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Foto: Télam

Pandemia y protesta social

¿Es posible protestar bajo una pandemia cuando existen reglas y razones para el aislamiento? Pero también, ¿es posible no protestar durante la pandemia cuando esta profundizó una crisis de dimensiones inéditas? Se analizan aquí las tendencias de la conflictividad social y laboral en contexto de COVID-19, a partir del caso argentino.

¿Es posible protestar bajo una pandemia cuando existen reglas y razones para el aislamiento? Pero también, ¿es posible no protestar durante la pandemia cuando esta profundizó una crisis de dimensiones inéditas? Tal vez asumiendo la primera de estas preguntas es que, a pesar de la extensa producción académica en torno a los efectos de COVID-19, el estudio sobre las formas de protesta y conflicto laboral y sindical ha sido un aspecto escasamente abordado en Argentina y en el exterior.

Tanto la profundidad de la reestructuración en curso como la peculiaridad de la «hibernación» de la actividad productiva, así como también el impacto directo de las reglas de aislamiento sobre muchas de las formas de protesta, abren un conjunto de preguntas fundamentales tanto para comprender la dinámica de la conflictividad como para anticipar los caminos posibles (e imposibles) en la evolución de esta crisis. En este texto, entonces, presentamos algunos resultados de una investigación en curso que registra, analiza y presenta por primera vez, desde un abordaje cuantitativo, las tendencias, intensidad, actores y demandas de la conflictividad social en la Argentina desde el inicio de la pandemia.

 

¿Protestar o no protestar?

La decisión gubernamental de establecer medidas de confinamiento y aislamiento físico significó, simultáneamente, una paralización o hibernación de una proporción importante de la actividad productiva y la intensificación de la actividad de aquellos sectores considerados esenciales (por ejemplo, el caso de la salud, pero también logística o IT). Este shock impacta sobre un conjunto de fragilidades estructurales que solo es posible nombrar aquí: un escenario internacional de crisis, décadas de precarización del empleo, crecimiento de la desigualdad, estancamiento del crecimiento económico, etc.

El legado de esta crisis, obviamente, será mucho más extendido que el de las medidas de aislamiento (como se puede ver, por ejemplo, en las reaperturas parciales de algunas regiones o provincias). Esta situación a priori puede tener un efecto ambivalente en el plano de la protesta. Por un lado, la caída de la actividad económica y el deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo incrementan los motivos de disconformidad y malestar no solo del movimiento obrero, sino también de otros sectores sociales; sin embargo, por otro lado, el aislamiento físico, el aumento de la vigilancia y el incremento de la vulnerabilidad pueden oficiar de obstáculo tanto para la capacidad de organización como para la exteriorización de la protesta. En tanto ambas tendencias son plausibles, resulta aún más necesario estudiar empíricamente el impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento en el plano de la conflictividad social (y, particularmente, la sindical).

 

Tendencias Generales

¿Cómo se inserta la dinámica de la conflictividad social a nivel nacional a partir del COVID-19 en un ciclo general? El análisis del año 2019 y lo que va del 2020 nos indica que se pueden distinguir tres ciclos diferenciados de conflictividad para este período, como puede observarse en el Gráfico 1. En primer lugar, un ciclo de alza sostenido, cuyo inicio coincide con las elecciones presidenciales de 2019 –las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto–. Luego, una brusca interrupción, en el mismo mes en que irrumpe la pandemia y se declara el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Finalmente, se observa un tercer ciclo, que abre en mayo de 2020, en que la conflictividad no solo retoma los niveles previos a la pandemia, sino que además los supera con holgura, alcanzando el pico de todo el periodo en junio de 2020, con 266 acciones mensuales.

En términos de actores, se desprende que el sector con mayor dinamismo para todo el periodo de análisis es el movimiento obrero, tomando incluso mayor relevancia que en el período anterior. En promedio, el 43% de las acciones corresponden a conflictos laborales, promedio que se incrementa luego del ASPO (49%), como se puede apreciar en el Cuadro 1. En orden de importancia, lo siguen los movimientos de mujeres y LGDTIQ (10%) y otras organizaciones sociales (7%), aunque en ambos casos caen en importancia después de la declaración del Aislamiento. El movimiento estudiantil, por su parte, es el único actor social que efectivamente deja de tener presencia como consecuencia del ASPO, aunque ya mostraba una conflictividad reducida en el período anterior (1,5% del total de conflictos).

Existen solo dos sectores que también vieron incrementada su participación en el campo de la protesta: los sectores patronales (que pasaron de un 1,4% a un 6%), motorizados fundamentalmente contra las iniciativas del gobierno nacional con respecto al sector agropecuario, y los prisioneros (de un 0,5% a un 4%), protagonistas de un ciclo de protestas en el inicio de la pandemia solicitando liberaciones y otras medidas de prevención.

Esta descomposición sectorial también muestra que el ciclo de conflictividad social post ASPO se explica por la dinámica del movimiento obrero, que alcanza su pico de conflictividad en el mes de mayo de 2020, con 128 acciones de protesta. Esto resulta particularmente significativo si tenemos en cuenta que, básicamente, estamos haciendo mención a manifestaciones o movilizaciones en los lugares de trabajo o en la vía pública, acciones que, a priori, se verían obstaculizadas en el contexto de aislamiento.

Sin embargo, resulta importante señalar que esta predominancia numérica no parece indicar, en modo alguno, una capacidad de articular el conflicto. Y tanto el análisis de las demandas como el de la limitada articulación de las luchas son contundentes en este sentido.

 

Cuadro 1. Sujetos de la conflictividad social. Argentina enero 2019 – julio 2020

Sujeto Frecuencia % TOTAL PRE ASPO POST ASPO
Trabajadorxs 1069 43,3% 40,7% 49,2%
Mujeres – LGDTIQ 245 9,9% 11,0% 7,5%
Movimientos sociales 162 6,6% 8,2% 2,8%
Pueblos originarios 55 2,2% 2,3% 2,1%
Movimiento estudiantil 38 1,5% 2,2% 0,0%
Fuerzas de seguridad 17 0,7% 0,6% 0,9%
Partidos políticos 37 1,5% 1,6% 1,3%
Patronal 69 2,8% 1,4% 5,9%
Prisioneros 40 1,6% 0,5% 4,1%
Otros 737 29,8% 31,6% 26,2%
Total 2469 100% 100% 100%

Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED.

 

Conflictos laborales

¿Cuáles son los cambios que pueden registrarse en la conflictividad laboral, que representa el mayor número de conflictos del período? Analizamos dos elementos: en primer lugar, la composición de los sectores económicos en conflicto (públicos o privados) y, en segundo orden, la naturaleza de las demandas.

La composición de sectores muestra un cambio substancial antes y después del ASPO: si bien los conflictos del sector público dominan el promedio (46%), en coincidencia con una tendencia que se verifica por más de unas décadas, post ASPO la tendencia es claramente al predominio de los conflictos en el sector privado (49%), como puede observarse en el Cuadro 2. Este ciclo de ascenso sostenido del sector privado, que comienza en marzo de 2020 (tendencia que puede observarse en el Gráfico 2), podría corresponderse a la distinción entre actividades esenciales y no esenciales ya presente en el Decreto 297/2020. Sin embargo, de manera paulatina y con distintos ritmos en función de las regiones, se fueron exceptuando actividades, por lo que establecer un indicador para dar cuenta de esta distinción implica una complejidad mayor a la aparente.

Una posible explicación de la pérdida relativa de protagonismo del sector público en el contexto de la pandemia es una estabilidad comparativamente mayor en el empleo y en las condiciones de trabajo en el marco del ASPO (en tanto es un sector en el que no se registran grandes procesos de despidos, suspensiones o rebajas salariales, que sí se hacen presentes en el sector privado). Esta diferencia es aún mayor si se toma en cuenta cierta «inercia» en la dinámica del conflicto: una gran parte de las protestas del sector público en el periodo pospandemia remite a conflictos que se arrastran desde 2019 (aumentos salariales y atrasos en los pagos de los gremios docentes, estatales y de salud incluyendo, particularmente, el caso de Chubut).

Cuadro 2. Sector de actividad de las acciones del movimiento obrero. Argentina enero 2019-julio 2020.

Sector Frecuencia % TOTAL PRE ASPO POST ASPO
Sector público 493 46,2% 53.4% 32.7%
Sector privado 393 36,8% 30.4% 48.8%
Sector público – Sector privado 161 15,1% 13.7% 17.7%
S/D 22 2,0% 2.5% 0.8%
Total 1069 100,0% 100% 100%

Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

 

 

En cuanto a cuáles fueron las demandas que articularon los conflictos laborales, nuestra investigación encuentra que las demandas salariales dominan el promedio general del período. Pero aquí, nuevamente, la composición de las demandas antes y después del ASPO muestran algunos patrones diferenciados: mayor importancia de acciones en contra de despidos y suspensiones y por reclamos salariales, mientras que los reclamos por condiciones de trabajo se mantienen estables pero cambian su composición. Las demandas salariales (que ya eran mayoritarias) aumentan, pero en este caso impulsadas fundamentalmente por reclamos de pagos adeudados o contra reducción de los salarios.

Asimismo, las acciones en contra de despidos o suspensiones suben significativamente, con la particularidad de que el 82% de las acciones en contra de despidos están motorizadas por gremios del sector privado. Recordemos que, si bien el gobierno nacional prohibió por decreto los despidos y suspensiones el 31 de marzo de 2020, ello no impidió que el empresariado efectivamente apelara a las mismas. Este resultado en el estudio del conflicto es también coherente con un estudio de Delfini et al., que encontraba que un 24% de las empresas habían adoptado medidas que atentaban contra la estabilidad en el empleo (despidos o suspensiones) y en los ingresos u otras forma de vulneración, como la desregulación con suspensiones y disminución salarial. En suma, el 75% de los conflictos del movimiento obrero con posterioridad al 20 de marzo se deben a despidos o salarios, un cambio significativo respecto del período anterior (donde estos representaban el 55%) y un indicador sugerente de la naturaleza defensiva de la conflictividad.

Los reclamos en torno a las condiciones de trabajo, incluyendo aquellos sobre protección personal post COVID, se mantienen estables, aunque se ven dominados (particularmente en los primeros meses) por reclamos de que se cumplan las medidas sanitarias de protección o aislamiento en los lugares de trabajo, generalmente impulsadas por los profesionales de la salud.

Un último cambio es el abrupto descenso de los reclamos políticos (contra las políticas del gobierno nacional), aunque esta tendencia es fácilmente atribuible al cambio de gobierno en diciembre de 2019.

 

Cuadro 3. Demandas de las acciones del movimiento obrero. Argentina enero 2019- julio 2020.

Demandas Frecuencia % PRE ASPO POST ASPO
Salarios 421 40% 36% 46%
Despidos, suspensiones, defensa de las fuentes de

trabajo, etc.

240 22% 19% 29%
Contra las

políticas del gobierno

nacional,

provincial, etc

155 14% 20% 4%
Condiciones de trabajo 127 12% 17% 3%
Condiciones de

trabajo-Covid 19

66 6% 0.6% 17%
Intra-gremiales 16 1.5% 2.3% 0.0%
Otras extragremiales- corporativas 11 1.0% 1.3% 0.5%
Otras, S/D 34 3.0% 3.7% 1.6%
Total 1069 100% 100% 100%

Fuente: Social Unrest in Times of Covid, procesamiento secundario de ACLED

Movimiento de mujeres y LGDTIQ

Por su parte, la dinámica de la conflictividad del segundo actor en orden de importancia dentro del ciclo de protesta (el movimiento de mujeres y LGDTIQ) muestra algunas regularidades para destacar. En primer lugar, un conjunto de eventos marcan buena parte de la dinámica de la protesta: en febrero demandas por la legalización del aborto, el pañuelazo (11%), el día internacional de la mujer el 8 de marzo (22%), en junio Ni Una Menos (23%), en noviembre las marchas por el día internacional contra la violencia hacia la mujer (10% solo en 2019). Es decir que, en líneas generales, los eventos del calendario marcan más del 60% de la dinámica de movilización. La dinámica post ASPO repite estas tendencias generales, aunque cambia ligeramente la modalidad de manifestación: el 3 de junio de 2020, en el aniversario de Ni Una Menos, la mayoría de los eventos registrados son cacerolazos antes que movilizaciones. Al igual que otros sujetos, en los meses de abril y mayo la respuesta al ASPO es una caída de las protestas, que retoman en junio los niveles pre pandemia. Por último, es de destacar que, por fuera de las movilizaciones en el marco de la jornada «Ni Una Menos», el 84% de las manifestaciones están vinculadas a denuncias de feminicidios y otras formas de violencia de género en el marco de la ASPO.

Conclusiones

Es evidente que el escenario de la pospandemia acentuará y profundizará los problemas estructurales de una formación social como la de Argentina, sobre todo en lo que respecta a las desigualdades sociales y en el mercado de trabajo. Sin embargo, las luchas del movimiento obrero y la conflictividad social (aún las manifestaciones callejeras, que es la forma de protesta registrada por ACLED) no solo no han perdido intensidad desde el punto de vista cuantitativo sino que, a partir del mes de mayo de 2020, registran un importante ciclo ascendente. En este sentido, podemos responder a las especulaciones realizadas sobre el impacto del ASPO: el efecto «desmovilizador» de la medida es solamente efectivo en el primer mes.

Los impactos del ASPO y la crisis que la pandemia ha profundizado se ponen de manifiesto en los patrones de conflictividad social: mayor presencia de conflictos laborales, un incremento de la conflictividad en el sector privado y algunos cambios en las demandas laborales. En cierto modo, los tres elementos dan cuenta del mismo fenómeno: un incremento de una conflictividad «defensiva». En la composición de sectores vale recordar que el sector privado ha resultado más vulnerable a las consecuencias negativas de la crisis (despidos, suspensiones y disminución salarial). En términos de demandas, se puede comprobar que predominan los reclamos por falta de pago y por reducciones salariales, y que aquellas asociadas a despidos son una mayoría.

En suma, la pandemia y el aislamiento obligatorio han significado una pausa en el ciclo de la protesta de aproximadamente un mes. El ciclo ascendente, aunque de una amplitud cuantitativamente mayor a la conflictividad de 2019, se compone de una serie de protestas que responden al avance patronal de la mano de crisis y reestructuración pospandémica. En cualquier caso, como la protesta y sus ciclos han señalado históricamente, estamos ante una coyuntura abierta y, por tanto, conviene no perder la perspectiva de largo plazo, pues el desarrollo de la crisis está aún abierto y la resistencia tendrá un efecto sobre su evolución posterior.

 

Agustin Nava es becario postdoctoral de CONICET/Universidad Nacional de Quilmes y Doctor en ciencias sociales (Fahce-UNLP).

Juan Grigera es Lecturer en Economía Política del Desarrollo en King’s College London y Doctor por la UBA. Es miembro editor de Historical Materialism y Cuadernos de Economía Crítica.

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Publicado en Argentina, Artículos, Crisis, homeIzq and Teoría

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