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Foto de by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images

Bolivia: el mundo está mirando

En pocas horas comenzarán las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. De forma unánime, las encuestas dan como ganadora a la fórmula del Movimiento al Socialismo (Luis Arce Catacora y David Choquehuanca). Pero el gobierno de facto no escatima en maniobras e intimidaciones, y la transparencia de los resultados no está en absoluto garantizada.

A menos de veinticuatro horas de que comiencen las elecciones en Bolivia, la situación política está cada vez más tensa. Aunque la decisión de Jeanine Áñez de declinar su candidatura ha fortalecido la posición del probable candidato en segundo lugar (Carlos Mesa), todas las encuestas de opinión siguen señalando como vencedora a la fórmula del MAS (Luis Arce Catacora – David Choquehuanca), incluso con algunas indicando que lo lograría en primera ronda.

El canal de medios privados UNITEL, por ejemplo, difundió la encuesta realizada por la encuestadora Ciesmori, en la que el MAS obtendría un 42,2% en primera vuelta, seguido de Carlos Mesa con 33,1% y el candidato de extrema derecha, Fernando Camacho, con 16,7%. En el análisis desagregado por regiones, el estudio señala que el MAS replicaría la victoria lograda por Evo Morales en octubre de 2019 y obtendría mayoría en seis de las nueve regiones de Bolivia, mientras que la provincia de Santa Cruz sería conquistada por Camacho y las regiones de Tarija y Chuquisaca, por Mesa.

Los resultados obtenidos por los estudios de Tu Voto Cuenta mostraron números similares, con Arce con el 42,9% de los votos, seguido del 34,2% de Mesa y el 17,8% de Camacho, excluyendo los votos en blanco y los indecisos. La consultora IPSOS pronosticó para Arce un 34% de los votos, para Mesa el 27,9% y para Camacho 13,8%, pero excluyendo los votos indecisos y en blanco esas cifras vuelven a ser muy similares a las anteriores, con el 42,2% para Arce y el 34,7% para Mesa. El grupo de expertos de la CELAG que se especializa en la investigación de encuestas de opinión y mapas electorales en América Latina arribó, a grandes rasgos, a las mismas cifras: Arce 44,4%, Mesa 34% y Camacho 15,2%.

Las consultoras, por lo general, además, tienden a infravalorar el peso de los electores y electoras residentes en áreas rurales, así como el de las más grandes comunidades de bolivianos y bolivianas en el exterior (particularmente las de Argentina y Brasil). En ambos casos, el apoyo al MAS es mayoritario. En circunstancias normales y en una elección justa, esos votos significarían para el partido de Evo Morales escalar hasta una cifra más cercana al 47% de los votos (tal como sucedió en la elección anterior) o quizás aún más, dado el rechazo generalizado hacia las políticas neoliberales del régimen de Áñez.

Pero desde fines de 2019 que Bolivia no atraviesa circunstancias normales, y la transparencia de las elecciones no está en absoluto garantizada. Aunque breve, la experiencia de Áñez en la presidencia arroja una larga lista de casos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, de la Constitución, una pésima administración de la pandemia del COVID-19 y una severa crisis económica, exacerbada por los intentos de privatizar algunas de las principales industrias del sector público de Bolivia (particularmente, la compañía de gas y petróleo YPFB, nacionalizada en 2006).

A medida que se acerca la fecha señalada para los comicios, y ante el escenario previsto por las encuestadoras, las operaciones políticas y mediáticas se han multiplicado. Así se refleja en el portal de Página Siete, por ejemplo, que con fecha del 13 de octubre titula «si el MAS pierde, saldrá a ‘matar gente’, según el Ministro de justicia». La misma estrategia sigue La Razón, que tres días después publicaba: «‘en caso de que ellos utilicen armas, nosotros también estamos listos para el uso de armas’». La connivencia entre los grandes medios de comunicación y el gobierno de facto queda cada vez más expuesta, y los dichos en Twitter del ministro de gobierno Arturo Murillo apuntan en la misma dirección y no escatiman en amenazas: «advertimos a los agitadores y gente que busca generar violencia, no son bienvenidos. Los ponemos en un avión o entre rejas. Compórtense, sabemos quiénes son y dónde están».

Sin ir más lejos, en horas de la noche de este 16 de octubre la delegación de diputadas y diputados argentinos que viajó en carácter de veedora de las elecciones invitada por la Presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, fue detenida en La Paz. Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, declaró que al arribar al aeropuerto de El Alto las fuerzas de seguridad lo retuvieron, lo violentaron y le quitaron sus pertenencias, pese a disponer de una invitación oficial y todos los papeles en regla. «Es otro claro ejemplo de la avanzada de las derechas sobre la democracia en nuestro continente», declaró el diputado argentino, antes de que intentaran llevarlo detenido sin justificación alguna en medio de la noche. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha expresado que «es directa responsabilidad del gobierno de facto de Jeanine Áñez preservar la integridad de la delegación argentina».

Reacciones desesperadas de una derecha que le teme a la democracia pero que, justamente por ello, no debe ser tomada a la ligera. Más de 51 mil bolivianos y bolivianas en el exterior han sido impedidos de registrarse para votar por el gobierno de facto, 25 mil de los cuales residen actualmente en la Argentina. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también descalificó para votar, en marzo de este año, a 147 mil personas residentes en Bolivia. En las condiciones actuales, atravesadas por la pandemia y la cuarentena, la solicitud de rehabilitación para registrarse en el padrón se hace casi imposible.

No sorprendería tampoco que las poblaciones del campo, particularmente en las provincias del altiplano, que han votado tradicionalmente por el MAS, sufran algún intento de impedir su normal participación en el proceso electoral. La provincia tropical de Chapare, en Cochabamba (bastión tradicional del MAS), ha sido atacada sistemáticamente por el régimen de Áñez desde que inició el golpe de Estado. Se ha reportado un número creciente de ejercicios militares y movimientos de tropas en la región a lo largo de todo el año que, según los dirigentes sindicales locales de las seis federaciones de cocaleros, tiene por objetivo intimidar a la población rural.

USAID, la agencia financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que bajo el gobierno de Evo había sido vetada para operar en Bolivia, fue ahora convocada por Áñez para supervisar y monitorear las elecciones. Esta agencia, junto con el Endowment Fund for Democracy (NED), cuenta con una larga historia de respaldo a grupos políticos y de la sociedad civil pronorteamericanos, tanto a través de financiamiento directo como de la validación de procesos electorales fraudulentos (como sucedió en Honduras en 2017).

El actual presidente del TSE, Salvador Romero, es íntimo amigo de Carlos Mesa y fue designado por el expresidente como titular de la Corte Nacional Electoral (CNE) en 2003. También exhibe una larga trayectoria de cooperación con agencias financiadas por Estados Unidos y la OEA en América Latina. Romero ha estado presente también en Honduras durante los años 2011 y 2014, sirviendo como director del Instituto Nacional de Democracia (NDI), financiado por la NED, y en las fraudulentas elecciones de 2013 se desempeñó como supervisor. En los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, se reveló que entre 2006 y 2008 Romero fue informante del exembajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Que tenga una postura neutral, transparente hacia el proceso electoral, por lo tanto, es muy poco probable.

El TSE, además, ha reemplazado el sistema de resultados preliminares (TREP), utilizado durante las elecciones de octubre de 2019, por uno nuevo, el DIREPRE, sancionado por Naciones Unidas. Jake Johnson, investigador asociado del CEPR que había formado parte del equipo de investigadores que demostró que la OEA falsificaba sus afirmaciones sobre el «fraude» durante las elecciones de 2019, ha señalado que el nuevo sistema es menos confiable que el anterior, al hacer imposible que los observadores verifiquen rápidamente la precisión del voto, comparando copias impresas de las actas con imágenes publicadas en línea.

El gobierno de facto está coordinando el proceso electoral con la OEA, cuya observación del proceso de octubre de 2019 y sus falsas afirmaciones sobre el carácter fraudulento de aquellos resultados fue determinante en la legitimación del golpe de noviembre. La visita de Arturo Murillo a Estados Unidos y el encuentro con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, constituye otra muestra clave de la estrecha colaboración del régimen de Áñez con las autoridades de ese organismo. Luis Almagro ha manifestado, incluso, que «existe la posibilidad de que el MAS intente robar los resultados electorales», lo que (según el director del CEPR, Mark Weisbrot) significa que Almagro y compañía no tienen ningún prurito de repetir la jugada, invocando la carta de la OEA y el derecho internacional con el fin de anular el resultado de las elecciones en base a datos falsos.

Todo esto sin olvidar los numerosos intentos para impedir que el MAS y sus líderes participen del proceso electoral. Sin ir más lejos, tanto el expresidente Evo Morales como el excanciller Diego Pary fueron descalificados para presentarse como candidatos al Senado en las regiones de Cochabamba y Potosí respectivamente, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales y haber presentado todos los documentos necesarios en tiempo y forma. También el candidato al Senado en Cochabamba, Andrónico Rodríguez, ha enfrentado intentos de persecución. Luis Arce Catacora, por su parte, fue amenazado con la inhabilitación en numerosas ocasiones, antes y durante la campaña electoral. Arce comentó que las encuestas internas de su partido señalaban al MAS como ganador, acción que sus opositores políticos consideraron «ilegal según las leyes electorales del país». Aunque el TSE finalmente falló a favor del MAS el día 5 de octubre, esto no impidió a grupos de la oposición realizar protestas violentas contra el MAS y las autoridades electorales en la ciudad de Sucre.

Militantes y dirigentes del MAS han sido constantemente acosados por varios grupos armados y miembros de la oposición de extrema derecha desde el golpe de Estado. La Unión Juvenil de Santa Cruz (UJC), la Resistencia Juvenil de Cochabamba (RJC) y el Movimiento de Resistencia en La Paz han sido responsables por ataques al MAS y sus simpatizantes en reiteradas ocasiones. Luego de criticar los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el régimen de Áñez, la misma Defensoría del Pueblo ha sido hostigada por un grupo violento llamado «Valkyria».

Tal atmósfera de violencia e intimidación difícilmente augure un resultado electoral justo y transparente. A esta altura, probablemente, la pregunta sea por qué ninguno de todos estos escandalosos hechos ha ocupado las portadas de los periódicos. La respuesta es simple: desde el inicio del golpe, los medios de comunicación críticos con el régimen de Áñez han sido continuamente censurados y los periodistas –bolivianos y extranjeros– perseguidos. Tanto Telesur como Rusia Today han visto revocadas sus licencias de transmisión durante las semanas posteriores al golpe del 10 de noviembre. Más de cincuenta y tres radios comunitarias fueron cerradas por el régimen de Áñez en el transcurso de enero de este año. Periodistas de todo el mundo sufrieron constantes abusos por turbas a favor de los golpistas y Sebastián Moro, argentino, fue asesinado.

Finalmente, el gobierno ha prohibido cualquier manifestación pública 48 horas antes y después de las elecciones, como forma de intentar asegurarse la ausencia de una respuesta política, callejera, a las posibles denuncias de fraude por parte de los movimientos sociales del país.

Que el gobierno de facto o sus aliados políticos consigan «ganar» las elecciones por medio del fraude y la intimidación o abortar el resultado por completo mediante una intervención de última hora por parte de sus aliados en el ejército y la policía depende de la fuerza de los movimientos sociales y sindicales. Las masivas protestas de agosto de este año demostraron que aún frente a amenazas de severa represión y violencia por parte de las fuerzas estatales, las históricamente poderosas organizaciones sociales bolivianas son capaces de paralizar casi por completo al país. Y si el camino elegido por el gobierno de facto es el de la manipulación y el fraude, el de robar la victoria al Movimiento al Socialismo, no se quedarán calladas. Este domingo, la democracia se juega una parada decisiva en Bolivia. El mundo entero está mirando.

 


Denis Rogatyuk es editor internacional de Jacobin América Latina y periodista del portal El Ciudadano.

Florencia Oroz es historiadora y editora asociada de Jacobin América Latina.

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Publicado en Artículos, Bolivia, Elecciones, homeIzq and Política

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