llegar. Sobre la mesa están la recuperación de la ley del aborto de Zapatero (cambiada por el Partido Popular en sus años de gobierno), la ley sobre libertad sexual y la ley trans. Tampoco está logrando sacar adelante medidas eficaces para el cuidado de los niños en pleno periodo de pandemia, ni pudiendo intervenir activamente en la protección de las personas más vulnerables en temas de desahucios –que afectan mayoritariamente a mujeres solas con cargas familiares– o en temas de prostitución. En este último punto se declara abiertamente abolicionista, con todo lo que ello comporta.
El tema de la prostitución está siendo el objeto de una encarnizada batalla en el movimiento feminista. Es un asunto complejo, en el que las mismas feministas estamos divididas entre aquellas que consideran que la abolición de la prostitución debe ser un asunto prioritario en nuestras agendas y aquellas otras que entendemos que debe primar el respeto y la solidaridad con las trabajadoras sexuales en defensa de sus derechos. En este debate se introducen aspectos más coyunturales, pero no por ello menos importantes. En especial, la hegemonía de que ha gozado el feminismo de las mujeres de clase media, votantes del PSOE y muy activas en el «lobby feminista». Estas mujeres, que sin duda han jugado un papel importante en la lucha en por los derechos de todas, están viendo afectado su protagonismo por una mayor visibilidad de mujeres jóvenes precarizadas, migrantes y en situaciones de subalternidad. No hay más que ver la reciente creación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y del Cuidado (SINTRAHOCU) y del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).
El otro aspecto es la presión de los grupos LGTBIQ. Ante esa presión, algunas feministas (como Lidia Falcón) han reaccionado reavivando una concepción identitaria esencialista del feminismo en tanto «movimiento de las mujeres» y acusando a las trans de no ser mujeres. Las acusan de estar debilitando el propio movimiento. Se produce ahí una confusión, que desvirtúa lo característico del feminismo: su lucha contra el sexismo. Nuestra discriminación como mujeres es resultado del sexismo, de la justificación de discriminaciones e injusticias en función del sexo de las personas. El feminismo no va de ser más o menos mujer o de las auténticas mujeres (como si existiera tal cosa), sino de eliminar las discriminaciones ligadas al sexo que tanto dolor y sufrimiento nos causan.
Cierta ambigüedad en todos estos temas, junto al acoso inmisericorde de una derecha intransigente y belicosa, empuja la política de su Ministerio a no separarse demasiado de la política tradicional del lobby socialista en temas de igualdad. La diferencia que han aportado las nuevas generaciones feministas y las movilizaciones del 8M, por el momento, no se deja notar.
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En definitiva, aunque el proceso todavía está abierto y es demasiado pronto para extraer las lecciones derivadas de la incorporación de Unidas Podemos en el gobierno de coalición, de todo lo anterior se desprende una conclusión. El ciclo iniciado con las grandes movilizaciones de 2011 y alimentado por las enseñanzas de las experiencias latinoamericanas hoy se está cerrando. En la medida en que Podemos es un híbrido del movimiento de las plazas que intentó adelantarse a un contra movimiento efectivo por medio de la creación de un partido capaz de trasladar las exigencias de esas luchas al ámbito institucional, la prueba de su éxito estará en que efectivamente lo consiga. Por el momento, la partida aún no ha terminado. Tal vez los nuevos movimientos sociales, fuera de su control, sean los que aporten el impulso decisivo que aún le falta.
