Históricamente, la inserción subordinada de nuestra región en las relaciones capitalistas globales fue un factor determinante en la constitución de estructuras espaciales particulares. Tal como ha observado Pablo Pírez, en los países centrales la urbanización –en tanto conjunto de bienes que hacen a la reproducción de la fuerza de trabajo– constituyó parte de un salario indirecto que, a través de la intervención estatal, supuso la socialización de los costos de la reproducción por diferentes vías (subsidios a la demanda, producción estatal de vivienda, entre otras). Por el contrario, en América Latina, el crecimiento económico corrió por detrás del acelerado crecimiento poblacional e indujo un desequilibrio estructural en el mercado de trabajo signado, a grandes rasgos, por bajos salarios y alto desempleo. Ello se tradujo en la imposibilidad de acceder al mercado formal de vivienda, lo que sumado a la debilidad estructural de los sistemas públicos de provisión de vivienda, explica el desarrollo de la urbanización informal.
En las principales urbes de nuestra región el hábitat informal (en sus diversas modalidades) constituye la vía de acceso central a las ciudades. Cuando hablamos de informalidad urbana –para ofrecer una definición algo genérica– nos referimos a una relación de aparente exterioridad y/o conflicto con las normas e instituciones del Estado que, de ningún modo, pueden asociarse exclusivamente con prácticas de los sectores populares. Todo lo contrario: tanto desde el punto de vista del precio del suelo, como de las violaciones constructivas y urbanísticas y del daño ambiental que producen, son las urbanizaciones cerradas y los countries (en los que residen los sectores medios y altos) los principales “ocupas” de las ciudades. Aunque ahora no nos detendremos en ellos.
Lo distintivo de la urbanización popular es que ella resulta de un trabajoso proceso de autoconstrucción que combina estrategias individuales y colectivas y se realiza, fundamentalmente, a través de prácticas de reciprocidad (reciprocidad que, sin embargo, no excluye la existencia de vínculos mercantiles). Las condiciones de vida en estos asentamientos informales están signadas por enormes dificultades, en la medida en que el orden es invertido: primero se edifican las viviendas con los materiales disponibles (maderas, chapas) y luego se desarrolla la infraestructura barrial, en simultáneo con la consolidación de las viviendas. Son iniciativas que se desarrollan a lo largo de extensos períodos de tiempo, abarcando a veces varias generaciones.
Ocupaciones directas de tierras organizadas por movimientos sociales y políticos; fraccionamientos realizados por “loteadores pirata” que comercializan tierra cuya propiedad legal no poseen; referentes políticos que, en virtud de sus vinculaciones con partidos o gobiernos, organizan tomas por las que cobran una “tasa de participación”; redes ligadas a actividades delictivas que controlan territorios para asegurar sus operaciones…. y la lista podría seguir. Un sinnúmero de prácticas cuyas lógicas e implicancias políticas son heterogéneas –y, en el límite, contradictorias– caracterizan los modos de acceso al suelo y de producción de ciudad por parte de las clases populares. Si los fraccionamientos “piratas” y las ocupaciones organizadas representan dos extremos, entre ellos es posible reconocer variantes que articulan elementos de ambos y que nos colocan en una “zona gris” de la política popular. En esta zona resulta estéril la tentación por establecer una distinción –siempre política, siempre moral– entre oportunistas y manipulados, entre demandantes legítimos y especuladores venales.
Antes bien, conviene observarlas como un continuo de prácticas populares para el acceso al suelo urbano que, lejos de constituir compartimentos estancos, suponen relaciones sociales que son dinámicas y cambiantes. Una comprensión procesual de este tipo nos permite analizar cómo un asentamiento puede haberse originado de una forma y luego mutar hacia el establecimiento de otras modalidades de producción de ciudad. Ello es especialmente observable en los asentamientos que surgen a partir de ocupaciones directas de tierras: progresivamente y a la par de su consolidación, crece también la mercantilización del suelo y la vivienda.
El mercado inmobiliario informal: interrogantes analíticos, desafíos políticos
El mercado inmobiliario informal refiere a todas aquellas transacciones monetizadas que no se ajustan a normas legales o urbanas ni responden a lógicas económicas formales. Los participantes pactan por fuera de las regulaciones establecidas pero instituyendo un marco normativo alternativo, es decir, sin prescindir de los mecanismos de interdicción social ni desarrollarse de manera anárquica.
Las prácticas cotidianas a través de las cuales se reproducen estos mercados informales inmobiliarios ayudan a comprender la legitimidad que le confieren sus habitantes. En sus investigaciones sobre una favela de Rio de Janeiro, Boaventura de Sousa Santos describió los sistemas jurídicos no oficiales como flexibles, no profesionales, accesibles y participativos. En sus formas embrionarias, los contratos mercantiles se asientan en tramas previas de parentesco, amistad o vecindad, en las que, desde el punto de vista de la lógica económica, lo que predomina son los intercambios mercantiles simples (esto es, operaciones en las que el vendedor participa de transacciones puntuales con el objetivo de complementar sus escasos recursos monetarios derivados de otras actividades laborales, generalmente precarias).
Para que exista un mercado inmobiliario informa como tal, señala Pedro Abramo, debe garantizarse la reproducción intemporal de la compra, venta y/o alquiler de suelo e inmuebles. Estos requieren, a su vez, de ciertas garantías –en última instancia, coactivas– que aseguren los contratos o permitan restablecer la confianza entre las partes. En la medida en que las redes de parentesco y amistad, por sí solas, no pueden asegurar los contratos de forma duradera, se requiere de la mediación de un tercero. Lo distintivo de esta garantía alternativa a la formal es que constituye una forma de regulación que no puede ser anónima porque se asienta, precisamente, en la personalización de las relaciones contractuales. En los asentamientos informales este rol suele ser ejercido por algún tipo de autoridad local cuya legitimidad se asienta, muchas veces, en su participación en redes políticas y contactos con el poder gubernamental. Pero tal persona debe disponer, también, de mecanismos coercitivos que le permitan arbitrar en caso de conflicto.
¿Cuáles son las razones que explican el desarrollo de la mercantilización de las prácticas inmobiliarias informales de los sectores populares en nuestra región? Entre los factores estructurales que las han favorecido debemos mencionar la creciente escasez de tierra disponible en las periferias de las grandes urbes, el deterioro del nivel de ingresos de los sectores populares, el aumento de la desocupación y la informalidad laboral. A su vez, las restricciones para acceder al mercado formal de la vivienda –por limitación de ingresos o de requisitos burocráticos– presionan también sobre los mercados informales que se desarrollan en zonas cada vez más degradadas, desconectadas de la ciudad central y expuestas a serios riesgos ambientales (zonas inundables, basurales, riesgos de deslaves, etc.). Para dar un ejemplo conocido, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la población se mantiene relativamente estable desde mediados del siglo XX, la conurbación que la rodea ha crecido a un ritmo significativo y sigue expandiéndose.
Una mirada moralizante sobre las clases populares –que lamentablemente no es patrimonio exclusivo de la derecha o de las clases altas– suele explicar el desarrollo de la mercantilización inmobiliaria informal como el resultado de una suerte de degradación de ciertos valores pretéritos, como la pérdida del sentido de la solidaridad. Ciertos análisis, filtrados por el tamiz de la «cultura de la pobreza», acaban responsabilizando a los propios habitantes de las villas y asentamiento por la precariedad de sus condiciones de vida. Y más grave aún, orienta la acción política hacia la prédica infructuosa y la condena abstracta de prácticas cuyo fundamento y legitimidad no terminan de comprenderse.
Expoliación urbana y explotación laboral
La expansión de la urbanización popular y, dentro de ella, de los mercados inmobiliarios, solo puede entenderse atendiendo a las articulaciones entre las dimensiones productivas y reproductivas; es decir, observando las relaciones entre la explotación laboral y la expoliación urbana como parte del proceso de reproducción ampliada del capital. La noción de expoliación urbana, largamente trabajada en la teoría social latinoamericana, alude (en términos de Lucio Kowarick) a la inexistencia o precariedad de las condiciones habitacionales y los servicios urbanos que se consideran socialmente necesarios para la subsistencia. Debe ser analizada, por lo tanto, en relación con la dinámica de acumulación de capital, que incide en la configuración espacial de una ciudad al establecer las estratificaciones y promover el acceso diferencial a los beneficios de la urbanización.
Los trabajadores, en tanto desposeídos y frente a la precariedad de las condiciones de vida en los barrios populares de nuestra región, desarrollan luchas y reivindicaciones –que no se agotan en los procesos de acumulación-explotación– y presionan a los poderes públicos para obtener mejoras en los componentes específicamente urbanos que hacen a su subsistencia.
En los años setenta y ochenta se desarrollaron intensas polémicas a propósito del potencial disruptivo de los conflictos urbanos. Las miradas “escépticas” señalaban la tendencia a la reabsorción sistemática de estas demandas a través de la integración subordinada vía redes de patronazgo; otras lecturas impugnaban sus limitados objetivos –el acceso a la propiedad privada– o los desestimaban en la medida en que eran asociados con formas de autoexplotación. Otras posiciones, en cambio, valoraron las experiencias de autoconstrucción como tentativas autónomas que implicaban la construcción de relaciones de solidaridad de tipo de comunitarias y que podían ser la base de ensayos políticos contestatarios.
En la década siguiente las luchas urbanas fueron estudiadas por unas ciencias sociales sumidas en un clima de época marcado por la derrota de las ideas socialistas, las consecuencias de las dictaduras militares y la expectativa en las denominadas “transiciones democráticas”. Aunque con sus especificidades, estas teorías compartían un núcleo común en torno a la acción territorial, a la que entendían como aquella definida por su relación de exterioridad con el ámbito productivo. Así, enfatizaban su novedad y su potencial democratizador frente a formas de movilización –como la acción obrera y sindical– que juzgaban perimidas. Stratta y Barrera identifican en estas lecturas una tendencia al “sustitusimo” de la teoría de clases, ya que en estos estudios tendió a predominar una mirada que segmentaba al objeto de investigación: ya no se consideraba a la “clase trabajadora” sino a los “pobres” como una fracción de aquella cuyo ámbito de actuación, por definición, era el territorio, entendido como un espacio escindido de las relaciones de producción.
Potenciar las luchas urbanas de nuestra época
Todos estos debates nos acompañan hasta el día de hoy y nos ayudan a pensar una coyuntura en la que la mercantilización de las relaciones territoriales, la precariedad laboral y el deterioro salarial son manifestaciones de procesos con raíces sistémicas y se traducen en nuevos desafíos para la organización popular y los proyectos políticos contestatarios.
Desestimar aquellas tentativas de autoorganización comunitaria con base en las relaciones territoriales es tan estéril como pretender que, en América Latina, los sistemas públicos resuelvan la penuria de la vivienda sin impulsar transformaciones profundas. A su vez, la mercantilización del suelo y la vivienda en el mundo popular responde a un fenómeno estructural cuyas causas poco tienen que ver con una supuesta desintegración de viejos valores colectivos. Este fenómeno difícilmente pueda ser enfrentado a través de acciones que pretendan sustraer de manera voluntarista fracciones del territorio a estas dinámicas; no al menos en las periferias de las grandes urbes latinoamericanas.
Cada vez más, las disputas urbanas se ven atravesadas por políticas estatales que articulan represión con canalizaciones parciales e individualizantes y que, en última instancia, son insuficientes para abordar un problema creciente. Pero también por prácticas mercantiles que conducen a la atomización de las respuestas y presionan sobre los ensayos colectivos. En zonas específicas, además, las organizaciones populares constituyen la principal alternativa frente a la expansión de redes delictivas ligadas al narcotráfico que ocupan territorios periféricos ante la ausencia de políticas públicas y en complicidad con las fuerzas de seguridad.
Las organizaciones que luchan por el derecho al hábitat en las grandes periferias de las ciudades latinoamericanas hacen frente a los retos que impone la coyuntura y se nutren de una larga memoria organizativa que ofrece valiosas herramientas y potentes símbolos. Del diálogo entre estas tradiciones y las formas en que, cotidianamente, producen ciudad los habitantes de nuestras periferias surgirá una síntesis política capaz de movilizar nuevos proyectos contestatarios contra la expoliación urbana.
