LA PAZ – Una hora después de cerradas las urnas de la segunda elección presidencial en un año, los principales medios de comunicación y portavoces de los principales candidatos estimaron que el 18 de octubre había sido un día tranquilo, una jornada electoral “normal”. Como es su tradición histórica, Bolivia estaba nuevamente renovando el significado de lo “normal”: la elección se mantuvo para esta fecha gracias a un levantamiento popular, de hace dos meses, contra un nuevo intento de postergación por parte del “gobierno interino”. Este, a su vez, se alzó al poder de forma bastante “anormal”, con el apoyo de todas las fuerzas sociales y políticas de oposición al MAS y a Evo Morales.
Con la justificación de la pandemia, la elección de hoy se realizó bajo la égida de la prohibición de circulación de transporte público y privado durante todo el día (desde las 16hs del día anterior), con más de 20 mil policías en las calles de las grandes ciudades. Hubo filas enormes para un proceso de votación lento, con distancia social, alcohol en gel y esperando más de una hora, de pie, al sol o al frío. Las tropas del ejército se hicieron presentes incluso en los lugares de votación, en una militarización del proceso que es inusual incluso para el originalísimo país. Y, para completar el paisaje de excepcionalidad, las elecciones transcurrieron con la prohibición de las candidaturas del expresidente Evo Morales y del excanciller Diego Pery.
De hecho, todo sucedió según lo planeado por el Organismo Electoral Plurinacional (OEP), que coordina los Tribunales Electorales Departamentales (Bolivia está dividida en nueve departamentos) y que incluye tanto a representantes del “gobierno interino” como del gobierno anterior y de los candidatos a la Presidencia; lo que significa que todas estas características anormales fueron el resultado de un acuerdo en el que participó el MAS.
Muy cerca del horario del cierre de las urnas (17.00 horas en la región andina), el presidente del OEP anunció la decisión de no anunciar resultados preliminares, sino solo el resultado final, en una nueva iniciativa acordada para evitar movilizaciones de simpatizantes del MAS y de su candidato, Luís Arce, al frente de todas las encuestas. Incluso el anuncio de las encuestas de boca de urna fue cancelado por el OEP.
La tensión que dio origen a este conjunto de medidas se explica por la tremenda polarización política y social que vive Bolivia desde antes del golpe de octubre de 2019. Luego de tres mandatos y casi 14 años de gobierno, durante los cuales primero enfrentó (2006- 2009) y después intentó mantener neutralizado al empresariado del agronegocio en las provincias de la Media Luna (Santa Cruz, Beni y Pando), Evo y su gobierno vieron resucitar con fuerza una derecha con vocación neo-fascista y regionalista y con base social creciente, liderada por Luis Fernando Camacho. Al mismo tiempo, la derecha con barniz (apenas barniz) cosmopolita, representada por el expresidente Carlos Mesa, aprovechó la crisis económica y la insistencia de Evo en postularse por tercera vez, en contradicción con la Constitución y con el resultado del plebiscito celebrado en 2016, para minar el prestigio del gobierno en las crecientes clases medias urbanas
Todo esto fue un ingrediente del golpe de 2019, que la aguerrida base social del MAS enfrentó con todas las armas de las que pudo disponer, incluidas unas cuarenta vidas. Según denuncia N., una dirigente barrial de El Alto (Región Metropolitana de La Paz), masista de primera hora, “aquí estamos dispuestos a dar la vida por la democracia y por una Bolivia de los de abajo”. El problema, según ella, fue la “rosca” alrededor de Evo, “el personal invitado al gobierno, que sustituyó a los ministros del movimiento social”. Pese a las críticas, N. no tiene dudas de que saldrá a la calle, como todo El Alto, ante cualquier indicio de fraude o maniobra para disminuir la verdadera mayoría de MAS y de Evo.
Las próximas 24 o 48 horas prometen mucha emoción.
